ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA LATINOAMERICANA

ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA LATINOAMERICANA

La Doctrina «Social» de la Iglesia

“En el transcurso de su historia, y en particular en los últimos cien años, la Iglesia nunca ha renunciado –según la expresión del Papa León XIII- a decir la «palabra que le corresponde» acerca de las cuestiones de la vida social”.En efecto, y por lo que se refiere a “los últimos cien años,” que fue precisamente la publicación en 1891 de la encíclica «Rerum Novarum», han sido promulgados más de un centenar de encíclicas y documentos conciliares además de muchos otros documentos menores, ya sea por los romanos pontífices, o por concilios o por distintas conferencias episcopales. Ante tal cantidad de enseñanzas y para presentar de una manera sistemática y facilitar la comprensión de los puntos esenciales de la doctrina social católica, la Santa Sede redactó un «Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia»,mismo que fue publicado en el año 2004.

A una mente poco reflexiva puede parecerle una extralimitación de las funciones espirituales el hecho de que la Iglesia Católica tenga una doctrina «social» de la cual, por cierto, carece cualquier otra institución o confesión religiosa. Pero lejos de ser una extralimitación, dicha doctrina es no sólo absolutamente indispensable para hacer realidad el ámbito religioso-espiritual, sino que es contrario al mismo ámbito pretender separarlo de lo social. “Sería equivocado reducir a la Iglesia a una sociedad exclusivamente sobrenatural; la sana teología de lo sobrenatural niega la realidad existencial de lo sobrenatural separado de lo natural. Lo sobrenatural existe en lo natural, elevándolo e integrándolo en un plano superior pero, precisamente por ello, sin eliminarlo ni desconocerlo”.

Tal es la razón por la cual el Compendio afirma que: “La Iglesia es servidora de la salvación no en abstracto o en sentido meramente espiritual, sino en el contexto de la historia y del mundo donde el hombre vive, donde lo encuentra el amor de Dios y la vocación de corresponder al proyecto divino”.La Doctrina «Social» Católica pone el acento en la naturaleza «social» del ser humano y busca instaurar un orden de convivencia adecuado para que pueda alcanzar la perfección humana y cristiana a la que está llamado.

En este sentido es muy importante tener bien claro los ámbitos de competencia tanto del poder civil (el Estado) como del poder espiritual (la Iglesia), a fin de evitar una con-fusión que impida realizar el adecuado «orden social». “Existen valores espirituales que son competencia del Estado, tales como la cultura, el progreso científico, el cultivo de las artes, etc. (…) Un estado que prescindiera de los valores espirituales del hombre no podría menos que decaer a la categoría de un conglomerado de seres en los que los valores de la persona humana no tendrían ningún sentido. Y tampoco es exacto reducir el fin de la Iglesia a algo puramente espiritual; el fin de la Iglesia es hacer presente el Reino de Dios y comunicar a los hombres la obra de la Redención de Cristo (…) la Redención es una conquista de los hombres hecha por el Hombre-Dios. Reducir todo ello al «alma» es espiritualizar descarnando, con el riesgo de crear un reino de almas puramente interno, misterioso e ignorado, en el que carecería de sentido toda institución humana.”

Por la libertad del ser humano y las siempre cambiantes circunstancias y vicisitudes, el orden «social» no puede ser estático; está siempre sujeto a cambios. Por ello la Doctrina «Social» no propone soluciones técnicas a la igualmente cambiante problemática social, sino que deduce de la Revelación y de la Ley natural los «principios» que permiten construir una sociedad «a la medida del hombre», y al mismo tiempo permiten dar solución a la problemática social que presenta un contexto específico en un momento determinado.Por todo ello la Doctrina Social Católica se define como “un conjunto de principios que, iluminados por la Fe y apoyados en sólidos argumentos de razón, señalan el camino a recorrer para obtener un orden de convivencia digno y equitativo”.

En resumen: la encíclica «Rerum Novarum» no inventó ni dio inicio a la Doctrina Social Católica, pues ésta se encuentra implícita en las Sagradas Escrituras;simplemente la «Rerum Novarum» fue “la que formuló, por primera vez, una construcción sistemática de los principios y una perspectiva de aplicaciones para el futuro. Por lo cual, con toda razón juzgamos que hay que considerarla como verdadera suma de la doctrina católica en el campo económico y social”.

