MÉXICO; Camino del nacimiento de un estado laico (XIV)

Los «arreglos»; un camino tortuoso

Las gestiones de Dwight Morrow

El nuevo embajador Morrow comienza a tejer las redes de sus propósitos: llegar a un acuerdo con Calles que beneficiase los intereses que representaba. Para ello tenía que lograr allanar varias dificultades. Entre otras las cuestiones ligadas al tema de las propiedades y de los intereses petrolíferos estadounidenses, la cuestión religiosa contra la Iglesia y el final de la sublevación cristera.

Por ello a lo largo de 1927 varios representantes de aquellos intereses como Lamont, el mismo Morrow y otros dirigentes del Banco Morgan se encuentran con varios políticos mexicanos, miembros de la «familia revolucionaria», para discutir los intereses yanquis y obtener sus propósitos. Para ello hay que obtener una paz social y en concreto un «modus vivendi» con la Iglesia que la haga posible.

A Calles le queda poco tiempo en el poder. Le debería suceder Obregón que se había presentado de nuevo como candidato a la presidencia contra todas las normas legales tan cacareadas por los regímenes revolucionarios y sintetizados en la frase «sufragio efectivo, no reelección». Siguiendo cuanto escribe Jean Meyer a este respecto, Morrow veía la necesidad de un acuerdo con la Iglesia y de establecer en México finalmente un gobierno estable y fuerte. Le convenía a los Estados Unidos y a sus intereses económicos.

Morrow habría dicho a su colaborador el coronel Mac Nab: “Nuestro primer trabajo en México para arreglar las diferencias entre nuestros dos países es asentar a México sobre sus pies, económicamente hablando, y darle un gobierno fuerte; porque, a pesar de los comités de reclamaciones y los tribunales internacionales [...] nuestras dificultades continuarán mientras este país tenga un gobierno débil y sea insolvente [...]”. Morrow tomó al Secretario de Hacienda bajo su protección, y lo formó e instruyó en la materia, invitándole a hablar de cuestiones económicas “[...] cada quince días a pasar el fin de semana”.

Además, realísticamente Morrow se dio cuenta inmediatamente que las posiciones del mundo católico y del mundo oficial revolucionario, representado por Calles, eran totalmente opuestas desde el punto de vista de los principios. Escribe Jean Meyer citando a Morrow: “Nadie que no sea un loco trataría de arreglar la cuestión de principios entre la Iglesia y México. Esta cuestión de principios está muy bien subrayada en el documento que los obispos han enviado al presidente Calles, el 16 agosto de 1926, y en la respuesta del Presidente, el 20 de agosto [...] Si comprendo la carta [de los obispos], lo que se buscaba era «una tolerancia mutua suficiente para mantener la paz pública y que permitiera a la Iglesia una libertad relativa para vivir y actuar»”.

Todo ello le lleva a Morrow a ponerse inmediatamente a trabajar para lograr precisamente un «arreglo». Y es aquí cuando empieza a tejer sus contactos, también en el campo católico. En esta madeja de contactos entran el antiguo delegado apostólico en México que se había visto obligado a vivir fuera del país y residía en Cuba. Por ello algunos de los protagonistas eclesiásticos se relacionaron más bien con el mundo eclesiástico norteamericano. Así vemos intervenir directamente al delegado apostólico en los Estados Unidos, Pedro Fumasoni Biondi, y a los jesuitas norteamericanos Wilfrid Parsons y Edmund Walsh, así como a otro personaje llamado John Burke.

También intervinieron en el asunto el diplomático chileno Miguel Cruchraga Tocornal. También intervinieron algunos de los obispos mexicanos exiliados en Roma, como los prelados González y Valencia, Méndez, Tritschler, Valverde y otros. Pero los grandes protagonistas eclesiásticos mexicanos serán el arzobispo de Morelia Leopoldo Ruiz y Flores, y el obispo de Tabasco, forzosamente expulsado de su sede y secretario del Comité Episcopal mexicano, Pascual Díaz Barreto.

