CENTROAMÉRICA; Iglesia y Estados liberales

América Central: encarnación y desarrollo de las ideologías liberal y conservadora

En Nicaragua, el proceso llamado «revolución liberal» inició con el gobierno conservadores de Pedro Joaquín Chamorro (1871-1875), pero fue consolidado bajo el de José Santos Zelaya (1893-1909). En las Repúblicas de El Salvador y Costa Rica el liberalismo radical predomina entre los años 1870 al 1920 y en la República de Guatemala, bajo el poder de Justo Rufino Barrios (1873-1885) y bajo Manuel Estrada Cabrera (1898-1920).

Las principales medidas asumidas por los gobiernos liberales fueron:

a) la privatización de las tierras ubicadas en las zonas de alto contenido de minerales, los lugares donde se cultivaba el café y los productos fruto hortícolas; como consecuencia, los indígenas dueños ancestrales de estas tierras fueron despojados de ellas y expulsados; se le incautó también a la Iglesia las tierras que le pertenecían; todos estos lugares pasaron a formar parte de privados sumamente acaudalados;

b) se procuró estimular la exportación, en particular de los productos cafeteros y fruto hortícolas, con la ayuda y la instrucción de manejo de semillas y almácigos; se procuró estimular la llegada de inmigrantes y se apoyó el ingreso de tecnología y capitales extranjeros;

c) se estimuló la construcción de puertos, caminos, vías férreas, telégrafos, etc. que facilitaran una mayor exportación de los productos del país;

d) con la creación de un sistema crediticio se dio pie a los primeros Bancos en la región, controlados siempre por capitales extranjeros.

Las pretendidas reformas implicaban la abundante oferta de tierras y la mano de obra indígena, mestiza y mulata, que resultaba abundante y barata. La penetración de capitales extranjeros, en particular de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania tuvo su inicio con la inversión de capital y tecnología en la construcción de obras públicas y de infraestructura.

Se creaba así un Estado de corte capitalista, liberal y laicizado, permitiendo sólo el afianzamiento y el crecimiento de estilo autoritario y dictatorial. Así, Guatemala en 140 años de historia soportó los regímenes dictatoriales del general Rafael Carrera, el de Justo Rufino Barros, el de Estrada Cabrera, y el de Jorge Ubico.El ejército fue el protagonista político absoluto de esta historia.

El Salvador, desde 1864 hasta 1962, había tenido 14 Constituciones diversas, sin un gobierno elegido libremente. En Nicaragua dos partidos se han disputado el poder: el liberal y el conservador. En realidad, fue más una lucha de caudillos que de ideologías. Costa Rica, en su historia ha tenido diversas Constituciones, una de las cuales rigió durante setenta y ocho años (1871-1949). En síntesis, a las naciones Centroamericanas, le cabe el juicio que formulara P. Cuadra sobre la República de Nicaragua: “Nuestras innumerables Constituciones hechas con un criterio jurídico abstracto y enajenado -que desvincula trágicamente el país real del país oficial- no reflejan, antes evitan, la historia y las esencias populares y nacionales”.

Otro problema constituía la presencia en numerosos casos de la intervención y ocupación militar por parte de Estados Unidos, empujada por los intereses geopolíticos y comerciales.“Entre 1909 y 1933 la dominación estadounidense tomó el carácter de dominación colonial puesto que el gobierno estadounidense imponía el alto personal de los aparatos del poder político en Nicaragua, Panamá y en otros países del área y las sociedades estaban directamente controladas por el poder extranjero gracias a la presencia militar directa”.

Otro historiador latinoamericano escribe: “En grandes rasgos, el escenario del continente puede caracterizarse, por un lado, por el liberalismo generalmente oligárquico, ocupado casi dominantemente por la construcción política, y por otro por la irrupción de un socialismo que representa como un modelo alternativo de organización social. Mientras el primero despoja a los sectores populares de las antiguas garantías jurídicas y rompe con viejas prácticas de convivencia entre poseedores y desposeídos, entre Iglesia y Estado, creando conflictos nuevos en materia social, el socialismo, que cuestiona a la Iglesia se presenta como destinado a arrebatarle al catolicismo grandes porciones de los sectores populares apenas evangelizados e indefensos ante ese programa social”.

En síntesis, al momento de celebrarse el Concilio Plenario Latinoamericano (1899), la Iglesia en Centroamérica se encontraba en un verdadero estado de abatimiento, quizás como ninguna otra región de Latinoamérica. Sin embargo, al momento de la independencia la América Central había llevado a cabo una explícita y manifiesta confesión católica, que era constitutiva de su misma historia.