Lo social está implícito en los Diez Mandamientos, y su cumplimiento conlleva a hacer realidad la justicia, “fundamento indispensable de la sana convivencia humana”, pues los Mandamientos ordenan «dar a cada quien lo que se le debe, en su ser y en su obrar». “Justicia que, por otra parte, no puede existir en su total integridad si no es dando a Dios lo que a Dios se le debe”.También encontramos lo social en las llamadas «obras de misericordia» que, como su nombre lo indica, son «obras» que se realizan para otro u otros, y por tanto son también de naturaleza «social».

Primeras acciones del catolicismo social en Latinoamérica

Por la esencia de los mismos principios «sociales» del evangelio, no debe extrañarnos que ya desde su arribo a “las Indias Occidentales”, los primeros misioneros realizaran obras basadas en dichos principios. Fueron acciones concretas que llevaron a levantar edificios y fundar instituciones «sociales» anteriormente inexistentes e inimaginables en el Nuevo Mundo, como lo fue el caso de los hospitales y las cofradías que los atendían. Ya a fines de 1503 encontramos al primer hospital en el Nuevo Mundo que, bajo la advocación de San Nicolás de Bari fue fundado en la isla de «La Española». “Erwin Walter Palm dice que el establecimiento, limitado en sus comienzos a la capacidad de seis camas, duró hasta 1519, año en que su deleznable construcción fue sustituida por otra, que a su vez, lo fue en 1552 por una nueva, cuyas ruinas subsisten. En la segunda mitad del siglo XVI, este hospital acomodaba de cincuenta a sesenta enfermos, atendiendo anualmente alrededor de setecientos. Durante la gobernación de Ovando se crearon en el interior de la isla los hospitales de Buena Ventura y de la Concepción (…) Cuando, en 1520, llega a Santo Domingo monseñor Alejandro Geraldini, primer obispo residente, el ilustre prelado pidió al Papa en 1522, indulgencias para la futura construcción de un hospital destinado a albergar a los indios enfermos”.

Toda la geografía americana vio surgir en el siglo XVI múltiples instituciones de beneficencia «social» al paso de los misioneros: algunos de ellos son, además de los primeros en las islas del Caribe ya mencionados, los múltiples asilos, hospitales y hospicios de la Nueva España; el Hospital de Santa María de las Nieves en Cali, Colombia; el Hospital de San Juan de Dios en Quito, etc. Y como las «obras de misericordia» ordenan también “enseñar al que no sabe”, a los hospitales, hospicios, asilos y leprosarios, hay que agregar todas aquellas obras de educación en América Latina, las cuales abarcaron desde innumerables escuelas elementales, hasta decenas de colegios mayores y las no pocas Universidades Hispanoamericanas. Tal cantidad de obras sociales no fueron resultado de la casualidad, sino de la puesta en práctica de los principios del cristianismo «social», los cuales eran aceptados por casi todos. Un ejemplo de dicha aceptación son las Ordenanzas de 1573 de Felipe II que establecen: “Cuando se fundare e poblare alguna ciudad, villa o lugar, se pongan hospitales para pobres y enfermos de enfermedades que no sean contagiosas, junto a las iglesias y por el claustro de ellas, y para los enfermos de enfermedades contagiosas en lugares elevados, y partes que ningún viento dañoso, pasando por los hospitales, vaya a herir en las poblaciones.”

El Derecho indiano, que se fue estructurando desde el momento mismo en que Cristóbal Colón dio a los Reyes Católicos la noticia del Descubrimiento del Nuevo Mundo y que culminaría con la recopilación de las «Leyes de Indias», es también resultado de la puesta en práctica de los principios del cristianismo «social».

Por otra parte resulta del todo evidente que la gravedad de los innumerables abusos, crueldades e injusticias que a lo largo de la historia de Latinoamérica se han cometido, siempre han estado en proporción directa al grado de indiferencia y desprecio de los principios del cristianismo «social» que en su actuar han tenido quienes los cometieron. En la época del dominio español, los abusos e injusticias fueron cometidos, además, contra la legislación civil, especialmente la promulgada durante el gobierno de la Casa de Austria.

