SANTIAGO DE CHILE; Diócesis

HISTORIA

Fue creada en junio de 1561, es decir justo 20 años después de la llegada de Pedro de Valdivia y de la fundación de Santiago. En esos primeros años de la presencia española, el bachiller Rodrigo González Marmolejo, capellán de las huestes conquistadoras, junto a otros sacerdotes, había echado las bases de la organización eclesiástica en estas tierras. Construyeron los primeros templos, incluida la iglesia mayor, realizaron una activa labor evangelizadora de los indígenas de la comarca, y pastoral respecto de la población española.

Santiago, desde el punto de vista del gobierno eclesiástico, era una parroquia sufragánea del obispo del Cuzco, y su primer párroco fue el propio González Marmolejo, quien además se desempeñó como vicario foráneo de la gobernación. La dependencia episcopal sufrirá una modificación con la creación de la diócesis de Charcas, de la cual pasará a ser sufragánea en 1552.

Pedro de Valdivia propuso a González Marmolejo como obispo de la nueva diócesis que debía fundarse en este territorio. La postulación pasó por variadas vicisitudes hasta que el Papa Pió IV, mediante la bula «Super Specula» de 27 de junio de 1561, erigió la diócesis de Santiago, cuya catedral se dedicó a la Virgen María y, por la bula «Apostolatus Officium», del mismo día, la proveyó con el candidato propuesto por el rey.

A esas alturas, el instituido obispo tenía una edad avanzada y su estado de salud era precario. En todo caso, desde 1558, no sin contradicción, había estado ejerciendo el cargo en calidad de obispo electo, en virtud de las cartas de ruego y encargo que había recibido ese mismo año. Pero, debido a la complicación de sus dolencias, no pudo tomar posesión del cargo personalmente, postergándose por varios meses, hasta su realización en julio de 1563 mediante apoderados. Ejerció el gobierno de la diócesis sin haber recibido la consagración episcopal, pues dada su condición de salud, no estuvo en condiciones de viajar a Lima para recibirla. Falleció en octubre de 1564.

La nueva diócesis quedó sujeta a la autoridad del arzobispo de Lima, y se le asignó un patrimonio de 200 ducados que debían ser proveídos por el Monarca. Las rentas episcopales estaban constituidas fundamentalmente por los diezmos (la décima parte de la producción agropecuaria que, salvo los indígenas, todas las personas debían pagar), y por los derechos parroquiales.

La distribución de los primeros estaba establecida en la Recopilación de Leyes de Indias y de acuerdo con ella, el total recaudado se distribuía en un cuarto para el obispo, otro cuarto para el cabildo eclesiástico y el resto se dividía en nueve partes, dos de las cuales la Corona podía destinarlas al fin religioso que estimara oportuno; un noveno y medio debía ir a la fabrica de la iglesia catedral; otro noveno y medio para los hospitales y las cuatro novenas partes restantes eran para pagar los salarios de los curas.

Hasta fines del siglo XVII, los ingresos generados por los diezmos eran insuficientes para satisfacer los requerimientos episcopales. Como lo señala el obispo Carrasco en el Sínodo que efectuó en 1688, la iglesia catedral era pobre, no teniendo fondos para las actividades del culto, y la cuarta capitular era tan exigua que el obispo propuso suprimir la dignidad de chantre, que estaba vacante.

El monto total que en promedio alcanzaba anualmente el remate de los diezmos en la década de 1680 era cercano a los 12 mil pesos, por lo que al obispo le correspondían, después de los descuentos establecidos, menos de 3 mil pesos anuales, cifra escasa para satisfacer tanto las necesidades personales, como las obligaciones caritativas asumidas. Ese estado de cosas era expresión de la pobreza general que caracterizaba por ese entonces al reino.

