PERSECUSIÓN EN GUATEMALA; Militarismo y seguridad nacional

El militarismo

El militarismo se instaura en una nación cuando las fuerzas armadas, ya sea como institución o mediante los miembros de ellas, toman para sí la conducción política de la misma. En la segunda mitad del siglo XX el ejército de Guatemala absorbió para sí los tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.

Los militares se presentaban a la sociedad como la «clase» preponderante. En la práctica la clase militar tenía derechos, privilegios y facilidades económicas a cargo del Estado, los que se extendían a sus familiares y favorecidos. El ejército de Guatemala empezó a tener incluso un banco propio. Pero el caso de Guatemala no fue el único; en varias naciones latinoamericanas los ejércitos desplazaron a los gobernantes civiles, estableciendo regímenes militares.

La ideología que más animó a las clase militares de América Latina en la segunda parte del siglo XX, fue la teoría de la «Seguridad Nacional», que en Guatemala fue aplicada de manera rigurosa.

La teoría de la «Seguridad Nacional»

Tras la Segunda Guerra Mundial y el desencadenamiento de la «guerra fría», se formó en los ambientes militares una corriente de pensamiento que pretendía fundamentarse en su oposición al comunismo.Unos de los primeros que impulsó esta corriente fue el profesor de la Escuela Superior de Guerra del Brasil, José Alfredo Amaral Gurgel.La teoría era enseñada en casi todas las escuelas militares latinoamericanas.

¿Cómo fundamentaba entonces esta teoría, que ha sido totalmente desmentida en los finales del siglo XX con la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas soviéticos, en el resurgir de otros totalitarismos, y en la cadena de guerras intermitentes que han asolado el mundo desde entonces?

Los teoremas sostenidos entonces para justificar la teoría de la «seguridad nacional» parte de la tesis de Tomas Hobbes que el “hombre es el lobo del hombre” «homo homini lupus»y porque se encuentra por naturaleza en concurrencia con los otros, trata de no dejarse dominar mientras trata a su vez de dominar a lo demás.

A nivel internacional –continúa dicha tesis-, tomando al hombre en sentido colectivo - la sociedad -, se ve una concurrencia despiadada entre los grupos y las personas, concurrencia que garantiza la sobrevivencia de los más fuertes y capaces. Lo mismo sucede entre los Estados. El poder es el objetivo de todo «grupo» formado por personas humanas.

Surge así la geopolítica, seguida por una geo-estrategia. Esto quiere decir, -según dicha tesis-que, si ha existido siempre la guerra, la paz no es otra cosa que una forma diversa de competir, y por lo tanto de combatir.El campo de batalla es la economía, la cultura… toda la vida del hombre.

La «guerra fría» había divido al mundo en dos bloques hegemónicos que pretendían dominar a todas las naciones: el del «mundo libre», llamado también «occidental» y liderado por los Estados Unidos, y el «mundo socialista», llamado del «Este», bajo la tutela de la URSS.

Escribía un analista: “Después de la Segunda Guerra Mundial, la perspectiva cambió. La geopolítica pretendió ser una visión científica de la razón de ser y las exigencias de la división del mundo entre Este y Oeste, comunismo y mundo libre. La opción total entre los dos bloques constituye la realidad política fundamental y la explicación de todos los hechos políticos, el criterio último de toda política. El Estado no puede comprenderse fuera del antagonismo fundamental que divide el mundo entre Oriente comunista y Occidente democrático. Esa lucha es la fuente y el principio orientador ultimo de todo el juego de los poderes. Pues, en la hora actual, ninguna nación puede garantizar su porvenir por sí misma, cada nación tiene su destino marcado por su posición en uno de los dos bloques”.

Y otro: “La doctrina de la Seguridad Nacional supone el mundo dividido en dos bloques antagónicos irreconciliables: el bloque comunista y el bloque llamado occidental para no llamarlo capitalista”.

Uno más explicaba: “El Estado de seguridad nacional aparece como una forma particular de Estado de excepción que se funda en el principio de la guerra interna permanente. Sus sostenedores consideran que el rasgo fundamental de la segunda posguerra es una confrontación entre dos civilizaciones inconciliables: la democracia capitalista predominante en el «mundo libre» y el «totalitarismo comunista» vigente en la Unión Soviética y con los países que forman parte de su esfera de influencia”.

No existían posiciones neutrales según los sostenedores de aquella teoría; o se está de una de las partes o de la otra. Una posición neutra escondería una trampa por parte del opositor que busca debilitar al otro. En este caso, la sociedad no podía bajar su guardia; ello significaría ofrecer a la oposición la oportunidad de ser derrotada.

