URUGUAY; Provincia eclesiástica
Antecedentes
El primer documento vaticano relativo a la creación de la provincia eclesiástica del Uruguay se encuentra en el Archivo de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. Es una carta que el Directorio Central de la Unión Católica del Uruguay dirigió el 15 de junio de 1893 al Secretario de Estado de León XIII, cardenal Mariano Rampolla, solicitando el título de arzobispo de Montevideo para Mons. Mariano Soler.
Dicha solicitud fue enviada por el gobierno uruguayo al agente confidencial ante la Santa Sede, Mons. Pedro Irazusta, autorizándolo a realizar las gestiones correspondientes ante la Santa Sede, pero aclarando que el gobierno se reservaba “las facultades que por la Constitución y Leyes de la República le corresponden como Patrono de la Iglesia Oriental".
El Secretario de Estado, luego de consultar al Papa León XIII, respondió el 14 de diciembre de 1893 que no se podía acceder a aquel pedido, porque la Santa Sede sólo conservaba el título de arzobispal a aquellos prelados que de una sede metropolitana eran transferidos a otra sede puramente episcopal. “Sin embargo –aclaraba Rampolla–, en vista de la importancia de la sede en la capital de la República Uruguaya, el Santo Padre, de buen grado, estaría dispuesto a elevarla a metropolitana, siempre que el gobierno haga los trámites necesarios para la erección de al menos una diócesis sufragánea a la misma". De esta manera quedaban abiertas las puertas para la futura creación de la provincia eclesiástica del Uruguay.
El proyecto de ley presidencial
El 25 de abril de 1895, el presidente uruguayo Juan Idiarte Borda envió un mensaje a la Asamblea General Legislativa, manifestando su preocupación por la organización jerárquica de la Iglesia nacional. Adjuntó un proyecto de ley para autorizar la creación de la arquidiócesis metropolitana de Montevideo con dos diócesis sufragáneas, una en Salto y otra en Melo, y un memorándum con el presupuesto correlativo.
Esta documentación fue enviada a la Santa Sede a través del provisor diocesano, Monseñor Nicolás Luquese, quien, el 29 de octubre de 1895, fue designado por el gobierno uruguayo como agente confidencial para plantear a la Santa Sede cuatro temas: “1º) Si el Santo Padre miraría con agrado la erección del Arzobispado del Uruguay, elevando la Sede Episcopal de Montevideo a la jerarquía de Metropolitana, según las bases del proyecto de ley adjunto; 2º) Si el Santo Padre aceptaría complacido la promoción del actual Obispo Dr. Mariano Soler a Arzobispo; 3º) Si este asunto tendría fácil y breve despacho; y 4º) Si las bulas o breves que ha de expedir la Cancillería del Vaticano serán redactadas de manera que no ofrezcan dificultad alguna para su pase”.
Mons. Luquese llegó a Roma el 30 de noviembre de 1895. Tres días después presentó sus credenciales al Secretario de Estado, le entregó la documentación y luego mantuvo con él varias entrevistas. La Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, en su sesión 762 (16 de diciembre de 1895), resolvió responder en forma favorable a las cuatro cuestiones presentadas por el gobierno uruguayo. Luquese intentó obtener aún mayores concesiones y permaneció unos meses más en Europa, por lo que comunicó por carta al gobierno uruguayo la respuesta favorable de la Santa Sede.
La discusión en las Cámaras
El principal promotor del proyecto de ley fue sin duda el presidente Juan Idiarte Borda. Además de su mensaje del 25 de octubre de 1895, envió al año siguiente otros tres mensajes a la Asamblea General Legislativa (21 de enero, 9 de junio y 28 de julio). Su proyecto de ley fue discutido en cinco sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores (31 de agosto, 2, 4, 14 y 16 de septiembre de 1896).
A pesar de la fuerte oposición de los senadores Juan Lindolfo Cuestas –futuro presidente de la República– y Carlos María Ramírez, el proyecto fue aprobado sin ninguna modificación y pasó a la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, para que se elaborara un informe. La Comisión consideró conveniente la nueva organización de la Iglesia nacional y aconsejó aceptar el presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo, pero introdujo dos reformas al proyecto de ley aprobado en el Senado: 1º) cambiar la sede episcopal de San José por la de Melo; 2º) que los límites jurisdiccionales, tanto del arzobispado como de los obispados sufragáneos, fueran establecidos de común acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Curia eclesiástica.