Con todo, desde la segunda mitad de la década de 1690 en adelante y a lo largo de todo el siglo XVIII y primeros años del XIX, la situación evolucionó positivamente. Los diezmos experimentaron un constante incremento, a la par de la situación económica general. Esto fue lo que permitió la creación de dos canonjías, la construcción del nuevo templo catedralicio, el progreso del seminario y el aumento de los ingresos de los prelados y prebendados, entre otros ítem.

En la última década del siglo XVIII la renta decimal en promedio fluctuaba en torno a los 21 mil pesos anuales. El Concilio de Trento ordenaba la realización de Concilios Provinciales cada tres años para reformar las costumbres, corregir excesos y en general fortalecer la disciplina en las arquidiócesis. Dado la extensión territorial que éstas tenían en América, no resultó fácil el cumplimiento de esa disposición. Con todo, los arzobispos de Lima realizaron durante el período hispano varios concilios provinciales, a dos de los cuales asistieron personalmente los obispos de Santiago, como sufragáneos de aquellos.

Fray Diego de Medellín asistió al III Concilio Limense (1582-1583), convocado por Toribio de Mogrovejo y que tuvo gran importancia por las políticas que se acordaron en materia de evangelización de los indios y de disciplina eclesiástica. La otra participación correspondió al obispo Manuel de Alday, casi 200 años después, en el VI Concilio que se realizó en 1772-1773 a instancias del Monarca, y en el que se pretendió condenar la doctrina del probabilismo, para desprestigiar a los jesuitas, a lo que la mayoría de los obispos se opusieron, encabezados por el prelado de Santiago, René Millar.

En cuanto a los sínodos diocesanos, que tanto el Concilio de Trento como la legislación real ordenaban que se realizaran una vez al año, aquí se celebraron ocasionalmente y las actas de algunos de ellos no se promulgaron ni publicaron. Esta situación, en parte, fue consecuencia de la extensión de la diócesis y de la actitud de los representantes del poder temporal, que negaban su promulgación amparándose en el Derecho de Patronato.

Durante el período español se celebraron seis sínodos, siendo los más importantes los de los obispos Bernardo Carrasco, de 1688, y Manuel de Alday, de 1763, ambos promulgados y publicados.El primero de estos mandó observar el III Concilio Limense y los tres sínodos diocesanos anteriores que se conocían. Y en cuanto al contenido, los dos enfatizan la disciplina eclesiástica, la evangelización, la catequesis, la administración de los sacramentos, las expresiones del culto y las prácticas devocionales.

Con relación a las visitas pastorales, los obispos de la diócesis de Santiago fueron, durante los siglos XVII y XVIII, bastante cumplidores a la hora de efectuarlas, tal como lo mandaba Trento, los Concilios limeños y las Leyes de Indias, aunque por el tamaño del obispado y condiciones de salud, en ciertos casos lo hicieron por medio de visitadores y por lo general la visitaban una o dos veces durante el respectivo gobierno, mientras la zona de Cuyo lo era de manera más ocasional. Las visitas les permitían formarse una impresión directa de los problemas que existían en la gestión espiritual y material de la diócesis, constituyéndose en un instrumento eficaz en la toma de medidas correctivas.

La diócesis de Santiago tuvo una evolución en cuanto a la significación jerárquica en el contexto de la administración eclesiástica indiana. Durante los siglos XVI y XVII, al igual que la de Concepción, fue considera como de inicio en la carrera eclesiástica de los postulantes al episcopado en el marco del Derecho de Patronato. Sin embargo, desde comienzos del siglo XVIII la verán como una diócesis de ascenso, es decir de nivel intermedio, que resultaba atractiva, y como un escalón ascendente en la carrera de un pretendiente. No está ajeno a esa percepción el incremento experimentado por las rentas del obispado.