Muy pronto un liberalismo de sesgo anticlerical violento se abre camino e impondrá sus criterios a la convulsionada historia política de estas insignificantes y pequeñas «repúblicas bananeras», como despectivamente fueron llamadas por algunos. «República bananera» era un término peyorativo para un país que era considerado políticamente inestable, empobrecido y atrasado, cuya economía dependía de unos pocos productos de escaso valor agregado (simbolizados por las bananas), gobernado por un dictador o una junta militar, muchas veces formando gobiernos fraudulentos.

En este cuadro político sumamente inestable, la Iglesia se sentía atenazada dentro de las diversas constituciones que gobernaban los pequeños Estados liberales; se podría decir abocada a una prueba de fuerza en las que llevaba todas las de perder. En estos cinco Estados de Centroamérica, en aquel entonces existían sólo cinco Diócesis distribuidas en cinco millones de kilómetros cuadrados; el clero era casi inexistente e insignificante, y no existían los Seminarios donde poderlo formar.

La crisis era severa y no se veía un futuro, a corto plazo, promisorio. Los pocos Obispos sufrían todo tipo de vejaciones, expulsiones, desprecios, prohibiciones de todo tipo y persecuciones. Las legislaciones liberales vigentes habían disuelto o desterrado las Órdenes religiosas. Las instituciones eclesiales carecían casi por completo de los recursos económicos como para poder ofrecer un servicio válido y constante, por haber sufrido el despojo de sus bienes, y sin el sustento jurídico que avalase su tarea, debido a las leyes de separación hostil entre la Iglesia y el Estado y por la anulación unilateral de los Concordatos –cuando los había- firmados anteriormente.

Los concordatos entre la Santa Sede y las Repúblicas Centroamericanas en el siglo XIX fueron los siguientes: con la República de Costa Rica (7 de octubre de 1852); con la República de Guatemala (7 octubre 1852); con Honduras (9 julio 1861); con Nicaragua (2 de noviembre 1861); con San Salvador (22 de abril 1862); con Guatemala (2 de julio de 1884).

Las nuevas generaciones eran educadas en una visión irreligiosa o agnóstica de la vida, y la tradición de la familia cristiana era minada por la ideología masónica anticristiana, el laicismo y el secularismo, imponiendo leyes contra las tradiciones seculares de estos pueblos: el matrimonio civil, el divorcio, la expulsión del clero extranjero, el desconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, la secularización de los registros de nacimiento y defunción, y de los cementerios entre otras disposiciones legales en clave anti-eclesiástica.

A pesar de todos estos planes para arrancar la fe de las personas y secularizar las antiguas Instituciones muy ligadas a la tradición católica, la gran masa popular seguía aferrada a su fiel memoria católica, y no titubeaba en ofrecer pruebas de fe y adhesión a la Iglesia Católica en muchas ocasiones.

El liberalismo y las relaciones entre los Estados y la Iglesia: proyección en Centroamérica

La acción pastoral llevada a cabo por la Iglesia en América Latina y sus principales preocupaciones pueden detectarse en las Actas del Concilio Plenario del año 1899. De todos modos, la sociedad latinoamericana a lo largo del «extendido siglo liberal» estuvo sometida a un sistema golpista, y a pronunciamientos militares y guerras civiles endémicas, que afectaron notablemente las relaciones con la vida de la Iglesia.

La agresiva intolerancia del laicismo ha dejado su impronta y consecuencias claramente negativas. La lucha de este laicismo por destruir lo que llamaban la «teocracia», el «clericalismo» y el «ultramontanismo», usó todos los medios a su alcance para conseguirlo. Algunos de estos gobiernos denunciaron y denostaron los Concordatos firmados con la Santa Sede, o bien, establecida la ley de separación hostil entre el Estado y la Iglesia, quisieron restablecer las antiguas leyes del Patronato en nueva versión republicana.

En Guatemala dio inicio una nueva forma de persecución contra una comunidad despojada de todo apoyo legal. En muchos católicos reinaba la convicción que existía un liberalismo internacionalmente organizado para destruir la Iglesia. La revista de los jesuitas en Roma, «La Civiltá Cattolica» escribía: “Todos los liberales de Colombia, del Ecuador, de Venezuela y de Nicaragua pueden considerarse como miembros de una dilatada familia, y cuando algunos de los de estos países empuñan las armas contra los compatriotas conservadores, tienen la ayuda visible de los gobiernos liberales limítrofes”.

