EL SALVADOR: CONCORDATO CON LA SANTA SEDE

PRÓLOGO

Las relaciones entre los diferentes estados y naciones es un proceder que se ha dado a lo largo de toda la historia. La Iglesia Católica, a través de la Santa Sede también ha llevado en práctica esta normativa. Comúnmente a las relaciones de las diversas naciones con la Santa Sede se le conoce como «Concordato».

El objetivo de ellos es el buen funcionamiento en las relaciones Iglesia-Estado, cosa a veces no fácil de llevar por la trayectoria histórica en la cual no había diferencia entre una institución y la otra. El concordato viene entonces a dar una normativa a este tipo de relaciones.

El camino que ha recorrido el gobierno de El Salvador y la Santa Sede para llegar a un acuerdo entre ambos estados, no ha sido fácil y ha tenido una serie de dificultades. Hay que tener presente el proceso de la independencia de Centroamérica y el contexto histórico en el cual se dio el primer Concordato, la ola liberal que invadía toda Centroamérica, así como las dificultades que enfrentaba la Iglesia en la época del papa Pío IX a causa de los movimientos políticos europeos, los que llegaron incluso a cambiar y la geografía del viejo continente.

Al ser un tema de índole jurídica, se quiere resaltar el proceso histórico en el cual se dio la firma de este tratado. Este proceso es de mucha importancia, no solo para los nacientes estados Centroamericanos sino también para asegurar la protección de la Iglesia y su lugar dentro de la sociedad. También se echa de ver el prestigio que siempre ha tenido la Sede Apostólica, lo cual constituye un estimulo para los nuevos gobiernos que buscan el reconocimiento en el ámbito internacional.

En esta temática destacan los análisis de estudiosos históricos salvadoreños como el padre Jesús Delgado o el padre Luis Ayala Benítez, así también como un gran canonista especialista en Derecho Internacional, como lo es fray Marcos Rigoberto Salinas, franciscano salvadoreño.

La posición de la Iglesia en los nuevos Estados centroamericanos

¿Cuál era la posición que ocupaba la Iglesia tras la independencia de Centroamérica? Ciertamente, la Iglesia tenía un lugar privilegiado. Tuvo una participación muy activa en los movimientos para independizarse de la Corona española; de hecho, de los 29 constituyentes que firmaron el acta de emancipación, 13 eran sacerdotes.

Aunque los gobiernos de entonces eran liberales, la Iglesia tuvo un lugar de privilegio, llegándose a declarar que era la religión del estado, el cual debía proporcionarle los medios para su subsistencia y expansión. Prácticamente el estado se declaraba confesional. Así se mencionaba en el artículo 11, del titulo II de la constitución federativa, que habla del gobierno, la religión y los ciudadanos: “La religión Católica, que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los sucesivos, para que se mantenga pura e inalterable”.Se estima poco a las demás y había una clara exclusión, ya que la principal fe era la de la Iglesia Católica.

Las nuevas republicas centroamericanas verdaderamente estaban preocupadas por la atención pastoral de los ciudadanos de sus respectivos países; además necesitaban el reconocimiento internacional y no solo de los países de la región, así también como de la Santa Sede.

Pero este deseo de reconocimiento mutuo empezó a tener sus tropiezos por lo convulsionado del área; además llegaban al poder de las nuevas republicas elementos del partido liberal, que si bien es cierto que al principio siempre llevaron una relación de respeto con la Iglesia, en el devenir de los años esto fue cambiando poco a poco.

Esta unión entre la Iglesia y el Estado que al principio lo fue por mandato constitucional, se resquebrajo por medio de unas leyes que vinieron a erosionar dicha unión. El centro del problema no era que la ideología liberal rechazara plenamente a la Iglesia, de hecho las leyes la apoyaban; se trato mas bien del factor económico, o sea, del dinero, asi también como la intromisión del Estado en funciones que solo le competen a la Iglesia, se puede resumir de esta manera:

Lentamente el Estado va configurando su dominio dentro de la sociedad, no sin aceptar el importante papel que la Iglesia continua teniendo al interior de esta. Considera necesario formalizar sus relaciones con la dirección de la institución eclesiástica, después de que por cerca de treinta años se mantiene en una relación poco clara con ella.

