TRATA DE ESCLAVOS: La participación de España

Primeras acciones

En 1487, cuando el rey Fernando el Católico reconquistó Málaga, en el sur de la península ibérica, esclavizó a la población como castigo excepcional por las especiales circunstancias de aquella conquista. Envió una tercera parte a África para cambiarlos por prisioneros cristianos liberándolos de su esclavitud, y otro tercio (más de 4000) fue vendido por la Corona para ayudar a sufragar el coste de la guerra; el tercio restante se distribuyó como regalos a los reinos europeos.

El 22 de enero de 1510, el mismo rey autorizó el transporte de cincuenta esclavos negros “los mejores y los más fuertes disponibles”, para las minas de «La Española», lo que significó el primer envío de esclavos a la actual República Dominicana.

El Tratado de Tordesillas

No obstante, de entre las potencias colonizadoras, España fue la menos esclavista como consecuencia de la firma del Tratado de Tordesillas en 1494, que entre otros límites, impedía el transporte de esclavos desde África,.

Tratados posteriores, como el firmado en 1713 con Inglaterra, cedían la totalidad del comercio de esclavos de raza negra a esa potencia. Como consecuencia directa de esta política, en las regiones conquistadas por España apenas existieron negros, como se comprueba en el caso de México, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, a diferencia de lo que sucedió en las colonias portuguesas (Brasil), holandesas (Guayanas, las Antillas), francesas (sureste de los EE.UU.), e inglesas (este de los EE.UU., Jamaica y Belice).

Gran parte de la población de raza negra hoy en día asentada en países como Colombia, Venezuela y en varios de Centroamérica, procede de acontecimientos de los primeros años posteriores a las independencias hispanoamericanas, o bien al hundimiento de barcos esclavistas en tránsito, como el ocurrido en Esmeraldas, Ecuador. Precisamente, los movimientos independentistas contra la Corona española en algunas zonas de Hispanoamérica, comenzaron con las quejas de grandes hacendados que no podían competir comercialmente con los hacendados de territorios que no formaban parte de la América española, ya que estos últimos sí disponían de abundante mano de obra fuerte y barata.

El sistema de Encomienda

Frente al vacío legal de los primeros tiempos de la conquista, debido a las protestas realizadas entre otros por los misioneros dominicos, el Papa Paulo III en 1537 promulgó la bula «Sublimis Deus», en la que se declara la humanidad de los indígenas y declaraba contra el derecho natural toda forma de esclavitud.

Desde la metrópoli española, defenderán los derechos naturales de los indios la Escuela jurídica de Salamanca encabezada por Fray Francisco de Vitoria, y lo mismo harán en territorios de la América española muchos frailes y obispos, entre los que destaca desde los mismos comienzos de la evangelización en la Nueva España, Don Vasco de Quiroga, primero Oidor de la Segunda Audiencia y luego primer obispo de Michoacán, quien escribe en 1534 su «Información en derecho». Estas intervenciones jugarán un papel fundamental en la promulgación de las «Leyes de Indias», donde se proclamaba el derecho natural de todas las personas.

Una institución, nacida según el uso medieval y aplicada en América por los españoles fue el establecimiento del sistema de la «encomienda» por el que los indígenas eran «encomendados» (encargados, confiados) a algunos de los conquistadores y colonos, que tenían la obligación de cuidar la aplicación de un recto sistema de protección, pero que obligaba a trabajar a los indígenas pagando impuestos y otras obligaciones a los encomenderos, que eran españoles y criollos.

Estos tenían obligación de cristianizar y tratar dignamente a los indígenas, pero la segunda de estas obligaciones era frecuentemente incumplida, aunque el colono era sancionado si quebrantaba tal obligación. Muchas veces obispos, misioneros y también juristas y regentes españoles se esforzaron por obtener la supresión del sistema de encomiendas con la fuerte oposición de los colonos, obteniendo a veces resultados positivos, pero otras veces un retroceso en su restauración.

