GREGORIO XVI; Su política Pontificia

INTRODUCCIÓN

El programa pontificio de Gregorio XVI, elegido Sumo Pontífice en la tarde del 2 de febrero de 1831, fue definido en el contexto de las revoluciones liberales de unidad nacional que se desarrollaban en Europa entre los años 1830-1848 y en el marco de la consolidación del proceso republicano hispanoamericano.

Este contexto produjo, para el pontificado de Gregorio XVI, desafíos trascendentales alrededor de tres núcleos a los que no podía hacer caso omiso: en primer lugar estaba el núcleo ideológico. Hacia el año 1830 la filosofía ilustrada llegaba con un nuevo paradigma político: el liberalismo. A partir de aquel momento la política restauracionista de los años precedentes cedía frente a las pretensiones liberales y anticlericales que el liberalismo intentaba imponer en la sociedad y frente al nuevo sistema de gobierno el gobierno de la soberanía nacional,que por entonces se inauguraba.

En segundo lugar, se encontraba el núcleo organizativo. El comienzo del pontificado de Gregorio XVI coincidió con el proceso revolucionario liberal que dividió el escenario político en dos frentes contrapuestos e intransigentes: de una parte, estaba la resistencia absolutista, como un bloque en decadencia que quería perpetuar la alianza trono-altar, mientras que, en la otra parte, se ubicaba la nueva mentalidad liberal con sus propuestas constitucionalistas en política y pluralistas en religión. El nuevo sistema de gobierno predicaba la secularización y la separación entre la Iglesia y el Estado.

Para terciar en este debate y asumiendo una posición más equilibrada, surgió el aporte de los liberales católicos, quienes se mostraron preparados para aportar al debate liberal la luz de la doctrina y el apoyo moral de las virtudes cristianas. Al mismo tiempo, los liberales católicos quisieron ofrecerle al catolicismo las mejores condiciones para su existencia pública y de desarrollo en una sociedad pluralista, como lo era la de aquellos años.

En este contexto de debate y de intransigencia, los liberales católicos clamaban para que la Iglesia no se quedara al margen de la evolución social y política de los pueblos, porque decían que si la Iglesia se marginaba de la transformación de la sociedad, todo el proceso evolutivo se haría sin ella y en contra de ella.

En tercer lugar, el pontificado de Gregorio XVI era desafiado por la serie de dificultades que la Iglesia encontraba para ejercer el ministerio apostólico en las diferentes partes del mundo. Estas dificultades que se expresaban fundamentalmente en la orfandad de pastores de que padecían las iglesias jóvenes iberoamericanas, además del crítico estado, casi de total abandono, en que lánguidamente subsistían las misiones. Gregorio XVI sabía, que si en muchas partes del mundo faltaban los obispos, esto era por culpa de los obstáculos que el patronato ponía a la Santa Sede para la provisión de obispos; pero era igualmente consciente de que a aquellas razones del pasado, se unían ahora los postulados de la nueva filosofía política y las pretensiones que tenían los liberales de «encerrar la Iglesia en la sacristía».

Gregorio XVI optó por no aceptar ni la defensa de las prerrogativas patronales de los gobiernos absolutos, especialmente de España y de Portugal, ni aceptar los nuevos postulados filosóficos y las pretensiones de los liberales católicos. Por el contrario, defendió la dignidad del sacerdocio, la libertad de la Iglesia y la inmunidad eclesiástica.

El nuevo pontífice trabajó para centralizar el poder y defender la forma monárquica del gobierno de la Iglesia, ejercida universalmente por el sumo pontífice y lo hace en forma inmutable e infalible.La política pontificia de Gregorio XVI defendía al papado y proponía su supremacía sobre el poder temporal. Se dio a la tarea de defender el régimen jurídico de la Iglesia frente a la corriente laicista de la sociedad. No aceptó la conciliación entre liberalismo y catolicismo que querían los liberales católicos; por lo tanto, condenó la corriente liberal y su programa social y político, por considerarlo un atentado contra la fe. Igualmente condenó a los liberales católicos.

