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De Dicionário de História Cultural de la Iglesía en América Latina

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==Nota introductoria del DHIAL== El tema de la lectura histórica del proceso de las independencias en los diversos países de Hispanoamérica es un tema muy controvertido, que se lee con frecuencia desde perspectivas contrapuestas y que se reflejan en los programas educativos escolares y en los libros de texto oficiales. Presentamos aquí dos escritos histórico-críticos sobre el tema. Estos artículos señalan una crítica razonada de posiciones consideradas historiográficamente discutibles en gestos celebrativos, y en escritos de carácter histórico sobre el complejo camino de la Independencia. Ambos escritos están tomados de una intervención oral del Dr. José Pascual Mora García, notable historiador venezolano en un simposio latinoamericano de historiadores, y en el texto tratamos de respetar el lenguaje del Autor. Lo transcribimos precisamente por su contenido críticamente válido y aplicable a otros países latinoamericanos. El Autor cita autores y obras dentro del texto; respetamos dicha transcripción por corresponder al tono metodológico de su intervención. ==Lectura historiográfica crítica a partir de las celebraciones bicentenarias== El libertador Simón Bolívar en 1820, dejó al decir del Dr. J. J. Villamizar Molina (venezolano del Estado de Táchira) “una de las piezas épicas más hermosas […]. Fue la Proclama del 19 de abril de 1820, en la cual nuestro paladín enalteció esa fecha […] enunciada delante del Ejército Libertador en nuestra actual plaza Juan Maldonado, que era para entonces la Plaza Pública […]” . Desde Táchira se planificó la Batalla de Carabobo. La Proclama se conserva en el Tomo XVII de «Los Escritos Del Libertador», publicados por la Sociedad Bolivariana de Venezuela con ocasión del Cuatricentenario de la ciudad de Caracas, o en el tomo III de las Obras Completas. Dice así: “Simón Bolívar. Libertador. Presidente de Colombia. A los soldados del Ejército Libertador: ¡Diez años de Libertad se solemnizan en este día. Diez años consagrados a los combates, a los sacrificios heroicos, a una muerte gloriosa! Pero diez años que han librado del oprobio, del infortunio, de las cadenas, la mitad del Universo. ¡Soldados! El género humano gemía por la ruina de su más bella Porción: era esclava y ya es libre. El mundo desconocía al Pueblo Americano, vosotros lo habéis sacado del silencio, del olvido, de la muerte, de la nada. Cuando antes era el ludibrio de los tiranos; lo habéis hecho admirar por vuestras virtudes; lo habéis hecho respetar por vuestras hazañas, y lo habéis consagrado a la inmortalidad de la gloria. ¡Soldados! El diez y nueve de abril nació Colombia: desde entonces contáis con diez años de vida. Cuartel General Libertador de San Cristóbal, 19 de abril de 1810.” Celebrando el bicentenario del comienzo del proceso de independencia en Venezuela representan el reto más grande que, tras los doscientos años del comienzo de la independencia y que presenta la construcción de la nación Venezolana. Se podría preguntar: ¿Acaso podremos decir que somos un país con madurez política republicana? He ahí algunas de nuestras incógnitas a resolver. Precisamente por ello hay que ubicar el contexto histórico del 19 de abril de 1810. Porque lamentablemente fue distorsionado por la Historia Patria tradicional y por la tendencia a reinventar la tradición de la denominada «neohistoria» en Venezuela. Es imposible comprender el 19 de abril sin tener en cuenta los acontecimientos que se sucedían en la península española. La visión romántica de la historia nos ha presentado una versión distorsionada al afirmar que el 19 de abril fue un movimiento aislado del resto de lo que estaba pasando en España y América Latina. Y ese es el primer obstáculo que debemos resolver. Luego de la invasión napoleónica a España en 1808, acontecimiento que alteró la vida política en los territorios de Ultramar, en Caracas se generó el 15 de julio de 1808 el primer movimiento que buscaba lealtad al monarca Fernando VII, pero al mismo tiempo la soberanía de las provincias. Lamentablemente esa primera Junta impulsada por Antonio Fernández de León y Francisco Rodríguez del Toro junto a 45 vecinos de Caracas, no prosperó. El debate sobre el ejercicio de la soberanía fue crucial, pues al quedar acéfalo el trono real, se apeló al derecho monárquico, según el cual ausente el rey la soberanía regresaba