Los asuntos de México fueron encomendados al delegado apostólico de los Estados Unidos Fumasoni Biondi. Desde noviembre de 1927 Mons. Ruiz y Flores, que es designado presidente del Comité Episcopal, vivirá normalmente en Washington para estar más cerca del delegado apostólico; mientras que Mons. Díaz y Barreto, que es el secretario de dicho Comité Episcopal, reside normalmente en Brooklyn aunque viaja con frecuencia a Washington.

Entre los personajes gubernamentales mexicanos que intervendrán en el asunto se encuentran los callistas incondicionales, Eduardo Mestre y Aarón Sáenz, aparte del mismo presidente interino de la República Emilio Portes Gil. Reflexiona Jean Meyer:

“El encarnizado combate entre la Iglesia y el Estado [...] era también un elemento de grave discordia entre los países, mantenía a México en el desorden absoluto y, mientras continuara la lucha, la paz y el progreso serían imposibles”. Y cita al coronel Alexander J. Macnab: “Cuando Morrow me dijo que quería ocuparse de la cuestión religiosa para ver si podía arreglarla, mi admiración por atrevimiento sublime y por su confianza aumentó en varios grados; pero mi opinión sobre su sensatez disminuyó momentáneamente. Le dije que aquello era un explosivo [...]. y que yo no lo tocaría ni con un palo de mil millas de largo.

El señor Morrow me contestó: -El país se halla completamente trastornado; los pobres no tienen casi otra cosa que el consuelo de la Iglesia, y no habrá paz verdadera ni progreso de no llegarse a un arreglo. No creo que estén tan separados como ellos lo creen; viven la misma cosa desde puntos de vista diferentes, y si puedo aproximarles un poco creo que verán las cosas desde el mismo punto de vista y se darán cuenta de que difieren menos de lo que parece.” .

Los «arreglos» fueron por lo tanto la obra maestra del embajador norteamericano Morrow en estas trágicas páginas de la historia de México.

Algunos obispos intentan recoser las fracturas

La Iglesia había sido discriminada y despreciada oficialmente por el Estado Callista desde hacía años. Los obispos no mantenían contactos oficiales con ella desde los intentos frustrados de encontrar a Calles y a los miembros del Gobierno revolucionario en el verano de 1926. Tras la suspensión de cultos decretada por los obispos como protesta el 31 de julio de 1926 habían cesado todos los contactos oficialmente por completo. Y sin embargo los hilos de los contactos, de manera enrevesada y siempre oculta habían continuado.

Es parte de esa historia peculiar de México, llena a veces de aparentes contradicciones y dicotomías en el campo religioso. Así lo subraya Jean Meyer, al que seguimos, en estos apuntes. Todavía en el mes de julio de 1926, los obispos habían intentado coser todavía las conversaciones o encuentros violentamente interrumpidos por Calles.

El 26 de julio, en vísperas de la decisión episcopal de suspender los cultos, el obispo secretario del Comité Episcopal, Pascual Díaz Barreto, escribía al intermediario callista Eduardo Mestre, ofreciendo la disponibilidad de los obispos para llegar a un acuerdo y pidiendo la suspensión de las famosas leyes gubernamentales relativas a la cuestión religiosa; le proponía formar un par de comisiones de estudios, de Gobierno y de Obispos para estudiar la solución. Había escrito:

“Al escucharnos, hubiera visto el Sr. Presidente la buena disposición de que estamos animados para colaborar con él, por el bien de la Patria. La razón es muy sencilla: -Estamos íntimamente persuadidos de la obligación que tenemos de influir al pueblo, con nuestro ejemplo y con nuestra doctrina. El respeto a las autoridades legítimamente construidas [...]. Si el Sr. Presidente lo considera bien, podía suspenderse la aplicación de su decreto y nombrar una comisión de su parte, para que discutiera con otra que nosotros nombramos, los puntos en que hemos manifestado nuestra inconformidad. [...]” .

Parece ser que unos complejos y difíciles contactos siguieron en agosto de 1926, bajo el padrinazgo de Obregón. Los representantes del Comité Episcopal, los obispos Ruiz y Flores y Pascual Díaz, creen ingenuamente en las buenas intenciones del Gobierno, y lo seguirán creyendo hasta que la testaruda realidad les hará caer tardamente, tras «los arreglos», en el desengaño.