La firma del Concordato se presenta entonces como una necesidad imperante por parte del Estado, para precisar sus relaciones con la Iglesia Católica en su conjunto. Aunque sin lugar a dudas, esto también se constituye en un retroceso para el Estado, puesto que este acepta nuevas limitaciones al formalizar sus relaciones con la Iglesia a través de la firma de este documento.

Podemos decir de manera general que las reformas liberales en Centroamérica redujeron de manera sustancial el rol de la Iglesia en el ámbito de la sociedad. El primer paso en firme se dio en Guatemala bajo la administración de Justo Rufino Barrios, quien abanderó el régimen liberal de su país con un profundo sentimiento anticlerical.

Expropió muchos bienes de la Iglesia, sobre todo propiedades a través de una reforma agraria; todo esto confabulado con el sector cafetalero que poco después vienen a constituir la clase terrateniente. Esto se dio en el año de 1873. El lema del dictador era «Paz, educación y prosperidad material», cargado con un fuerte anticlericalismo, no solo por razones económicas, sino como reacción al fuerte control ejercido por la Iglesia sobre la educación.

El gobierno expulsó al arzobispo de ese entonces, Monseñor Bernardo Piñol y Aycinena el 18 de octubre de 1871; con esto, el poder social de la Iglesia había sido destruido definitivamente por el Estado.

Agregadas a estas afrentas, esta el hecho significativo de abolir la Pontificia Universidad de San Carlos,como parte del proceso de secularización de la educación; además declaro obligatorio el matrimonio civil, teniendo mayor validez o al menos equiparándolo con el religioso, cosa inconcebible en aquella época, además de permitir el trámite del divorcio.

Otra de las prerrogativas que le fue extraída a la Iglesia fue precisamente la administración de los cementerios. Había no solo el transfondo ideológico sino también económico, ya que los cementerios permitían una regular cantidad de ingresos económicos a las Parroquias.

Prácticamente los sacerdotes quedaron reducidos a la categoría de empleados o funcionarios del gobierno (regalismo republicano). Similares disposiciones aplicaron los diferentes gobiernos liberales en cada uno de sus respectivos países, dando origen a lo que se conocerá como las leyes anticlericales, las que anularon poco a poco la influencia de la Iglesia en la nueva sociedad.

El caso de El Salvador

En el caso de la republica de El Salvador, esta persecución liberal contra la Iglesia se hará bajo la presidencia de Rafael Zaldívar,en sintonía con su predecesor, Santiago González.Ellos se encargaron de promulgar constituciones de corte liberal, compuestas por las leyes anteriormente citadas.

Zaldívar fue médico de profesión y un sagaz político; antes de ejercer la primera magistratura del país, ocupo diversos cargos diplomáticos en diferentes cortes europeas. Cuando el general Justo Rufino Barrios, dictador liberal de Guatemala, decidió nombrar una persona para gobernar El Salvador, apareció la figura de Zaldívar, otro gran liberal que con sus leyes afecto seriamente a la Iglesia.

La expropiación de tierras, tanto eclesiásticas como comunales, dio origen a los latifundios, concentración de poder de la clase dominante. Este problema marcará en adelante la vida política del país, ya que se darán luchas hasta entrado el siglo XX. Cabe destacar en este periodo el desarrollo en el cultivo del café, así también como la creciente influencia de los Estados Unidos, en su afán de expandir su dominio en la región.