En el ámbito misionero, la actitud de Gregorio XVI fue mucho más generosa. Hizo que la responsabilidad misionera de la Iglesia ocupara el centro de su pontificado y se constituyera en el enfoque o en el ángulo desde el cual se debían enfrentar los desafíos que las circunstancias sociales y políticas le ponían. Por lo tanto, defendió la universalidad de la Iglesia y la libertad del sacerdocio.

Se preocupó por proveer, motu proprio, de pastores a las iglesias, en especial a las más jóvenes. Se interesó igualmente, por promover, como ya lo había hecho en Propaganda Fide, un plan de acción misionera en el que el Dicasterio misionero recuperara totalmente su función de centro coordinador de la actividad misionera de la Iglesia: reorganizó muchas jurisdicciones eclesiásticas, creó nuevos vicariatos y prefecturas apostólicas, dio en comisión las misiones a los religiosos y promulgó decretos y documentos pontificios en favor de las misiones.

LA POLÍTICA PONTIFICIA DE GREGORIO XVI

Para hablar de la política pontificia de Gregorio XVI (Alberto Cappellari), resulta imprescindible retomar un poco atrás y volver la mirada a los años 1825-1830, cuando tuvo además de la prefectura de Propaganda Fide, la responsabilidad de aconsejar, como especialista de León XII para Hispanoamérica, las decisiones que la Santa Sede debía tomar frente al caso hispanoamericano. De sus aportes de aquellos años se concluyen dos precedentes remotos y un precedente inmediato de su política pontificia.

Los precedentes remotos del programa pontificio de Gregorio XVI

El primer precedente remoto se descubre en el programa misionero desarrollado por el cardenal Cappellari en Propaganda Fide entre los años 1826-1830. Las orientaciones dadas al dicasterio misionero se constituyeron en la preparación remota de la política misionera que se implementó en la Iglesia a partir del año 1831.

El paso del cardenal Cappellari del edificio de Plaza de España al palacio apostólico del Vaticano, significó un avance para la acción evangelizadora de la Iglesia, porque el programa misionero que él estaba llevando adelante en Propaganda Fide fue transformado en política misionera de la Santa Sede.

Por lo tanto, la política misionera de Gregorio XVI se dio en línea de continuidad con el programa desarrollado en los años anteriores, privilegiando, como principio, la dimensión universal y la unidad de la Iglesia, y quiso como medios de acción, que las misiones fueran dadas en comisión a los religiosos para la conformación de las iglesias locales. Para lograr su cometido, Gregorio XVI se vio en la necesidad de promover una estrategia política y misionera, la cual consistió en proveer, por encima del patronato, de pastores a las iglesias, y en la promulgación de documentos misioneros, entre los que se cuentan: el breve «Multa praeclara» (21 de abril de 1838) con el que se opuso a la orfandad episcopal que padecían las sedes episcopales de India, y por medio del cual defendió la idea que la Santa Sede al conceder el Patronato, no entendía crear un obstáculo a sí misma para tomar las decisiones que considerara más oportunas para la salvación del pueblo cristiano. Con este breve derogó las bulas de sus predecesores y suprimió el derecho de Patronato (Padroado portugues) que Portugal tenía sobre el territorio de la India, con excepción para la diócesis de Goa. También aparecieron otros documentos de importancia doctrinal y misionera como el breve «In supremo» (3 de diciembre de 1839), con el que condenó la esclavitud y la trata de negros, la encíclica «Probe nostis» (15 de agosto de 1840) sobre la obra de Paolina Jaricot (1799-1862) la «Propagación de la fe», que fue por esta encíclica recomendada a todos los obispos del mundo católico. Por último, como síntesis de la práctica misionera de Gregorio XVI y como fruto de su visión futurista sobre la Iglesia, es importante recordar la instrucción «Neminen profecto» (12 de noviembre de 1845), con la que recordaba que la expansión de la Iglesia se había siempre fundado sobre dos bases: la multiplicación de las iglesias, y la creación de un clero indígena. Por lo tanto, con este último documento, llamaba para que en la medida de lo posible, se instituyera la jerarquía, se nombraran obispos y se constituyera el clero indígena, base segura para poder elegir de entre el clero nativo a los obispos.

El logro misionero de la acción de gobierno del papa Cappellari, en Propaganda Fide primero y luego en el pontificado, fue la superación de la crisis misionera. De este especial reordenamiento y reanudación de la labor misionera de la Iglesia dan testimonio las estadísticas. El número de católicos fue significativamente incrementado durante el pontificado de Gregorio XVI.