A partir de esta visión se entienden las consecuencias que comportaba la teoría de la Seguridad Nacional: la sociedad, organizada en defensa, encontraba en el ejército su expresión más completa. La sociedad era el ejército, y el ejército era la sociedad.El enemigo estaba siempre en acecho, podía esconder su presencia en muchísimas formas.

Si una sociedad quería sobrevivir debía estar unida, compacta y vigilar siempre. Si algún elemento de la sociedad hacía el juego del opositor, favoreciendo directa o indirectamente, o atentando contra la unidad, y por lo tanto, favoreciendo la debilidad del grupo nacional al que debería pertenecer, este debía ser eliminado inmediatamente sin titubeos. No se podían correr riesgos.

“Considerando los adscritos a la doctrina de la Seguridad Nacional, que están en el poder, la situación nacional es como una situación de guerra en que está puesta en peligro la nación como tal, se colocan en estado de guerra y subordinan a la seguridad, esto es, a no perder la guerra, todo lo demás. Se supone que se está en permanente estado de insurrección, esto es, en permanente estado de excepción”.

Los sistemas democráticos les parecían sistemas muy vulnerables, idóneos para favorecer el debilitamiento de la propia sociedad. Había que aparentar ser una democracia, porque si no las masas no estarían satisfechas, pero en el interior se necesitaba un organismo por encima de las leyes del Estado, capaz de tomar decisiones rápidas, efectivas y también contrarias a las leyes establecidas.

“Desde entonces –escribe Comblin- el tradicional estado de derecho se suprime. Cada nación adapta el nuevo modelo a la condición jurídica que encuentra. La fórmula jurídica del nuevo sistema no importa. Algunos suprimen la Constitución, otros la adaptan; algunos suprimen el Congreso; otros lo reducen a una función teatral; no importa las ficciones jurídicas. Hay un nuevo sistema que se instala. En el nuevo sistema los derechos individuales desaparecen: el Estado es fuente de todos los derechos y no reconoce ningún derecho que él no haya definido o establecido explícitamente por decreto.

El sistema judicial se va marginando y destinado a tratar de los asuntos sin importancia. El Consejo de Seguridad Nacional detenta la totalidad de un poder absoluto. La policía secreta es totalmente independiente de los demás poderes y depende del solo presidente de la república. El Estado suprime todo derecho de asociación o reunión y deja al individuo solo o sin apoyo frente a un Estado todopoderoso”.

Según la teoría de la Seguridad Nacional, lo importante es la salvación de la patria y el organismo que lo realiza es el Estado Mayor del Ejército. “El razonamiento por el cual se atribuye a la representación auténtica de la nación y del Estado a las Fuerzas Armadas, se apoya en que los militares tendrían por estructura corporativa y por separación de intereses inmediatos la posición ideal para juzgar qué es lo más conveniente para el país. Lo importante para la nación es la seguridad, entendida como mantenimiento del orden establecido, y sólo la Fuerza Armada puede garantizar esa seguridad, sobre todo cuando ese orden establecido es amenazado por la protesta popular. La garantía inmediata de la seguridad se pone en la fuerza y la fuerza la tienen los que dominan las armas, aunque el poder lo tenga el que domina la economía”.

Por lo que “En las nuevas dictaduras militares el poder no es ejercido por uno o más caudillos surgidos del interior de las instituciones castrenses para arrogarse un liderazgo político, sino por los mismos mandos institucionales y permanentes de las diferentes ramas, normalmente agrupados en el estado mayor conjunto de las fuerzas armadas”.

Aplicación de la teoría de la Seguridad Nacional en los gobiernos latinoamericanos

Tras la caída de Cuba bajo el régimen comunista, sobre todo después de haber constatado la presencia de los misiles rusos instalados en Cuba, el gobierno de los Estados Unidos se preocupó decididamente para que no pasase algo semejante en otros países latinoamericanos.

Escribe el analista ya citado: “En los Estados Unidos se había desarrollado desde los años cuarenta la doctrina de la seguridad nacional que luego se transferiría a amplias capas de oficiales latinoamericanos a través de los programas de entrenamiento e información que contemplaban los convenios de ayuda militar negociados por la diplomacia estadounidense durante la guerra de Corea.

La Unión Soviética y el comunismo como la mayor amenaza para los intereses norteamericanos en la región; amenaza que los círculos superiores de las guerras armadas latinoamericanos también comenzaban a identificar como propias en el plano interno. Pero fue realmente el triunfo de la Revolución cubana, a comienzos de 1959, el factor decisivo para la constitución del nuevo proyecto político autoritario”.