Esta política liberal será la que dominará al territorio salvadoreño durante los siguientes años hasta 1932, donde la injusticia social facilitará un movimiento insurreccional comunista, que será reprimido violentamente por el ejercito, en la figura del general Maximiliano Hernández Martínez,quien tomará el poder por vía de las armas, gobernando con una política conservadora, en la cual no habrá mucha diferencia en relación con la anterior liberal, dejando a la Iglesia al margen, con un papel muy discreto en la sociedad.

El nuevo conflicto Iglesia-Estado

Después de ser una institución oficial, insertada en la burocracia estatal y después de ser un organismo de gobierno en las estructuras del estado, la Iglesia salvadoreña pasa a un nivel secundario, donde también experimentará el rechazo y la persecución.

Esta crisis entre la Iglesia y el Estado fue resultado de la invasión de funciones de uno y otro; así, sacerdotes estaban metidos en política (clericalismo político), ya que ellos fueron los que encabezaron, junto a los criollos, los movimientos de independencia, y se encargaron después con los grupos oligarcas, la función de gobernar a las grandes mayorías.

De parte del gobierno, se vera una actitud de intromisión a los asuntos internos de la Iglesia (regalismo republicano), dándose el caso más grave en la erección de la diócesis salvadoreña, no por la autoridad pontificia, como lo regulan los cánones del derecho eclesiástico, sino por propia iniciativa del gobierno, esto es, mediante la interpretación (unilateral) del Patronato.

Esta incorrecta interpretación del Patronato, vino a resquebrajar las ya de por si maltrechas relaciones entre la Iglesia y el Estado, llevando a un enfrentamiento verbal, donde, como es de esperarse, la Iglesia llevo la peor parte, ya que sufrió la persecución y la expulsión de mas de un obispo.

No se cayo en la actitud anticlerical extrema como ocurrió en Guatemala, pero si hay que recalcar que la persecución fue muy seria y vino a quitar a la Iglesia mucho de su protagonismo, pero no así su prestigio y su misión, como lo es ser una reserva moral en medio de la sociedad y el estado, el cual, muchas veces, en aras de la libertad, pasa por encima de los derechos de las personas.

Para regular esta desigualdad de poder y llevar una armonía, no talvez como se tenía primero pero si, con una situación de respeto y tolerancia, era necesario formalizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. De ahí viene la urgente necesidad de suscribir el Concordato, tarea nada fácil, tomando en cuenta los antecedentes no solo geopolíticos del área, sino también intereses económicos, de poder y de dominio.

El neo-patronato unilateral

Después de independizarse de la Corona española, las relaciones entre la Iglesia y el Estado salvadoreño no podían estar mejor. El clero gozaba de mucha simpatía en todos los estratos de la sociedad, además del reconocimiento y el favor del Estado. Era tanta la armonía, que el Estado, para premiar a uno de sus lideres mas preeminentes, decidió, por cuenta propia, erigir una diócesis para la republica de El Salvador, y nombrar ni más ni menos como su obispo, al propio presidente de la Asamblea Federal, que era el presbítero José Matías Delgado, héroe de la independencia y vicario del arzobispado de Guatemala.

Para la época de la independencia, las Provincias Unidas de Centroamérica, formaban también una sola provincia eclesiástica. Guatemala era sede episcopal desde el año 1534. Al principio esta diócesis fue sufragánea de la diócesis de Sevilla, después lo fue de la diócesis de México, pero en 1743 Benedicto XIV la elevo a Metropolitana, mediante la bula «Ad Supremum catholicae Ecclesiae».

Se crearon otras nuevas diócesis que pasaron a ser sufragáneas de Guatemala, estas son; León en Nicaragua, Comayagua en Honduras y Chiapas, que en aquel entonces era parte de la Capitanía de Guatemala, pero después paso a formar parte de México. Como se puede observar, en Centroamérica, los únicos dos países que no tenían sede episcopal eran El Salvador y Costa Rica.