También creció el número de misioneros, los cuales pasaron de los casi 300 misioneros de 1814 a los 28.000 religiosos y religiosas que para 1850 se dedicaban a las misiones (10.000 sacerdotes, 5000 hermanos y 13000 hermanas) entre los cuales una buena parte eran jesuitas que para entonces contaba de nuevo con 5209 miembros.

El segundo precedente remoto que preparó la política pontificia de Gregorio XVI está en los votos que el entonces cardenal Cappellari expresara entre los años 1825 y 1826 para solucionar el caso hispanoamericano, precedente que se descubre en las negociaciones que sostuvo, por petición de León XII, con don Pedro Gómez Labrador durante el año 1828. Estas conversaciones comenzaron con el voto expresado por Cappellari el 20 de marzo de 1828.

El precedente inmediato de la política pontificia de Gregorio XVI: el voto del cardenal Cappellari del 20 de Marzo de 1828

León XII después de acoger el desafío que le significaba el nuevo enfoque pastoral y misionero desde el cual se debía, según el cardenal Cappellari, tratar el problema hispanoamericano, respondió, como padre común de los fieles, a la petición de la Gran Colombia, de proveer de pastores a las sedes vacantes de aquella Iglesia. El gobierno de Madrid que estaba ocupado en estudiar la manera de conservar sus prerrogativas patronales y en mantener bajo la obediencia al rey a los habitantes de ultramar, reaccionó contra la decisión de León XII, y en junio de 1827 rompió sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede. La decisión regia fue alimentada por el ambiente cortesano. En los salones de Madrid se decía que la nueva posición de la Santa Sede perjudicaba los intereses de la corona; esto era lo que manifestaba el ministro de Estado, González Salmón, cuando decía que “la Santa Sede había perjudicado a los intereses de la Corona más que Canning con el reconocimiento.” Pero, así como en el seno de la administración regia había quien se interesaba en fortalecer la idea de la ruptura de relaciones diplomáticas, se daba en el ambiente de Madrid el concurso de otras personalidades que se interesaban por calmar los ánimos del rey, y por buscar la manera para que se diera una pronta solución al problema creado entre España y la Santa Sede. Los primeros que se preocuparon por buscar que se aclarara el impase creado fue el cuerpo diplomático de las potencias de Europa, quienes sin dejar de lamentar el inesperado viaje del nuncio Giustiniani, dieron crédito a las conciliadoras y paternales palabras que el Papa le dirigiera al rey el 4 de julio de 1827. En la misiva, León XII exponía los motivos pastorales y misioneros que lo llevaron a decidir en favor de la preconización de obispos para la iglesia de la Gran Colombia, y la convicción que tenía de que eran los vínculos religiosos los que podrían garantizar que aquellos pueblos se mantuvieran sujetos al rey. El Papa lamentaba la humillación a la que el rey lo sometía y lo invitaba a reparar semejante ofensa, porque, agregaba la nota, con la decisión tomada no se trataba de ultrajar la persona del rey, ni atentar contra sus derechos patronales. Para ayudar a solucionar el problema, también acudieron tanto los consejeros de Estado como el cuerpo de fiscales de Castilla, quienes consideraron que el problema era fruto de un mal entendido. En el Consejo de Estado dijeron que el Papa no había faltado al concordato y agregaron, el 10 de enero de 1828, que “en principio el gobierno de su majestad reconoce no sólo el derecho del santo padre a proveer las diócesis vacantes de América, sino la urgencia de no dejar por más tiempo privados de pastores a los fieles de aquellas vastas provincias”. Por su parte, los fiscales de Castilla reconocieron, el 21 de junio de 1828, que el Papa había actuado con justicia, porque estaba cumpliendo con el deber de pastor universal. Entre otras observaciones, los fiscales anotaron: que no era verdad que Roma no hubiera avisado de la decisión que estaba por tomar porque en tal sentido se debía entender la comunicación del 18 de octubre de 1825. A su parecer los fiscales agregaron que, al Papa a lo sumo se le podía reclamar por haber actuado precipitadamente sin esperar respuesta a la carta que él había enviado al rey el 12 de aquel mismo mes y año. Entre tanto, los fiscales invitaban al rey para que mostrara conformidad con lo hecho y que en previsión del futuro le propusiera al Papa que los nombrados para obispos fueran seleccionados de una lista secreta que su Majestad le pasaría, o en su defecto que el monarca resignara, en manos del Papa, el ejercicio del patronato para que lo ejerciera en su nombre, mientras durara el actual conflicto. Después de tan confortantes palabras, quiso el rey dar marcha atrás a su decisión y se apresuró porque fuera enviado a Roma un embajador extraordinario y en Madrid se recibiera al nuevo nuncio, quien podría entrar cuando el Santo Padre diera el pase al candidato propuesto. El gobierno de Madrid comisionó a don Pedro Gómez Labrador para que comenzara conversaciones con el gobierno pontificio en orden a solucionar el impase creado y acordara el modo de actuar que en el futuro las dos partes deberían observar, con respecto a los negocios eclesiásticos de Hispanoamérica. En aras de encontrar una solución para el problema de relaciones entre las dos cortes (España y Roma), y por el deseo que tenía la Santa Sede de elaborar una propuesta de comportamiento que en el futuro ambos gobiernos pudieran observar, nació una nueva oportunidad para que el especialista de Hispanoamérica acudiera en servicio de la Santa Sede.