La CIA sugirió entonces que se enseñase la teoría de la Seguridad Nacional en todas las academias militares de la Región. El primer país que adoptó un gobierno militar con esta teoría fue Brasil (1964); otros tenían ya un régimen militar desde hacía tiempo (Nicaragua, Guatemala, Haití, Paraguay); se extendió el sistema a otros países: El Salvador, Honduras, Bolivia (1971), Perú, Argentina (1966), Chile (1973). El golpe de Estado por parte de las fuerzas armadas fue la solución más frecuente a los problemas políticos del área latinoamericana.

Su aplicación en Guatemala

El golpe de Estado en 1964 por obra del ministro de la defensa Alfredo Enrique Peralta Azurdia, convirtió a los militares en dueños absolutos del poder. La ecuación entre Estado, pueblo y ejército fue vista como algo fundamental. Cualquier cosa que se opusiese al ejército y a su poder era vista como enemiga del Estado, del gobierno y del pueblo; por lo que tenía que ser combatida hasta la eliminación total de los opositores.

El Estado mayor era la autoridad máxima bajo la que todo debía estar sometido. La clase militar nunca había tenido una formación cultural. Algunos asistían a la academia militar, pero era posible escalar la jerarquía militar por méritos propios o gracias a amistades en el interior de la jerarquía militar.

Fuera del uso de las armas, la cultura y conocimientos en economía, política y otras materias fundamentales entre los militares de alta graduación, o era autodidacta y rudimental o simplemente no existía. El criterio militar o los métodos militares se convirtieron en los medios políticos más usados. El fantasma del comunismo perseguía continuamente a los militares, por lo que aquel espectro los llevaba a conducir y a justificar una dura política de represiones.

Se dio un fuerte contraste entre «civiles» y «militares». Los sectores intelectuales del país fueron acallados y muchos, entre ellos varios profesores universitarios, fueron asesinados a la luz del día o se convirtieron en «desaparecidos», tras ser secuestrados por agentes militares; otros fueron torturados antes de ser bárbaramente asesinados; los cadáveres de algunos aparecerían luego en localidades remotas del país; otros escaparon al extranjero. Quienes pretendían montar un negocio tomaban a un militar como socio o establecía una amistad de conveniencia con algún alto grado militar.

Los comisionados militares

A lo largo de esos años, el Poder judicial legítimo y regulador del Estado de derecho dejó de existir. Ya de por sí Guatemala nunca había sido un «Estado de derecho» en sentido propio, aunque a veces podían verse simulacros del mismo en la capital o en algunos lugares de provincia. “El presidente Ubico creó, mediante acuerdo ministerial del 9 de julio de 1938, la figura de los comisionados militares como representantes locales del ejército. Los comisionados llenaron vacíos que seguían dejando la falta de administración civil en el campo. Sus funciones eran «ad honorem» y se ejercían sin plazos, incluían los reclutamientos para el servicio militar, la captura de delincuentes, citaciones y llamamientos. El poder de negociar en las comunidades quiénes debían prestar el servicio militar y quiénes no, les dio desde el principio una gran influencia a los comisionados. Ese rol daría un giro dramático más adelante, con el inicio del conflicto armado, sobre todo en el oriente del país”. El Estado mayor pensó confiar un cierto control judicial a los militares que hubiesen alcanzado algún grado militar. En todos los municipios constituían grupos que vigilaban la presencia de sujetos no adictos al sistema, para poder proceder a su eliminación. Tenían la misión de controlar, garantizar y mantener el orden público. La policía contó siempre con pocos miembros, y en muchos lugares no existía de hecho, y en otros se dejaba corromper y con frecuencia estaba constituida por elementos prácticamente analfabetos.

Los intereses económicos de los militares

La participación de los militares en la gestión económica del país era muy clara. Los militares trataban de enriquecerse con negocios que pudiesen aumentar sus ingresos. En un país fundamentalmente agrícola, formado por una clase mayoritariamente campesina, los militares procedían de la misma.

Por ello su sueño era convertirse en un «finquero», dedicarse a la cría de ganado, que era el oficio más beneficioso y el que exigía menos trabajo. El servicio militar en Guatemala legalmente es libre y voluntario. Entrar en el ejército voluntariamente significaba entrar a formar parte de una clase privilegiada. Tras unos años de servicio se solían retirar a sus negocios. Todo era visto en términos económicos.