Era imperativo para el nuevo gobierno regional de El Salvador poseer la suya propia. Fue así como empezaron los primeros preparativos; el congreso provincial envío el decreto de erección de la nueva diócesis a la asamblea federal, explicando las razones por las cuales se debía erigir la mencionada diócesis en el territorio salvadoreño.

El documento en mención dejaba a la mitra bajo el poder temporal. El Art. 2, señalaba que el Obispo Delgado debía tener comunicación con la sede de la Iglesia en Guatemala, sin comprometer los fueros de la nueva mitra, ni menos las regalías del estado. En el Art. 3, ordenaba que el Jefe de Estado enviara la comunicación con el Sumo Pontífice y establecería las relaciones pertinentes. El Art. 4, indicó que el Obispo electo prestaría juramento ante el Congreso salvadoreño. En 1825, el Congreso Federal emitió un Decreto donde respaldó la silla episcopal en El Salvador y se comprometió a realizar las diligencias ante Su Santidad para obtener la aprobación.

Un año más tarde, el Papa León XII envió la sanción al Obispo Delgado, que se dirigía en estos términos: “personas seglares, se habían avanzado hasta apropiarse el derecho privativo de sola esta Santa Sede, de erigir un nuevo obispado en la ciudad de San Salvador, que es parte del Arzobispado de Guatemala y además nombrarte a ti por su primer Obispo. Habiéndonos causado este sacrílego arrojo tan grave dolor.”

El papa concluía dicha carta amenazando con la excomunión al seudo obispo Delgado, el cual, al igual que el gobierno, se habían atribuido funciones que solo la Sede Apostólica podía conferir. No debemos olvidar que antes de la independencia, la diputación de esta provincia en 1812 había pedido a las Cortes que la Santa Sede que le proveyese de una nueva diócesis.

Los argumentos que tenía el gobierno para dicha petición era que la provincia de San Salvador había elevado desde hace años las suplicas al gobierno español, el cual a su vez había ordenado mas de una cédula real ordenando que se formase el proceso; que la provincia, debido al aumento de la población y a la extensión del territorio, necesitaba ser urgentemente eregida en diócesis, pues el actual pastor no la había visitado en los últimos 19 años; por último que la provincia tenia suficientes rentas para sostener una sede episcopal.

La Santa Sede no accedió a la petición. A pesar de la amenaza del Papa el proceso continuó, y fue así como el órgano legislativo salvadoreño, en 1829, nuevamente respaldó el obispado y designó al padre Delgado como gobernador eclesiástico. Después el gobierno hizo un giro en su política.

El nombramiento fue declarado insubsistente por la asamblea salvadoreña, en un decreto de enero de 1831; además derogaban las leyes y decretos antes expedido sobre el asunto del obispado. Meses más tarde el congreso federal emitió, el 11 de julio, un decreto donde estableció que al Gobierno Federal le correspondía el Patronato Eclesiástico. Al Presidente de la República le trasladaron las funciones antes ejercidas por los monarcas españoles y los Jefes de Estado ejercerían el Vice-patronato. El problema del Patronato, debemos admitir, es muy complejo.

La Santa Sede estaba en una situación un poco crítica. Por un lado estaba la presión de Fernando VII, el cual reclamaba para si el derecho de erección de nuevos obispados, así como la nomina de nuevos obispos; y por otro lado, no solo El Salvador reclamaba este derecho como herencia de la independencia, sino que otras republicas, también se querían abrogar el mencionado derecho.

Para evitar que el ejemplo de El Salvador fuese imitado por las otras republicas, era necesario que cuanto antes se tomaran las medidas necesarias para proveer de pastores legítimos a las diferentes diócesis, lo mismo que su erección. El caso salvadoreño fue estudiado por la Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios. Prácticamente el problema estaba al borde de convertirse en un cisma, y se debía actuar inmediatamente.