Así lo quiso León XII y le pidió a su secretario de Estado, Della Somaglia, que convocara nuevamente, al cardenal Cappellari para que se interesara del asunto. A este propósito el 11 de marzo de 1828, Della Somaglia le escribía a Cappellari:

“Debo por orden expresa de Nuestro Señor, enviar a Su eminencia la presente nota del Señor Caballero Gómez Labrador [...] que me llegó ayer por la tarde. Su eminencia se percatará, entre otras cosas, que pide se destine una o más personas, con las que él pueda tratar para acordar el sistema que se debe adoptar, salvo los privilegios del Regio Patronato y los derechos de la corona de España, en la solución de los negocios eclesiásticos que conciernen a Hispanoamérica, a no ser que se quiera llevar este negocio directamente desde la secretaría de Estado. El Santo Padre no ha dudado un instante en pensar en su eminencia como al sujeto más apto para la ocasión tanto por las luces y el celo que lo distinguen, como por los conocimientos que se procuró sobre los negocios de América cuando ha precedido con su voto [...] las decisiones de la Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios”.

Cappellari encontraba, con esta nota, la corroboración de que su anterior voto no se apartaba de la ortodoxia de la Iglesia y que su concepto en materia de política eclesiástica había servido para suscitar un nuevo período de negociaciones entre la corte de Madrid y la Santa Sede, de la cual era él el preferido del Santo Padre para orientar la mejor decisión.

