RELACIONES IGLESIA ESTADO EN MÉXICO. Siglo XX

El inicio turbulento de las relaciones en el siglo XVI actualizado en el XX

Desde los primeros años de que en la Nueva España hubo Iglesia y hubo Estado, hubo también relaciones, mismas que frecuentemente tuvieron fricciones y desacuerdos, a pesar de estar claramente delimitadas y reglamentadas en las Leyes de Indias;de hecho, puede decirse que las relaciones entre ambas instituciones dieron inicio con un gran desacuerdo que tuvo en su centro a la dignidad humana.

El Presidente de la Primera Audiencia Nuño Beltrán de Guzmán y los cuatro Oidores (jueces) que la integraban, afirmaban que los indígenas eran seres irracionales, tratándolos frecuentemente como animales. Por el contrario, los primeros dos obispos, fray Juan de Zumárraga OFM de la ciudad de México, y fray Julián Garcés OP de Tlaxcala, afirmaban que los naturales eran, como todo ser humano, «imagen» de Dios, y los que ya habían recibido el bautismo, «hijos» suyos, por lo que era inaceptable el trato que las autoridades civiles les daban. Fray Juan de Zumárraga, además de amonestar públicamente a los Oidores –pues vivían en la misma ciudad-, escribió al Rey dándole cuenta del actuar de sus representantes; por su parte Fray Julián Garcés escribió al Papa una larga carta en la que le daba a conocer no solo los abusos e injusticias, sino la gravedad de los falsos argumentos que esgrimía la Audiencia.

La respuesta de la Corona fue la inmediata destitución de los integrantes de esa primera Audiencia y los sometió a «Juicio de Residencia»;por su parte el Papa Paulo III promulgó una «Bula»que desmintió los falsos argumentos de Beltrán de Guzmán y condenó la calumnia de esa primera Audiencia, señalando que los naturales debían ser respetados en sus personas y en sus bienes.

De la armonía a la manipulación; de la manipulación a la abierta hostilidad

Durante los 300 años del dominio español en América las relaciones entre Iglesia y Estado tuvieron su estructura fundamental en el Patronato Real, el cual, a su vez, estuvo regulado por las «Leyes de Indias» de tal modo que la relación de la Iglesia con el Estado fue casi por completo armoniosa y benéfica a las sociedades hispanoamericanas. Pero esa armonía llegó a su fin con el arribo de los borbones al Trono español, pues el Patronato empezó a ser distorsionado precisamente por perder de vista la sentencia de Cristo de “dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios.” Con el Regalismo imperante en la Corte de Madrid, los nuevos césares españoles quisieron «dar al Cesar lo que es del César, pero también lo que corresponde a Dios» y se abrogaron como «derecho» de la Corona lo que siempre fue una «concesión».

Tras la independencia de los virreinatos americanos, los gobiernos republicanos de todas las nuevas naciones hispanoamericanas, aunque con distinto énfasis, adoptaron como propia esa distorsión cesaropapista, y transformaron la «distinción» entre Iglesia y Estado en intentos de «sometimiento» de la Iglesia al Estado.

En México después de la caída del Imperio de Agustín de Iturbide (1824), las autoridades republicanas quisieron implementar abiertas políticas cesaropapistas ocultándolas en una supuesta «protección». Esta política, que buscaba hacer de la Iglesia una dependencia burocrática al servicio del Estado y convertir a obispos, párrocos y sacerdotes en funcionarios estatales, se facilitaba en su aplicación por el hecho de la ausencia de obispos, misma que llegó a ser total en 1829.

Cuando el Papa Gregorio XVI nombró seis obispos mexicanos, éstos se negaron a desempeñar el papel de funcionarios y las autoridades políticas del momento presididas por Valentín Gómez Farías expulsó a cuatro de los seis obispos, dando inicio a una abierta hostilidad que escalaría en su radicalidad en la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma.