El catolicismo social en la época independiente

Por la invasión napoleónica a España en 1808, las independencias de la América española dieron inicio simultáneamente desde México hasta Buenos Aires. Para ese entonces la Corona española ya había transformado el Patronato Real en un “patronato regalista”, perdiendo también de vista los principios sociales del Evangelio pues, desde el arribo de la Casa de Borbón en 1700, los había ido sustituyendo paulatinamente por los del absolutismo ilustrado.

Al poco tiempo de consumadas las independencias hispanoamericanas, la generación de los libertadores fue eliminada; en su lugar hizo su arribo una nueva clase política de cuño liberal-ilustrado pero dividida en dos tendencias hostiles entre sí: los «conservadores» y los «liberales». La tendencia conservadora, aunque parecía tener una posición moderada ante la Iglesia, en mayor o menor medida buscó «usarla» como «instrumento» al servicio del Poder civil, por lo que reivindicaba para éste el control que sobre ella ejerció el regalismo de los borbones. En la primera década de la vida independiente la tendencia liberal buscó lo mismo, pero en la medida en que vio la imposibilidad de poner la Iglesia al servicio de sus intereses políticos, decidió destruirla.

En los países donde imperaron los gobiernos liberales se promulgaron leyes de disimulada o abierta hostilidad contra la Iglesia; se pretendió regular su vida interior y se le confiscaron sus bienes. Donde imperaron los gobiernos conservadores, aunque más moderada la situación no fue muy distinta, y los pocos concordatos que llegaron a establecerse fueron de alcance y duración muy limitada. Obviamente en esa situación, la acción social de la Iglesia disminuyó notablemente.

El caso dramático de la Iglesia mexicana

Al momento de alcanzar la Nación mexicana su independencia en septiembre de 1821, la Junta de Regencia del Imperio Mexicano declaró insubsistente el Patronato Real porque “la Independencia pone en cuestión esta materia, y su resolución debe ser de acuerdo con el Romano Pontífice.” Se buscaba pues un concordato y no un neo-patronato; sin embargo el 19 de marzo de 1823 el emperador Agustín de Iturbide abdicó y el 1° de noviembre de ese año los liberales establecieron la República Federal.

Si bien el liberalismo mexicano que estableció la República Federal en un principio no fue abiertamente hostil a la Iglesia, destacó por su tendencia regalista que pretendía lo mismo “protegerla”que regular su disciplina y vida interna. Una Comisión del Congreso dictaminó el 2 de marzo de 1826: “El Congreso General Mexicano tiene la facultad exclusiva de arreglar el ejercicio del patronato en toda la federación”.En 1829 no había ya un solo obispo en México.

Con el establecimiento de las logias masónicas del Rito de York en 1825 y la afiliación a ellas de personajes destacados como el anteriormente defensor de Iturbide Valentín Gómez Farías, de Lorenzo de Zavala y Vicente Guerrero, y con ellos de varios sacerdotes liberales como Miguel Ramos Arizpe y Servando Teresa de Mier, el liberalismo mexicano fue tornándose cada día más anticlerical. Cuando en 1831 S.S. Gregorio XVI nombró seis obispos para México sin tomar en cuenta patronato o concordato alguno, molestos los liberales de inmediato buscaron que los nombrados se sometieran a los Congresos estatales.

El obispo de Linares (Monterrey) José María Belaunzarán se negó a tal sometimiento escribiendo al Congreso de Tamaulipas en marzo de 1834: “…La Iglesia no la fundaron los emperadores, ni los reyes, ni los gobernadores, ni los congresos; la fundó solo el Hijo de Dios, y la trajo desde el cielo y del seno de su Padre (…) Él sólo la adquirió con su preciosísima Sangre, y la fundó sin haber tomado dictamen ni parecer, ni consejo a los reyes ni a los príncipes de la tierra; y sin contar con ellos para nada, manda a sus Apóstoles autorizados ya por Él mismo…”Por ese escrito el gobierno de Gómez Farías decretó su expulsión del país.