Algunos elementos que debemos tener presente son: en la República de Guatemala desde 1871, el liberalismo triunfante había expulsado a los jesuitas, bajo el presidente Miguel García Granados. Durante ese mismo año había sido también expulsado el obispo Bernardo Piñol y Aycinena. En el mes de diciembre de 1871 fueron confiscados los bienes de la Compañía de Jesús, extinguidos los oratorios de San Felipe Neri, y suprimidas todas las Comunidades religiosas.

En este tiempo, León XIII nombró a Don Ricardo Casanova y Estrada arzobispo de Guatemala, quien supo tratar con tino la delicada y hostil situación política.Cuando fue expulsado por el gobierno el 4 de septiembre de 1887, Guatemala quedó sin Arzobispo, sin Cabildo eclesiástico, sin religiosos ni religiosas. Diez años luego de su destierro, le fue revocada la pena y pudo volver a su arquidiócesis, pero al año siguiente el presidente fue asesinado y asumió la presidencia Manuel Estrada Cabrera, quien en los siguientes veinte años iba a continuar con las persecuciones a la Iglesia.

La República de El Salvador contaba con una sola diócesis desde 1842, sufragánea de la de Guatemala. También esta república padeció los embates del laicismo hostil, y aunque en 1862 había firmado un Concordato con la Santa Sede, la Constitución del 1886 impuso el matrimonio civil, la educación laica, prohibió el ingreso de Congregaciones religiosas y legalizaba el aborto, algo extremamente grave y radicalmente novedoso incluso dentro de las legislaciones laicistas más radicales del tiempo. Desde 1888 la diócesis contó con un gran obispo, Don Antonio Adolfo Pérez, cuyo buen gobierno ayudó mucho la Iglesia en aquellas difíciles circunstancias.

La República de Nicaragua había firmado un Concordato con la Santa Sede en 1861, pero en 1893 llegó al poder el liberal radical José Santos Zelaya, influenciado por la masonería de Guatemala. Ya en 1881 habían sido expulsados los Jesuitas y la enseñanza superior había sido confiada a elementos liberales-masónicos que crearon un ambiente radicalmente antirreligioso. En 1894 fue expulsado el obispo Don Francisco Ulloa, y cinco años más tarde fueron suprimidas todas las órdenes religiosas del país. La actitud anticatólica del Presidente repercutirá fuertemente en la descristianización de buena parte de la clase burguesa culta de la República.

En la República de Honduras estaban en vigor desde 1880 las típicas leyes liberales de la época, y otras que desconocían el Concordato firmado en el 1861. Al igual que en las Repúblicas vecinas, fueron suprimidas las comunidades religiosas, los diezmos, se introdujo el matrimonio civil y se secularizaron los conventos existentes.

En la República de Costa Rica, que fue una de las más moderadas, las cosas no se presentaban mucho mejor. Entre 1882 y 1886 se introdujeron las acostumbradas «leyes liberales» con la denuncia del Concordato firmado en 1852 y la extinción del estatuto nacional que reconocía la confesionalidad del Estado y que databa de 1871. Fueron también expulsados los Jesuitas, suprimidas las órdenes religiosas, entre las que se contó la Congregación de los Paules o Lazaristas que dirigía el seminario diocesano.

De igual modo fue expulsado en julio de 1884 Don Bernardo Thiel, Obispo de San José,pero pudo regresar el 27 de mayo de 1886. En esta República pesó el «hecho católico» de la nación, por lo que, con el paso del tiempo, fueron levantadas las leyes anticatólicas y hasta se creó un partido político llamado «La Unión Católica», al que se vincularon muchos militantes cristianos activos. En esta nación centroamericana se logró una cierta coexistencia entre la Iglesia y el sistema liberal, y aunque las leyes estuvieron vigentes hasta 1940 no se encontraron actitudes violentas; sin embargo, también aquí la política oficial liberal-laicista dejó su huella en las capas socialmente influyentes.

Los partidos políticos y su influjo en América Central

Después de las independencias de los países latinoamericanos, la atención de los principales políticos se dirigió en contra de los modelos monárquicos, reinantes hasta antes de los procesos emancipadores. Pronto se hizo presente y de forma radical el fenómeno de los partidos políticos, ya fueran liberales o conservadores, quienes se entrelazaron de modo antagónico e irreconciliable. En este antagonismo y separación juegan un papel fundamental las diversas «familias» criollas, verdaderas castas económico-políticas y futuras gestoras del poder. En esta lucha económico-política es posible encontrar en buena parte la causa de la inestabilidad política.