Las relaciones durante la dictadura porfirista México transitó del siglo XIX al XX montado en la larga dictadura liberal de Porfirio Díaz (desde 1876 hasta 1911). Don Porfirio fue militante connotado de las logias yorkinas pero, al contraer nupcias en 1881 con Carmelita Romero Rubio, católica practicante, disminuyó notablemente su anterior anticlericalismo. El matrimonio Porfirio Díaz-Carmelita Romero Rubio cultivó una buena amistad con el obispo de Yucatán Eulogio Gillow, y con el obispo de San Luis Potosí José Ignacio Montes de Oca. La ambigua postura personal del dictador respecto a la Iglesia Católica quedó reflejada en la política implementada por Porfirio Díaz: no abolió las leyes de Reforma, pero disimuladamente en buena parte dejó de aplicarlas, mientras favorecía la llegada de iglesias protestantes. Sin embargo esa política de tolerancia permitió a la Iglesia mexicana reorganizarse: se erigieron nuevas diócesis, regresaron las Órdenes religiosas que habían sido expulsadas anteriormente, y llegaron otras que hasta ese entonces nunca habían tenido presencia en México, como los Lasallistas y los Maristas; incluso surgieron institutos religiosos mexicanos. Se pudieron abrir diez nuevos seminarios, y en 1896 se reabrió la Universidad de México, clausurada desde 1864 por Maximiliano de Habsburgo. Se crearon las Universidades Católicas de Mérida (1895) y de Puebla (1907). Un hecho de relevante importancia fue la Coronación Pontificia de la Virgen de Guadalupe el 12 de octubre de 1895. Pero será en el siglo XX cuando la Iglesia en México sufra el clímax de las políticas cesaropapistas y la abierta hostilidad de las clases políticas. Esa situación fue totalmente evidente con el fallido intento del Presidente Plutarco Elías Calles de fundar una cismática Iglesia Católica «Nacional», y ante el repudio generalizado a ese intento cismático, promulgó la tristemente célebre «Ley Calles» que llevó a una de las mayores persecuciones que ha padecido la Iglesia Universal en sus dos mil años de historia.

Relaciones Iglesia-Estado en la Revolución Maderista

La Revolución encabezada por Francisco I Madero en 1910-1911 desembocó en la sustitución del régimen porfirista por un gobierno «provisional» que convocó a elecciones generales. Pocas semanas antes de la dimisión de Porfirio Díaz a la Presidencia de la República, el 5 de mayo de 1911, el periódico «El Tiempo» daba la noticia de la creación de una nueva agrupación política llamada por sus fundadores «Partido Católico Nacional». El 24 de mayo, Francisco I. Madero declaraba: “Considero la organización del Partido Católico de México, como el primer fruto de las libertades que hemos conquistado. Su programa revela ideas avanzadas y el deseo de colaborar para el progreso de la Patria de un modo serio y dentro de la Constitución”.

El Partido Católico Nacional no fue creación de la Jerarquía de la Iglesia sino obra de seglares católicos; incluso la mayoría de los obispos vieron con recelo al nuevo partido, pues tomando el título de «católico» surgía al margen y fuera de la supervisión ellos. La nota periodística de «El Tiempo» decía:

“El 3 de mayo de 1911 se reunieron en la casa del Sr. Gabriel Fernández Somellera, 5 de Bucareli 134, los licenciados Manuel F. de la Hoz, Rafael Martínez del Campo, Alejandro Villaseñor y Villaseñor, Francisco Pascual García, R de la Barrera, Victoriano Agüeros, Fernando Segura y Carlos Díez de Sollano, ingeniero Pedro G. de Arce, doctor Rafael SantaMaría, Roberto Gayosso, Trinidad Sánchez Santos, Luis García Pimentel, Emanuel Amor, Andrés Bermejillo, Miguel Cortina Rincón y Manuel León, acordándose, después de varias discusiones respecto al nombre que se repitieron en sesiones posteriores, la fundación del Partido Católico Nacional ”.

El nuevo Partido alcanzó pronto relevancia. “Bien organizado bajo la dirección de Gabriel Fernández Somellera, Félix Araiza, los Elguero, Francisco Villalón, etc., el Partido llegó a tener 783 centros y 485,856 miembros en toda la República, en donde Tabasco fue su punto débil. En las elecciones de 1912, el Partido Católico ganó 4 gubernaturas, 75 diputaciones y más de una docena de importantes presidencias municipales.”.