La discusión del proyecto de ley en la Cámara de Representantes se llevó a cabo durante ocho sesiones extraordinarias; la primera fue el 31 de octubre de 1896 y la última el 14 de noviembre. Durante la discusión parlamentaria existieron importantes enfrentamientos ideológicos. En la sesión del 12 de noviembre, quienes atacaron más decididamente el proyecto de ley fueron Gregorio L. Rodríguez y Juan Campisteguy, diputados por Rocha y por Río Negro respectivamente. En respuesta a sus intervenciones, el Dr. Hipólito Gallinal pronunció un largo y elocuente discurso en el que puso de manifiesto las diferentes posturas existentes en la Cámara de Representantes.
Según Gallinal, quienes atacaban el proyecto de creación del arzobispado lo consideraban una “cuestión fundamental”, que consideraban una “cuestión religiosa” –caso del diputado Rodríguez–, o una “cuestión política” –caso del diputado Campisteguy–. En cambio, quienes defendían el proyecto –como el mismo Gallinal–, lo consideraban como una simple “cuestión de administración y organización de la Iglesia nacional”, que, por el hecho de estar consagrada en la Constitución, dejaba “completamente resuelta la cuestión fundamental que podría entrañar la creación del Arzobispado”.
En la última sesión, el 14 de noviembre de ese mismo año de 1896, el apasionamiento del debate motivó el desalojo de la barra y el diputado Ríos Ximénez presentó la moción de que la sesión continuara hasta terminar completamente con el asunto del proyecto de ley. Algunos diputados se retiraron de la sala; también se oyeron discursos de gran cordura y sinceridad, como el del diputado católico Jacinto Casaravilla y el del diputado liberal Manuel Herrero y Espinosa. Finalmente, el proyecto fue sancionado.
La sanción legislativa final En la 92ª sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores (18 de noviembre de 1896), el senador Francisco Bauzá propuso que, dado que las modificaciones propuestas eran menores, el asunto fuera tratado “sobre las tablas”. La moción fue aprobada; se leyó el texto del proyecto de ley modificado y se aprobó en primera discusión. Sin embargo, el senador Cuestas quiso que constara en el acta que él había votado en contra de todos los artículos puestos en discusión, “porque para los que hemos combatido la creación del arzobispado, con toda su cohorte de obispos sufragáneos presentes o de inmediato, cabildos eclesiásticos y seminarios en futuro, lo mismo da que se instalen en el Salto, en San José, en Melo, o en cualquier otra parte”.
Por moción del senador Freyre se suprimió la segunda discusión. Enseguida quedó sancionado el proyecto y se levantó aquella sesión, que sólo había durado quince minutos. El mismo 18 de noviembre, el presidente Idiarte Borda puso el «cúmplase» a la ley. El 25 de noviembre, luego de acordarlo con Mons. Soler, el presidente firmó un decreto demarcando los siguientes límites: el arzobispado de Montevideo comprendería los departamentos de Montevideo, Canelones, San José, Minas, Maldonado y Rocha; el obispado de Salto comprendería los departamentos de Colonia, Soriano, Flores, Río Negro, Paysandú y Artigas; y el obispado de Melo, los departamentos de Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida y Treinta y Tres.
La misión de José Zorrilla de San Martín ante la Santa Sede
Por decreto del 5 de febrero de 1897, el presidente Idiarte Borda designó al Dr. Juan Zorrilla de San Martín como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la Santa Sede, con la misión especial de gestionar la erección del arzobispado y de los obispados sufragáneos, en los términos de la ley del 18 de noviembre. Zorrilla ya ejercía iguales funciones ante los gobiernos de Francia, España y Portugal, y en breve debía regresar a Europa. Al ser Zorrilla designado para esta nueva misión, las erogaciones del gobierno uruguayo serían mucho menores.