La Congregación designo un delegado para que se hiciese cargo del asunto, esto recayó en la persona del abate camaldulense Albertino Bellenghi.El abad proponía tres opciones para solucionar el naciente cisma: la primera opción era excomulgar al presbítero José Matías Delgado, esto según el abad, traería el aislamiento y la difamación de dicho personaje ante el clero salvadoreño. Esta debía ser firmada por el Papa para causar mayor impacto, y también para proteger al arzobispo de Guatemala.

La segunda y la tercera opción para Bellenghi, era precisamente erigir la nueva diócesis, tomando en cuenta las solicitudes hechas anteriormente. Para llevar a cabo esto, sugería que la arquidiócesis de Guatemala debía renunciar a parte de su territorio eclesiástico para permitir la creación de la nueva diócesis. La cuarta opción es que la Santa Sede actuara al margen de la corona española.Todo esto, como decía el consultor, con el único objetivo de conservar la unidad de la Iglesia en aquel lugar del planeta.

Erección anticanónica de la diócesis de San Salvador

El gobierno salvadoreño había invadido una función propia de la Santa Sede. El primero en dar la noticia sobre la erección anticanónica de la nueva diócesis fue precisamente el arzobispo guatemalteco fray Ramón Casaus y Torres.En efecto, aunque el arzobispo haya apoyado posteriormente la Independencia, él era un súbdito de la corona española y tenía una mentalidad conservadora, contrario a la tendencia liberal que dominaba en aquel periodo.

A esto se agregaba de la gran simpatía de que gozaba el padre Delgado de parte del gobierno, por ser uno de los propulsores del movimiento independentista. El Salvador tenia mucha prisa por erigir la nueva diócesis, ya que si no lo hacia así permanecería siempre en inferioridad con respecto a Guatemala y los demás países que poseían diócesis propias.

Por otro lado, también estaba la posibilidad de que el arzobispo rechazara el nombramiento del nuevo obispo, y se debía pedir el consentimiento de él, ya que se le consideraba uno de sus adversarios políticos. Todas estas noticias provenientes de Centro America suscitaban la atención de la Santa Sede.

La gravedad de los informes que envío el arzobispo de Guatemala detallando la situación desde su óptica, llenó de preocupación al Papa que temía un cisma con consecuencias muy grandes en las nacientes y frágiles republicas americanas.

Tres eran los principales temores suscitados en Roma a raíz de estos sucesos: primero, que el padre Delgado habiéndose arrogado para si mismo el gobierno de la nueva seudo diócesis, pudiese encontrar un obispo no tan ortodoxo, con conciencia descarriada que se prestase a consagrarlo. Las consecuencias de esto hubieran sido un gran escándalo y una afrenta a la Sede Apostólica.

En segundo lugar, se temía acerca de los principios por los cuales las autoridades salvadoreñas estaban llevando a cabo esta maniobra. Y en tercer lugar, el temor era que dada la difícil coyuntura en los primeros años posteriores de la emancipación, las demás republicas, al ver este ejemplo, tomasen el mismo camino. Recordemos que Costa Rica se encontraba en la misma situación de El Salvador, esto es, no tenía obispado propio.

Mientras acontecía todo esto, el gobierno salvadoreño designó al ex fraile mercedario José Víctor Castrillo para que fuese su representante ante Roma, para interceder ante León XII por la situación que se vivía en el país y explicarla de otra manera. Se buscaba con este enviado que el Papa aprobase definitivamente la erección de la nueva diócesis.

Castrillo entrego el mensaje del gobierno salvadoreño, en el cual le informaba de los cambios políticos acaecidos en Centroamérica a raíz de la independencia de España. También le informaba la decisión del gobierno salvadoreño de erigir y nominar al padre Delgado como obispo de la nueva diócesis.