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la efímera Presidencia de Francisco I. Madero fueron respetuosas, a pesar de la militancia masónica del vice-presidente José María Pino Suárez. Pero en 1913 un «golpe de estado» urdido en la Embajada de los Estados Unidos y ejecutado por los generales Félix Díaz, Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet y Victoriano Huerta,llevó al asesinato de Madero y Pino Suárez. El Congreso realizó un acto legaloide para nombrar presidente a Pedro Lascuraín, quien 20 minutos después de jurar como presidente renunció en favor del general Victoriano Huerta.

Ante esa simulación legaloide, el Partido Católico se dividió: unos la apoyaron indirectamente al proponer la sustitución de Madero por Agustín Navarro Flores, y con ello dar a la designación de Victoriano Huerta una falsa imagen democrática; pero varios dirigentes como el doctor Rafael Santamaría, Roberto Gayosso y Trinidad Sánchez Santos la repudiaron. En 1914 Victoriano Huerta decretó la desaparición del Partido Católico, lo que no impidió que anticlericales radicales como los dirigentes de la agrupación anarco-sindicalista «Casa del Obrero Mundial», que fueron quienes incendiaron la casa de la familia Madero, acusaran a la Iglesia de una supuesta complicidad con el gobierno de Victoriano Huerta.

La Constitución de 1917 decreta la extinción de la Iglesia

Durante el gobierno de Victoriano Huerta surgieron distintas facciones revolucionarias; la más importante fue la encabezada por el gobernador de Coahuila Venustiano Carranza. La intervención norteamericana en México cambió del ámbito diplomático al militar y para evitar que Huerta recibiera las armas y municiones que de Europa le enviaban a bordo del vapor alemán Ypiranga, la flota norteamericana bombardeó el puerto de Veracruz y realizó algunos desembarcos de «marines» el 21 de abril de 1914; solo una centena de cadetes de la Escuela Naval y algunos vecinos liderados por el párroco trataron inútilmente de defender el puerto, y el día 22 los «marines» desembarcaron y se apoderaron de Veracruz.

El abastecimiento de pertrechos de guerra y asistencia militar a la facción carrancista fue conocida por todos abiertamente alardeada; todo esto provocó la caída de Victoriano Huerta quien huyó del país. Pero las distintas facciones empezaron a disentir entre sí sobre quien debería hacerse con el poder político, pues arbitrariamente Carranza se había auto designado «primer jefe», por lo que buscaron ponerse de acuerdo celebrando una «convención soberana» en algún lugar neutral.Lejos de conciliar a los principales grupos revolucionarios, la «Convención de Aguascalientes» fue un auténtica «declaración de guerra» entre ellos, y la Revolución mexicana entró en su fase más violenta y destructora.

Los revolucionarios quedaron divididos en dos grupos antagónicos: los «convencionistas» por un lado, y los «constitucionalistas» por el otro. Los convencionistas (buscaban que se respetaran los acuerdos de la Convención, siendo el principal el desconocimiento del «primer jefe») lo formaron los seguidores y delegados de Emiliano Zapata y Francisco Villa y sus seguidores. Los constitucionalistas (decían defender la Constitución, pero acabaron haciendo una nueva) lo formaron Álvaro Obregón y sus seguidores, y los de Venustiano Carranza.

Los «constitucionalistas» dieron inicio de inmediato a una política de persecución a la Iglesia como nunca antes se había visto en México. Carranza acusó al clero de ser el responsable de la muerte de Madero, aunque ningún historiador serio ha encontrado el menor indicio que avale semejante calumnia; al contrario, la caída de Madero destruyó de golpe una alentadora relación Iglesia-Estado en México. Es también significativo que en esos días John Lind, agente confidencial en México del presidente norteamericano Henry L. Wilson, propagaba el infundio de que la educación pública se hallaba prohibida en México ¡por bula papal! (nunca dijo cual) desde hacía 200 años.

Jean Meyer señala que los carrancistas “en cuanto entraban en una ciudad, se apoderaban de las llaves de la iglesia…tomaban los copones y vaciaban las hostias consagradas en los pesebres de los caballos…”. Innumerables iglesias y catedrales fueron profanadas y destruidas; Obregón no utilizaba los cuarteles para sus tropas sino los colegios, arzobispados y templos.

