MÉXICO; Camino del nacimiento de un estado laico (VI)

Calles y el callismo

Obregón escogió a Calles como su sucesor en la presidencia para el periodo 1924-1928. Las elecciones organizadas y manipuladas por el gobierno de «los sonorenses» dieron a Calles 50,000 votos, en un país que entonces contaba con 15 millones de habitantes. Entre los propósitos de Calles se encontraba uno prioritario: aplicar los artículos anticatólicos de la Constitución de 1917 en todos sus términos.

Ésta sería la tarea de los diversos gobiernos que se sucederán. Y todos sabían que se trataba de una legislación inaceptable para la Iglesia; incluso desde el punto de vista de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y otros derechos naturales de la persona y de la sociedad, que en la materia de educación y de asociación estaba llena de incongruencias jurídicas.

En los años siguientes los distintos gobiernos federales de México, o los gobiernos de los Estados intentarán aplicar aquella legislación y dictar leyes complementarias en orden a su ejecución. A partir de 1917 hasta los años cuarenta del siglo XX la Iglesia mexicana vivirá bajo los signos de una persecución sangrienta.

La furia de las medidas persecutorias contra la Iglesia

EI 1° de diciembre de 1924 el general Plutarco Elías Calles se hizo cargo de la Presidencia de la República, nombrando como Secretario de Gobernación a Adalberto Teje¬da, uno de los enemigos más violentos de la fe católica. En octubre de aquel año, Tomás Ga¬rrido Canabal (1890 1943), el feroz gobernador anticristiano de Tabasco, decretó el matrimonio obligatorio de los sacerdotes en su Estado. EI 7 de enero de 1926 Calles pidió al Congreso poderes extraordinarios para reformar el Código Penal e incluir en él las violaciones a los artículos anticatólicos (Ley Cálles).

En su pertinaz empeño de minar la unidad de los católicos mexicanos y someterles a su dictado, el Go¬bierno intentó en febrero de 1925 crear una iglesia separada de Roma. Fracasó en su empeño sin apreciables consecuencias. Se multiplicaron los ataques contra la jerarquía eclesiástica. Toda ocasión era buena, incluso inventando intenciones. Así pasó con una entrevista realizada por el arzobispo de México Mora y del Río. El Arzobispo expresaba sus dudas sobre algunas leyes constitucionales claramente antirreligiosas y anticatólicas. El Gobierno juzgo subversiva la entre¬vista, pero el mismo Procurador de Justicia de la República consideró infundada aquella imputación.

En ese clima, los obispos firmaron otra carta colectiva para consagrar la nación mexicana al Espíritu Santo el 25 de abril de 1925, ceremonia que debería efectuarse el día de Pentecostés en las iglesias, escuelas, centros catequísticos de todo el país, incluso en los ranchos más remotos. Una atmósfera anticatólica de tensión creciente tuvo respuesta del laicado católico en una gran actividad en defensa de la libertad religiosa, en la cual se distinguieron la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Unión Popular, Unión de Damas Católicas, Confedera¬ción Nacional Católica del Trabajo y Caballeros de Colón. Sin embargo, el anticlericalismo militante crecía cada día más en su lucha contra la Iglesia usando todos los medios a su alcance.

Uno de ellos fue la campaña contra los sacerdotes extranjeros. En pocos meses fueron expulsados más de doscientos. El siguiente paso fue contra la obra educativa y social de la Iglesia. Fueron clausurados numerosos templos, colegios, asilos, y las obras de caridad cristiana más significativas.

Lucha por la libertad religiosa

En la ciudad de México y ante los repetidos ataques a la Iglesia y con el fin de contrarrestar las hostilidades del gobierno de Calles, varios líderes católicos fundaron la «Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa» . La «Liga» nacía por iniciativa y total responsabilidad autónoma de algunos católicos, y sin intervención directa de la jerarquía católica. La Liga obtuvo un éxito formidable. Enseguida se extendió como una mancha de aceite por toda la geografía mexicana.