Esta decisión era justificada por el gobierno con el argumento de que era el Estado quien debía proporcionar la ayuda espiritual a los fieles, mediante la nomina de nuevos pastores. Esto último provocaba mucho recelo a la Santa Sede. El Congreso de San Salvador, según el mismo Castrillo, fundamentaba su presunción en el derecho del Patronato que antes ejercitaban los Reyes Católicos de España, pero que con la independencia se había convertido en una prerrogativa de la suprema potestad del Estado.

Ciertamente el gobierno hacia una interpretación unilateral del Patronato real a su favor, o bien, no estaba asesorado jurídicamente sobre este caso. Lo cierto es que esta misión fue directa al fracaso, primero por el embajador Castrillo no fue recibido en audiencia por el Papa, entre otras razones por que el gobierno que el representaba aun no era reconocido por la Corona española; y también, por la vida moral del ex fraile, que fue expuesta en una carta del arzobispo de Guatemala a la Santa Sede.

La Sede Apostólica afirmaba que el Patronato del cual gozaban los reyes de España era un privilegio concedido por Julio II en un momento histórico, y dada la necesidad de la Iglesia de expandir el cristianismo a los lugares recién descubiertos. De esta manera, la Santa Sede no podía acceder a las pretensiones del estado salvadoreño. Fue así como Roma dio una respuesta a través de la Sagrada Congregación de los Negocios Eclesiásticos.

Según la manera de proceder de la Congregación, esto fue sometido al parecer y al examen de una comisión de cardenales que después sugerirían al Papa lo que se resolvió. Los cardenales llegaron a la conclusión de elegir una de las opciones proporcionadas por el abad Bellnghi, pero al final se llego al acuerdo que el Papa amonestase el jefe de Gobierno salvadoreño, y que también hiciese lo mismo con el presbítero Delgado.

El Papa procedió según el consejo de la Congregación. En la carta enviada al jefe de estado salvadoreño, la Santa Sede da a conocer su profunda tristeza por esta decisión unilateral, que llega al sacrilegio por tomar el Estado cosas atribuidas a la Iglesia sin ningún respeto o permiso. Decía la carta de la Sede Apostólica:

“En la Iglesia de Dios es un asunto y negocio máximo erigir obispados, constituir y enviar obispos, a los cuales puso el Espíritu Santo para gobernarla… por lo tanto la potestad de constituirlos de ningún modo pertenece, ni aún a los metropolitas, según la disciplina de la Iglesia recibida de muchos siglos atrás y confirmadas por concilios generales, como que volviendo esta potestad al principio de donde había salido, únicamente reside en la Sede Apostólica.”

Pero a pesar de la denuncia del grave atentado cometido contra la Iglesia por parte del poder civil, la carta de León XII dirigida al jefe de estado salvadoreño concluía con un tono conciliador:

“Hemos juzgado querido hijo, escribir a ti y a los demás gobernadores de la Republica, con todo el afecto del corazón, según la obligación del supremo cargo que nos esta encomendado, dirigiéndoos la palabra con caridad paternal, y exhortándoos a que acordándoos de vuestra religión, piedad y veneración hacia esta Cátedra de Pedro, en quien debe afirmarse todo el que quiera estar con la Iglesia de Cristo, desistáis de lo comenzado, y dejando el cisma volváis a la paz y unidad de vuestra madre la Iglesia”.

No ha sido el mismo trato conciliador que ha recibido el seudo obispo Delgado, ya que el Papa se dirige a el por medio de una carta en términos muy duros, echándole en cara su nombramiento por parte de la autoridad civil, el cual, no tiene ningún valor ante la Sede Apostólica.

Pero lo que mas le dolía al Papa es que el padre Delgado se prestase a esta maniobra del gobierno y aceptase este encargo, ignorando por completo el llamado del metropolitano de Guatemala, el cual, le exhortaba para salir del error; y lo más grave, que no haya tomado en cuenta la amonestación de la Santa Sede. La carta del papa estaba escrita de esta manera:

“Habiéndonos causado este sacrilegio arrojo tan grave dolor, que apenas puede decirse, se agrega al colmo de la pena, el que tú, hombre no solo católico, sino eclesiástico y principalmente Párroco, para quien no haber cosa mas apreciable, que tolerar cualquier trabajo y adversidad por defender la causa de Dios y conservar la unidad de la Iglesia, te hayas asociado a tan depravado consejo, y resistiendo á las amonestaciones de tu Prelado, prestaras tu consentimiento á tu elección en términos que nada mas faltase para introducir el cisma.”