Para ese entonces Valentín Gómez Farías era ya un feroz anticlerical; el historiador estadounidense Joseph Schlarman escribe al respecto: “Dio por suprimidos los votos monásticos y los diezmos y luego, el 24 de octubre de 1833, la supresión de la Universidad de México…También dio (7 de mayo de 1833) la ley que secularizaba y confiscaba las misiones de California, fundadas por el famoso Fray Junípero Serra. Su actuación nos hace pensar en un cerdo que se halla suelto en un gran jardín y arranca de raíz cuantas plantas y flores encuentra: destrucción desenfrenada de los frutos del trabajo y sudores del hombre. A esa obra se la llama «Reforma».” Cabe señalar que la expulsión de las Órdenes religiosas fue uno de los factores que facilitaron la posterior pérdida de los territorios de Texas, Nuevo México y California, donde constituían la principal presencia mexicana.

Para la segunda mitad del siglo XIX el anticlericalismo se convirtió en anti-catolicismo, para lo cual, entre otras medidas, promovieron el establecimiento de sectas protestantes. Matías Romero, encargado de negocios del gobierno liberal ante el de los Estados Unidos, escribió: “…Favorecí entonces una comunidad protestante regida por un Mister Riley que deseaba establecer una iglesia mexicana, en competencia con la católica romana…con la cordial ayuda del presidente Juárez que participaba de mis propósitos, y que quizá era más radical que yo en estas materias…”

El 12 de julio de 1859 el gobierno de Benito Juárez, arrinconado en Veracruz, promulgó un «Decreto sobre nacionalización de los bienes de la Iglesia» en cuyos considerandos decía: “Que dilapidando el clero los caudales que los fieles le habían confiado para objetos piadosos, los invierte en la destrucción general… He tenido a bien decretar lo siguiente: Art. 1° Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero regular y secular ha estado administrando con diversos títulos…”. Dicho decreto pasó a formar parte de las llamadas «Leyes de Reforma», las cuales fueron aplicadas año y medio después, hasta el triunfo del gobierno liberal de Benito Juárez a finales de 1860.

El despojo total a la Iglesia de sus bienes materiales paralizó por completo su acción social. El encargado de rematar los bienes de la Iglesia fue el liberal Francisco Mejía quien escribió: “Me indignaba igualmente que muchos de los adjudicatarios y denunciantes fueran extranjeros; porque veía que desamortizábamos esos inmensos valores que acumuló el Clero, para que quedaran de nuevo amortizados en favor de aquellos, cual sucedió con los señores Bohome, los Davis, los Loperena y Morales Puente, etc”. En efecto, hubo casos en que un solo extranjero compró cincuenta edificios a esos “precios de ocasión”.

“Las tierras de la Iglesia y los edificios que le pertenecían, cuyos productos o rentas se habían estado empleando principalmente en sostener instituciones de caridad y educación para pobres incapaces de pagar, fueron vendidos a precios ridículos, con lo que los ricos que las adquirieron, se enriquecieron más pero ningún pobre salió mejorado”. Prueba fehaciente de esto es el destino que tuvieron los edificios anteriormente dedicados a hospitales, asilos, instituciones educativas, etc. A modo de ejemplo podemos mencionar los siguientes: En la ciudad de México: el edificio de la Universidad fue convertido en locales comerciales y en uno de ellos funcionó por muchos años una célebre cantina llamada «El Nivel»; el Hospital de leprosos de San Lázaro, que atendía a cerca de 90 enfermos terminales, fue clausurado y abandonado, y los Hermanos Juaninos que lo atendían fueron expulsados de México; el edificio de la escuela que atendía la Orden hospitalaria de los Betlemitas fue entregada a la Compañía Lancasteriana y después se convirtió en una bodega. El Hospicio de Santo Tomás, atendido por los agustinos, fue vendido al español Francisco Iturbe, cuya familia lo convirtió en hotel.

En la ciudad de Puebla: el Hospital de San Juan de Dios fue convertido en cárcel; el Hospital de Indios anexo al convento de San Pablo fue convertido en almacén de fertilizantes; el colegio de San Idelfonso fue fraccionado para locales comerciales y caballerizas; buena parte del edificio del Colegio del Espíritu Santo (para ese entonces ya Colegio del Estado) fue cuartel y polvorín, y en el segundo patio se instaló la cervecería «El Fenix».