Aglutinaba en sus filas a las organizaciones que ya estaban establecidas e impulsaba por doquier iniciativas de propaganda a favor de la libertad religiosa con folletos, reuniones y manifestaciones. Más adelante optará por apoyar el levantamiento armado de los cristeros. Se formó un Comité Central para unificar y regir sus actividades y se nombra¬ron en cada Estado un delegado regional y en cada ciudad un responsable urbano.

La Liga usó en su lucha todos los medios lícitos a su alcance. Uno de los grandes medios que usó fue el del boicot económico a escala nacional. El boicot económico lo habían experimentado como instrumento de presión los católicos de Jalisco cuando el gobierno de aquel Estado había dictado una serie de leyes contra la Iglesia católica y el ejercicio de la libertad religiosa. La Liga lo volvió a proponer a escala nacional para presionar al Gobierno para que abandonara su actitud persecutoria contra la Iglesia cató1ica.

El llamado y el apoyo del Papa

Las arbitrariedades de las autoridades civiles, ya en persecución abierta, fueron denunciadas por Pío XI, primero en una alocu¬ción en el consistorio secreto del 14 de diciembre de 1925, y luego en su carta apostólica a los Obispos mexicanos «Paterna sane sollicitudo» del 2 de febrero de 1926, en la que una vez más apoyaba la protesta contra los artículos en materia religiosa de la Constitución de 1917; protestó ante la injuria que se le hizo con la expulsión e impedimento de regreso de sus delegados, Mons. Filippi primero y Mons. Cimino después.

En esta carta recomendaba la Acción Cató1ica como instrumento de animación cívica de los católicos. El Papa no entendía la Acción Católica como un partido político, sino como una palestra organizativa donde todos los fieles católicos, laicos y clérigos, podían actuar defendiendo sus derechos, de acuerdo con sus deberes cívicos como lo exigían las leyes de Dios y de la Iglesia. La Acción Católica estaba llamada a actuar en el campo vastísimo de la formación intelectual y de la ac¬ción económico-social, particularmente entre los jóvenes y obreros.

Siguiendo las directivas del Romano Pontífice, los obispos pu¬blicaron otra carta pastoral colectiva el 21 de abril de 1926 instruyendo a los fieles sobre la naturaleza de la Iglesia y de sus relacio¬nes con el Estado. En la dramática situación persecutoria del momento los obispos animaban a los fieles a ser firmes en la fe y en la defensa de sus derechos como ciudadanos. Declaraban además que la reforma de la Constitución era inaplazable. Citaban como precedente las mismas iniciativas de Ley de Ca¬rranza publicadas en el Diario Oficial del 21 de noviembre de 1918.

La respuesta del presidente: La “Ley Calles” del 2 de julio de 1926

El presidente Plutarco Elías Calles contestó con una violenta aplicación del ar¬tículo 130 y demás artículos antirreligiosos de la Constitución con el envío al Congreso de sus «reformas al código penal», que serían llamadas «Ley Calles» (otras leyes sucesivas, emanadas en 1931 completarán tal legislación antirreligiosa). La ley entraba en vigor el 2 de agosto de 1926.

Aquellas leyes se proponían minar desde sus bases la vida de la Iglesia y por lo tanto la fe de los católicos. Entre otras cosas disponían que los sacerdotes tenían que registrarse como trabajadores pro¬fesionales, y el gobierno determinaría quiénes y cuántos podrían ejercer el ministerio sacerdotal. A la Iglesia no se le reconocía personalidad algu¬na y se le sometía al arbitrio de las autoridades. Calles vigilaba de cerca el desarrollo de los hechos, como si se tratase del asunto más grave del Estado.