La formulación del voto

La fecha recomendada por el cardenal secretario de Estado para que las partes comenzaran las deliberaciones fue el 20 de marzo de 1828, cuando aún las relaciones diplomáticas entre las dos partes se encontraban suspendidas. Los interlocutores debían responder a los dos objetivos del negocio: la reapertura de relaciones diplomáticas, y la definición del comportamiento que las dos partes debían observar en el futuro, especialmente en relación con la respuesta pontificia a las necesidades espirituales y pastoral-misionera de la Iglesia de Hispanoamérica. Las partes se encontraron en la sede de Propaganda Fide (Plaza de España) y comenzaron las deliberaciones, las cuales fueron resumidas por el cardenal Cappellari en cuatro aspectos: punto central de la discusión, el tono de la conversación, la propuesta de la corona de Madrid y el retorno a los vicarios apostólicos. A continuación se analizan estos puntos para comprender la posición defendida por Cappellari y para conocer por qué este voto puede ser considerado como el precedente inmediato de la política pontificia de Gregorio XVI. Primer aspecto: el punto central de la discusión. Para Cappellari resultaba necesario que en la discusión se pidiera una aclaración sobre la indigna protesta del 29 de julio 1827, con la cual el gobierno de Madrid reaccionaba contra la Santa Sede por la preconización de obispos para la Gran Colombia y decidía suspender unilateralmente las relaciones diplomáticas que ambos Estados mantenían. También era necesario que se aclarara el hecho clamoroso con el cual la corte de Madrid había intimidado al nuevo nuncio de Su Santidad, monseñor Tiberi, de no entrar en España. Por último, era necesario preguntar acerca del hecho aún más clamoroso del envío de un embajador extraordinario y plenipotenciario designado únicamente para tratar sobre dicho argumento. Gómez Labrador había manifestado a Della Somaglia el objetivo de su misión y, éste se la había transmitido a Cappellari en la nota del 11 de marzo de 1828. El objetivo de esta misión era: “Fijar el sistema que se debe observar en la solución de los negocios de disciplina eclesiástica de las provincias rebeldes de Hispanoamérica [...1 y pedir que mientras se establezca de acuerdo con Su Majestad, dicho sistema, no se tome ninguna determinación concerniente a materias de disciplina eclesiástica para aquellas provincias y se suspendan los efectos de la preconización de varias Iglesias hecha por su Santidad.” A Cappellari le parecía que este objetivo encerraba demasiadas pretensiones, las cuales no podían darle más motivo al gobierno de España que el de un mayor lamento. Cappellari decía que la intención de España era la de poner en discusión, sea en cuanto al derecho como en cuanto al hecho, la decisión tomada por el sumo pontífice en relación con la provisión de obispos en propiedad para la iglesia de la Gran Colombia. Otra pretensión de España era el deseo de imponer, como se podía concluir de las manifiestas intenciones del interlocutor, unas condiciones que limitasen la libertad de comunicación entre la Santa Sede y los nuevos gobiernos de Hispanoamérica en lo referente a la disciplina eclesiástica. Sostenía el cardenal que nada de todo esto se podía admitir porque de ninguna manera se podía ceder respecto a los derechos y deberes esenciales del primado pontificio. Segundo aspecto: el tono de la conversación. Anotaba el cardenal que el tono y las aprehensiones del embajador cambiaron al recibir su respuesta. Gómez Labrador comenzó, después de escucharlo, por admitir que no se podía poner en discusión si el Santo Padre tenía la jurisdicción y el deber de atender a las necesidades espirituales de aquellas Iglesias; que la subsistencia de la iglesia Católica en aquellas regiones dependía principalmente de la presencia de los pastores. El encargado de España aceptó que el Santo Padre hubiera actuado de manera prudente y que, con la preconización de obispos para la Gran Colombia, no había lesionado los derechos de la corona de España. Por último, el embajador reconoció lo inconveniente y lo nefasto que resultaría para aquellas iglesias, si en la preconización de obispos participara el consenso del rey, porque esto sería como exponerlos al rechazo de aquellos gobiernos, los cuales no estarían de acuerdo con que el monarca continuase a interferir en la provisión de las sedes vacantes. Después de escuchar las aclaraciones del cardenal, el embajador concluyó que cualquier acuerdo entre la corona de Madrid y la administración pontificia se debía mantener en el más absoluto secreto. Acto seguido el diálogo giró en torno a las causas inmediatas que provocaron la «fuerte impresión» del gobierno de Madrid cuando supo de la preconización de obispos en propiedad, porque corrieron voces en favor del reconocimiento de la Independencia. A este motivo se agregaba otro que surgió en el ambiente periodístico, porque se publicaron noticias en las que se sostenía que la preconización de obispos había sido hecha por presentación de los nuevos gobiernos, lo que, en la práctica -consideraba la corte de Madrid- era como pasar a las manos republicanas el derecho de patronato, al que su gobierno nunca había renunciado. Concluía el embajador diciendo que: “Sus comisiones e instrucciones son pacíficas; que no vino para poner en angustia al Santo Padre y menos a comprometer la Santa Sede y la religión con los gobiernos americanos, sino sólo para concordar con su Santidad acerca de cómo se deben comportar en relación con las futuras provisiones de obispos, a fin de que la Santa Sede pueda continuar en su neutralidad y a la vez queden garantizados los derechos y privilegios de la corte de España.” Hasta aquí el debate significaba un triunfo para Cappellari, porque el encargado del Papa no sólo había defendido la decisión pontificia en relación con la preconización de obispos para la Gran Colombia, sino porque en la explicación de las razones que lo habían movido para tomar tal decisión, conseguía que el embajador bajara el tono de su voz y mitigara sus pretensiones. Estas aclaraciones también le permitieron sostener los principios del primado pontificio y su libertad para actuar frente a los gobiernos, fueran éstos de hecho o de derecho, reafirmando el enfoque pastoral y misionero desde el cual se debía, en adelante, considerar el asunto hispanoamericano. Por estas razones se considera que este voto fue uno de los precedentes inmediatos de la política pontificia del tiempo de Gregorio XVI, porque los principios defendidos en aquella ocasión constituyeron la base sobre la cual se organizó la política pontificia de los años 1831-1846. Tercer aspecto: la propuesta regia y el modo cómo se debe actuar: El embajador anotó que su principal objetivo era el de ponerse de acuerdo sobre cómo actuar en el futuro con respecto a la provisión de sedes vacantes, para que el rey pudiera conservar sus derechos y privilegios. Agregó que el modo para hacerlo debía ser totalmente confidencial: “Que cuando el Santo Padre crea necesario proceder al nombramiento de los obispos para las provincias rebeldes de Hispanoamérica, se dé a conocer esta determinación a S.M.C, para que Su Majestad pueda proponer, como patrón de aquellas iglesias, las personas que reúnan los requisitos canónicos, y al mismo tiempo la adhesión a su gobierno. [Entendiendo que] esta comunicación entre su Santidad y su Majestad se hará de forma confidencial y tomando todas las precauciones para que no llegue a saberse [por los nuevos gobiernos].