En Guadalajara, el edificio del Hospicio Cabañas, atendido desde 1850 por las Hermanas de la Caridad, fue convertido en cuartel en 1852 pero poco después recobró su finalidad de hospicio; sin embargo, tras el decreto de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 1859, todo el frente oeste fue fraccionado en 40 lotes que se entregaron a particulares, y en el lado norte del edificio se construyó la Plaza de Toros «El Progreso». Durante el Segundo Imperio, el emperador Maximiliano mantuvo la misma política para con la Iglesia, la cual siguió maniatada para poder realizar cualquier acción de tipo social.

La acción social de la Iglesia en la primera mitad del siglo XX

En 1858 el Papa Pío IX fundó en la ciudad de Roma el Colegio Pío Latinoamericano, para hacer frente al problema de los seminarios en Latinoamérica, constantemente hostilizados por los gobiernos liberales; de este Colegio empezó a surgir un clero latinoamericano más capaz y mejor formado. Por otra parte, al finalizar el siglo XIX los distintos gobiernos liberales del Continente habían abandonado sus posturas radicales en relación a los tres frentes abiertos por el anticlericalismo del siglo XIX: los bienes eclesiásticos, las órdenes religiosas, y el control de la relación de los episcopados con Roma. Dicha moderación se estaba dando incluso en el gobierno de México, que desde 1876 estaba en manos del general liberal Porfirio Díaz.

Es en ese contexto cuando S.S. León XIII, el papa de la Rerum Novarum, convoca al «Concilio Plenario de la América Latina», el cual se celebró en Roma de Diciembre de 1898 a julio de 1899. La sensibilidad «social» de los obispos conciliares se manifestó principalmente en la acción de la caridad, reafirmando el derecho de la Iglesia ejercer dicho apostolado, y también la llamada «cuestión social» brotó en las deliberaciones del Concilio, quedando incluida de manera explícita en tres artículos donde se exhortaba a las autoridades y sociedad a cumplir con sus mutuos deberes en orden a la paz pública y la justicia social, poniendo especial énfasis en la atención hacia los inmigrantes y en la promoción de «Círculos Católicos de Obreros», cooperativas y asociaciones de ayuda mutua.

Estas dos grandes acciones del Papa León XIII (la publicación de la Rerum Novarum, y la celebración del Concilio Plenario) condujeron a una creciente participación de los laicos católicos latinoamericanos en la vida social y política de sus naciones. Aún antes del Concilio, en junio de 1885 se había fundado en Montevideo el primer círculo de obreros bajo el nombre de “Círculo de Obreros Central”, inspirado en la experiencia francesa de Du Pin y en las Sociedades Católicas que, en España, creó monseñor José María Urquinaona. Distintos Congresos empezaron a realizarse por toda la geografía latinoamericana, como los Congresos Católicos Mexicanos celebrados en Puebla en 1903 y en Morelia en 1904; o los Congresos Católicos Uruguayos de 1900, 1902, 1908 (congreso éste del que surgiría el partido político «Unión Cívica»), 1910, etc.

Jean Meyer dice al respecto: “A la vuelta del siglo, en los países que invade uno a otro la industrialización, por canija que sea, engendra con el proletariado un socialismo que a menudo hereda del liberalismo una fuerte hostilidad contra la Iglesia y la Religión. Desde ese momento el juego ya no se juega entre dos sino entre tres (…) Desde ese momento la Iglesia va en busca de esa famosa «tercera vía» que sigue siendo de actualidad. En el transcurso de esa evolución, el catolicismo, ahora combativo y conquistador, propone la cristiandad como solución: catolicismo social, democracia cristiana, Acción católica, etc. Convertido en «movimiento» ese catolicismo es a la vez obra apostólica, institución, organización social, sindicatos, partidos. Esto hace de él uno de los principales protagonistas de la vida pública.” La teoría de la “tercera vía” que alude Jean Meyer es más que cuestionable, pues el hecho de que la Doctrina Social de la Iglesia no sea ni capitalista ni socialista no la ubica en medio de la “geometría ideológica”, sino en el centro de la justicia social y en la decidida defensa de la dignidad humana.

El retorno del drama a México

En los inicios del siglo XX, también en México el catolicismo social empezó a manifestarse vigoroso; a los congresos celebrados en Puebla y Zamora arriba mencionados siguió, en mayo de 1911, el surgimiento del «Partido Católico Nacional» formado principalmente por los integrantes del Círculo Católico de México y los Operarios Guadalupanos; en poco tiempo el Partido contaba ya con 580 centros locales. El Partido Católico participó con éxito en las elecciones llevadas a cabo en octubre de ese año, “las únicas elecciones libres que ha habido en ese país”. En ellas, el Partido Católico Nacional apoyó la candidatura presidencial de Francisco I. Madero y ganó las gubernaturas de los estados de Jalisco y Querétaro, 26 diputaciones y varias presidencias municipales importantes, como las de Toluca y Puebla.