a la nación. Esa lucha que se inició en 1808 se consolidó el 19 de abril de 1810. La Junta Suprema del 19 de abril de 1810 ejerció el principio de soberanía, que aunque mediatizado por ser defensor de los intereses de Fernando VII, representó el primer ejercicio de la voluntad popular en la persona los principales ideólogos criollos de la independencia. La segunda de las aclaratorias que debemos hacer, es que el movimiento del 19 de abril de 1810 no fue un movimiento independentista, sino un movimiento de la sociedad civil de la época, representada por la clase mantuana, y los blancos criollos y pardos [o mulatos]. Todavía que en los textos en donde se estudia la Historia de Venezuela se dice que el 19 de abril se había dado el primer grito de independencia, visión que no corresponde a la verdad histórica. El 19 de abril es un movimiento que tiene por objetivo el ejercicio de la soberanía de la nación, pero sujeto al monarca español. Por tanto se apela a la soberanía popular pero reconociendo el tutelaje monárquico. En tercer lugar, debemos aclarar que el 19 de abril no fue un movimiento del pueblo, sino que fue impulsado por los blancos criollos y pardos caraqueños, que aspiraban el poder político y económico. Porque el poder político estaba en manos de los blancos peninsulares. Por tanto no fue un movimiento popular. En este sentido, hay que abonar a favor del movimiento autonómico de 1810 desarrollado en las Actas de Adhesión del Espíritu Santo de La Grita (11 de octubre), San Antonio del Táchira (21 de octubre), y San Cristóbal (28 de octubre), que sí fueron expresión producto de la participación del pueblo, pues se convocó al común; a manera de ejemplo se cita del Acta de Adhesión de San Cristóbal lo siguiente: “que les parecía indispensable y de absoluta necesidad la convocatoria de todos y cada uno de los habitantes de los Pueblos vecinos de las Parroquias de Lobatera y Táriba, Guásimos y Capacho, puesto que hasta el día habías estado subordinados a esta Villa”. Y del Acta de San Antonio hay que destacar las palabras de don Antonio María Pérez del Real quien convocó al vecindario, manifestando: “… que las Provincias confinantes, toda Venezuela, todo el reino, la América entera, conozcan ahora a la Parroquia de San Antonio; pero que la conozcan para elogiar el nombre de un Pueblo corto que a pesar de su miseria va a dar lecciones de Patriotismo a algunos de los cabildos cercanos. […] Y habiendo concluido el citado don Antonio María Pérez su alocución, todo el Pueblo, grandes y pequeños, ricos y pobres, menestrales y labradores, gritaron a una voz: ¡Viva nuestro amado Soberano el señor Don Fernando Séptimo, y la Junta Provincial de Mérida de los Caballeros!”. Lo propio había sucedido en el Espíritu Santo de La Grita, cuando el 11 de octubre se firmó el Acta de Adhesión en un Cabildo abierto. En las tres actas se manifiesta igualmente la separación política de Maracaibo, pues ésta si se mantuvo obediente al estado de Regencia, y desconoció la decisión de la Junta Suprema de Caracas. Se debe recordar que la antigua Provincia de Mérida de Maracaibo estaba subordinada desde 1676 a Maracaibo en lo político. Mérida retomó de nuevo su condición de Provincia que se remontaba a la antigua Provincia de La Grita de Mérida de Maracaibo (1622-1676), adhiriéndose a la Junta de Caracas y enviando sus representantes. Como dato curioso es de hacer notar que Mérida estuvo bajo la jurisdicción de la Gobernación de La Grita y Cáceres desde 1607, cuando se separa del Corregimiento de Tunja, sujeción que se mantuvo hasta que pasa a ser Gobernación de Mérida, con Juan Pacheco Maldonado en 1622. Para la Provincia de Mérida los acontecimientos del 19 de abril de 1810 no representaban solamente una adhesión con Caracas o el ser defensora de los derechos del rey Fernando VII, sino que le permitía la reconquista de su sitial como provincia. Por eso se habla del movimiento «juntista» como un movimiento de autonomía de las provincias. La autonomía político-administrativa justificaba plenamente su desincorporación de Maracaibo. Habiendo sido reconocida la ciudad de Mérida como asiento de la Diócesis de Mérida de Maracaibo desde 1777, era conveniente también recuperar el poder político en manos de Maracaibo, quien acechaba permanente con trasladar la sede episcopal y la misma Universidad. El 16 de septiembre de 1810 se convocó a los pueblos de los ocho Partidos capitulares de la Provincia: Mérida, La Grita, San Cristóbal, San Antonio, Bailadores, Lobatera, Ejido