La encomienda fue muy acotada en las «Leyes Nuevas» de 1548 y abolida definitivamente en 1791. En 1784 es suprimido el «carimbo» que consistía en marcar a los esclavos con un hierro candente para demostrar que se habían pagado por él los impuestos correspondientes y evitar el contrabando de esclavos. Al final del siglo XVIII, la encomienda fue sustituida en la práctica por un sistema de servidumbre con personas de procedencia africana, justificándola afirmando que esta mano de obra gratuita era necesaria para cubrir las necesidades laborales en la explotación de cultivos y de minas.

Considerando que los nuevos estados americanos consumaron su independencia entre 1821 y 1823 y que la esclavitud no fue abolida en esos territorios hasta 1851-1888 (según cada país), la gran mayoría de este inmenso tráfico de esclavos tuvo lugar siendo ya independientes las nuevas repúblicas.

El «asiento de esclavos»

El asiento de esclavos era una concesión por la cual un conjunto de comerciantes recibía el monopolio sobre una ruta comercial de esclavos negros. El acuerdo internacional más claro y con consecuencias más trágicas, introducidas por nefastos tratados de paz internacionales, fue el «Asiento de Negros», un monopolio sobre el comercio de esclavos desde África a la América hispana y que se otorgó a Inglaterra por medio del «Tratado de Utrecht» al terminar la Guerra de Sucesión Española (1713) como compensación por su apoyo a la victoria del francés Felipe de Anjou para ocupar el trono de España (Felipe V). Con este tratado se fijaba que, anualmente, Inglaterra tenía el derecho de traficar con 4800 esclavos negros durante un periodo de treinta años.

Había también el asiento intra-nacional, dentro de un Estado o sus dominios, que era una forma de financiación en el caso de economías de escala, que daba como fruto a una compañía comercial concreta toda una serie de privilegios financieros, al tener un reconocido monopolio sobre productos concretos y que gozaba de una peculiar protección del Estado, aunque a veces esto no significase un monopolio total.

Este tipo de jurisprudencia de tasas se remonta ya al siglo XIV en Italia, pero luego, con la época de los comercios interoceánicos se extiende a todo el mundo colonial europeo, destacando la Compañía Británica de las Indias Orientales, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y también la Casa de Contratación de Sevilla. En España destacan los asientos de los genoveses (enemigos de la Corona de Aragón) y más tarde de los llamados marranos o judíos portugueses.

La Real Compañía Francesa de Guinea o la Británica South Sea Company abastecieron los mercados negreros españoles durante buena parte del siglo XVIII. Cuando Carlos III liberalizó la trata, los particulares pudieron empezar a fletar barcos para tomar parte en este comercio entre los puertos de Europa, África y América.

Pasada la Revolución de Haití, en la que los esclavos de la colonia francesa de Saint-Domingue consiguieron la independencia, comienza el ocaso del inhumano negocio. Inglaterra, más tarde, debido también al peso que se produce tras la independencia de sus Trece Colonias en Norteamérica, así como su lucha comercial contra el emergente poder francés tras la Revolución y Napoleón.

También influyó contra la trata inglesa el que algunos pensadores y organizaciones filantrópicas ejercen, y en 1817 Inglaterra comprometió a España a prohibir el tráfico de esclavos con la firma de un tratado que se incumplirá sistemáticamente: un buen número de comerciantes españoles descubrieron lo beneficioso de la actividad esclavista, sobre todo en sus posesiones ultramarinas de Cuba y Puerto Rico, consideradas por ellos como ricas colonias, dignas de las más beneficiosas ganancias comerciales.

La Sociedad Abolicionista Española, integrada entre otros intelectuales por Julio Vizcarrondo y Emilio Castelar, trabajó por crear una conciencia humanitaria que condujera al final definitivo de la esclavitud. De hecho España fue el último país europeo que acabó oficialmente con ella (en Cuba en 1886), a pesar que las antiguas Leyes de Indias la prohibían, pero admitida tras el tratado de Utrecht de1713.

La incipiente burguesía catalana

En el caso de Cataluña, miembros destacados de la burguesía de Barcelona de la primera mitad del siglo XIX que habían regresado a España tras hacer fortuna en «las Américas», habían tenido sus implicaciones en el tráfico de esclavos como Mariano Serra . Documentos notariales mostrarían que en el año 1839 habría sido el fiador de una expedición esclavista que partió del puerto de Barcelona y que habría sido interceptada por los buques de la armada británica que patrullaban las aguas del Atlántico en esa época, en la que la trata ya estaba prohibida.

