ARREGLOS DE 1929

PRÓLOGO

En 1929 daba inicio el tercer año de la «Cristiada», la cual estaba en su apogeo con más de cincuenta mil cristeros en armas que no podían ya ser vencidos militarmente.Por otra parte en marzo de ese año, el influyente general revolucionario Gonzalo Escobar, a disgusto con la implementación de la estrategia de Plutarco Elías Calles conocida como el «Maximato», se levantaba en armas contra el gobierno, siendo secundado por la mitad del ejército federal.

A estas dos amenazas militares se sumó el hecho de que, debido a su carácter de presidente «interino», Emilio Portes Gil tuvo que convocar a elecciones, a las cuales se presentó como candidato rival del candidato que presentaba el debutante «partido oficial», el licenciado José Vasconcelos, personaje carismático y orador brillante, que amenazaba seriamente el poder en manos de la desde entonces llamada «familia revolucionaria».

Otra amenaza, aunque de menor peso pero simultánea a las señaladas, fue el Movimiento por la Autonomía de la Universidad Nacional. Este movimiento surgió por la insistente presión del secretario de Educación, el socialista José Manuel Puig Casauranc, para controlar la vida de la Universidad, por medio del director de la Escuela de Derecho, el también callista y furioso anticlerical Narciso Bassols.

Ante este panorama adverso, el gobierno del Maximato (Calles-Portes Gil) se vio obligado a buscar “arreglar” el problema religioso para terminar con la Guerra de los Cristeros. Con el consejo y ayuda del embajador de los Estados Unidos D. W. Morrow, el 21 de junio de 1929, se realizaban los arreglos entre el gobierno, representado por el Presidente Emilio Portes Gil y el Secretario de Gobernación Felipe Canales, y la Iglesia, representada por el Delegado Apostólico «ad referéndum» Leopoldo Ruíz y Flores y el Sr. Arzobispo Pascual Díaz.

EL CONTENIDO DE LOS “ARREGLOS”

Al día siguiente aparecieron en la prensa los llamados “arreglos”, que en palabras de Portes Gil consistieron en lo siguiente: “He tenido pláticas con el Arzobispo Ruíz y Flores y el Obispo Díaz. Estas pláticas tuvieron lugar como resultado de las declaraciones públicas hechas por el Arzobispo Ruíz en mayo 2 y las declaraciones hechas por mí en mayo 8.

El Arzobispo Ruíz y Flores y Díaz me manifestaron que los obispos mexicanos han creído que la Constitución y las leyes, especialmente la disposición que requiere el registro de ministros y la que concede a los Estados el derecho de determinar el número de sacerdotes, amenazan la identidad de la Iglesia dando al Estado el control de sus oficios espirituales.

Me aseguran que los obispos mexicanos están animados por un sincero patriotismo y que tienen el deseo de reanudar el culto público, si esto puede hacerse de acuerdo con su lealtad a la República Mexicana y sus conciencias. Declararon que eso podría hacerse si la Iglesia pudiera gozar de libertad dentro de la ley, para vivir y ejercitar sus oficios espirituales.

Gustoso aprovecho ésta oportunidad para declarar públicamente, con toda claridad, que no es el ánimo de la constitución, ni de las leyes, ni del Gobierno de la Republica, destruir la identidad de la Iglesia Católica [sic], ni de ninguna otra, ni de intervenir en manera alguna en sus funciones espirituales […] Con referencia a ciertos artículos de la Ley que han sido mal comprendidos, también aprovecho esta oportunidad para declarar:

1) Que el artículo de la Ley que determina el registro de ministros, no significa que el gobierno pueda registrar a aquellos que no hayan sido nombrados por el superior jerárquico del credo religioso respectivo, o conforme a las reglas del propio credo.

2) En lo que respecta a la enseñanza religiosa la Constitución y leyes vigentes prohíben [sic] en manera terminante que se imparta en las escuelas primarias y superiores, oficiales o particulares, pero esto no impide que en el recinto de la Iglesia, los ministros de cualquier religión impartan sus doctrinas a las personas mayores o a los hijos de estas que acudan para tal objeto.