Por ello muchos militares se solían retirar todavía jóvenes, pero con buenas entradas económicas. Eran los comisionados militares. Si alguien se oponía a sus negocios era acusado de «comunista» o de «guerrillero» y presentarlo como enemigo de la Seguridad Nacional, para que los llamados «Escuadrones de la muerte» acabasen con él. Estos estaban formados por exmilitares de bajo grado, a los que se les encargaba ejecutar lo que habían decidido los comisionados militares que eran militares de rango más alto.

A veces era suficiente que uno entrase en contraste de intereses con alguno de los militares para sentenciarlo a un fin trágico. Por ello se impuso una política vivida bajo el silencio culpable y el miedo. Aquellos comisionados se encontraban totalmente salvaguardados, lo mismo por las autoridades judiciales centrales, como la de los departamentos, que les aseguraban su impunidad y protección.

Se crearon así como dos estratos en la población rural: los grandes terratenientes, los comisionados y los elementos de los escuadrones (que con frecuencia eran modestos propietarios de tierras) y los comerciantes. Luego estaban los campesinos, braceros, obreros, maestros de escuela y pequeños profesionales, que no tenían que ver nada con el ejército.

El primer grupo no soportaba a los intelectuales, sintiendo ante ellos un claro complejo de inferioridad. Eran también muy cautos y sagaces con el segundo grupo para que no alcanzase un grado de cultura que podía hacerles peligrosos como los primeros.

Cuando la rebelión logró alcanzar una fuerza notable y se entreveía que los militares podían perder el control de la situación, éstos vieron en todo intelectual y en todo promotor social un enemigo potencial. La ignorancia de los militares y de los comisionados, los intereses personales, el miedo del comunismo, el de posibles venganzas en el caso de cambios en la situación política del país, llevó al primer grupo a suprimir físicamente todo individuo sospechoso.

La actividad pastoral de la Iglesia católica, sus iniciativas educativas, sostenidas sobre todo por los Institutos religiosos, y la actividad de Cáritas, así como la de los catequistas, ministros de la Palabra y de los movimientos como la Acción Católica Guatemalteca, sobre todo, incluían la promoción humana y la defensa de los derechos humanos, siguiendo la centenaria tradición de la Iglesia en el Continente americano.

Además, cualquier asociación católica humanitaria tenía muy claro el deber de defender y promover a las personas y a las sociedades, sobre todo aquellas donde abundaban los emarginados y los pobres, de los indígenas de origen maya y los mestizos. A este grupo pertenece el 80 por ciento de la población de Guatemala.

Por ello la Iglesia, en sus varios componentes activos, era vista como un enemigo que había que controlar, someter y si fuese necesario eliminar. Se le acusaba de ser promotora del comunismo y de la guerrilla, o al menos su terreno de cultivo.

La actitud de la Iglesia Católica

La Iglesia no podía aceptar tales corrientes de pensamiento. Escriben los Obispos del CELAM en el «Documento de Puebla»: “Las ideologías de la Seguridad Nacional han contribuido a fortalecer en muchos casos el carácter totalitario de los regímenes de fuerza que han causado el abuso del poder y la violación de los derechos humanos. En algunos casos pretenden cubrir sus actitudes con una profesión de fe cristiana subjetiva”.

En realidad, no fueron muchas las personas de Iglesia que se dieron cuenta de la situación que se estaba creando y del peligro que se acercaba. Tal corriente de pensamiento se difundió entre los militares, pero se la consideraba como «algo de los cuarteles». Cuando los obispos cayeron en la cuenta, aquella mentalidad estaba ya bien radicada en los mandos militares, haciendo delicado y peligroso un pronunciamiento episcopal sobre el tema.

Muchos sacerdotes continuaban pensando que sólo el comunismo era el peligro para la Iglesia. Ni la teoría ni los militares se oponían directamente a la religión, y ellos mismos se consideraban paladines de la cultura cristiana con el deber de vigilar su pureza e impedir infiltraciones peligrosas en la misma Iglesia. Como escribe Joseph Comblin, “La ideología de la seguridad nacional y el sistema que la pone en práctica no excluye la religión.”

Al revés, ellos se presentan como los defensores de la civilización cristiana contra el comunismo y el ateísmo, y los promotores de una nueva sociedad construida a partir de los principios cristianos que son los constitutivos de la tradición nacional. Como prueba de esas intenciones, ellos ofrecen a las instituciones eclesiásticas favores y privilegios, prestigio y apoyo. Pero el cristianismo que el sistema de seguridad nacional quiere promover es esencialmente una cultura.