Aquellos tenues y tímidos intentos de encuentro son interrumpidos cuando el Delegado Apostólico hace saber a los obispos que la Santa Sede es contraria a los mismos por las modalidades y la situación de la cuestión religiosa al momento. Algunos obispos mexicanos exiliados en Roma, especialmente el arzobispo de Durango, Mons. José María González y Valencia, eran radicalmente contrarios a todo acuerdo llevado de aquella manera; es decir a un compromiso en el que la Iglesia tenía todas las de perder e iba a someterse simplemente a las leyes del gobierno callista. Decía que en este sentido pensaba la Santa Sede, y en concreto el papa Pío XI, y que el problema radicaba en una reforma total de aquella legislación constitucional y de su aplicación.

En el mismo sentido se expresaría el cardenal Boggiani: “[…] En nada es tan explícito tan insistente el Santo Padre, como en enseñar que en México no hay otro remedio que el de seguir adelante hasta obtener la reforma misma de la Ley. Y precisamente el Card. Boggiani me repetía hace unos cuantos días que no podemos ni debemos admitir ningún otro arreglo que no esté basado en la derogación de la ley. Por eso me sorprendió el que las declaraciones del Comité, terminar suponiendo la posibilidad de un arreglo entre la Santa Sede y el Gobierno, aun cuando este no derogue las leyes[…].

Conferenciando con el R.P. Sandoval, él inmediatamente me aconsejó no dijera nada de eso en el Vaticano, pues tiene por seguro que traería algo de menoscabo al elevadísimo concepto que de nosotros se han formado ya, el que después de tantos heroísmos en la resistencia, y sobre todo después de la Encíclica del Sto. Padre, tan clara y tan enérgica, los obispos de Méjico creyeran todavía en la posibilidad absurda de un arreglo con la Sta. Sede, sin garantía de la derogación de la Ley. También se siente mal en que los católicos acudan a Gobernación para hacer consultas sobre el culto. También el que en documentos eclesiástico se recomiende a los fieles respecto a la Ley, pues es una Ley que el Papa ha condenado, y que por tanto no merece ningún respeto. Esto seria, me dijo también el P. Sandoval, enmendarle la plana al Papa”.

Débiles rendijas de contactos

El año de 1927 es favorable a los cristeros alzados en armas que obtienen victorias sin parar. El alzamiento se extiende a varios Estados. El gobierno de Calles se muestra cada vez más nervioso: detiene, cuando los encuentra, a todos los obispos; los expulsa del país; entre ellos al mismo Díaz Barreto, que era el que más favorecía precisamente una posibilidad de diálogo.

Sin embargo, en los Estados Unidos se habla de intentos de diálogo (el «New York Herald Tribune», 10 de febrero de 1927), de eclesiásticos norteamericanos (John Burke y Walsh) y del embajador Morrow implicados en el intento. El mismo Obregón parece que en marzo de aquel año quiso encontrarse con algunos obispos por el mismo motivo y que por ello mandó representantes suyos a tal efecto (16 de marzo). Se habla de los obispos Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia, Ignacio Valdespino, obispo de Aguascalientes, y el de San Luís Potosí Miguel de la Mora. La iniciativa partía de Obregón porque, como escribe Meyer, palpaba “los innumerables males y trastornos que venía acarreando el estado de tirantez entre ambos poderes”.

Los hechos nos los confirma el mismo arzobispo Ruiz y Flores: “Hoy tuvimos una conferencia al Ilmo. I. Valdespino y yo, ordenada y aceptada por el Ilmo. L. Mora con el Lic. Mestre. Parece que este Señor en nombre del Gral. Obregón trataba de tomarnos el pulso. Su proposición se reduce a que reanudemos el culto basadas únicamente en una declaración que el Sr. Presidente en que se haga caso que el aviso famoso de los encargados de los templos no es sino medida administrativa y que no intenta mezclarse con el dogma etc. El modo de conseguir esa declaración es que varios católicos hagan un […] [una palabra incomprensible, escrita mano] al Episcopado y que este pregunte al Sr. Presidente el alcance de la disposición relativa al aviso: que entonces el Sr. Presidente hará su declaración y todo queda arreglado.