Varios sacerdotes fueron fusilados o ahorcados,la mayoría encarcelados y pidiendo después por su liberación elevados rescates. Se prohibió la confesión, los sermones, el ayuno, los bautizos, las misas de réquiem y besar la mano de los sacerdotes ; para 1915 todos los obispos mexicanos estaban desterrados.

Después de los sangrientos combates entre convencionistas y constitucionalistas en las llamadas «Batallas del Bajío», se impusieron estos últimos, gracias al apoyo que nuevamente recibieron del gobierno de los Estados Unidos. Los Marines entregaron a Carranza el puerto de Veracruz, y mientras entregaban a Obregón ingentes cantidades de municiones, a Villa le negaron la posibilidad de adquirir un solo cartucho. Decía Villa: “no importa, se los quitaré al perfumado de Obregón.” Pero si importó y después de su derrota, Villa buscó vengarse de sus antiguos protectores y en la madrugada del 9 de marzo de 1916 atacó por sorpresa la casi indefensa población de Columbus, Nuevo México.

En Diciembre de 1916 se reunió en Querétaro un Congreso formado exclusivamente por revolucionarios de la facción carrancista para revisar la Constitución de 1857, y tras dos meses de debates solo entre ellos, redactaron un nuevo texto constitucional en cuyos artículos 3°, 5°, 27° y 130° quedó plasmado su feroz anti catolicismo. Venustiano Carranza promulgó la nueva Constitución el 5 de Febrero de 1917, pero gobernó sin aplicar las disposiciones anticlericales e incluso quiso reformar el artículo 130° (iniciativa publicada en el Diario Oficial el 21 de Diciembre de 1918) . Por ambiciones políticas, en Abril de 1920, Álvaro Obregón y el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, se levantaron contra su jefe y presidente Venustiano Carranza (Plan de Agua Prieta) y el 21 de Mayo Carranza fue asesinado en Tlaxcalaltongo, Puebla.

La Constitución mexicana de 1917 decreta la extinción de la Iglesia

Excluidos ex profeso zapatistas y villistas del Congreso Constituyente, los diputados carrancistas no tuvieron empacho en reconocer explícitamente que efecticamente el pueblo mexicano era católico pero que había de luchar para que dejara de serlo. Fue el diputado Félix Palavicini quien dijo en la tribuna del Congreso: “¿Quién es capaz de negar honradamente, lealmente, que el noventa por ciento de los mexicanos es católico?” , y con todo cinismo el diputado José Natividad Macías expresó la finalidad que los revolucionarios buscaban: “hay un sentimiento religioso hondo en este pueblo, y las costumbres de los pueblos no se cambian de la noche a la mañana; para que el pueblo deje de ser católico, para que el sentimiento que hoy tiene desaparezca, es necesaria una educación, y no una educación de dos días ni de tres…el pueblo mexicano seguirá tan ignorante, supersticioso y enteramente apegado a sus antiguas creencias si no se le educa”.

Por tanto es evidente que los constituyentes de 1916 redactaron conscientemente, un texto contra la voluntad del pueblo mexicano, al que decían «representar», y al que no dudaron en calificar como “ignorante y supersticioso” porque no compartía su rabia jacobina, condensada en las palabras del diputado constituyente Alfonso Cravioto: “señores diputados: si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de fraile tejerán mis manos”.

El Artículo Primero hacía de la Constitución de 1917 un código totalmente basado en el positivismo jurídico: “todo individuo gozará de las garantías que «otorga» esta Constitución”. Con esta afirmación, se negaban a los mexicanos los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza humana puesto que, según este artículo, no es la naturaleza, sino la Constitución la que los otorga y los suprime en los casos que ella misma establece.

No extraña entonces que autoridades posteriores gobernaran al margen de la dignidad y derechos humanos, pero siguiendo los principios del positivismo jurídico; como ejemplo tenemos el «Plan Global de Desarrollo» del Presidente José López Portillo donde éste afirmó: “…no hay más derechos de los que la sociedad otorga y propicia y que la Constitución precisa, así lo establece su Artículo Primero al referir el origen de todos los derechos a la Constitución misma”.