Todos esos cambios influyeron en el mayor interés que despertaba los cargos de obispo y prebendado de la diócesis, que vio aumentado el número de canónigos. Hasta el siglo XVII la mayoría de los obispos eran miembros del clero regular, provenientes de Perú. En el siglo siguiente en cambio, predominarán los clérigos seculares y originarios del reino por sobre los externos, esto tanto a nivel de los obispos como de los miembros del cabildo eclesiástico. Socialmente, en su mayoría pertenecerán a la elite local, que verá con interés el que miembros de ella gozaran de cargos significativos, tanto en la administración eclesiástica como en la civil.

El proceso de la emancipación política del reino afectó el funcionamiento de la diócesis. Los acontecimientos coincidieron con la vacancia episcopal, a raíz de la muerte del obispo Francisco José Marán en 1807, y las disputadas políticas enturbiaron el gobierno de la sede vacante y la sucesión diocesana.

Tanto el clero como el cabildo eclesiástico se dividieron ante las circunstancias que se experimentaban. José Santiago Rodríguez Zorrilla estuvo al frente de la diócesis, primero como vicario capitular hasta 1810, luego como obispo electo, presentado por el Consejo de Regencia, y finalmente como obispo consagrado en 1816, después de ser instituido por el Papa Pío VII. Dada su postura contraria al bando patriota sufrió un duro trato por parte de las nuevas autoridades, quienes lo desterraron un tiempo a Mendoza y después de reinstalado en el cargo, fue separado de él y por último desterrado a México en 1825.

El cabildo eclesiástico también experimentó la intervención abusiva por parte de aquéllas, las que además cerraron el seminario e interfirieron en el gobierno de las órdenes regulares. El estado de cosas sólo comenzó a regularizarse con el nombramiento en 1828, por León XII, de Manuel Vicuña como obispo «in partibus» de Cerán y Vicario Apostólico de Santiago, y el posterior pase dado por el gobierno republicano a la bula y breve respectivo.

En 1832 Manuel Vicuña fue proveído en propiedad por el Papa Gregorio XVI, no sin que plantearan dificultades por no haberse atenido al Derecho de Patronato. Entre los cambios que la nueva situación política había generado estaba la incorporación de los diezmos a la Hacienda Pública, encargándose el Estado republicano de entregar una renta fija a cada funcionario eclesiástico. Esto se relacionaba con la declaración constitucional que declaró a la religión católica como oficial del Estado.

Por su parte el obispo Vicuña, a pesar de sus achaques, emprendió la visita de la diócesis, que desde 1796 no se realizaba. En esa tarea pudo apreciar el deterioro material de muchas parroquias a consecuencia de la pobreza de sus edificios, y los efectos de terremotos e inundaciones. También, dio instrucciones para tratar de que se regularizaran las uniones ilícitas y confirmó a varios miles de personas.

En la segunda mitad del siglo XIX, serán dos los grandes problemas que debió enfrentar la Iglesia chilena en general y el arzobispo en particular. Uno tiene que ver con la insistencia de las autoridades civiles en el ejercicio del Derecho de Patronato, en contra del parecer del arzobispo, que no hacía más que seguir el punto de vista de la Santa Sede. El nuevo arzobispo Rafael Valentín Valdivieso llegó a experimentar acciones vejatorias por defender la independencia de la Iglesia. Paralelamente, aumentaba la influencia del liberalismo, que pretendía la aprobación de leyes que buscaban disminuir la influencia de la Iglesia en la vida pública. En respuesta a los requerimientos de los nuevos tiempos, el arzobispo llevó adelante un proceso de modernización y reforma de las instituciones eclesiásticas y del clero, especialmente del regular, en que estuvo empeñado por varios años. Además, estimuló la venida al país de nuevas órdenes religiosas, masculinas y femeninas, para que asumieran responsabilidades en los ámbitos educacionales y de auxilio social.

En materia de administración organizó la curia eclesiástica, nombró una comisión revisora de cuentas, se preocupó por el buen funcionamiento parroquial. Todo esto, mientras el gobierno eliminaba el diezmo y establecía en su reemplazo una contribución agrícola, cuyos ingresos sólo parcialmente se destinaron a financiar los gastos del culto.