La impresión que tuvo el cardenal sobre la propuesta de España se puede sintetizar en tres puntos. Primero. Que así como aparecía descrita se podría esperar un proyecto más conciliador, pero que en la práctica no lo era, pues la propuesta de Madrid no era más que una barrera, porque parecía que el rey era el patrono y que el Papa se debía limitar a pedir, cada vez que lo considerara necesario, la presentación regia. Segundo punto. La facilidad para convencer a Gómez Labrador sobre lo inoportuno de la propuesta, pues parecía que el embajador quisiera expresar sentimientos personales y no aquellos de quienes elaboraron la propuesta, y esto se reflejaba en el hecho que se limitó a presentar el mensaje que le fue remitido desde España, sin manifestar interés alguno por defenderlo. Tercer punto. Más fácil todavía resultó convencerlo del rechazo que se hacía de su petición, diciéndole que lo pretendido no era necesario para salvar los derechos de España y porque resultaría fatal el día que los nuevos gobiernos llegaran a descubrir el fondo de la negociación secreta entre el rey y el Santo Padre. Con esta aclaración, Cappellari puntualizaba, de acuerdo con su visión de futuro, que en medio de las circunstancias del momento resultaba preferible buscar las vías del diálogo con los nuevos gobiernos, que defender lo que ya prácticamente era insalvable para la corona. Con esta aclaración, reafirmaba su idea de que el patronato como derecho de la corona ya había caducado, y que había llegado la hora en que la Iglesia retomara la responsabilidad de organizar y asistir las misiones en el mundo y, en este caso, en Hispanoamérica. Cuarto aspecto: retornar a los vicarios apostólicos. Desmontada la propuesta de España, el embajador recurrió a la figura de los obispos «in partibus», proponiendo que se expidieran para aquellas Iglesias administradores apostólicos en vez de obispos propietarios. Esta propuesta reflejaba el sueño que tenía España de reconquistar sus antiguas posesiones ultramarinas, permitiéndole así al rey de ejercer el derecho de patronato sobre las iglesias nombrando, como sugería el embajador, de entre los vicarios, aquellos que en su interina administración se habían merecido su confianza. Cappellari no necesitaba mucha pericia para contradecir la nueva inquietud del embajador. Le dijo que los obispos «in partibus» no eran una solución para la dificultad allí presentada, porque siendo sólo administradores se irritaría demasiado el ánimo de los nuevos gobiernos que no los admitirían, lo que agravaría, en consecuencia, la orfandad de las diócesis.