Pero el 19 de febrero de 1913 una conjura contra el gobierno de Francisco I Madero apoyada por la embajada de los Estados Unidos, llevó al asesinato del Presidente Madero y al general Victoriano Huerta a la Presidencia, lo que se tradujo en un nuevo movimiento revolucionario que se vio triunfante tras el desembarco de tropas norteamericanas en Veracruz el 21 de abril de 1914. Esta nueva revolución fue de signo abiertamente anticatólico, y además de destrucción e incendio de templos, de sacrilegios, asesinatos de sacerdotes y religiosos, llevó a la redacción de una nueva Constitución Política según la cual, jurídicamente, la Iglesia dejó de existir.

Sin embargo y a pesar de tan dura represión y tan estrecho espacio público para la Iglesia, el Episcopado Mexicano fundó en noviembre de 1920 el «Secretariado Social Mexicano» para que coordinara los esfuerzos y trabajos de carácter social que, con grandes dificultades, llevaban a cabo las organizaciones católicas de seglares; las más significativas eran: los Caballeros de Colón, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), las Damas Católicas, la Confederación Católica del Trabajo y la Confederación de Organizaciones Católicas de México.

En diciembre de 1924 Plutarco Elías Calles asumió la Presidencia de la República y se propuso aplicar al pie de la letra los artículos anticatólicos de la Constitución, para lo cual promulgó el 14 de junio de 1926 la tristemente célebre «Ley Calles» cuyas principales consecuencias fueron: una sanguinaria persecución contra la jerarquía de la Iglesia y contra el pueblo católico, la suspensión del culto público y la Cristiada.

En esas circunstancias la policía saqueó y clausuró el local que ocupaba el Secretariado Social Mexicano. Después de la firma de “los arreglos” de 1929 y la implantación de un singular “modus vivendi” en México, el Secretariado Social fue tomando poco a poco una posición hostil hacia la Iglesia, abandonando la misión para la que fue creado; para 1968 era ya quizá el principal centro de difusión de la “Teología de la Liberación” de raíz marxista en México. “En la base de la denominada «Teología de la Liberación», que preconiza el método exclusivamente inductivo y ortopráctico, se hallan el agnosticismo kantiano, con su ignorancia metafísica del ser, el evolucionismo dialéctico hegeliano, la filosofía del devenir de Bergson, la cosmovisión evolutiva del P. Teilhard de Chardin, así como la filosofía de la acción de Blondel y el análisis marxista de la historia.”

Pero la deserción del Secretariado Social Mexicano de ninguna manera significó que los católicos mexicanos abandonaran la acción social. Alentadas e impulsadas por la Jerarquía de la Iglesia, cientos de obras de asistencia social volvieron a surgir por todas partes. La mayoría de las antiguas organizaciones como los Caballeros de Colón continuaron su labor, y si bien la Asociación Católica de la Juventud Mexicana quedo absorbida en la Acción Católica con una orientación más apostólica que social, otras nuevas han ido surgiendo a la luz de los principios de la Doctrina Social para ponerlos en práctica, como es el caso de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM) y del Instituto Mexicano de Doctrina Social Católica (IMDOSOC). Sin embargo es mucho lo que falta por realizar.

Situación en la segunda mitad del siglo XX

Si bien la Segunda Guerra Mundial se libró en otros continentes, su repercusión en América Latina fue muy amplia. Muchos dirigentes cristianos latinoamericanos, alarmados por la extensión de la “guerra fría” al Continente con el triunfo de la Revolución cubana, y advertidos de sus responsabilidades por el magisterio de San Juan XXIII, el beato Paulo VI y los decretos del Concilio Vaticano II, decidieron involucrarse en la atención de las condiciones sociales y económicas de la región. Pero de modo similar a lo ocurrido en el siglo XIX, el problema fue la incomunicación, pues en cada nación los intentos de trabajo y desarrollo se realizaron sin tomar en cuenta las experiencias, los éxitos y fracasos de otras latitudes.