Promete por supuesto el Lic. Mestre que a los pocos meses de reanudado el culto se reformará la Constitución. No salimos ni por un momento de nuestra línea de conducta haciéndole ver que la suspensión del culto no se debía sólo al aviso seguido sino a la legislación en general y a su espíritu de subyugar a la Iglesia y que no podríamos dar un sólo parte de arreglo parcial no total, definitivo o proporcional sin aprobación de la Sta Sede” .

Obregón habría prometido no aplicar las leyes; permitir reanudar el culto. Pero todo permanecía en palabras no escritas, que se podía llevar el viento. Los obispos, por su parte, insistían en que la solución estaba en un cambio de las leyes y que tal era la condición puesta por Roma. Insistían también en que ellos, los obispos, nada tenían que ver con el levantamiento armado de los católicos (la Cristiada) y que el asunto entraba en los derechos de protesta de los ciudadanos.

Roma no estaba de acuerdo con un compromiso ambiguo en el tema religioso. Así lo expresa el obispo Miguel de la Mora y Mora, secretario del Subcomité Episcopal, en una carta al arzobispo de Durango González y Valencia:

“He sabido que ahora que el Excmo. Sr. Leopoldo Ruiz está en el destierro recibió un extrañamiento de la Sede Apostólica, porque él y otro obispo trataban de hacer con el Gobierno arreglos indecorosos. El Sr. Ruiz, aunque sintiéndolo mucho no contestará, ni se defenderá; pero a mí parece conveniente manifestar a VV.SS. Ilmas. la verdad de las cosas, por si quisieren o creyeren conveniente tomar su defensa, pobrecito!

Obregón deseaba tener una entrevista con algunos obispos para ver si podría tenerse algún arreglo de la situación religiosa y quiso que de manera enteramente extraoficial, sin firma de nadie, sin compromiso para nadie se escribieran unas bases, indicando lo que pedirían los Obispos y en qué cosas podría acaso ceder la Sede Apostólica. La base fundamental fue que nada podíamos arreglar los obispos y que todo, absolutamente todo quedara sujeto a lo que dispusiera la Santa Sede y que antes de darse nada por arreglado, tendría que consultarse a la santa sede.

Después decían que lo que pedirían los obispos estaba contenido en el memorial elevado al Congreso, y que en lo que acaso podría ceder la Santa Sede sería en tales o cuales puntos, que creo deben tener ya por allá SS.II. A Obregón le pareció que se pedía demasiado y todo quedó en nada. Pero yo ruego a SS.II que vean donde está lo indecoroso de los convenios, si se adelantaba que nada podía hacerse sin consultar con la Sede Apostólica y esperar su resolución. Aun cuando los Obispos hubieran propuesto lo más descabellado, ¿no quedaba a salvo todo decoro si la Sede Apostólica tenía que definir EN TODO y POR TODO? [sic en original] ¿No salvaba todo la base propuesta fundamentalmente? A esto se añade que lo que se mandó a Obregón, era extraoficial, sin firma ni compromiso de nadie y sólo como puntos en que apoyarse para tratar el asunto[...]” .

Y hubo un encuentro entre Obregón y un representante del Comité Episcopal mexicano: fue el obispo Manuel Fulcheri, el 23 de marzo de 1927, por la mañana en el palacio de Chapultepec, a pocos pasos de Calles. La conversación entre los dos personajes fue un tira y afloja: Obregón que pedía que los obispos reanudasen el culto, y Fulcheri que afirmaba su imposibilidad si las leyes no eran cambiadas. Obregón respondía de que la Iglesia debía ceder si no quería perder todo, incluso el pueblo.

No acepta el memorándum de los obispos que le habían presentado días antes, el 17; lo considera intransigente e invita a los obispos a ceder, porque “el amor propio del Gobierno estaba herido y que no podía ceder sin desprestigio”. Ciertamente Calles estaba al corriente de aquel encuentro, como lo demuestra un telegrama de su secretario Fernando Torreblanca a todos los gobernadores del país en el que dice: “Las negociaciones del general Obregón para arreglar el conflicto religioso fracasaron por intransigencia de los obispos que piden volver a la condición en que se hallaban antes de las Leyes de Reforma”.