Otra de las causas fue sin duda el fuerte influjo de los Estados Unidos, que interviene continuamente en el camino de las nuevas repúblicas quitando y poniendo gobernantes según sus intereses, y conforme a la estrategia que aquel Gobierno perseguía en América Central. Otro factor de primera importancia fue el influjo indiscutible y preponderante de algunas grandes compañías comerciales de los Estados Unidos como la «United Fruit Company». Todo este ensamblado de factores ayuda a explicar la empobrecida situación económica que golpeó tan duramente la mayoría de la población, especialmente la indígena.

La primera generación de liberales criollos contaba entre sus filas un notable número de hombres pertenecientes al clero quienes, en algunas regiones constituían una mayoría; muchos de ellos sostenían que se debía imitar la tolerancia religiosa de Estados Unidos y decretar la separación entre la Iglesia y el Estado,mientras que otro grupo del alto clero sostenía ideas fuertemente conservadoras, afines a las del «Antiguo Régimen».

Los conservadores se mostraban preocupados, sobre todo por cuestiones de orden político y económico. Encarnaban esencialmente una postura de un gobierno autoritario, centralizado y en manos de pocas personas, sostenidas por un ejército fuerte, asunto que implicaba un predominio dictatorial del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial, que existían simplemente como teoría. La lucha entre ambas tendencias era evidente y continuará a lo largo de los siglos siguientes.

Muy pronto, algunos eclesiásticos, desilusionados por los continuos desórdenes políticos, que ellos acusaban a la decadencia de la moralidad, tendieron pronto a abandonar la militancia liberal. La llegada de muchos eclesiásticos extranjeros venidos a suplir la falta de sacerdotes, y que venían dotados, generalmente, de una formación más consistente y con las experiencias vividas en Europa, influyeron también en estas tendencias conservadoras, frente a las ideas liberales-ilustradas de unos pocos clérigos americanos de la vieja escuela.

Las ideas liberales y la Iglesia católica en América Latina

La posición conservadora, adoptada por parte de los eclesiásticos, puede ser considerada como una reacción contra el cambio propugnado por la nueva generación de liberales que pretendía una transformación en la organización tradicional y el influjo de la Iglesia, como condición inevitable para la concreción de su programa de progreso. Estaban convencidos que no era posible democratizar la sociedad civil, hasta tanto la Iglesia no hubiese cambiado la suya.

Se proponían abolir los llamados privilegios eclesiásticos como la inmunidad eclesiástica, liquidar las estructuras corporativas tradicionales; en nombre de la libertad de pensamiento reclamaban la autonomía y libertad de pensamiento, también en campo doctrinal y no sólo en las dimensiones seculares. Afirmaban que la posesión de riqueza por parte de la Iglesia y el ejercicio del poder temporal eran contrarios al ideal cristiano.

Querían despojar a la Iglesia de sus bienes, también para que no le fuese posible la asistencia social y la caridad, porque según aquella mentalidad esto favorecía la pereza, retardaba la asimilación de ideas capitalistas, impedía la libre competencia, frenaba el progreso económico. Querían también poner trabas e incluso interrumpir las relaciones o comunicación de la jerarquía eclesiástica local con la Santa Sede, que, como en tiempos del Patronato, debían pasar a través del Estado.

Los antagonismos y las posiciones se radicalizaron; los liberales estaban convencidos que la sociedad propuesta por ellos sería imposible mientras la Iglesia continuase con las mismas prerrogativas del antiguo régimen y no hubiera aceptado las reformas radicales que ellos proponían; por su parte los eclesiásticos estaban convencidos que aquellas ideas llevaban al derrumbe de las antiguas estructuras eclesiásticas, y con ellas a reducir la vida de la Iglesia a una situación práctica de vida encerrada en las sacristías y sin influjo alguno en la vida social.

No pocos eclesiásticos se aliaron con los políticos conservadores, y de aquí el ser tildados como políticos «clericales». Ello produciría una dramática situación en la vida social al ser equiparada la Iglesia con la defensa de las clases conservadoras pudientes. Por su parte, las ideas de los liberales se presentaban como sostenedoras positivas de las propuestas de progreso social, lo cual resultaba históricamente falso.