Sobre esta filosofía política, propia de un abyecto totalitarismo, el Artículo Primero abrió la puerta a cualquier injusticia y los constituyentes eliminaron en el artículo 3° la libertad de educación; en el 5° la libertad de asociación, y en el 130° la libertad religiosa. Los diputados constituyentes mexicanos se adelantaron varios años a los totalitarismos fascistas rojos y negros y el “derecho de los padres de familia para escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (Art. 26, Fracción 3. Declaración Universal de los Derechos Humanos) fue conscientemente aplastado. El Artículo Quinto prohibía los votos monásticos y las órdenes religiosas; el 27 arrebató a la Iglesia hasta los templos, y “los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público serán propiedad de la nación, representada por el gobierno federal quien determinará los que deben continuar destinados a su objeto”.

Este artículo, aplastando además al sentido común y a la solidaridad entre los hombres también prohibía a la Iglesia y al pueblo católico “el auxilio de los necesitados (!!), la investigación científica, la difusión de la enseñanza”.

Finalmente, el Artículo 130 decretó que la Iglesia no existía más: “La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias”. Pero como este ser inexistente (según la ley) resultaba que sí existe, el mismo artículo se encargó de reglamentar su inexistencia. Este absurdo “no separa el Estado de la Iglesia, sino que subordina la Iglesia al Estado…supeditación anticristiana, supeditación que no debe tener lugar, como tampoco la intromisión de la Iglesia en el Estado”.

La persecución durante el gobierno de Obregón (1920-1924)

Después del golpe de estado de los jefes carrancistas Obregón, De la Huerta, Calles, Cárdenas y otros cómplices contra su propio líder Carranza, Álvaro Obregón tomó posesión de la presidencia de la República el 10 de Noviembre de 1920. El 6 de febrero de 1921, una bomba estalló frente a la casa del Arzobispo de México; el 12 de mayo una manifestación pacífica de católicos fue balaceada por la policía; el 4 de mayo estalló otra bomba frente a la casa del Arzobispo de Guadalajara y a fines de ese mes, la Parroquia de Gómez Palacio, Durango fue profanada.

El odio jacobino llegó a su máxima manifestación el 21 de noviembre de 1921 cuando un empleado de la Secretaría de la Presidencia de nombre Luciano Pérez Carpio, disfrazado de obrero, colocó una bomba de dinamita oculta en un ramo de flores, a los pies del Ayate de San Juan Diego con la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La bomba destruyó las planchas de mármol del altar, la totalidad de los vidrios de la Basílica y muchos delos edificios cercanos pero el milagroso ayate salió totalmente ileso. Todo indicaba que Obregón quiso ejecutar las amenazas que lanzaba desde 1914 en el sentido de que no habría de parar hasta limpiar su caballo con el ayate de la Virgen.

En 1923 Obregón ordenó la expulsión del Delegado Apostólico Mons. Ernesto Philippi, porque se había atrevido a bendecir la primera piedra del monumento a Cristo Rey lo cual –según el gobierno- era un acto de culto público penado por las leyes, a pesar de que el Cerro del Cubilete donde se erigiría el monumento era propiedad privada. Poco después ese monumento fue volado con dinamita.

1926: El Clímax Jacobino

El 30 de Noviembre de 1924 asumió la Presidencia de la República el General Plutarco Elías Calles, otro de los firmantes del Plan de Agua Prieta que llevó a Carranza a la tumba y a ellos a la Presidencia de la República. De inmediato Calles dio inicio al cierre de seminarios y colegios católicos. En septiembre de 1925, el Estado de Tabasco publicó una ley en la que se exigía a los sacerdotes que para ejercer su ministerio ¡¡debían ser casados!!