y Timotes, para que se sumaran al 19 de abril, y de hecho y derecho Mérida asumió su soberanía de Maracaibo, con excepción de Gibraltar que quedó en poder de la Ciudad del Lago. Es importante destacar que el movimiento «juntista» del Táchira en 1810 realizado por la manifestación de adhesión de La Grita (11 de octubre), San Antonio del Táchira (21 de octubre) y San Cristóbal (28 de octubre), fue determinante en la conformación del poder político emeritense. Los territorios que a la postre formarían la Provincia del Táchira (1856) se sumaron a Mérida y contribuyeron a dar forma a la región andina venezolana. Trujillo y Barinas se plegaron luego al movimiento emancipador. Trujillo se convirtió en Provincia y sancionó su Constitución el día 9 de octubre de 1810. Barinas lo hizo con anterioridad, el 5 de mayo. Maracaibo se mantuvo leal al Rey hasta 1820 y envió a José Domingo Rus, como su representante a las Cortes de Cádiz. Para lograr una legitimación se convocó a las elecciones para una Asamblea Constituyente. La convocatoria fue hecha en junio, y las elecciones se practicaron en octubre y noviembre de 1810. Practicadas las elecciones, resultaron elegidos 44 diputados, los cuales se instalaron en Congreso en Caracas, el 2 de marzo de 1811. Las provincias estuvieron representadas así: Caracas 24 diputados; Barinas 9; Cumaná 4; Barcelona 3; Mérida 2; Trujillo 1; Margarita 1. Es conveniente puntualizar aquí que el Estado Táchira no aparece porque la provincia fue creada en 1856, por tanto los cantones eran dependientes de Mérida. Los dos diputados por la provincia de Mérida fueron: Nicolás Briceño (Mérida) y Manuel Vicente Maya (La Grita). Se pronunciaron a favor de la independencia los diputados Miranda, Roscio, Peñalver, Antonio Nicolás Briceño, presbítero Salvador Delgado, Manuel Palacio Fajardo, José Luis Cabrera, Juan José de Maya, presbítero José Vicente de Unda, Fernando Rodríguez del Toro, Mariano de la Cova, José de Sata y Bussy, Manuel Plácido Maneiro, y el presidente del Congreso Juan Antonio Rodríguez Domínguez, entre otros. El presbítero Manuel Vicente de Maya, casi solo en la oposición, sostenía que la declaración era prematura, y también presentaron objeciones los diputados Juan Bermúdez de Castro (aunque éste luego modificó su opinión y votó por la independencia) y el presbítero Ramón Ignacio Méndez. En las barras había un público numeroso, formado en buena parte por miembros de la Sociedad Patriótica como Simón Bolívar, Miguel Peña y Antonio Muñoz Tébar. Tras varias horas de debate, el presidente Rodríguez Domínguez lo declaró cerrado y se procedió a votar la moción. El acta expresa que la mayoría por la independencia fue casi unánime, con la “excepción del señor Manuel Vicente de Maya, de La Grita, por las razones que había alegado anteriormente”. A favor de la voluntad del pueblo de La Grita hay que decir que el padre Maya era oriundo de San Felipe y ni siquiera llegó a conocerla, por tanto no representó su voluntad popular. Pero por otro lado, es bueno destacar el sentido de una asamblea verdaderamente democrática sin las patologías de la unanimidad, dando una lección ética. La posibilidad del disenso es lo que garantiza la democracia, y el Padre Maya hizo gala por primera vez del principio de la diversidad. Algunos han pretendido señalar que firmó en contra de la independencia, y no fue así, simplemente argumentó que era prematuro. Para ejercer el Ejecutivo se designó un Triunvirato, constituido por Cristóbal Mendoza (presidente), Juan de Escalona y Baltazar Padrón, los cuales constituyeron este primer gobierno. Cuatro asuntos ocuparon el tiempo y ocasionaron acalorados debates en el seno del Congreso: La redacción de la Constitución, la división de la provincia de Caracas, la declaración de independencia y la abolición del fuero eclesiástico. La supremacía de diputados caraqueños intentó controlar el debate políticamente, pero la resistencia de las provincias de Cumaná, Barinas, Margarita, Mérida, Trujillo y Barcelona, hicieron un contrapeso loable. El Congreso prolongó sus labores hasta el 4 de abril de 1812, fecha en que se disolvió y confirió facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para enfrentar la terrible crisis que vivía la República. ==Reflexión historiográfica crítica sobre la historiografía del proceso de la independencia de Venezuela== A esta altura del discurso hay que enlazar la formación de historiador [del autor de estas notas] con la del filósofo; por eso evocaré al