El liberalismo ayudó de hecho a una evolución de los sistemas económicos de producción y de avances transformantes en la vida social, pero ayudó también al desarrollo vertiginoso de la «cuestión social», produciendo dramáticos desequilibrios sociales y el nacimiento de una clase proletaria siempre más amplia y marginada y con un sinfín de lacras sociales. Toda América Latina sufrió las desastrosas consecuencias del conflicto entre las corrientes políticas y sociales de liberales y conservadores, que se plasmaron políticamente en los dos partidos que lucharán por el poder a lo largo del siglo liberal.

Los liberales, sobre todo cuando hacen suyo el programa del positivismo, muy difundido entre la burguesía liberal en América Latina, trajeron sin duda algunas ventajas y progresos técnicos en el desarrollo material. Pero se mostraron renuentes y poco dispuestos a mejorar las condiciones de vida de la clase más desfavorecida y pobre. Luego de haber transitado el paternalismo, asociado al positivismo de Augusto Comte, optaron por el camino del «darwinismo social» de Herbert Spencer.

Por su parte, los conservadores pretendían en el fondo perpetuar el ya decaído sistema social del Antiguo Régimen, de formas anquilosadas y que sólo podía producir una sociedad petrificada y decadente. Estas situaciones antagónicas y contradictorias producían de hecho graves desequilibrios sociales y en la «cuestión eclesiástica» los efectos eran negativos y equivalentes en ambos bandos: el control de la Iglesia y el querer reducirla a un ámbito individual y devocional.

Las sectas protestantes y América Latina

El ingreso del protestantismo fundamentalista, fuertemente proselitista, fue apoyada en América Latina por los gobiernos liberales, anticlericales al principio y luego anti-católicos, y se acentuó en la segunda mitad del siglo XIX. En este recorrido histórico tuvo un papel importante la política colonial de los Estados Unidos, que juzgó la presencia de las sectas protestantes como una poderosa «quinta columna» que era útil a su política de penetración y control del Continente Latinoamericano.

Es posible destacar dos momentos de este asentamiento y posterior expansión en Latinoamérica. Un primer período puede situarse desde el inicio de las independencias hasta pasada la mitad del siglo XIX; es una etapa de iniciativas privadas o de grupos exiguos, más que una expansión sistemática.Un segundo momento es el que se inician formalmente las misiones de diversas sectas protestantes procedentes de los Estados Unidos.

Los grupos protestantes norteamericanos, por ser parte integrante del complejo socioeconómico, político y cultural, formaban parte de la estrategia militar. La elite intelectual entendía que una conversión religiosa era un modo de lograr la transformación educativa, política militar y económica del continente americano.

Otra convicción que traían era el sentimiento surgido del «destino manifiesto» que atribuía el progreso económico y social de los Estados Unidos a la fe evangélica, y a la que la historia se habría encargado de demostrar con hechos su «providencialidad».Estos acontecimientos fortalecieron un gran optimismo misionero y aumentaba la convicción de que el protestantismo era la única solución para los problemas de los países latinoamericanos.

Las sectas norteamericanas, caracterizadas por un fuerte anticatolicismo, lograron establecerse en varios países latinoamericanos con el apoyo y la anuencia de los gobiernos liberales de la época.En general eran vistas como elementos de progreso o de ayuda económico-social, y como tal se les facilitaba la entrada.

En la República de Guatemala, el presidente Estrada Cabrera, con la finalidad de superar la crisis económica que había heredado de su antecesor, había concedido a compañías norteamericanas la construcción y gestión de instalaciones portuarias, líneas ferroviarias, latifundios, así como la exención de impuestos. Esta penetración de corte colonialista fue secundada por otra de signo religioso protestante. Durante el 1900, la Santa Sede solicitó al metropolitano guatemalteco un informe acerca de la presencia protestante en América Central, pero hasta la llegada de Monseñor Juan Cagliero, Delegado Apostólico, no se logró contar con datos fehacientes del fenómeno.

Tres fueron las características sobresalientes de estos grupos protestantes: ser extranjeros, actuar al amparo de gobiernos contrarios a la Iglesia, y que se mostraban agresivamente anticatólicos. Resulta significativa la expresión del presidente norteamericano Theodor Roosevelt, en una entrevista mantenida en Argentina (Lago Nahuel Huapí), durante el año 1904, en la que manifestó: “La absorción de la América Latina sería muy difícil, mientras estos países sean católicos”.