El presidente sugirió a León XIII que Mariano Soler fuera designado arzobispo de Montevideo, y que los obispos auxiliares Ricardo Isasa y Pío Stella fueran designados obispos sufragáneos. Si por alguna circunstancia Mons. Pío Stella no fuera preconizado como obispo sufragáneo, el presidente propuso al Papa la siguiente terna de candidatos: Mons. Nicolás Luquese, provisor de la diócesis de Montevideo; el Pbro. Jaime Ros, cura vicario de Tacuarembó; y el Pbro. Pedro Oyazbehere, cura rector de Santa María del Cerro.
Por expreso encargo del gobierno uruguayo, Zorrilla de San Martín debía obtener que el tenor de las bulas pontificias fuera tal que el Superior Tribunal de Justicia no encontrara ningún tipo de dificultades para darles el «pase» o «exequatur». Si en la Santa Sede surgían, en forma privada, temas relativos al derecho de patronato, Zorrilla debía defender los derechos establecidos en la Constitución y leyes de la República.
Con todos los honores de su rango y representación, el 31 de marzo de 1897 Zorrilla fue recibido en el Vaticano, por S.S. León XIII, a quien presentó a su secretario privado, el conde Francisco Ferrucio Pasini Frassoni. Posteriormente, ambos visitaron al cardenal Rampolla, quien en todo momento demostró gran interés por el Uruguay, y por Monseñor Félix Cavagnis, Secretario de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. “Este digno Prelado –afirma Pasini Frassoni–, que es el más ilustre canonista que existe hoy en Italia y quizás en el extranjero, [...] tomó sumo interés en los asuntos de nuestra diócesis, y tanto es así que pudieron llevarse a cabo antes de tiempo”. Desde París, Zorrilla escribió una larga carta, fechada el 28 de junio de 1897, al ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Oscar Hordeñana, adjuntándole las bulas pontificias y una carta del cardenal Rampolla, dejando así de manifiesto el éxito de su misión.
Las bulas de creación de la Provincia eclesiástica
El 14 de abril de 1897 el Papa León XIII firmó las bulas por las cuales fue creada la Provincia Eclesiástica del Uruguay, elevando a metropolitana la sede de Montevideo y creando las dos nuevas sedes episcopales de Salto y de Melo. También otorgó a Mons. Soler el título de arzobispo de Montevideo. Con respecto a la provisión de las diócesis sufragáneas, la Santa Sede aceptó las candidaturas propuestas por el presidente Idiarte Borda, pero consideró más oportuno que los respectivos obispos sufragáneos fueran preconizados en cuanto se comunicara a Roma la ejecución de las bulas de erección del arzobispado y la división de la nueva provincia eclesiástica.
Además la bula pontificia estableció que el seminario conciliar de Montevideo sirviera también a las diócesis de Salto y Melo y que, mientras los nuevos obispos sufragáneos no tomaran la posesión canónica de sus cargos, la administración ordinaria de dichas diócesis estuviera “a cargo del Prelado de Montevideo, con todas y cada una de las facultades tanto ordinarias como extraordinarias que tiene él mismo recibidas para el régimen de su Arquidiócesis”.
El 19 de abril del mismo año, León XIII expidió otras bulas. Dos de ellas se referían a Mons. Soler: una, lo nombraba arzobispo metropolitano de Montevideo; otra, lo declaraba absuelto de cualquier tipo de censuras y penas eclesiásticas. La bula dirigida al “Clero de la ciudad y diócesis de Montevideo” ordenaba obediencia al nuevo arzobispo, al igual que la dirigida al “Cabildo de la Metropolitana Iglesia de Montevideo”. La última bula, estaba dirigida “al Pueblo de la Ciudad y diócesis de Montevideo”.
El 5 de octubre Mons. Soler firmaría el Auto Ejecutorial de la bula por la que León XIII creó la Provincia Eclesiástica del Uruguay. Enviaría aquel documento al cardenal Rampolla junto con una carta fechada el 4 de enero de 1898.
Preconización del arzobispo Soler
El 2 de enero de 1897, acompañado por el Pbro. Francisco Mujica, Mons. Mariano Soler partió hacia Roma para efectuar la visita «ad limina» y recibir el palio arzobispal. Antes, sin embargo, quiso peregrinar hasta Jerusalén siguiendo el camino del éxodo de los israelitas. Cerca de Jerusalén, el 17 de marzo puso la piedra fundamental del santuario «Hortus Conclusus», que sería dedicado a Nuestra Señora del Huerto.