A la muerte del arzobispo Valdivieso, la sucesión arzobispal genera un grave conflicto con el gobierno, que culmina en el rompimiento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, y en el despacho de una serie de leyes laicistas: matrimonio civil, registro civil y cementerios laicos (1883-1884). Las relaciones tendieron a normalizarse a partir del nombramiento de arzobispo de Mariano Casanova, que había sido propuesto por el nuevo presidente de la República.

Durante su episcopado se zanjó el conflicto por los cementerios y se impidió que prosperara un proyecto de separación entre la Iglesia y el Estado. El arzobispo publicó varias cartas pastorales, una de las cuales fue con motivo de la promulgación de la Encíclica «Rerum Novarum» y realizó la visita pastoral de la arquidiócesis. En 1895 celebró un sínodo diocesano, al que asistieron el cabildo eclesiástico, 73 párrocos y los superiores de las congregaciones religiosas. Hacía más de 130 años que no se celebraba uno, el último había sido el del obispo Alday de 1763.

El texto del sínodo, desde el punto de vista de formal, se estructuró en la forma de un código, dividido en libros, títulos y artículos. En él se regulaban las materias referentes a disciplina eclesiástica, a la liturgia, a la doctrina, los sacramentos e instituciones y asociaciones católicas.Otro hito importante en el episcopado de Mariano Casanova, fue la celebración en 1904 del primer Congreso Eucarístico, destinado a difundir el culto a la Eucaristía y dar vida eucarística a todas las obras cristianas que llevaran al restablecimiento del orden social cristiano; por lo mismo, en él se abordaron la educación, las obras eucarísticas, las obras sacerdotales y las obras sociales.

Con el nuevo siglo, una de las preocupaciones centrales del gobierno episcopal será el tema social, luchará por mejorar las condiciones de vida de los pobres en general y de los obreros en particular. En ese aspecto, se realizará en 1910 el «Congreso Social Católico», en el que se reflexiona y se toman acuerdos en materia de educación de los sectores populares, vivienda, instrucción religiosa y formación moral. El tema de las habitaciones obreras ocupará un capítulo central de la labor episcopal, estimulando la formación de sociedades que llevaran adelante la construcción de viviendas sociales.

Con todo, los cambios de mayor significación experimentados por la arquidiócesis de Santiago en el siglo XX fueron consecuencia de la separación de la Iglesia y el Estado, acontecida en 1925. Entre ellos está la declaración de libertad de creencias y conciencia, y el ejercicio libre de todos los cultos, el término del financiamiento estatal del culto, previo aporte anual, por cinco años, de 2 millones quinientos mil pesos, la eliminación del Derecho de Patronato, y la exención de contribuciones a los templos y sus dependencias destinadas al culto.

Los principales temas que centrarán la atención de las autoridades de la arquidiócesis y de la Iglesia chilena, a parte del autofinanciamiento, serán los relacionados con el fuerte desarrollo de diversas corrientes religiosas y doctrinarias que se posesionan en la sociedad chilena, quitando presencia a la Iglesia católica. Entre ellas está la masonería, de fuerte penetración en el ámbito educacional, y el protestantismo, en su vertiente metodista, que desde comienzos del siglo XX ingresa con mucha fuerza en los sectores populares.

A ellas se agrega el avance del marxismo y el comunismo, que también ganan unos espacios cada vez más importantes entre los trabajadores, sobre todo urbanos. Ante ese escenario, el arzobispo y la Iglesia chilena desarrollan variadas estrategias que apuntaban a contrarrestar esa influencia. Se busca fortalecer la educación católica y la enseñanza de religión en los establecimientos públicos. Se fortalece el carácter social de los Congresos Eucarísticos. Se funda en 1931 la Acción Católica que asigna a los laicos un protagonismo en el apostolado que pretende re-cristianizar a la sociedad. Se asume con mucho entusiasmo la doctrina social sintetizada en la encíclica «Quadragésimo Anno».

