Nació en 1751 en Santa María de Villalpedre, Asturias. Sus padres fueron José Abad y Queipo y Josefa de la Torre. Estudió derecho en la Universidad de Salamanca. Tiempo después, en 1779, viajó con el arzobispo Cayetano Francisco Monroy a Guatemala, lugar en el que fue ordenado sacerdote y donde hizo las veces de promotor fiscal. A partir de 1784 y hasta 1809 fue designado por el obispo fray Antonio San Miguel para desempeñar diversos cargos en el Juzgado de Capellanías de Valladolid (hoy Morelia). Durante este tiempo se mantuvo como “hombre de confianza del obispo y figuró de forma sobresaliente entre el círculo de eclesiásticos y funcionarios ilustrados que gobernaban la diócesis en las últimas décadas del régimen borbónico” Brading, David A. “ Manuel Abad y Queipo. Un prelado liberal”, en Sánchez Díaz, Gerardo y Landavazo, Marco Antonio (coords). Doctor Honoris Causa, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Morelia, 2004 [recurso electrónico] Consultado el 20/02/2014, disponible en

Escribió en diversas ocasiones al gobierno para mostrar su desacuerdo con algunas medidas establecidas por la Corona, como su protesta contra la cédula real de 1795 que derogaba la inmunidad personal del clero ante los tribunales, en casos de delitos graves; Abad y Queipo señalaba que en todas las monarquías modernas, la nobleza y el clero eran los dos pilares que sostenían al Estado, y que la eliminación del fuero eclesiástico sería el primer paso para convertirse en un Estado popular^[1]. No obstante, durante las revueltas independentistas, él mismo sugirió la suspensión –que no la abolición- de la inmunidad eclesiástica de los presuntos rebeldes, argumentando que se trataba de un privilegio otorgado por el rey, susceptible de ser revocado^[2]. Igualmente, en 1805 dirigió una representación a la Corona en nombre de los hacendados y comerciantes de Valladolid para pedir la suspensión del decreto de amortización eclesiástica del año anterior; aseguraba que sus efectos serían desastrosos para la economía de la Nueva España, puesto que comerciantes, mineros y terratenientes habían obtenido dinero de la Iglesia para financiar sus operaciones, ofreciendo como garantía sus haciendas.

Asimismo, propuso una serie de reformas económicas de carácter liberal para modificar algunos aspectos de las Leyes de Indias, entre las que figuraban la distribución de tierras comunales y la supresión de los pueblos de indios^[4]. Como su nombramiento de canónigo penitenciario de Valladolid había causado protestas por su calidad de hijo ilegítimo, viajó en 1806 a Europa para recibir las dispensas necesarias. Una vez obtenidas, regresó a la Nueva España en 1808. Al poco tiempo fue nombrado vicario general y provisor por el obispo Marcos de Moriana y Zafrilla, quien había llegado en 1809 a ocupar el lugar de Monseñor San Miguel, fallecido desde 1804.

Por los derechos de Patronato fue propuesto en dos ocasiones al obispado: la primera para la diócesis de Valladolid de la Nueva España en 1810, después de la breve gestión de Monseñor Marcos de Moriana; y la segunda para Tortosa, España, en 1820. No obstante, en ninguno de estos casos recibió la bula papal, y por lo tanto nunca fue consagrado obispo. Con todo, en Valladolid sí llegó a ejercer funciones episcopales, debido a que al quedar la sede vacante fue nombrado por el Cabildo eclesiástico de Michoacán, como Vicario Capitular.

Adoptó una postura contraria a los movimientos insurgentes por considerar que “México se encontraba, así, en peligro de caer en la anarquía, amenazado de una repetición de las terribles experiencias de Santo Domingo y de la Revolución francesa (…)”^[6]. Asimismo, “condenó a Hidalgo y a sus cómplices como «verdaderos heresiarcas» que habían predicado una moral nueva y corrompida, alentando a las masas al robo y al asesinato”.