filósofo, formado en la Universidad Central de Venezuela, recordando los insignes maestros Juan David, García Bacca, Juan Nuño, Julio Pagallo, Otto Maduro, Federico Riu, Heymann, José Rafael Núñez Tenorio, y tantos otros que enseñaron a sus alumnos el arte de la autoconciencia del tiempo histórico. Por eso no se puede detener uno en un discurso historicista, que reduzca la realidad humana a su historicidad. No podemos seguir viviendo de los héroes del pasado sin reconocer en las generaciones emergentes los valores; para evitar caer en el mismo error que el dios griego, Saturno, quien devoraba a sus hijos para que no lo superaran. Necesitamos de nuevos ciudadanos que vivan la democracia sin celestinajes ideológicos ni servidumbre de inteligencia. En estas observaciones el autor de ellas asume la responsabilidad para hablar como libre pensador, pues siempre es más fácil hablar del pasado que asumir la responsabilidad del tiempo presente. Nos inspiramos en la obra «Los pasos de los héroes» de Ramón J. Velásquez, cuya comprensión de la historia es: “la historia no es futurología, ni paleontología. Pero si brinda al investigador, al estudiante y al curioso impertinente, los elementos de información y juicio para poder adivinar entre las sombras de la madrugada qué es el futuro, los posibles pasos de una comunidad que vive en un escenario tradicional y tiene hábitos mentales, usos y costumbres que perduran por encima del cambio de las modas.” Nos enseña que la historia no se solo remite al estudio del tiempo pretérito. La facultad que ha tenido Ramón J. Velásquez por escribir la historia inmediata lo define, según Pedro Grases, como “un espíritu vigilante”, por eso “Toda República necesita de espíritus vigilantes que sepan y se atrevan a formular sus advertencias para el bien común. Este es el papel que el Dr. Velásquez se ha impuesto a sí mismo como primera obligación.” He aquí la sabiduría de este pensador tachirense, quien es ejemplo para las nuevas generaciones de historiadores que todavía viven enclaustrados en universidades y academias sin participar en la vida pública del país. Porque más que un historiador es un pensador de la filosofía de la historia. Es un titán viviente de la estirpe de los intelectuales que nos lego el siglo XX; su nombre estará junto a los de Arturo Uslar Pietro, Mario Briceño Iragorry, Mariano Picón Salas, Luis Beltrán Prieto Figueroa, y la intelligentsia venezolana. Su trazo no se reduce simplemente a modelar la llamada «Historia Patria», ni sólo a contar lo local o a recrear el acontecimiento, sino que arriesga sus propias ideas con un sentido fundante, es decir, sabe dar de qué, cuál historia, y cómo se construye la historia, porque ha sido actor y conoce todas las patologías sociales sobre las cuales se funda. Nunca fue mercader de la historia y ese ejemplo es vital; la historia tarifada debe superarse. Igualmente se deslinda de la supuesta neutralidad valorativa con que algunos historiadores pretenden contar la historia sin tomar partido; es pues un pensador comprometido; no es un eunuco ideológicamente hablando. Y ese es el ejemplo que se propone seguir el autor de estas observaciones sobre la historia de la independencia de Venezuela. En esta hora de la Venezuela del 2010 necesitamos la emergencia de un hombre con capacidad de sindéresis. Es necesario referirnos a la historia inmediata (Jean Lacourture), a la historia del tiempo presente (Ricoeur). Siempre me apego como historiador al método histórico que nos aconsejaba Marc Bloch, el fundador de la Escuela de «Annales» francesa, en la cual fui formado y que nos señala que “(...) La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es, quizás, menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente”. Como universitario quiero manifestar que nos cobija una tendencia recurrente a la invención de la tradición y a reinventar la historia según las conveniencias del poder de turno, y esa ha sido una constante en el pasado en el tiempo presente. ==Sobre la fecha fundacional de la Universidad de Los Andes== En 1785 el obispo de Mérida, el franciscano fray Juan Ramos de Lora funda el Colegio-Seminario de San Buenaventura de los Caballeros de Mérida, con rango universitario y que más tarde se conocerá como Universidad de Los Andes. Por ello es una falsedad histórica adjudicar su fundación a un supuesto Decreto Juntista de 1810. Hay por lo tanto algunos que pretenden modificar su fecha fundacional. Ha sido suficientemente reconocido por la tradición