La recepción del Concilio Vaticano II y la polarización política que vivió el país a partir de la década de 1960 repercutieron fuertemente en la Iglesia, que se vio sometida a fuertes tensiones internas. El arzobispo debió luchar tanto por mantener la disciplina y unidad al interior de la Iglesia, como por defender su independencia y la vigencia de los principios cristianos ante las autoridades políticas. Después del quiebre de la democracia, la Iglesia, con el arzobispo a la cabeza, se transformó en el valuarte más importante en defensa de los derechos humanos.

INSTITUCIONES

La erección de la catedral de Santiago del Nuevo Extremo trajo aparejada la instalación de su cabildo, que quedó integrado por cinco dignidades: el Dean, el Arcediano, el Chantre, el Maestre Escuela y el Tesorero; diez canonicatos; seis raciones; seis medias raciones; seis capellanes de coro; seis acólitos y un sacristán, más otros oficios varios.

Si bien todos estos cargos se instituyen al momento fundacional, se contempla expresamente que debían ponerse en ejercicio sólo algunos, mientras los demás eran postergados hasta disponer de las rentas necesarias, aunque se dio el caso de que los medio-racioneros, al parecer, nunca se designaron en el coro de esta catedral. Todavía más, a fines del siglo XVII, de las diez canonjías previstas solo cuatro estaban creadas y una quinta correspondía a la suprimida a favor del Tribunal de la Inquisición de Lima.

Esa situación había cambiado 100 años después, en que los canónigos ya eran seis, a los que se añadía la supresa de la Inquisición.Las dos nuevas, junto a cuatro raciones, se habían creado por mandato real el 2 abril de 1774, en virtud del derecho de patronato.En suma, durante el período español, el cabildo de la catedral nunca completó el total de canonjías, prebendas y oficios contemplados en las letras apostólicas fundaciones.

En el último tercio del siglo XVII, las parroquias del obispado llegaban a 34, considerando las de la catedral, Santa Ana y la recién creada San Isidro, muchas de las cuales estaban vacantes por los escuálidos salarios que percibían, inferior a los 400 pesos anuales fijados.A pesar que en el siglo XVIII los ingresos generados por los diezmos mejoró, la remuneración de los párrocos no se vio directamente beneficiada debido a que la mayoría de ellos no participaban de esos ingresos, limitándose sus rentas a lo obtenido por los derechos parroquiales, que estaban fijados por el arzobispo de Lima y el virrey del Perú, y que el obispo Carrasco había incorporado en el Sínodo de 1688.

De acuerdo con ese arancel, el valor de un entierro podía fluctuar entre los 12 pesos que debía pagar un español cuando era solemne y los 12 reales cuando se trataba de indios o esclavos negros. A comienzos de la etapa republicana, la diócesis contaba con más de 70 parroquias, y en tiempos del arzobispo Valdivieso se reestructuró el territorio de las parroquias rurales más extensas y se crearon algunas nuevas.

Para fortalecer la labor pastoral en 1872 se creó la gobernación eclesiástica de Valparaíso, y en 1913 se hizo lo propio con la de Talca. Con estas instituciones se buscaba descentralizar y agilizar la administración, al delegar el arzobispo algunas de sus facultades. También se crearon nuevas parroquias y se modificaron los límites de otras. De hecho, a mediados de la década de 1920 el número total de parroquias de la arquidiócesis era de 143.

Hacia 1946 la arquidiócesis de Santiago tenía una población de 1.268.505 habitantes, de los cuales el 90% se declaraba católico, aunque los que practicaban regularmente eran bastante menos. Para servir a esa cantidad de fieles, contaba con 92 parroquias, 291 sacerdotes seculares y 412 sacerdotes regulares. Existiendo además, 61 casas de religiosos y 136 de religiosas.Esas cifras aún no reflejaban la disminución de fieles y de clérigos que afectará a la arquidiócesis en particular y a la Iglesia Chilena en general, desde la década de 1960 en adelante.