El Presidente Calles y su Secretario de Industria y Comercio y líder de la CROM, (Confederación Regional de Obreros Mexicanos) Luis Napoleón Morones, se lanzaron a formar una iglesia nacional “dependiente de las oficinas del gobierno, que pudiera, a los ojos del pueblo inculto, sustituir a la Iglesia Católica, Apostólica, Romana”. Era el espíritu del rey inglés Enrique VIII encarnado en un jacobino y en un anarco-sindicalista mexicano. El 12 de Febrero de 1925 un grupo de hombres armados tomó por asalto la parroquia de la Soledad en la Ciudad de México para que fuese el Vaticano de la Iglesia católica mexicana, la que estaría presidida por «El Patriarca» Joaquín Pérez y Budar, un anciano sacerdote iniciado en la masonería en la logia oaxaqueña «Amigos de la Luz»y que ahora aceptaba desempeñar el papel de Judas Iscariote. Per0 el pueblo no se tragó el engaño, y en lugar de secundar al cismático «Patriarca Pérez», como creían Calles y Morones, trató de recuperar el Templo y linchar al Patriarca, quien tuvo que ser protegido por soldados y bomberos. Ante ese fracaso, Calles hizo aprobar el 2 de Julio de 1926 sus reformas al Código Penal (Ley Calles), en las que señalaba entre otras cosas: multa, arresto y expulsión de los sacerdotes extranjeros; multa y arresto a quien d enseñanza religiosa y a quienes utilicen trajes o distintivos que caractericen a los ministros; cárcel de uno a dos años a quienes se reúnan a vivir en comunidad, y de seis años a los superiores; cárcel de uno a cinco años a los ministros que hagan alguna crítica a las leyes; cárcel mayor a los que induzcan a menores a entrar en religión y a los organizadores de actos de culto público fuera de los templos.

El Episcopado mexicano publicó una Carta Pastoral colectiva en la que señalaba a la Ley de Calles como contraria al derecho natural, vulneradora de los derechos divinos de la Iglesia, y “que ante semejante violación de valores morales tan sagrados, no cabe ya de nuestra parte condescendencia ninguna. Sería para nosotros un crimen tolerar tal situación y no queremos que en el tribunal de Dios nos viniese a la memoria aquel tardío lamento del profeta: «Ay de mí porque callé»”.

Ante la entrada en vigor de la Ley de Calles, el 1º de Agosto de 1926 cesó el culto público en toda la República. Once obispos fueron expulsados del país; otros, como el Obispo de Colima y el Arzobispo de Guadalajara, se refugiaron en las carrancas y serranías . Calles comentó al diplomático francés Ernest Lagarde, que cada semana que transcurría sin culto haría perder a la religión católica el 2% de sus fieles;según el sectarismo fanático de Calles, en un año México dejaría de ser católico.

Ante la política de persecución del régimen, en 1925 los seglares mexicanos fundaron –al margen de los obispos- la «Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa». Los obispos predicaban la resistencia ante las leyes injustas, pero al mismo tiempo precisaban en su carta pastoral del 15 de Julio de 1926, que ésta sólo podía ser pasiva y pacífica. En Noviembre ratificaban: “Casos hay en que los teólogos católicos autorizan, no la rebelión sino la defensa armada contra la injusta agresión de un poder tiránico, después de agotados inútilmente los medios pacíficos. El Episcopado no ha dado ningún documento en el que se declare que haya llegado, en México ese caso”.

Pero el caso sí había llegado y los acontecimientos rebasaron al Episcopado. El asesinato del Cura de Chalchihuites Zacatecas Luis Bátiz y de tres jóvenes de la ACJM, hizo que los campesinos de esa región se levantaran en armas; al finalizar 1926, los levantamientos aislados y espontáneos llegaban a 64 abarcando los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas. El Arzobispo de México, Mons. Mora y del Río declaró al Secretario de Gobernación Adalberto Tejeda en el momento de ser expulsado: “Señor, el Episcopado no ha promovido ninguna revolución pero ha declarado que los seglares católicos tienen el derecho innegable de defender por la fuerza los derechos inalienables que no pueden proteger por medios pacíficos. –Esto es rebelión, dijo Tejeda.- Esto no es rebelión; esta es legítima defensa contra la tiranía injustificable, replicó Monseñor Mora”.

En la persecución fueron asesinados más de 9o sacerdotes, muchos de ellos bárbaramente martirizados antes de ser ejecutados.También muchos seglares pacíficos fueron asesinados por su fe; lo mismo ancianos (como José García Farfán), que niños (como José Natividad Herrera o Tomasito de la Mora). Tres años duró, la persecución religiosa y la Guerra Cristera, dos hechos relacionados pero distintos.