3) Que tanto la Constitución como las leyes del país garantizan a todo habitante de la república el derecho de petición, y en esa virtud, los miembros de cualquier Iglesia pueda dirigirse a las autoridades que corresponda para la reforma, derogación e expedición de cualquier Ley.”

Mons. Leopoldo Ruíz, por su parte, relata en su «Autobiografía» lo sucedido aquel día durante la entrevista con el Presidente interino: “El día 21 fuimos a eso de las 11 y tuvimos la conferencia con el Presidente Sr. Portes Gil. Le leí las tres condiciones del cablegrama del Papa. El llamó entonces al Lic. Canales encargado de la Secretaría de Gobernación y le dijo: «Inmediatamente mande usted una comunicación a los jefes de las armas de los lugares donde hay gente levantada en armas, ordenándoles que den amnistía a todos los que quieran rendirse, si estos tienen algún grado en sus filas se les dejará el revólver y al caballo, a todos se les dará pasaje libre en los trenes para que vuelvan a sus casas o a donde gusten». Delante del mismo Sr. Canales nos dijo: «Se devolverá inmediatamente las iglesias y anexos y demás edificios de que habla el cablegrama si están desocupados; creo que ustedes podrán esperar un poco para que devolvamos los que ya se hayan ocupados». No creí que constará esto en estipulaciones escritas y firmadas por ambas partes, porque tenía yo de testigo por mi parte al Sr. Obispo Díaz y por parte del Presidente al Licenciado Canales […].”

Los puntos que el Papa pedía eran: 1) restitución de las iglesias, casas sacerdotales, obispados y seminarios, 2) que serían garantizadas estas propiedades y 3) la amnistía completa a obispos, sacerdotes y fieles. Mons. Ruíz no pensó pedir por escrito las promesas del Gobierno confiando en la palabra de Portes Gil “porque estaban como testigos Mons. Díaz y el Lic. Canales”. El gobierno no cumplió con sus promesas ni respetó los “arreglos”.

Sin embargo, desde junio de 1929 y hasta 1931 se intentó un «modus vivendi». Los demás obispos y los fieles metidos en el conflicto armado, no veían con buenos ojos los “acuerdos”. Los templos fueron abriéndose lentamente y la vida católica fue retomando la “normalidad”.

Según reporta el periódico «El Universal», en la capital la noticia de los “arreglos”, ampliamente conocida ya por todos los habitantes, “provocó gran entusiasmo entre los católicos e hizo que todos los templos existentes en la capital, con excepción de la Catedral que se encuentra en reparaciones, se vieron concurridos de fieles que acudían a elevar sus preces en acción de gracias.”.

Las campanas a vuelo, repicaban pregonando la noticia. No se celebró ninguna misa porque “ningún oficio divino, con intervención de sacerdotes, se celebró en los templos, pues éstos todavía ayer no habían sido entregados a los ministros […]”. En Colima, región cristera, el “problema” había terminado, según lo expuesto por el General Eulogio Ortiz, jefe de la columna federal expedicionaria: “los últimos núcleos han estado rindiéndose como consecuencia de la terminación del conflicto religioso. Quedan pequeñas partidas de cuatro o cinco hombres, que no tienen significación alguna”.

El 25 de junio, por mediación de Andrés S. Barba, se presentaron ante el general federal Andrés Figueroa, el ex general cristero Félix Barajas y su hijo Nicolás para rendirse incondicionalmente, luego de dirigir a los rebeldes en Tototlán, Puente Grande y Zapotlanejo. Gabino Flores, compañero de Barajas pidió por teléfono la amnistía. Así, las pocas partidas en esa región quedaron “en número muy reducido y pronto podrán ser exterminadas”. El mismo 25 de junio, por la mañana, el Delegado Mons. Leopoldo Ruíz y Mons. Pascual Díaz, celebraron una segunda entrevista con el Lic. Canales para el arreglo de los trámites de entrega de templos. Por ejemplo, entre las formas y condiciones con las cuales la Secretaría de Gobernación entregaría los templos en la Ciudad de México, se encontraban las siguientes:

“1º El Arzobispo de México designará los ministros del culto católico que deberán encargarse de los templos de la Ciudad de México. 2º El sacerdote encargado se presentará ante la junta vecinal a cuyo cargo se encuentre el templo, acompañado de diez vecinos de la ciudad, mexicanos y católicos. 3º La junta vecinal hará entrega del templo y los objetos y muebles que a él pertenezcan, por riguroso inventario a dicho sacerdote. Una vez efectuada la entrega, el ministro, en unión de los mismos diez vecinos avisará a la autoridad (del Departamento o municipal) que se ha hecho cargo del templo y sus pertenencias y remitirá a la propia autoridad, para que ésta a su vez lo haga al Ministerio de Gobernación, una copia certificada del acta de su nacimiento, la declaración formal de los vecinos mencionados en su calidad de mexicanos y una copia del acta y del inventario levantados en la entrega del templo. 4º La autoridad municipal abrirá un libro de registro de los templos y otro de los sacerdotes que se hagan cargo de ellos. 5º Presenciarán la entrega de los templos y la formación de inventarios en cada caso, un delegado de Gobernación, otro de la Secretaría de Hacienda, otro de la Contraloría y otro del Departamento del Distrito Federal, quienes podrán obtener copias del acta de entrega y de los inventarios, según el tenor de los artículos 8, 10, 11 y 12 de la Ley Reglamentaria del artículo 130 constitucional, expedida por Calles.”

Además se envió una circular a los Gobernadores solicitando datos estadísticos sobre los templos existentes en sus entidades, datos base para la entrega de los templos a los señores Arzobispos y obispos, muchos aun en el extranjero, “por lo cual en esos casos, la entrega se hará a los vicarios generales o representantes designados por los prelados.”

EL MODUS VIVENDI DESPUÉS DE LOS ARREGLOS

Los fieles renuentes a acatar la obediencia a la jerarquía fueron los miembros de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y los jefes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, empeñados en recuperar todas las libertades para la Iglesia. El clero que apoyaba la causa cristera se opuso también al considerado «hipotético» modus vivendi establecido en los “arreglos”. Aún en el episcopado hay discrepancia; el obispo José de Jesús Manríquez y Zárate, obispo de Huejutla, critica agriamente el acuerdo.

A un año de los “arreglos”, 1930, la fe del pueblo mexicano no disminuye como tampoco disminuyen del todo las tensiones. La periodista Bernice Thomure Morris corresponsal de United Press entrevista a Mons. Ruíz y Flores un año después, un año en el cual la actitud, tanto de la Iglesia como del gobierno no ha cambiado. “La Iglesia no ha intentado obtener modificación alguna de las Constitución así como de las leyes religiosas que están en vigor, modificaciones que darían mayores libertades a los católicos del país, aunque ello es esperado por el clero”.

Según reporta la periodista, Mons. Ruíz indica que aún no llega el tiempo para las enmiendas, pero sucederán pronto en vista de la “buena voluntad” que el gobierno continúa demostrando y que fue la base de los arreglos. Las enmiendas esperadas se refieren a las relativas a la libre instrucción, libertad para bautizar y casar sin certificados civiles, y permiso para las órdenes religiosas para trabajar en el país. Además se espera el restablecimiento de todos los seminarios.

Mons. Ruíz y Flores considera que la única manera de obtener la reforma es pedírsela al gobierno “con objeto de que los católicos lo persuadan en el sentido de que cuando tales reformas se lleven a cabo producirían una unión más estrecha entre el gobierno y el pueblo de México. Aun si el gobierno no es católico, al darles libertades a los católicos contará con un mayor apoyo de parte de ellos”.

Con una población de 16 y medio millones de habitantes y tan sólo cuatro mil sacerdotes, no es posible asistir a todo el Pueblo de Dios. Los gobiernos locales, para agravar la situación, están capacitados para limitar el número de sacerdotes en su territorio, y debido a ello hay sólo un solo sacerdote para cada diez u once iglesias.“Las Iglesias que cuentan con sacerdotes se ven tan congestionadas que la gente se ve en la necesidad de estar afuera, en los escalones de las iglesias, para poder concurrir a los servicios religiosos” .

Los cristeros fueron deponiendo las armas y regresaron a sus lugares de origen, muchos de ellos sólo para ser asesinados. La postura del Delegado Apostólico Ruíz y Flores, es la de pedir incansablemente la no violencia y pide acatar la postura oficial del Episcopado. Sin embargo, varios acontecimientos descuellan en este período como escenarios de una paz aun no alcanzada.