Algunos estudiosos actuales sobre la materia aseguran que si uno repasa algunos de los principales miembros de la burguesía de la Barcelona del siglo XIX, descubrirá que “estuvieron de una u otra manera implicados en el tráfico de esclavos” y ponen como ejemplo el Banco de Barcelona, la primera institución financiera privada de España fundada en 1844. En su junta de gobierno participaron de forma destacada personajes vinculados al comercio de esclavos, algunos operando desde el puerto de Barcelona y otros desde La Habana o Matanzas, y que después regresaron a Barcelona.

Según Martín Rodrigo Alharilla, al que seguimos en este aspecto, «se sabe poco» sobre la participación catalana en la trata atlántica porque “los historiadores no han trabajado este asunto con la suficiente intensidad”, pero también “porque es un tema incómodo que genera cierta preocupación y rechazo en algunos sectores de las élites actuales, que intuyen o saben que sus antepasados pudieron estar involucrados” en el tráfico de esclavos.

Dorotea de Chopitea, nacida en Chile, era la hija de Pedro Nicolás de Chopitea y llegó junto a sus padres y sus hermanos a Barcelona en 1819, cuando tenía 3 años. Con tan solo 16 se casó con José María Serra, hijo de Mariano Serra. Gracias a la enorme labor social que realizó, Dorotea se convirtió en uno de los personajes más respetados de la Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX. Invirtió toda la fortuna que le dejó su marido a su muerte -que era una de las mayores de la época- en construir numerosas guarderías, escuelas, talleres y hospitales para los más necesitados.

A la muerte de su marido, que la dejó usufructuaria de todos sus bienes, ella vio que podía emprender una labor social casi ilimitada con los recursos que tenía. Hizo un voto de pobreza que implicaba que todo lo que poseía era para los pobres. Si uno ve muchos de los proyectos y empresas que hay por toda Barcelona, uno se da cuenta de que efectivamente lo consiguió. Lo cierto es que Dorotea, una mujer, que pertenecía a unas élites económicas barcelonesas que se beneficiaron del comercio de esclavos, decidió desprenderse de todos sus bienes, en favor de los más necesitados.

Uno de sus últimos proyectos fue la financiación de la construcción de un templo en honor del Sagrado corazón de Jesús en la cima de la montaña del Tibidabo, en unos terrenos que cedió a los salesianos de Don Bosco, con quien mantuvo una estrecha relación en los últimos años de su vida. Este es el origen del Templo del Sagrado Corazón, que se alza imponente sobre Barcelona y que está consagrado a la expiación de los pecados. “Quizás este templo -en cuyas columnas están grabados los nombres de algunas de las mayores fortunas catalanas del siglo XIX- puede verse como un símbolo de una ciudad que, como muchas otras alrededor del mundo, está todavía debatiendo cómo hacer frente a su pasado colonial”.

Los intereses de los traficantes de esclavos (actividad que pronto quedó fuera de la ley, pero que se mantenía clandestinamente) y de los propietarios de esclavos de las Antillas españolas, fueron defendidos a lo largo del siglo XIX con gran eficacia por lo que se ha denominado historiográficamente como «partido negrero», que en vez de actuar como un partido político lo hacía como un grupo de presión.

Entre ellos destacaron personalidades tan notables como Antonio López y López (primer marqués de Comillas), que en el siglo XIX, fue uno de los empresarios y mecenas más destacados de la capital catalana, gracias a la enorme fortuna que logró amasar con sus negocios en la isla de Cuba, entre ellos, según algunos historiadores, con el tráfico de esclavos; Francisco Romero Robledo, o los hermanos Cánovas del Castillo (José y Antonio), muchos de ellos «indianos»; es decir, los españoles emigrantes a las Indias, donde lograban labrar buenas fortunas, y que a veces regresaban a España; el fenómeno durará hasta bien entrado el siglo XX. La abolición de la esclavitud en España y sus Dominios

Primeras leyes

Inglaterra, que trataba de influir en las reuniones internacionales, suscribió tratados bilaterales con España en 1814, en el que se prohibía el comercio de esclavos. La abolición legal de la esclavitud en la España peninsular llegó en 1837 y excluía a los territorios de ultramar, dada la presión ejercida por la oligarquía de Cuba y Puerto Rico que amenazaba pedir anexionarse a Estados Unidos. En la península la esclavitud de hecho había acabado con la liberación por parte del embajador del sultán de Marruecos de los esclavos musulmanes de Barcelona, Sevilla y Cádiz, mediante su compra, en 1766.