El 17 de Julio de 1928, Álvaro Obregón fue asesinado por un joven militante de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa: León Toral, en un banquete dado en honor de Obregón para celebrar su reelección a la presidencia de la República para el período 1928-1932. El inicio de 1929 estuvo marcado por la rebelión de Gonzalo Escobar, un importante general obregonista secundado por la mitad del ejército federal; lo anterior, aunado a la exitosa campaña presidencial de José Vasconcelos, adverso al régimen callista, llevó al régimen de Calles que se había auto designado «jefe máximo de la revolución» y al presidente «provisional» Emilio Portes Gil (importante dirigente de la masonería en Tamaulipas) a buscar a toda costa concluir el conflicto religioso. En San Antonio Texas, los obispos desterrados recibieron las propuestas del gobierno para entablar negociaciones conciliatorias y el 9 de Junio de 1929 llegaron a la Ciudad de México el Arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruíz y Flores y el obispo de Tabasco, Pascual Díaz, entrevistándose con Portes Gil. El 21 de Junio la prensa mexicana publicó las declaraciones oficiales del Presidente de la República en las que decía: “algunos artículos de la ley han sido mal comprendidos (¡¡¡) el artículo de la ley que determina el registro de ministros, no significa que el gobierno pueda nombrar a aquellos que no han sido nombrados por el superior jerárquico…los miembros de cualquiera Iglesia pueden dirigirse a las autoridades que corresponda para la reforma. Derogación o expedición de cualesquiera ley…”. Envueltos en una demagogia de supuesta buena fe por parte de los políticos gubernamentales, los dos obispos celebraron de palabra unos supuestos «acuerdos» sin forma jurídica alguna de los cuales sólo el Diario Oficial de la Federación dio cuenta. El 30 de Junio de 1929, el repique de las campanas llamando a la misa dominical anunció la reanudación del culto público. Casi todos los jefes cristeros fueron asesinados cuando acudieron a entregar las armas. También los principales líderes del Movimiento político de Vasconcelos fueron eliminados sistemáticamente en los dos años subsiguientes, descabezando así cualquier posible oposición al régimen en el futuro inmediato. Un Especial Modus Vivendi

Durante la celebración masónica del solsticio de verano de 1929, el Presidente provisional Emilio Portes Gil, pronunció un discurso en el que, comentando los arreglos, señaló: “La lucha no se inicia, la lucha es eterna; la lucha se inició hace 20 siglos…en México, el Estado y la masonería en los últimos años han sido una misma cosa”.

Los arreglos no fueron respetados por el gobierno, y las leyes persecutorias fueron derogadas hasta 1993 ¡¡. En la década de los años treinta, el programa anticlerical empezó a usar nuevas estrategias, principalmente en el orden educativo. En Julio de 1934 el todavía jefe máximo Plutarco E. Calles decretó la expropiación de las conciencias en el famoso Grito de Guadalajara: “Es necesario que entremos en el nuevo período de la Revolución…debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la Revolución”.

Para Junio de 1935, sólo 305 sacerdotes estaban autorizados para ejercer su ministerio en todo el país. 127 iglesias fueron retiradas del culto en 1934 y 264 en 1935. Lázaro Cárdenas “el más sincero de los anticlericales” fue el cuarto presidente impuesto por «el máximo», pero el 9 de Abril de 1936, Cárdenas ordenó la captura y destierro de su protector político Calles, junto con el líder obrero Luis N. Morones.

Ya sin la tutela de Calles, la política del Presidente Cárdenas se radicalizó en lo referente a la economía y a la educación, la que se volvió obligatoriamente socialista, pero dio un giro significativo en lo referente a la relación con la Iglesia e impuso una política de conciliación. “Cansado de cerrar las iglesias para volverlas a encontrar siempre llenas, decidió devolvérselas al pueblo…no vaciló en disgustar a los más fieles desfanatizadores (a los que pertenecía), y desde entonces la descristianización pasó a ser antigubernamental”.

El modus vivendi que se estableció en el período del llamado «desarrollo estabilizador» (1940-1970) bajó el tono del anticlericalismo; sin derogar las leyes, éstas se aplicaron con una elasticidad tal que podría resumirse como “un acuerdo tácito de inobservancia”, lo que permitió restablecer la paz social.