El seminario conciliar de Santiago fue fundado en 1584 por el obispo Diego Medellín, que de ese modo cumplía con lo acordado por el Tercer Concilio Limense y por el Concilio de Trento. Inicialmente funcionó en un inmueble aledaño a la catedral, de donde fue trasladado cerca de la parroquia de Santa Ana, en que permanecerá por cerca de 200 años, en condiciones bastante precarias la mayor parte del tiempo. En todo caso, el establecimiento funcionaba más bien como internado, ya que la enseñanza se realizaba en el colegio San Miguel de los jesuitas.

Durante el episcopado de Alday, el seminario experimentó un notorio progreso, que se reflejó en el aumento de los alumnos y en la disposición de muchos padres a pagar por el pensionado. A raíz de la Independencia, las autoridades de gobierno integraron el seminario al crear en 1813 el establecimiento público denominado «Instituto Nacional».

El obispo Vicuña logró reabrirlo en 1836, de manera independiente, alcanzando al poco tiempo un fuerte desarrollo, que tuvo su etapa más importante durante el rectorado de Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, entre 1853-1878, en que, por encargo del arzobispo Valdivieso, llevó adelante su modernización, en las instalaciones que por muchos años tendrá en la calle Providencia de Santiago. El 15 de agosto de 1929 la Santa Sede le otorgo el título de Pontificio.

GEOGRAFÍA

Los límites asignados a la diócesis originalmente correspondieron a los de la provincia o gobernación de Chile, por lo se extendía desde el despoblado de Atacama hasta el extremo austral, incluyendo también los territorios al este de la cordillera de Tucumán y Cuyo.

Con todo, ese extenso territorio, pronto experimentó dos desmembraciones importantes. Una, con la erección de la diócesis de la Imperial, en 1567, cuyo límite norte, después de variadas controversias, se fijó en el río Maule. La segunda, con la creación en 1570, por el Papa Pío V, del obispado de Córdoba del Tucumán.Esos límites se mantuvieron durante todo el período español, hasta comienzos del siglo XIX, en que se erigió el obispado de Salta, sufragáneo del arzobispado de la Plata, y se incorporaron las parroquias de Cuyo a la diócesis de Tucumán.

Durante el episcopado de Manuel Vicuña hubo cambios importantes relacionados con la administración y gobierno eclesiástico. A raíz de la Independencia, las autoridades políticas consideraron conveniente que se constituyera la provincia eclesiástica de Chile, otorgándole el carácter de metropolitana a la diócesis de Santiago, a la vez que se creaban varias diócesis sufragáneas.

Las peticiones que se efectuaron fueron finalmente acogidas en 1840, en que la Santa Sede expidió las bulas que erigían el arzobispado de Santiago y las diócesis de La Serena y de Ancud, y nombraba al obispo Vicuña como arzobispo. Todo esto implicaba que se sustraía para siempre a las diócesis de Chile de la jurisdicción del arzobispado de Lima. Por otra parte, la erección del obispado de La Serena implicó una nueva desmembración de la arquidiócesis de Santiago, cuyo límite norte quedó ahora en el río Choapa.

El 18 de octubre de 1925, justo al mes siguiente a la promulgación de la Constitución de ese año, se erigían, por bulas pontificias del Papa Pío XI, las diócesis de Valparaíso, San Felipe, Rancagua y Talca, que quedaron como sufragáneas de la arquidiócesis de Santiago.Esas nuevas diócesis implicaban una reducción significativa de la arquidiócesis de Santiago, y aunque constituían una aspiración muy sentida desde hacía bastantes años, no se había podido concretar por la obstrucción política de los sectores liberales, amparados en el Derecho de Patronato. Como resultado de la erección de ellas, el arzobispado de Santiago quedó limitado a la provincia administrativa del mismo nombre.