A la luz de estas cartas se veía claramente la postura del papa: primero debía darse una retractación del cisma, y solamente después de tal retractación y reparación del escándalo, la Santa Sede estaría dispuesta a socorrer a las necesidades espirituales con las que el gobierno del Estado intentaba excusar su modo de proceder.

El papa dirigió directamente las respuestas por medio de cartas enviadas al jefe de estado y al sacerdote Delgado, ignorando a la persona del ex fraile Castrillo, esto le valió a la Santa Sede y a la misma figura del Papa, una serie de ataques injuriosos por parte de Castrillo, en los cuales se lamentaba que el Papa no quería a las iglesias de América.

Ignoraba Castrillo los esfuerzos que la Santa Sede hacia para socorrer las necesidades espirituales no solo de la Iglesia en San Salvador, sino también en todas las republicas nacientes del Continente americano. El Papa quería seguir las sugerencias de la Congregación, donde le decían que el único remedio eficaz contra el cisma era la erección de la diócesis y de su pastor.

Esto no era sencillo de resolver, pues la Santa Sede se encontraba con el problema del rey español que se oponía a la erección de las diócesis sin su consentimiento, ya que todavía reclamaba los derechos del Patronato real.

Otro problema sería que con los nuevos gobiernos recién instituidos después de la independencia, pues no bastaba una relación meramente pastoral para el bien de las almas, sino que se debía llegar a una negociación política. El otro problema seria la distancia, America estaba muy lejana de Europa, y las noticias entre ambos destinos llevaban tiempo en llegar, además se desconfiaba de la veracidad de las noticias.

A pesar de ver los problemas y visualizar las soluciones, parece que las amonestaciones contra el jefe de estado y al padre Delgado no dieron efecto. Cada uno defendía su posición. Es más, el gobierno en cierta medida apoyo el sentir del ex fraile Castrillo.

El gobierno salvadoreño argumentaba que había enviado la misión encomendada a Castrillo por el respeto que le tenia a la Sede Apostólica, además de informarle al Papa su decisión de crear la nueva diócesis, pero aclaraba el gobierno que no podía renunciar al derecho del Patronato, que por sustitución de los reyes de España supuestamente le correspondía.

La situación quedo mas confusa cuando se dio la muerte del jefe de estado Juan Vicente Villacorta,el cual fue sucedido por Mariano Prado que siguió con la misma política respecto a la Santa Sede. Como consecuencia de todos estos sucesos desagradables, el conflicto entre la Iglesia y el Estado se agudizo cada vez más. Varios sacerdotes fueron expulsados, y otros al verse presionados por el gobierno para que reconocieran la jurisdicción del obispo electo por la autoridad civil, prefirieron abandonar sus parroquias antes de unirse al ambiente cismático que había llegado.

Estas noticias llegaron a oídos de la Congregación, la cual, viendo agotadas todas las vías preventivas, pasarían a la parte práctica para llevar a cabo las sanciones contra el gobierno y el padre Delgado por el delito cismático. Debían tomarse en cuenta para aplicar estas sanciones diversos aspectos; en cuanto a la parte política y prudencial, se observo que no se causaría ninguna ofensa al antiguo gobierno, es decir a España.

En cuanto al nuevo gobierno, se dijo que no obstante éste hubiese tomado una parte muy activa en la erección del obispado y en el nombramiento del padre Delgado, no tendría ninguna razón para querellar contra la conducta de la Santa Sede, ya que esta había actuado con gran moderación, hasta el punto de haber agotado los recursos para hacerle desistir de sus pretensiones.