La propuesta del embajador era inadmisible para el cardenal y reflejaba la diferente visión política que ambos tenían sobre el caso hispanoamericano; no se podía aceptar la idea de volver a los vicarios apostólicos, porque hubiera sido una solución provisoria que se ofrecía para aquellos lugares donde la inestabilidad política lo sugería; pero esto no era propiamente, según pensaba el cardenal, lo que pasaba en Hispanoamérica.

El embajador no encontrando motivo para una posición contraria y dándose cuenta de que nada había para contradecir a la posición pontificia, se adelantó, esta vez, para preguntar si, de parte de la Santa Sede existían otros proyectos y cuáles, para poder comunicarlos a su gobierno. Después de decirle que no existía ninguno, las dos partes quedaron de acuerdo que transmitirían el resultado de las negociaciones a sus respectivos superiores.

El diálogo concluyó con el intercambio de una palabra sobre el proceso canónico que se siguió en la preconización de obispos para la Gran Colombia. De ese nombramiento el embajador rechazaba la forma como se hizo, aceptando, pensaba él, la presentación de candidatos hecha por el gobierno republicano. Cappellari refutó su parecer diciéndole que todo se había hecho de acuerdo con una lista de candidatos presentada por monseñor Lasso de la Vega.

El estado de las negociaciones entre marzo y agosto de 1828

Hacia el 23 de agosto de 1828, a la Santa Sede llegó comunicación de don Pedro Gómez Labrador en la que reiteraba lo ya discutido y en la que manifestaba la aceptación de su gobierno a la segunda propuesta del cardenal Cappellari, o sea que el rey por propia iniciativa elaborara una lista de candidatos para los obispados de Hispanoamérica, que esa lista se confeccionara con personas residentes en ultramar y que confidencialmente la hiciera llegar al Papa. Pero la comunicación de España llegó demasiado tarde porque para entonces la posición pontificia, o al menos la visión de Cappellari, había cambiado. En el proyecto de respuesta que Cappellari entregaba a la secretaría de Estado para que respondiera a Gómez Labrador, explicaba que España tenía poco para reclamar, porque ya varias veces se le había hecho saber que el Papa no ha reconocido, ni reconoce como trasladado a los nuevos gobiernos, los derechos de patronato de España. Además, especificaba el cardenal, que en ningún momento el Papa ha tenido, ni tiene intención de lesionar aquellos derechos, los cuales siguen intactos para su Majestad, por lo que sus relaciones con los nuevos gobiernos han versado sobre materia religiosa y no política, como se lo exigían sus deberes pontificios, como pastor universal de la Iglesia. Es importante anotar cómo, en esta nueva aclaración, Cappellari no conjuga los verbos en futuro; sólo en pasado y presente, lo que confirma que en la solución presentada para la subsistencia de la Iglesia en Hispanoamérica, se interrelacionaron las dos bases fundamentales sobre las que se apoyaría la política eclesiástica de los años sucesivos: la eclesiológica y teológica del primado pontificio, y la pastoral misionera que cultivaba, por el bien espiritual de las almas, la posibilidad de reconocer la independencia. Pero la respuesta del cardenal quiso ir mucho más allá del juego diplomático. Resultaba importante para él dejar bien claro, ante los ojos del embajador, que para la Santa Sede no era, en ningún momento y bajo ninguna modalidad, aceptable que hacia el futuro el negocio se manejara sobre la base de una negociación secreta entre el rey y el Santo Padre. Cappellari descubría, en el modo de proceder que proponía el embajador, un grave perjuicio para la Santa Sede y para las Iglesias ultramarinas, porque hubiera sido para la primera, como un cerrar puertas para futuras negociaciones, y para las segundas un prolongar su desolada situación, porque todo hubiera hecho pensar a los nuevos gobiernos, que el Papa no sólo no aceptaba, sino que atentaba contra su independencia. En esta aclaración reconfirmaba su concepción político-eclesiástica y sentaba el principio basilar de la que fuera más tarde, su política pontificia: no hacer depender el bien espiritual de las almas de las vicisitudes políticas de los pueblos. Cappellari defendió su tesis de que el único remedio posible para el caso hispanoamericano era la provisión motu propio de obispos residenciales y cerró un negocio sobre el que ya había poco para decir. El impase se solucionó con la restitución el 28 de agosto de 1828, del nuncio Francisco Tiberi en Madrid y del embajador Gómez Labrador en Roma.