Tabasco era gobernado ya desde hacía más de 10 años por Tomás Garrido Canabal, quien gobernaba a su Estado como una propiedad particular y perseguía a la Iglesia con un odio mortal. Sus «camisas rojas» entraban en las casas para apoderarse de todos los objetos piadosos y organizar autos de fe espectaculares. “Tanto furor y pasión no podía producir sino unos efectos bien lejanos del fin perseguido, y Garrido preparaba sin saberlo la evangelización de una tierra que no era todavía cristiana. Mientras tanto, las iglesias eran destruidas, las campanas fundidas para elevar estatuas a Obregón, y los mártires comenzaron a aparecer”.

La persecución en Tabasco entre los años 1932-34 puso su énfasis en la educación. Aunque los maestros y la población tabasqueña eran, en su gran mayoría, católicos creyentes, el gobernador Garrido Canabal, impulsó y dio todo su apoyo a un proyecto inspirado en Francisco Ferrer Guardia, proponiendo una educación no laica sino antirreligiosa, la destrucción de templos y la quema de santos. Pero Mons. Ruíz seguía prohibiendo cualquier defensa armada.

Por otra parte, en Jalapa Veracruz, el 24 de julio de 1931, el Sr. Gobernador Adalberto Tejeda, sufrió un atentado en las escaleras del Palacio de Gobierno y atribuido a un joven fanático. Tan pronto como se supo la noticia, un grupo de exaltados pretendieron prender fuego a la Catedral y al Templo de la Compañía. Ya estaban comenzando el fuego en el Templo de San José, pero fuerzas federales lo impidieron.

Otro grupo se dirigió a la casa del Padre Castillo, Vicario General y allí protestó por la “conducta” que ha seguido el clero. En el puerto de Veracruz varios agentes de la policía al mando del oficial Pedro Aguirre baleó a los sacerdotes Darío Acosta, Alberto Landa y el Padre Rosas, quienes estaban dando catecismo en el Templo de la Parroquia. Sin importar los niños presentes, los agresores abrieron fuego matando al Padre Acosta e hiriendo al Padre Landa y algunas personas más. El gobierno de Tejeda sólo había permitido el ministerio de cinco sacerdotes en el puerto.

En la Capital de la Republica el 31 de agosto de 1931 explotó una bomba en el Templo de La Profesa, dejando sólo daños materiales y levantando gran escándalo. La misma Secretaría de Hacienda se constituyó en parte demandante, ya que el templo era un bien nacional. El Delegado Apostólico Ruiz y Flores censuró públicamente a los gobiernos de Tabasco y de Veracruz por la intolerancia en esos estados. En septiembre de 1931 se dieron nuevas disposiciones anticlericales en Campeche y Colima. Todos estos hechos evidenciaron que Portes Gil no estaba cumpliendo su palabra; detrás estaba la omnipresente mirada de Calles.

Con la fundación el 4 de marzo de 1929 del PNR, y la designación de Pascual Ortiz Rubio como candidato presidencial a las próximas elecciones, se polarizaron las facciones. La rebelión escobarista, y la campaña electoral de José Vasconcelos cimbraban el país. Las elecciones del 17 de noviembre, la toma de posesión del supuesto ganador, Pascual Ortiz Rubio el 5 de febrero de 1932, y su posterior dimisión el 3 de septiembre de 1932 fueron hechos que confirmaban el control de Calles en la escena política.

El gabinete de Ortiz Rubio fue conformado con viejos militares callistas: Amaro en Guerra, Cedillo en Agricultura, Rivas Palacio en Gobernación, Cárdenas en la presidencia del PNR. Supuestamente hay unos “arreglos” y un cambio de gobierno, pero el problema religioso subsiste y sigue presente el mismo grupo de presión anticlerical.

El presidente Ortiz Rubio no podía meter en cintura a las autoridades locales, pero tomaba posiciones llamándolas secamente al orden. La Iglesia por su parte trataba de facilitarle las cosas, condenando a los católicos opuestos al modus vivendi. La Iglesia “deseaba por su parte que del armisticio se pasara a la paz, y los verdaderos amos del Estado querían transformar la tregua en victoria definitiva”.