Por una parte, la jerarquía de la Iglesia prohibió explícitamente en los años 30, cualquier oposición violenta al régimen e inhibió indirectamente la acción cívico-política de los católicos. La Iglesia se encerró en las sacristías buscando preservar la precaria libertad conseguida con este especial «modus vivendi».

Abdicando de sus derechos y obligaciones cívico-políticas, la sociedad mexicana aceptó implícitamente este estado de cosas, en el que la actividad política quedó como esfera de acción exclusiva de la llamada «Familia Revolucionaria» aglutinada en el oficial partido hegemónico. Con el gobierno del Lic. Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), el desarrollo estabilizador terminó. Buscando despertar a la revolución dormida, el caos económico despertó a la sociedad. El populista Luis Echeverría (Sí, soy un populista), pragmáticamente abrió “la jaula del tabú religioso”, y visitó al Papa Paulo VI en el Vaticano, buscando –según sus propias palabras- “el reconocimiento, en primer lugar, de su efectiva y positiva influencia espiritual en el mundo y, en segundo lugar, la demostración de que México podía reconocer esa función histórica del Vaticano sin que ello supusiera un cambio constitucional en el país”.

Las visitas del Papa Juan Pablo II

La noticia de que por primera vez en la historia un sucesor de San Pedro visitaría México, cimbró de alegría al pueblo mexicano pero causó estupor y recelo entre la clase política en el poder, pues era heredera del espíritu jacobino que produjo la persecución religiosa. La Presidencia de la República se apresuró a informar que el Gobierno no había invitado al Papa, y que si éste vendría, sería en calidad de «turista».

En efecto, cuando el 26 de enero de 1979 Juan Pablo II arribó al aeropuerto de la ciudad de México, ninguna autoridad política acudió a recibirlo; solo privadamente, fuera de todo protocolo y de la vista de todos, casi como el fariseo Nicodemo buscó a Jesús de noche (cfr. Jn. 3, 1-15), el presidente José López Portillo se entrevistó con el Papa en el hangar presidencial.

En este primer viaje de Juan Pablo II a México, además de la capital, visitó las ciudades de Puebla, Oaxaca, Guadalajara y Monterrey, pronunció treinta y seis discursos, y según cálculos conservadores se encontró con unos quince millones de personas.

El segundo viaje pastoral de Juan Pablo II a México se realizó en condiciones distintas a las del primer viaje, pues fue el mismo presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, quien fue a Roma para invitar personalmente al Papa a visitar nuevamente México. El presidente Salinas había asumido el poder en diciembre de 1988 tras un proceso electoral sumamente fraudulento y cuestionado, y todo indica que su interés por invitar personalmente al papa obedeció a la búsqueda de una popularidad de la que carecía. El Papa aceptó la invitación y el domingo 6 de mayo de 1990 volvió a territorio mexicano. Aunque no se le rindieron honores de jefe de estado pues desde 1858 el gobierno mexicano no reconocía a la Santa Sede, fue recibido en el aeropuerto de la ciudad de México por el presidente Salinas de Gortari quien le esperó al pie de la escalerilla del avión y le dirigió unas amables y respetuosas palabras de bienvenida.

Al final de esta visita el presidente Salinas solicitó a Juan Pablo II la reanudación de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Gobierno de México, rotas desde 1858 durante la guerra de Reforma. El Papa contestó que esas relaciones solo serían posibles si el gobierno mexicano modificaba la Constitución, pues las leyes mexicanas no reconocían siquiera la existencia de la Iglesia.

En 1992 el presidente de la República Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para modificar los artículos antirreligiosos de la Constitución de 1917. Las reformas fueron aprobadas el 28 de enero de 1992, excepto las relacionadas con el artículo tercero, que fue la que tuvo mayor oposición por parte de las corrientes jacobinas, y no fue sino hasta el 5 de marzo cuando el Congreso aprobó una modificación que permitía a la Iglesia y a los católicos mexicanos participar en la educación de sus hijos y compatriotas. El 21 de septiembre de ese año, la Santa Sede y el Gobierno de México anunciaron simultáneamente la reanudación de relaciones diplomáticas.