Calles parece que no soportaba ya el pesado padrinazgo de Obregón y se alegró del fracaso. Aquel abril había comenzado cruelmente para los católicos de Guadalajara con el martirio de Anacleto González Flores y de sus compañeros, los hermanos Vargas y de Luís Padilla, el día 1°; el día 3 los seguían en el martirio los hermanos Huerta. Sus entierros multitudinarios fueron seguidos por la ciudad en masa. Según Jean Meyer: “para vengar la muerte del «Maestro» y para dar un mentís a la prensa que publicaba: «Tranquilidad absoluta en todo el territorio», fue por lo que el 19 de a abril de 1927 el Padre Reyes Vega, un cura cristero, montó un audaz ataque contra un tren. Los 52 soldados de la escolta que se habían mezclado con los viajeros para poder resistir mejor, y 30 paisanos murieron en el ataque nocturno cerca de La Barca (Jalisco). La prensa comparó este ataque al que los zapatistas organizaron contra el tren de Cuernavaca, y se indignaba por la barbarie de los cristeros, que al parecer habrían quemado vivos a los heridos. Parece ser que los cristeros se apoderaron con aquel golpe de gran cantidad de dinero y armas.

El gobierno hizo responsables a los obispos y expulsó del país a los pocos que todavía permanecían en él; en tanto que el general Amaro, jefe del ejército federal, para castigar la complicidad manifiesta de la población, preparaba la concentración de los civiles en campos creados para ello. La situación se encrespaba cada vez más. Y muchos se alegraban de ello por motivos contrapuestos.

El fracaso

El gobierno de Calles «continuaba en sus trece» en su lucha anticatólica. En su discurso del 1° de septiembre de 1927, Calles afirmaba que “el conflicto religioso ocasionado por la rebeldía del clero ha concluido prácticamente; pues todas las leyes... se han cumplido no obstante la inútil resistencia del clero”. Incluso el gobierno llegó a publicar un folleto al respecto en tres lenguas: “Las relaciones entre la Iglesia y el Estado de México”, acelera la ocupación de los bienes de la Iglesia, incluyendo los templos que los convierte en escuelas, oficinas de correos, cuarteles militares, etc…

Por lo tanto aquellos tímidos y escondidos contactos de 1927 quedaban en agua de borrajas. Obregón negaba de haber tenido algún contacto. Las siguientes declaraciones de algunos Obispos, considerados prudentes y aperturistas al diálogo, muestran claramente qué justificaban la lucha emprendida por los católicos para defender el derecho fundamental de la libertad religiosa conculcada. Ya el 27 marzo 1927 Mons. Mora y del Río escribía a Mons. Valverde y Téllez, que se encontraba en Roma: “Mestre y Obregón han querido tener algunas conferencias […] pero como todas han sido bajo la base de sujetarse a las llamadas leyes […] nada se ha obtenido […]; no queda, pues, otro recurso que la defensa armada”.

Por su parte, Mons. Díaz declaraba el 5 de abril a la prensa norteamericana: “No creo que exista posibilidad de arreglo entre el Gobierno de Calles y la Iglesia […] porque cuando se piensa con la razón no se puede arreglar nada con una tiranía irresponsable […] La Iglesia no encabeza ninguna rebelión armada. Es, por ejemplo, una fantástica mentira decir que el V. Arzobispo de Guadalajara, Mons. Orozco y Jiménez, se halla dirigiéndose la revuelta de Jalisco. En cambio, es una buena doctrina católica oponer resistencia a cualquier tiranía injusta, así como también es éste un imperativo deber de todo ciudadano.

De una vez por todas debo decir que el gobierno de Calles no representa al pueblo de México. Por eso millares de ciudadanos se hallan levantados en armas en decidida rebelión contra él, mientras que otros millones de la población del país contemplan con silenciosa simpatía el movimiento, bajo la despiadada tiranía que tiene al alcance de sus manos todos los medios de opresión […] Lo que hoy se llama Constitución Mexicana […] no es más que la desenfrenada expresión de una salvaje teoría política implantada por una oligarquía egoísta para darle color de legalidad constitucional a sus malignas acciones”.