Eran 33 los artículos persecutorios de aquella «Ley». Se consideraban delitos graves, que serían castigados con cárcel y multa: - el ejercicio del ministerio de los sacerdotes extranjeros; - ejercer el ministerio sin el permiso del Gobierno; - enseñar la religión en todas las escuelas incluidas las privadas; - que un sacerdote o religioso enseñase en las escuelas cualquier materia; - abrir escuelas primarias particulares sin permiso del Gobierno; - emitir votos religiosos o inducir a emitirlos; - provocar a través del ministerio sacerdotal el desconocimiento de las leyes o de las instituciones políticas; - provocar así la rebelión de la autoridad pública; que un sacerdote critique al poder político; que los sacerdotes se asocien políticamente; - que intenten revalidar estudios; que la prensa religiosa comente cuestiones políticas; el empleo de palabras religiosas en la formación de agrupaciones políticas; - reunirse con motivos no religiosos en las iglesias; realizar actos religiosos fuera de las iglesias; - llevar sotana, hábitos o signos religiosos fuera de las iglesias; - que un sacerdote descuide avisar al gobierno cuando se hace cargo de una iglesia; - se da autoridad a los ciudadanos para que denuncien tales infracciones; - la incapacidad jurídica de las iglesias y asociaciones religiosas de adquirir, poseer o administrar por sí o por interpósita persona, bienes rústicos o capitales sobre los mismos; se castiga severamente destruir, menoscabar o causar daños perjuicios a iglesias, obispados, casas curales o parroquiales, seminarios, conventos o cualquier otro edificio de procedencia religiosa, pues todos son propiedad del Estado bajo la vigilancia de las autoridades del Gobierno.

La ley recordaba que eran las autoridades de cada Estado a establecer el número de sacerdotes permitidos en su Estado, establecer y dar permiso a los escogidos para ejercer el ministerio con la ayuda de una comisión popular de vigilancia. En algunos estados, como en el de Veracruz, se permitió la existencia de un sacerdote por cada cien mil habitantes.

Aunque la violencia contra la Iglesia ya se había recrudecido en algunos Estados desde hacía tiempo, destacaba la dirigida por las logias masónicas, como la de Sonora. A este grupo masónico se habían unido una serie de protestantes norteamericanos, incluso algunos pastores. Ya desde antes cuando Plutarco Elías Calles fue gobernador de Sonora, se habían cerrado todas las iglesias y eliminado a todos los sacerdotes. Varios de ellos fueron asesinados a sangre fría.

En febrero de 1928, siendo ya presidente, Calles se ufanaba ante el corresponsal del «Daily Express» de Londres de haber asesinado a no menos de 50 sacerdotes, de haber expulsado a tres delegados apostólicos y, cuando era gobernador de Sonora, de no haber dejado ni una iglesia abierta ni un sacerdote en todo el Estado. Éste es el testimonio de uno de los testigos del Proceso de Canonización del Padre Miguel Agustín Pro:

“Los sentimientos de Calles hacia la Iglesia católica y el clero católico son demasiado conocidos para que sea necesario insistir sobre ellos. Es suficiente decir que él con frecuencia se proclamaba «enemigo personal de Jesucristo» y adversario irreducible de la Iglesia. Sus actos muestran que no le faltaron las ocasiones de deshacerse del clero, sea expulsándolo del territorio de México, sea enviándoles a la cárcel, sea, en fin, haciéndoles morir. Fue él mismo el que en el mes de febrero de 1928, se vanaglorió ante Mr. Mason, reportero del «Daily Express» de Londres, de haber asesinado al menos 50 sacerdotes. Expulsó de México a tres Delegados apostólicos: Mons. Filippi, Mons. Cimino y Mons. Caruana. Cuando no era sino gobernador del Estado de Sonora no permitió que residiese dentro de su Estado más que un solo sacerdote. Teniendo en sus manos al P. Pro, uno de los sacerdotes con mayor celo entre los sacerdotes de la capital, encuentra una ocasión estupenda para no desaprovecharla [para afirmar su política]”.

Otro testigo afirma en el mismo Proceso:

“Para mí el origen de la persecución religiosa que desató Calles contra la Iglesia católica está en las palabras que personalmente me dijo el entonces Secretario de Comunicaciones, Ingeniero Eduardo Ortiz, cuando le supliqué que me presentara con el Gral. Plutarco Elías Calles, para ver de hombre a hombre, si podría haber algún entendimiento con los católicos: «Me dijo que no me llevaba porque la actitud del Gral. Calles en esa materia era de tal naturaleza, que podría violentarse y arrojarme un tintero a la cabeza». Dada esta entrevista, juzgo que la actitud del Gobierno entonces contra la Iglesia, era de saña personal del Gral. Calles contra la Iglesia”.