Desde el punto de vista jurisdiccional, en 1939, se dio una nueva conformación a la provincia eclesiástica de Santiago con el fin de facilitar el gobierno pastoral. Así, se separaron de ella las diócesis de Iquique, Antofagasta, Chillán, Temuco y San Carlos de Ancud, por lo que los obispos de ellas quedaron desligados del arzobispo de Santiago. La provincia metropolitana de Santiago quedó constituida por la Iglesia homónima y cinco sufragáneas: San Felipe, Valparaíso, Rancagua, Talca y Linares.

SITUACIÓN ACTUAL

El 15 de enero de 2011 monseñor Ricardo Ezzati asumió la titularidad del arzobispado. Para estos inicios del siglo XXI, la arquidiócesis de Santiago tiene una población de más de 6 millones, de los cuales el 54% se confiesa católico y cuenta con 209 parroquias y 236 sacerdotes. Colaboran en el gobierno de la arquidiócesis los obispos auxiliares y vicarios generales Andrés Arteaga y Cristián Contreras, el vicario general de pastoral Héctor Gallardo y el canciller Héctor Muñoz. Además se cuenta con un consejo de asuntos económicos, un consejo presbiterial y vicarías episcopales zonales y ambientales.

Además están los tribunales de la arquidiócesis, bajo la responsabilidad de un vicario judicial. El cabildo metropolitano lo integra el deán, cinco canónigos titulares y uno honorario. El Seminario Mayor que, desde 1977 ocupa las modernas instalaciones en la calle Walker Martínez, comuna de la Florida, está a cargo del rector P. Fernando Ramos. Posee una valiosa y actualizada biblioteca. Además, ocupando una parte de las instalaciones del seminario se encuentra el Archivo Histórico del Arzobispado, dependiente de la Cancillería, cuya organización se remonta al episcopado de monseñor Rafael Valentín Valdivieso y contiene documentación desde 1560 hasta la fecha.

Otra institución importante vinculado al arzobispado es la «Fundación Instituto Apóstol Santiago», creada el 2005 por el cardenal Errázuriz con el objeto de formar agentes pastorales, desarrollar investigación pastoral y preparación de material didáctico para favorecer una acción pastoral actualizada y eficaz.

EPISCOPOLOGIO

Obispos:

Rodrigo González Marmolejo	1561-1564
Fr. Fernando de Barrionuevo	1566-1571
Fr. Diego de Medellín	1574-1592
Fr. Pedro de Azuaga	1596-1597
Fr. Juan Pérez de Espinosa	1600-1622
Francisco González de Salcedo	1622-1634
Fr. Gaspar de Villarroel	1637-1651
Fr. Diego de Humanzoro	1660-1676
Fr. Bernardo Carrasco	1678-1694
Francisco de la Puebla	1694-1704
Luis Francisco Romero	1705-1717
Alejo Fernando Rojas	1718-1723
Alonso del Pozo y Silva	1723-1730
Juan Manuel de Sarricolea	1731-1734
Juan Bravo de Ribero	1734-1743
Juan González Marmolejo	1743-1753
Manuel de Alday y Aspée	1753-1788
Blas Sobrino y Minayo	1788-1794
Francisco José Marán	1794-1807
José Santiago Rodríguez Zorrilla	1815-1832
Manuel Vicuña Larraín	1832-1840

Arzobispos:

Manuel Vicuña Larraín	1840-1843
Rafael Valentín Valdivieso	1847-1878
Mariano Casanova	1886-1908
Juan Ignacio González Eyzaguirre	1908-1918
Crescente Errázuriz Valdivieso	1918-1931
José Horacio Campillo	1931-1939
Cardenal José María Caro	1939-1958
Cardenal Raúl Silva Henríquez	1961-1983
Cardenal Juan Francisco Fresno Larraín	1983-1990
Cardenal Carlos Oviedo Cavada	1990-1998
Cardenal Francisco Javier Errázuriz	1998-2010

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