“El cristianismo de los militares pasa a ser sinónimo de una particular especie de catolicismo cerrado y tradicional. En él predominan los valores que asocian la religión con la defensa del orden establecido, en particular la categoría de «propiedad privada». Semejantes concepciones van acompañadas por la idea de que la jerarquía eclesiástica debe establecer una relación preferente con las autoridades políticas de origen militar, y que al proclamarse estas como oficialmente católicas deben merecer un respaldo oficial de la Iglesia, en todos sus actos, por parte de los órganos y autoridades de la jerarquía clerical”.

Amaral Gurgel en «Segurança e Democracia» escribe: “Se espera de la religión que tenga presencia y ascendencia suficiente en la vida social para que los valores morales y en general todos los valores que interesan la vida espiritual del hombre y del grupo no estén entregados únicamente a la buena voluntad de las personas, sino que tenga en la Divinidad su inspiración infalible y la garantía de su triunfo final”.

La Tercera Conferencia del CELAM realizada en Puebla en 1979 dará un claro juicio sobre el fenómeno cuando escribe: “En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional», que es, de hecho, más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en ciertos países de América Latina como doctrina defensora de la civilización occidental cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concepto de «guerra permanente». En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo geopolítico”.

En tal situación descrita ya habían comenzado a aparecer en algunos ambientes católicos, las primeras expresiones de lo que más tarde entraría a formar parte de la llamada «teología de la liberación». Una tendencia de la misma pretendía explicar el cristianismo usando terminología y conceptos tomados del pensamiento dialéctico del marxismo. Algunos sacerdotes, religiosas y seglares comprometidos en la acción apostólica optaron por adherirse a grupos de ideología marxista militante, y algunos incluso entraron a formar parte de grupos guerrilleros comunistas.

Estos dos aspectos: el uso de la terminología marxista en el lenguaje de algunos clérigos escritores, y la militancia activa de otros en las filas marxistas, llevaron a muchos militares y políticos a juzgar a la Iglesia católica de manera sospechosa y como aliada del mundo marxista conspirador. Había que combatirla por ello o al menos purificarla.

La misma “opción preferencial por los pobres”, era considerada por aquellos ambientes como una clara manifestación de apoyo al comunismo. Comenzó así a acentuarse la represión armada contra los círculos sociales más activos de la Iglesia. Los «escuadrones de la muerte» secuestraban durante la noche en sus casas a muchos activistas católicos. Los catequistas y todos los miembros activos de la Iglesia que trabajaban en favor de los pobres en cooperativas y otras obras de promoción social, desaparecían o eran sin más asesinados. Sus cuerpos aparecían tirados en los caminos.

Los católicos comprometidos en el trabajo social comenzaron a temer las represalias, y sobre todo aquellas detenciones arbitrarias nocturnas, que comportaban también torturas para obligar a las víctimas a delatar a otros miembros de las varias asociaciones católicas considerados peligrosos.

Entre estas personas se señalaban a los catequistas como la primera clase que debía ser eliminada, en cuanto eran los líderes de las comunidades cristianas que surgían siempre más responsables. Si un sacerdote, catequista o miembro de la Acción Católica ayudaba a la gente a defender sus derechos y lo poco que tenían en las tierras, o porque defendían a los pobres o se empeñaban en obras educativas del mundo indígena, eran tildados de «comunistas» y sin más eran asesinados.

Tales fueron los motivos que llevaron, entre muchos casos, al asesinato de varios sacerdotes y religiosos cuyos procesos de canonización como mártires ya han sido examinados por Roma. Tales son los casos del franciscano Padre Tulio Marzano y su catequista Luis Obdulio Arroyo, del Padre Stanley Rother, del Hermano Santiago Miller.

Otros en vías de serlo son tres misioneros del Sagrado Corazón (MSC): los padres José María Gran Cirera, Faustino Villanueva Villanueva, y Juan Alonso Fernández). Pero son muchos otros; en una lista presentada al Santo Padre Juan Pablo II el 6 de febrero de 1996 pidiendo la introducción de sus Procesos de martirio, sumaban 77 casos, documentados en 5 diócesis, la mayor parte asesinados en Santa Cruz del Quiché (42 casos) y en Izabal (25 casos).

Otra forma de combatir a la Iglesia católica fue favorecer la entrada de las sectas protestantes y gnósticas, con el fin de quitar al Iglesia su papel tradicional en la sociedad guatemalteca y reducirla al silencio. En tal contexto se encuadra la formación y la difusión de las corrientes de la «teología de la liberación» en sus expresiones más radicales, lo que ayudó a los círculos militares a convencerse más en sus acciones represivas contra la Iglesia.

BIBLIOGRAFÍA

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FIDEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