Tras el gran cambio causado por la primera guerra mundial (1914-1918), también las confesiones protestantes sufrieron un impacto y crisis notable, pero muchas confesiones fundamentalistas pudieron reponerse e incluso relanzar sus propuestas religiosas en un mundo destrozado por la guerra y los totalitarismos. Los cambios sociales y sus desafíos que marcaron el período para las iglesias protestantes, pueden ser identificados en varias realidades. Ante todo, con la industrialización y el colonialismo imperialista: durante el siglo XIX el continente Europeo había logrado una gran expansión colonial en los campos político, militar y económico en buena parte del globo.

La iglesia se había desconectado de los feligreses. El sindicalismo, las organizaciones, los partidos políticos y las ideologías de corte socialista y comunista ocupaban ahora el lugar de la vida social del nuevo proletariado. Muy pronto se dio el divorcio entre las iglesias cristianas y los trabajadores. En las Iglesias cristianas históricas, generalmente permanecían fieles sólo las clases medias y burguesas. Pertenecer a la Iglesia para estas personas significaba una señal de estatus y distinción; incluso a veces de separación de los sectores más proletarios.

Es el tiempo del triunfo de los grandes totalitarismos en nombre de un cambio social radical. La cantidad de personas pobres y necesitadas creció vertiginosamente. En América, el Consejo Federal de Iglesias creó diversos programas para afrontar el problema y buscar soluciones válidas. Aquí se puede situar el nuevo «revival» del protestantismo en su presencia proselitista en América Latina.

Relaciones Diplomáticas entre la Santa Sede y las Repúblicas de América Central y la erección de las Nunciaturas Apostólicas

Tras la restauración de la Iglesia en el campo diplomático a la caída de Napoleón Bonaparte, la diplomacia de la Iglesia pudo nuevamente retomar su normal actividad. Con la reorganización de los órganos centrales de la diplomacia pontificia tiene lugar la nueva sistematización de las Nunciaturas apostólicas. En las cinco Repúblicas Centroamericanas el inicio de dichas relaciones fue variando de acuerdo a los cambios políticos de cada nuevo Estado.

República de Costa Rica:

Durante el 1882 la Santa Sede tomó la iniciativa de establecer relaciones diplomáticas destinando a Mons. José Magno,como Delegado Apostólico y Enviado Extraordinario, pero declinó el encargo. En el año 1884 fue nombrado Delegado Apostólico y Enviado Extraordinario Mons. Teodoro Valfré de Bonzo,pero debido a los movimientos antirreligiosos, suspendió la partida hacia su destino; en el Consistorio del 27 de Marzo de 1885 fue preconizado Obispo de Cúneo (Italia). Fue Mons. Cagliero el primer Delegado Apostólico y Enviado Extraordinario que dio comienzo a las relaciones diplomáticas con Costa Rica,presentando las Credenciales ante el Presidente de la República, Cleto González Viñes.

República de El Salvador:

El inicio de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y esta República Centroamericana tuvieron lugar en el año 1922, siendo nombrado Internuncio, Mons. Ángel Rotta, Internuncio apostólico en América Central: atendiendo las Repúblicas de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

República de Guatemala:

La erección de la Nunciatura Apostólica de esta República tuvo lugar el 15 de marzo de 1936, siendo elegido para tal responsabilidad Mons. Alberto Levame.

República de Honduras:

Mons. Juan Cagliero fue el primer Delegado Apostólico y Enviado Extraordinario que inauguró las relaciones diplomáticas con la República de Honduras. El comienzo de las relaciones diplomáticas tuvo lugar el 19 de diciembre de 1908.

República de Nicaragua:

De igual manera le cupo a Mons. Juan Cagliero inaugurar las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Nicaragua el 26 de Diciembre de 1908. Luego del mandato de Mons. Juan Cagliero en América Central, la Delegación Apostólica quedó vacante hasta la llegada de Mons. Juan Bautista Marenco, nombrado Internuncio apostólico ante las Repúblicas de Costa Rica, Honduras y Nicaragua, el 2 de febrero de 1917.

En el año 1933, bajo el Internuncio apostólico en América Central, Carlo Chiarlo: Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y El Salvador (y Delegado apostólico en Guatemala, con el título personal de Nuncio apostólico y con residencia en Costa Rica), la Santa Sede decidió elevar las Internunciaturas de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y El Salvador, a Nunciaturas apostólicas y de distribuirlas en dos grupos: Nunciaturas Apostólicas de Costa Rica, Nicaragua y Panamá, a cargo de Mons. Carlo Chiaro; y las Nunciaturas Apostólicas de Honduras, y El Salvador con la Delegación Apostólica de Guatemala, bajo la responsabilidad de Mons. Alberto Levame.

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JULIO CÉSAR CABRERA FLOREAN