Eliminar el Acontecimiento cristiano de la vida

Leyendo las Leyes antirreligiosas de Calles nos parece leer una fotocopia de la legislación jacobina de los tiempos de la Convención o del Directorio de la Revolución francesa. Se quería sobre todo eliminar el Acontecimiento cristiano de la vida mexicana: se aplastaba a los sacerdotes para borrar con ellos la memoria histórica de la pertenencia católica de la vida mexicana, como afirmaron ya entonces los obispos mexicanos en sus tres cartas pastorales colectivas de protesta de 1926.

Incluso se quiso imitar las disposiciones que la Convención francesa había establecido en su época como el del control de los templos por un grupo de ciudadanos, el matrimonio obligatorio de los sacerdotes, la confiscación de todos los bienes eclesiásticos, el total control por parte del Estado de las actividades religiosas y su reducción al ámbito meramente privado.

El Gobierno comenzó a expulsar del país a todos los sacerdotes extranjeros. En los primeros meses de 1926 fueron arrojados con violencia unos doscientos sacerdotes, detenidos sin aviso previo. No se les permitió siquiera recoger sus efectos u objetos personales, como a los claretianos detenidos en la iglesia de San Hipólito de la Ciudad de México mientras oficiaban. A estos padres no les permitieron despojarse de los ornamentos sacerdotales, ni recoger sus enseres personales. Los arrojaron en los encharcados sótanos de la inspección de policía; de allí los metieron en el ferrocarril de Veracruz, donde les embarcaron en un vapor al extranjero.

La reducción legal de los sacerdotes mexicanos por parte del gobierno fue drástica. En 11 Estados, de 2335 sacerdotes el Gobierno permitió el ministerio de sólo 875. Estos tuvieron que inscribirse en los registros oficiales del Gobierno que controlaba sus pasos. Las disposiciones del gobierno obligaban a todos los sacerdotes a concentrarse en la capital de la República o en las capitales de los Estados. Se prohibía la existencia de los sacerdotes en las zonas rurales o periféricas bajo duras penas, incluida la muerte. El objetivo de tales medidas era su alejamiento del pueblo.

La caza de los sacerdotes

Dadas estas prohibiciones la mayor parte de los sacerdotes se retiró a la clandestinidad, dedicándose a la asistencia clandestina de los fieles, sobre todo a partir del 31 de julio de 1926, cuando entró en vigor la Ley Calles. A partir de entonces se dio la caza a los sacerdotes para encarcelarlos y asesinarlos. Solamente de 1926 a 1928 fueron asesinados por el Gobierno más de un centenar de sacerdotes, detenidos durante el ejercicio de su ministerio sacerdotal, y un número todavía mucho más elevado de seglares. Entre ellos se encuentran los mártires canonizados y beatificados por Juan Pablo II y por Benedicto XVI.

Un cuadro vivo de aquellos días de persecución lo encontramos en la célebre novela de Graham Green «El poder y la gloria», donde se narra la odisea de un pobre sacerdote siempre fugitivo, entre pantanos y bosques del Estado de Tabasco. La novela es el canto del triunfo de la gracia sobre el poder de «los nuevos fariseos». Esta situación legal contrastaba poderosamente con la realidad sociológica católica de México.

Querétaro fue derrotado por la gente sencilla que continuó profesando su fe cristiana. Los artículos antirreligiosos de la Constitución de Querétaro dejaron de aplicarse en la práctica a partir de los años 40 del siglo XX, aunque legalmente estaban aún en vigor. El pragmatismo de los Gobernantes les llevó a esta política de tolerancia; serán corregidos legalmente sólo en los años noventa del siglo XX.

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FIDEL GONZALEZ FERNÁNDEZ