Se avecinaban los festejos por el IV Centenario de las Apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. Ya la preparación había iniciado un año antes. El 12 de enero de 1931, el Arzobispo Díaz publicó el programa oficial de la festividad. El año 1932 será llamado «Año Guadalupano».

El 12 de diciembre de 1931 los festejos reunieron a un millón de personas y a varios funcionarios públicos. El gobierno consideró inoportunos estos homenajes, dados su carácter de dudosa legalidad. El 14 de diciembre de 1931, a iniciativa del PNR, los senadores tratan el tema. La asamblea condena la acción y proclama la necesidad de no fanatizar la masa campesina, así como la construir un solo frente revolucionario.

Las críticas a las fiestas guadalupanas son muchas y varias. El senador Gonzalo N. Santos presenta delante a las Cámara el proyecto de una nueva ley que limitaba notablemente el número de sacerdotes, siendo aprobada al igual que la moción del senador Samuel Villareal Jr. quien propuso limitar el número de las iglesias abiertas según el número de sacerdotes.

El general Calles “invitó” al Presidente Ortiz a abandonar su política de conciliación para con la Iglesia. Pero como decía la gente refiriéndose al Castillo de Chapultepec y la casa de Calles: “Allí vive el Presidente, pero el que manda vive en frente”.

Días después Calles pide cuentas a diversos altos funcionarios y los obliga a presentar su dimisión. En el curso de esa reunión, el secretario de Educación Narciso Bassols subraya que había que considerar a las generaciones adultas como definitivamente perdidas y consagrar todos los esfuerzos en educar a los niños en el anticlericalismo y el ateísmo.

Calles sacó la conclusión de relanzar una violenta campaña antirreligiosa. Jean Meyer define así la situación: “Este grave asunto, que debe quedar comprendido dentro del marco de la lucha entre las facciones gubernamentales, llevó aparejado todo un tren de leyes y de decretos que en todos los estados limitaron bruscamente el número de los sacerdotes. […] De enero a noviembre [1932] todos los estados votaban nuevas leyes anticlericales, y un profundo malestar se apoderaba de los católicos, que no podían comprender la política de la Iglesia frente a un gobierno que quería manifiestamente su ruina”.

Las autoridades procedieron a “desfanatizar” los toponímicos, y los atentados y sacrilegios se multiplicaron por todo el país. El Sr. Arzobispo de México Pascual Díaz dirige al Presidente Ortiz Rubio el 23 de diciembre de 1931, una «Carta Abierta», donde afirma, refiriéndose a los arreglos de 1929, que la ley de limitar los sacerdotes y las iglesias es anticonstitucional, porque la legitimidad de estas leyes, según los principios de la Constitución debe venir del pueblo (90% católico) y no de un partido.

Precisamente, al inicio del año, El Universal publicó las declaraciones del entonces ministro de México ante la Sociedad de las Naciones en París, el ya entonces expresidente Emilio Portes Gil: “Estimo que no hice nada absolutamente que fuera contrario a la Constitución ni a las leyes de México, al hacer la declaratoria por la que los sacerdotes católicos reanudaron sus funciones, bajo condición de que respetarían la Constitución en vigor. Si el clero violó de hecho la ley, el gobierno ha estado plenamente justificado para exigirle que la cumpla. Considero que todos los elementos liberales revolucionarios tienen el derecho inacatacable [sic] de colaborar a ese fin con entusiasmo y firmeza”.

Estas palabras fueron contestadas por el Delegado Apostólico Ruíz en tono muy prudente, recordando que el mismo Lic. Portes Gil había reconocido la existencia de la Iglesia y de la Jerarquía. Además señala que también la libertad de la Iglesia quedaba de alguna manera reconocida, cuando el entonces presidente dijo oficialmente que no intentaba la Constitución ni las leyes ni el gobierno intervenir en manera alguna en las funciones espirituales de la misma Iglesia. Pero el 3 de septiembre de 1932 Ortiz Rubio fue prácticamente depuesto por Calles y reemplazado por el general Abelardo Rodríguez”.

El Maximato se consolidaba, aunque quedaban piezas del rompecabezas nacional que aún se resistían a estar bajo su control. Una de esas piezas era la religión.

BIBLIOGRAFÍA

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JOEL OLVERA RIVERA