Ya en Roma, Soler fue preconizado arzobispo metropolitano de Montevideo en el consistorio secreto del 19 de abril, lunes de Pascua. Al día siguiente recibió el palio en la capilla de la Cancillería Apostólica de manos del cardenal decano Teodulfo Mertel. El 26 de abril escribió en Roma su primera carta oficial al presidente de la República, Juan Idiarte Borda, agradeciéndole en nombre propio y también en nombre de la Iglesia uruguaya y de León XIII, su especial empeño e interés por vencer todas las dificultades que habían surgido en el proceso de creación del arzobispado.
El domingo 27 de junio de 1897, el arzobispo Soler arribó al puerto de Montevideo en el «Duca di Galliera». Como era de noche, desembarcó a la mañana siguiente, siendo recibido con los honores correspondientes por las autoridades civiles, en medio de la alegría de los fieles.
El asesinato del presidente y sus consecuencias
Mientras Mons. Soler era preconizado como arzobispo de Montevideo, Uruguay estaba atravesando por una guerra civil que había estallado en marzo de 1897 con la insurrección del Partido Nacional, acaudillado por Aparicio Saravia y Diego Lamas.
El 25 de agosto de 1897 se celebró el aniversario de la independencia nacional, con el tradicional Te Deum en la catedral de Montevideo. Al terminar la ceremonia, a la salida de la catedral, el presidente Juan Idiarte Borda fue asesinado por el balazo que le disparó Avelino Arredondo. Mons. Soler llegó a dar la absolución sacramental a quien había sido su colega como diputado en la XIII Legislatura.
Ese mismo día asumió la presidencia Juan Lindolfo Cuestas, lo cual trajo como consecuencia profundos cambios políticos y religiosos en el país. En lo político, el nuevo presidente logró que el 18 de setiembre se firmara la paz, con lo que ganó popularidad y reconocimiento nacional. En lo religioso, ya siendo senador, Cuestas se había opuesto terminantemente al proyecto de ley de creación del arzobispado.
Apenas en el poder, quiso tranquilizar a los católicos, y por intermedio de Francisco Bauzá comunicó a Mons. Soler “que esté tranquilo; que el Arzobispado es Ley de la nación y será cumplida”. Sin embargo, el cardenal Antonio María Barbieri afirma que Cuestas “procuró cortar todo lo que pudo el curso de los trámites iniciados”. En forma sorpresiva y sin explicaciones, el presidente retiró de sus cargos a Juan Zorrilla de San Martín, dejando desierta la representación diplomática ante la Santa Sede.
De hecho, Cuestas logró obstaculizar el nombramiento de los nuevos obispos sufragáneos. En consecuencia, Mons. Mariano Soler no sólo fue el primer arzobispo de Montevideo sino que, de acuerdo a las bulas leoninas, fue también el primer administrador apostólico de las diócesis de Salto y Melo. Soler fue, pues, la máxima autoridad de la Iglesia en el Uruguay durante 18 años: desde 1891, cuando fue nombrado obispo, hasta su muerte en 1908. Después de su muerte, durante once años continuó la situación de acefalía en los obispados de Salto y Melo.
La reforma de la constitución uruguaya sancionada en 1917 eliminó el artículo quinto de la constitución de 1830, con lo cual desapareció la profesión de fe católica del Uruguay como nación. A partir de entonces surgió un Estado aconfesional, con libertad de cultos; el Estado se separó de la Iglesia, renunciando al patronato nacional. Como consecuencia, el 3 de julio de 1919 Benedicto XV preconizó a Juan Francisco Aragone, como arzobispo de Montevideo; a Tomás Gregorio Camacho, como obispo de Salto, y a José Marcos Semería, como obispo de Melo.
El 9 de noviembre siguiente los tres prelados fueron consagrados en la catedral de Montevideo por el Nuncio Apostólico en Buenos Aires, Mons. Alberto Vasallo de Torregrossa. El 14 de noviembre de 1919 el arzobispo y los obispos sufragáneos tomaron posesión de sus respectivas diócesis. De esa misma fecha data la primera pastoral colectiva del episcopado uruguayo.
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PEDRO GAUDIANO