En lo que respecta a los territorios de ultramar en una fase que va desde principios del siglo XIX hasta 1860, sólo defendieron la abolición la presión británica y algunas personalidades aisladas que no tuvieron éxito. La presión inglesa logró la promulgación de la citada ley de 1837, y las no respetadas leyes de prohibición del tráfico negrero de 1817 y 1835 y de persecución del mismo de 1845 y 1867. Tras la Guerra de Secesión, Estados Unidos se sumó al Reino Unido en sus presiones abolicionistas sobre España. Abolición definitiva El 2 de abril de 1865 se crea la «Sociedad Abolicionista Española» por iniciativa del hacendado puertorriqueño Julio Vizcarrondo, trasladado a la península tras haber liberado a sus esclavos. El 10 de diciembre del mismo año funda su periódico «El abolicionista». Contó con el apoyo de políticos que fraguaron la Revolución de 1868 que destronó a Isabel II.

Como consecuencia de ello, en 1870, siendo ministro de ultramar Segismundo Moret, se promulgó una ley llamada de «libertad de vientres» que concedía la libertad a los futuros hijos de las esclavas y que irritó a los esclavistas. En 1872 el gobierno de Ruiz Zorrilla elaboró un proyecto de ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Contra este proyecto se desató una feroz oposición.

Para coordinar la acción opositora se crearon en varias ciudades de España, «Círculos Hispano Ultramarinos de ex residentes de las Antillas» y se impulsó también la constitución en varias ciudades de la «Liga Nacional» antiabolicionista. Instigaron planes de la nobleza al rey Amadeo de Saboya (1871-1873), conspiraciones, campañas de prensa y manifestaciones callejeras, como la del 11 de diciembre de 1872 en Madrid, que tuvo como réplica la que organizó en esa ciudad la Sociedad Abolicionista Española el 10 de enero de 1873. Tal crispación se explica, pues se veía en la liberación de los 31.000 esclavos puertorriqueños, un temido preámbulo de la liberación de los casi 400.000 esclavos cubanos.

Precisamente, la oposición a este proyecto de ley abolicionista fue uno de los elementos más visibles, en la prensa conservadora, de crítica al rey Amadeo I, reprochándole que no se enfrentase de forma dudosamente constitucional, a un Parlamento dominado por una alianza, en esta cuestión, de monárquico-progresistas (como el mismo jefe de gobierno Ruiz Zorrilla) y de republicanos (como Castelar o Pi i Margall).

Según el «Diario de Barcelona», el 7 de febrero de 1873 se hubiese producido un golpe militar si el rey lo hubiera legitimado con su apoyo. En su lugar, Amadeo ratificó la orden del gobierno de disolver el Arma de artillería. A continuación, el 11 de febrero, abdicó.

La ley por la que se abolía la esclavitud en Puerto Rico fue finalmente aprobada el 22 de marzo de 1873, un mes después de la abdicación del rey Amadeo y de haberse votado la proclamación de la Primera República Española (1873-1874). Esto animó al historiador cubano José Antonio Saco a escribir y publicar una monumental «Historia de la esclavitud desde los tiempos más remotos hasta nuestros días» (1871-1873).

Cuba debió esperar varios años más que Puerto Rico, ya que la definitiva abolición no llegó hasta el decreto de Alfonso XII del 17 de febrero de 1880, complementado por el real decreto de 1886, que liberó los 30 000 esclavos que quedaban. Como testimonios humanos de lo que supuso la esclavitud en Cuba permanecen aún las autobiografías de dos esclavos, la de Juan Francisco Manzano, cuya segunda parte ha desaparecido, y la de Esteban Montejo, transcrita por el antropólogo Miguel Barnet en su obra «Biografía de un cimarrón».

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DHIAL: Edición y notas de FIDEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