Y sin embargo, todo da a entender que Obispos y Gobierno buscaban llegar a una solución, que no hallaban. A mediados de julio de 1927 se hacen nuevos intentos de encuentro. Meyer nos reporta la siguiente declaración de Mons. Mora y del Río, del 15 de julio:

“El licenciado Mestre saldrá próximamente [el 19] para los Estados Unidos, a hacer al Rev. Comité Episcopal la proposición siguiente, y desearía llevar consigo la opinión del subcomité acerca de ella: 1) Se comprende fácilmente que el Gobierno no podría hacer una derogación brusca de las leyes y reglamentación sobre cultos […] y que debe buscarse una fórmula que ponga a salvo el decoro del Gobierno, especialmente antes los suyos. 2) Según el artículo 4 de la Constitución, los sacerdotes son considerados como profesionistas; en tal virtud podrían hacer una manifestación o declaración ante el Gobierno de que tenían tal o cual empleo eclesiástico […] para que el Gobierno les garantizara el libre ejercicio de su profesión […] 3) Un grupo de ciudadanos, no sólo católicos […] haría un curso respetuoso y lo elevaría al C. Presidente para suplicarle que se hiciera un estudio especial acerca de las leyes […] El Presidente aceptaría la petición y se nombrarían comisiones mixtas […] para proponer su reforma al Congreso... Entretanto el C. Presidente suspendería dichas leyes y se reanudarían los cultos. 4) Si los miembros del subcomité no aprueban […] y quisieran proponer otra, que salve el decoro del Gobierno y facilite un arreglo, se les suplica que lo hagan”.

¿Cuáles eran las proposiciones del Lic. Eduardo Mestre?

“El Sr. Mestre, enviado oficioso del Gobierno, nos propuso: 1- que los sacerdotes, como profesionistas que son considerados en la Constitución hicieran una manifestación de su oficio al Gobierno; 2- que el Gobierno se comprometía por su parte a permitir la reanudación de los cultos asegurando antes de que termine el periodo del Sr. Calles sería reformada la Constitución y que el efecto se formaría comisión mixta de ciudadanos católicos y no católicos que estudiarán un proyecto de ley de cultos que se propondría a su tiempo al Congreso.

La contestación que dimos los obispos del Subcomité es como sigue: Estamos en todo lo que vale la atmósfera de buena voluntad que se nos dice hay en las regiones oficiales en favor de un arreglo que permita la reanudación de los cultos en que interviene el sacerdote y no podemos menos que confesar que esa buena voluntad es un paso para conseguir en tiempos no lejanos la paz de los espíritus; pero no nos parece prudente y sí muy aventurado y peligroso reanudar los cultos antes de que sea reformada la Constitución general la República en el sentido de la libertad religiosa.

Nosotros no hemos suspendido los cultos en que interviene el sacerdote por capricho, sino porque, según nuestra conciencia hay en las leyes y reglamentaciones sobre cultos, cosas que no podemos observar sin dañar gravemente la independencia de la Iglesia en el orden espiritual la cual independencia forma parte de su constitución interna. En tal virtud no teníamos frente a las nuevas leyes sobre la materia más que tres caminos: o acatar dichas leyes faltando a nuestra conciencia; o violarlas exponiendo a nuestros sacerdotes al castigo correspondiente; o abstenernos del culto público en que interviene el sacerdote, colocándonos así en una situación legal en que no es posible la violación de la ley. Y decimos culto público, porque el privado como tal, no es objeto de la ley por razón de la sagrada inviolabilidad de la conciencia y de1 hogar.

Ahora bien, si nosotros reanudamos los cultos antes de que se reforme la Constitución, puede ser que las comisiones que estudien la reforma o las cámaras que la discutan y aprueben, dejen en la ley o en los reglamentos los mismos u otros inconvenientes que no podamos admitir en conciencia. No es esta una hipótesis sin fundamento, pues en la Comisión de estudio que se nos propone habrá personas no católicas, cuyo criterio podrá prevalecer; y es público que la mayoría o acaso la totalidad de las cámaras son hostiles a la Iglesia y a sus ministros, como se vio claramente cuando se discutieron, primero si se tomaba en cuenta el Memorial presentado por los Obispos y después las reglamentaciones sobre cultos […]” .