Este problema empezó a ser solucionado en 1954 con la convocatoria para llevar a cabo en Santiago de Chile un Congreso Latinoamericano de Sindicalistas Cristianos, al cual asistieron representantes de trece naciones. En ese congreso se tomó el acuerdo de fundar la «Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos» (CLASC) que inicialmente puso su sede en Chile, donde la labor con los obreros realizada por San Alberto Hurtado, en ese entonces recién fallecido, había logrado una buena difusión de la Doctrina Social Católica. Para 1960 forman ya aparte de la CLASC sindicatos de 21 naciones; la excepción será México donde el llamado “sindicalismo oficial” controlaba a todos los sindicatos.

Otra significativa organización de acción social católica que surgió en la segunda mitad del siglo XX fue la «Juventud Obrera Cristiana» (JOC), fundada en Bélgica en 1925 por el sacerdote José Cardijn, y difundida en varios países de América Latina como: República Dominicana donde sus asesores, los padres jesuitas Manuel González Quevedo y Marcial Silva, fueron expulsados del país por la dictadura de Leónidas Trujillo; Argentina, donde la JOC estableció entre los años de 1946 y 1954 cordiales relaciones con el gobierno de Juan Domingo Perón; Uruguay, donde fue significativa su labor desde su fundación en 1938 hasta 1973 donde decayó notoriamente debido a las condiciones impuestas por el golpe cívico-militar; Brasil, que en noviembre de 1961 y con la bendición de San Juan XXIII, fue sede del Segundo Consejo Internacional de la JOC.

Para la década de los años setenta, no pocos de los organismos latinoamericanos cristianos de acción social habían empezado a desviarse hacia posiciones políticas revolucionarias de corte marxista, y a sustituir el mensaje evangélico por la lucha de clases. Por ello, en agosto de 1984 la Santa Sede dio a conocer la «Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación» en los que alertó sobre esas desviaciones: “Préstamos no criticados de la ideología marxista y el recurso a las tesis de una hermenéutica bíblica dominada por el racionalismo son la raíz de la nueva interpretación, que viene a corromper lo que tenía de auténtico el generoso compromiso inicial en favor de los pobres.”

Simultáneamente el magisterio social de San Juan Pablo II, en especial sus encíclicas «Laborem excersens» de septiembre de 1981, «Sollicitudo rei socialis» de diciembre de 1987 y su exhortación apostólica «Christifideles laici» de diciembre de 1988, dieron un fuerte y nuevo impulso a las organizaciones sociales de los católicos latinoamericanos, incluyendo a las de carácter político a las que señaló su importancia y los límites de sus ámbitos de acción:

“Los fieles laicos que trabajan en la política, han de respetar, desde luego, la autonomía de las realidades terrenas rectamente entendida. Tal como leemos en la Constitución Gaudium et spes, «es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralista, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia y distinguir netamente entre la acción que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal, como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realizan, en nombre de la Iglesia, en comunión con sus pastores. La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana».

Al mismo tiempo —y esto se advierte hoy como una urgencia y una responsabilidad— los fieles laicos han de testificar aquellos valores humanos y evangélicos, que están íntimamente relacionados con la misma actividad política; como son la libertad y la justicia, la solidaridad, la dedicación leal y desinteresada al bien de todos, el sencillo estilo de vida, el amor preferencial por los pobres y los últimos. Esto exige que los fieles laicos estén cada vez más animados de una real participación en la vida de la Iglesia e iluminados por su doctrina social. En esto podrán ser acompañados y ayudados por el afecto y la comprensión de la comunidad cristiana y de sus Pastores.”

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se había dado una creciente participación de católicos en el ámbito de la política en Chile, Venezuela y la República Dominicana, a través de la creación en esas naciones de partidos políticos «Demócrata Cristianos»; posteriormente surgieron también en Costa Rica, Ecuador y El Salvador. La corriente política llamada «Democracia Cristiana» tomó como su guía de acción a la Doctrina Social de la Iglesia, cuyo principio personalista les hizo alejarse del socialismo, y el principio de justicia social que les llevó a alejarse del liberalismo político. El magisterio de San Juan Pablo II clarificó aún más esas diferencias.