histórica e historiográfica que la herencia fundacional de la Universidad de Los Andes se remonta a las Constituciones de San Ildefonso elaboradas del Cardenal Ximénez de Cisneros (1510), del Colegio Mayor y Universidad de Alcalá de Henares y, sobre todo, de la Constitución Salmantina; pues en esa tradición se inspiran las Constituciones del obispo fray Juan Ramos de Lora del 29 de marzo de 1785. No puede ser entonces por el Decreto Juntista del 21 de septiembre de 1810. El 21 de septiembre de 2010 se impulsó en Mérida la idea de celebrar como el bicentenario de creación de la casa de estudios superiores andina en esa fecha, incluso pretendiendo que fue la primera universidad republicana, y negando que el fundador fuese el primer obispo de la Diócesis de Mérida, fray Juan Ramos de Lora. Es inobjetable que la universidad nació episcopal y con la acreditación de Real y Pontificia, condiciones suficientes como para considerarla una universidad si nos acogemos a las Partidas del rey Alfonso el Sabio. La universidad episcopal fundada en el Colegio Seminario de San Buenaventura de los Caballeros de Mérida, contribuyó a la visión protonacional del Estado-nación, al tener como centro de acreditación de sus estudios universitarios a Caracas y no a Bogotá. El decreto del 21 de septiembre de 1810 nada agrega a su condición fundacional, salvo la voluntad del Movimiento Juntista de seguir apoyándola. Puesto que lo que funda una universidad son sus Constituciones y no un Decreto. Por eso es objetivamente necesario insistir y mantener el 29 de marzo de 1785 como la fecha fundacional de la Universidad, en un todo de acuerdo con la tradición histórica e historiográfica como nacían las universidades en los dominios americanos de la Corona española. Este criterio también es seguido en la clasificación de las universidades en la antigua audiencia de Quito, la Nueva Granada y Caracas. La mentalidad educativa no se decreta, sino que se remonta a la huella dejada por el antiguo Colegio San Francisco Javier de los jesuitas (1628-1787), primeros andamios mentales de la universidad andina. Se debe referir también a las modificaciones que introduce la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2009, en la comprensión del hecho educativo. Porque la celebración del bicentenario del 19 de abril de 1810 no puede ser una fecha solamente cargada de historicismo, para conmemorar los acontecimientos de hace 200 años. ==Venezuela como Estado moderno== A 200 años del 19 de abril de 1810 debemos preguntarnos si se es conforme con la madurez de un país-estado moderno que tiene 200 años de historia política, o si acaso se es un remedo vergonzoso de los pueblos sin historia y fugaces, que buscan a cada momento reinventar su historia porque no tienen pasado. Venezuela no es un país bananero recién nacido a la historia del siglo XX. Es vergonzoso ver como se destruyen los imaginarios de nuestros pueblos al devorar nuestros símbolos centenarios. Los mandarines de la política se toman atribuciones para modificar con el silencio cómplice de sus sanedrines, las joyas de la memoria que alimentaron las raíces fundadoras de un Estado moderno como Venezuela. Esos «demagogos políticos» pretenden imponer un nuevo procerato, como si no hubiese suficientes en la historia del grande país-estado moderno. Venezuela ha dado a luz a grandes hombres de Latinoamérica en los siglos XVIII y XIX, sin necesidad ahora de levantar estatuas y emblemas trasnochados y superados por la ruina del tiempo. Venezuela dio a luz a Simón Bolívar, el libertador y ciudadano, que prefería el título de ciudadano al de libertador. El espíritu dieciochesco había encaminado el pensamiento de Bolívar para que su desideratum político estuviera gobernado por el imperio de las leyes y no el de la fuerza: “yo quiero ser ciudadano para ser libre y para que todos lo sean. Prefiero el título de ciudadano al de Libertador, porque éste emana de la guerra, aquél emana de las leyes. Cambiadme, Señor, todos mis dictados por el de buen ciudadano.” Por eso, cuando sancionó el 24 de junio de 1827 los Estatutos de la Universidad Republicana, no se reservó consideraciones especiales como Jefe de Estado. Hay que reconocer en Bolívar el esfuerzo por dar a la universidad la autonomía, dejando la elección de las autoridades universitarias en manos del claustro de profesores y dotando la institución de un patrimonio económico. Desgraciadamente, el ideal bolivariano fue violentado y puesto al servicio de las montoneras insubordinadas, el