Enrevesada situación

Por ello se dan pequeños pasos para establecer algunas pasarelas, más que puentes, para un posible encuentro entre las dos partes. El gobierno amaina sus medidas antirreligiosas, manda a Mestre a los Estados Unidos, se dejan en libertad a algunos presos por motivos religiosos (en el penal de las Islas Marías). Se quiere que los obispos ordenen reanudar el culto y que así podrían volver a México. Pero Calles se muestra intransigente sobre las leyes aprobadas.

Además, desde Roma se dice que el Papa es contrario a compromisos ambiguos y sin que tales encuentros y arreglos fuesen llevados a cabo por delegados del Gobierno de México con las debidas credenciales. El arzobispo de Durango, Mons. González, presente y representante de los obispos mexicanos en Roma, insiste sobre la licitud del levantamiento armado y que los obispos lo deben apoyar por ello.

Por su parte Obregón continúa actuando detrás de las cortinas. Busca a su modo arreglar las cosas favoreciendo encuentros en San Antonio de Texas y en la frontera de Matamoros con los EEUU, a donde él mismo se acerca. Así escribe Meyer:

“Antonio Beroni, gran caballero de la Orden de Colón de Monterrey, en nombre y representación de Aarón Sáenz y Eduardo Mestre, que representaba a Calles, o sea al gobierno [...] se presentaron la semana pasada[...] le dijimos que formularan por escrito algunas bases que al siguiente día nos presentaron a Mons. Díaz, Valdespino y a mí. Quisimos que las firmara el S. Mestre y parece que tenía instrucciones de no estampar su firma; pues se negó a ello. Después tuvo una entrevista con Obregón en Matamoros, y en seguida fue llamado a Washington por el Ilmo. Sr. Díaz”.

¿Qué pedía el gobierno a través de Mestre? Que los obispos reanudasen el culto; que por ello los sacerdotes se inscribiesen ante el Gobierno y que “tal registro tiene por único fin la estadística del país, pero no significa sujeción de la Iglesia al poder civil; así lo ha declarado en términos expresos el Presidente de la República”; que los cambios de parroquias de los sacerdotes fuesen notificados al Gobierno; que los obispos declarasen la libertad política de los católicos y que el registro de los sacerdotes tenía solamente un motivo estadístico.

Muchos llegaron a decir que finalmente se había encontrado un acuerdo. Pura ilusión. Ni los obispos volvieron del destierro, ni Roma parecía estar de acuerdo en aquellas propuestas tan supinas y ambiguas. El 5 de agosto, el obispo de León, Mons. Valverde y Téllez, comunicaba el pensamiento de la Santa Sede al arzobispo de México Mons. Mora y del Río:

“En orden a esos pretendidos arreglos, el Santo Padre se dignó dar las siguientes normas: 1° Oigan los obispos las proposiciones hechas por los agentes del Gobierno, sin hacerles ellos ninguna. 2° Si las proposiciones no son aceptables, dese por terminado el intento de arreglos. 3° Si parecen aceptables, antes de proseguir exíjanse a los dichos agentes del Gobierno credenciales auténticas y satisfactorias. 4° Si no las presentaran, dese por terminadas las negociaciones. 5° Si las presentan, pídanseles sus proposiciones por escrito y firmadas. 6° Si no las dan en esta forma, ténganse por terminados los trabajos. 7° Si las proposiciones fueren presentadas en la forma dicha antes, adviértase a los representantes del Gobierno que es necesario no menos de un mes para resolver; mientras tanto comunique sin demora a cada uno de los obispos y a la Liga Defensora de la Libertad Religiosa; pidiéndoles a aquéllos y a ésta que den por escrito su dictamen sobre las dichas proposiciones. 8° Envíense las proposiciones del Gobierno y los dictámenes de cada obispo y de la Liga a la Santa Sede. 9° Espérese la resolución del Papa [...]”.

Mientras tanto el Gobierno mexicano, de manera extraoficial, continuaba sus contactos en los Estados Unidos, buscando que los obispos aceptasen sus propuestas, que pidiesen volver a México y que volviesen con ciertas condiciones. La prensa llega a conocer los movimientos secretos del Gobierno por lo que éste opta por negar todo. Por su parte la Santa Sede ve el peligro escondido en unos posibles acuerdos basados sobre palabras que se lleva el viento y que no asegurarían ninguna estabilidad jurídica a la Iglesia y libertad religiosa a los católicos.

Además, todavía está en el aire la hipotética reelección de Obregón a la presidencia tras el mandato de Calles. A partir de agosto de 1927 las aguas de la persecución religiosa parecen volver a su antiguo cauce. Continuarán algunos intentos de arreglar las cosas, pero a escondidas. Cada parte teme ser descubierta. Por parte de algunos obispos se teme la dureza de la «Liga» a favor de la Libertad Religiosa, apoyada por algunos obispos.

El gobierno no quiere mostrarse condescendiente con nadie. Por todo ello predomina el secreto y las sospechas de los unos contra los otros hasta bien entrado 1929. Lo más doloroso que se ve en toda esta historia es que empieza a resquebrajarse la unidad entre los obispos mismos sobre el tema de las tratativas con el Gobierno y sobre el tema de la Cristiada, que no pocos obispos, sin decirlo claramente apoyaban. Algún otro no había escondido nunca sus claras simpatías.

En unos momentos en los que faltaba un delegado apostólico en México (Mons. Caruana se encontraba expulsado y vivía en Cuba), los obispos mexicanos se hallaban divididos entre el exilio de Estados Unidos (en varias partes) y en Roma; sin una autoridad clara que les mantuviese unidos. Algunos apoyaban el levantamiento armado como única lícita solución; otros buscaban a tientas posibles soluciones y decían que la rebelión armada no llevaría a ninguna parte y que estaba derrotada ya desde sus comienzos y que “era imposible resistir”, como alguno escribía por aquel entonces. Unos apoyaban a la Liga; otros desconfiaban en ella y hasta la combatían.

Llama también la atención de que en el seno del disperso episcopado mexicano se encuentren organismos de gestión y consulta desconectados y en desacuerdo, como la Comisión del Episcopado (bastante cercano a la Liga) y el Comité Episcopal (bastante distante), cada cual andaba por su camino. Por su parte, la Liga, como organismo totalmente laico que era, obraba por cuenta propia y autónomamente de los obispos. Todo ello generaba divisiones y malentendidos que no ayudaban en absoluto en la lucha por los derechos civiles y religiosos de los fieles y de la misma Iglesia como institución.

Por su parte es comprensible que la Santa Sede a veces no supiese a quienes hacer caso, ante tanta confusión. Sin embargo, no solamente se muestra cauta, sino que opta por la claridad y la precisión en el modo de llevar aquellos asuntos. Lo escribe así el cardenal secretario de Estado Pietro Gasparri al delegado de los Estados Unidos Fumasoni Biondi en noviembre de 1927.

El Papa era contrario a acoger sin más las propuestas de Obregón hechas a través de Mestre sobre la vuelta de los obispos a México, sea por su sustancia como por su forma: por las condiciones inaceptables que se ponían y sin que fuesen modificadas las leyes que habían causado el conflicto y porque se llevaban a cabo unos acuerdos sin credenciales y sólo oralmente; además la Santa Sede se reservaba la última aprobación, por parte de la Iglesia.

Además, como el obispo Díaz Barreto había pedido instrucciones sobre la actitud que los obispos mexicanos debían tomar ante la Liga, el cardenal secretario de Estado declaraba que el Papa continuaba en la misma posición que había manifestado en su carta apostólica «Paterna sane sollicitudo» del 2 de febrero de 1926. Los obispos no sólo debían mantenerse al margen de la lucha armada sino también de cualquier partido político, lo que no significaba que los obispos no debían dar su parecer moral sobre tales asuntos o no apoyar a los fieles en sus deberes cívicos.

Los obispos debían apoyar o intervenir en la cuestión de la Liga, si esta era una acción católica simple y lineal, fuera del mundo de los partidos políticos. Pero si la Liga estaba implicada en la acción armada con el mismo nombre antiguo y con sus mismos responsables, parece difícil que pudiese transformarse en acción católica. Por lo que los católicos deberían agruparse sobre bases distintas y con responsables también distintos.

Esta carta del cardenal Gasparri es clara en sus principios. La dificultad estará en su aplicación en la enrevesada situación mexicana de entonces.

BIBLIOGRAFÍA

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FIDEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