caudillismo bárbaro, la autocracia militar, las dictaduras, y una partidocracia perversa que también debe ser revisada para la salud de la democracia que se quiere. Debemos también notar que el Libertador respetó a lo más sagrado de los pueblos como son sus generaciones de relevo, por eso no manipuló a los estudiantes para que fueran a defender con las armas a su sueño de crear La Gran Colombia, sino que exceptuó al estudiantado del servicio militar, como una demostración fehaciente del deslinde entre el militar y el ciudadano. El poder de las armas es uno, y el poder de las leyes y el saber es otro. Bolívar no solamente deslinda entre el hombre de las Leyes y el hombre de la guerra, sino que deslinda entre ciencia política y ciencia militar; aspectos que para la época estaban íntimamente unidos por la influencia de Napoleón quien encarnó la unidad de ambos poderes. Antes de la profesionalización de la ciencia militar, la misma persona podía estar simultáneamente representando ambos estados. De allí la necesidad de este deslinde por razones de principios, como diría Aristóteles por una razón «per se». Bolívar se alineó en la tradición de los teóricos del pensamiento militar, al deslindar entre el poder político y el poder militar. Llegando incluso a conclusiones similares a las del gran teórico militar del siglo XIX, Karl Von Clausewitz, el general prusiano (1780-1831) quien escribió «De la Guerra» mientras era director de la Academia de Guerra y quien insiste en el aspecto «moral» y político de la guerra, deudor sea a la ilustración del siglo XVIII como al romanticismo inicial del siglo XIX. La búsqueda de la virtud civil no puede ser obligada, debe construirse lentamente con la educación del pueblo y el cultivo de los valores democráticos; no es por decreto o por imposición, como lo pretendió el jacobinismo dieciochesco al intentar imponer la virtud necesaria para crear al ciudadano de la sociedad democrática utilizando el terrorismo del Estado. Venezuela dio luz también a un Andrés Bello, uno de los gramáticos, poetas y juristas continentales más grandes de la época. Andrés Bello ha sido por antonomasia el ejemplo del civilismo en América Latina. Los chilenos lo sienten como suyo, pues les heredó el Código Civil. Venezuela dio también luz a Simón Rodríguez, quien debe ser recordado no sólo como pensador sino como maestro, y sobre todo porque él inició la lucha por la profesionalización docente. Una de los principales omisiones de la LOE 2009 es el no haber dignificado la labor del maestro como responsable por excelencia del proceso escolar. El maestro laico fue creciendo arrimado a peluquerías y barberías en las que por costumbre antigua, los artesanos validos del respeto que infunden las canas y el conocimiento del catecismo, se habían retirado de sus oficios en la vejez con honores de maestros de escuela; incluso el propio Simón Rodríguez alertaba sobre la necesidad de dignificar la profesión docente, como en efecto se desprende del siguiente texto: “y muchos aún en actual ejercicio forman escuelas públicas de leer y peinar o de escribir y afeitar, con franca entrada a cuantos llegan sin distinción de calidades. Basta para esto que un pobre artesano admita en su tienda hijos de una vecina para enseñarlos a leer: pónelos a su lado mientras trabaja a dar voces en una cartilla, óyelos todo el vecindario; alaban su paciencia; hacen juicio de su buena conducta; ocurren a hablarle para otros: los recibe: y a poco tiempo se ve cercado de cuarenta o cincuenta discípulos.”. Con la misma fuerza con que se reivindica al maestro como actor, se rechaza la visión instrumentalista en la que se ha querido hacer ver al maestro como un funcionario. El maestro es actor y autónomo. Y mucho más debería serlo en la LOE-2009 que demanda la labor liberadora de la educación. El Estado Docente no puede ni debe comportarse como un ente controlador a secas, sino que debe tener en cuenta las Formas de Representación de una comunidad educativa y de una sociedad, pues son “dispositivos usados por los individuos para hacer públicas las concepciones que tienen en privado.”. Por eso la etapa en donde el Estado nacional, como ente mega actor que diseñaba las políticas educativas en forma unilateral, es una interpretación trasnochada. El docente debe ser un actor y productor de pensamiento; por eso no debe estar irremediablemente sometido a ser reproductor del currículo impuesto por Estado alguno.

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