En la parte pastoral se trataba que, con la aplicación de este castigo, los demás estados que quisieran seguir este camino vieran el ejemplo para desistir de este proceder. La comisión tomo la decisión de excomunión contra el cismático; pero no todos estaban de acuerdo, ya que un cardenal sostenía que no se había oído y vencido en juicio al acusado.

Fue así, como el nuevo Papa Pío VIII, atendiendo el parecer de la Comisión, dirigió un Breve Pontificio el 29 de junio de 1829, al arzobispo Casaus y Torres y a todos los habitantes de San Salvador. En el breve se declaraba al padre Delgado como excomulgado y contumaz; dicha pena se extendía a todos aquellos que con su consejo, consentimiento y autoridad, habían participado en el delito de intrusión.

Como último intento para hacerles desistir a los cismáticos de su actitud, el Breve declaraba que dicha sanción quedaría en suspenso por un periodo de treinta días a contarse desde el momento en que arribase la noticia de la fulminación de la censura. Al parecer, este Breve no se conoció en San Salvador por una serie de sucesos que llevaron a la inaplicación de dicho Breve.

Primeramente, en junio de ese año el general Francisco Morazán toma el poder en Guatemala apoyado por el partido liberal, y cuando llegó al poder expulsó del país al arzobispo Casaus y Torres que fue exiliado a La Habana, Cuba.Fue una extraña coincidencia porque el mismo día que se le expulsaba y se le declaraba traidor de la Patria, en Roma se declaraba la excomunión contra el sacerdote Delgado.

Así, el breve de Pío VIII fue recibido por el arzobispo, pero debido a su exilio y al rígido control del gobierno, es de suponer que no haya sido conocido, o en el peor de los casos ocultado por el gobierno, ya que ciertamente no les convenía.Sin embargo, pasado un tiempo, el asunto fue diluyéndose al punto que parecía que el gobierno estuviese dispuesto a retractarse por lo acaecido con la creación de la diócesis y con el nombramiento del padre Delgado.

Todo llego a su fin con la muerte de Delgado acaecida en 1832, siendo declarado después por la asamblea de San Salvador como benemérito padre de la patria. El cisma se puede decir que nació muerto, agregadas todas estas fatalidades esta el hecho de las luchas intestinas en la Federación centroamericana.

Además, los decretos eran anti populares ya que buena parte de la población, debido a su espíritu religioso y devoto, estaba de parte de las autoridades constituidas por la Sede Apostólica y no por aquellas elegidas por el gobierno. Podemos decir que al final el gobierno fracaso en su pretensión de erigir su propia diócesis lo mismo que su obispo.

También fue un fracaso en lo económico, ya que la manutención de la Iglesia estaba regulada por el diezmo, mismo que el papa Alejandro VI, mediante la bula «Eximiae devotionis siceritas»,había donado a los reyes de España para que estos a su vez proveyeran a la Iglesia naciente en America.

San Salvador, al no poseer sede episcopal, al igual que Costa Rica, debía pasar lo recaudado del diezmo a la arquidiócesis de Guatemala, y desde ahí se distribuía según las necesidades de la Iglesia. Uno de los argumentos que sostuvo el gobierno para justificar la erección de la nueva diócesis es que tenían capacidad para sostenerla, pero con este revés todo paso siempre a Guatemala.Bajo este aspecto del conflicto, esta batalla se fue disipando poco a poco.

Esto se evidencio también en el hecho de que entre 1830 hasta 1842, en el Archivo Histórico de la Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos, no se mantuviera una correspondencia muy activa con Centroamérica como se dio en los años anteriores; el único documento encontrado en este tiempo es la carta enviada del arzobispo Casaus y Torres informando de la muerte del padre Delgado.

Podemos decir que las consecuencias de este conflicto fueron muy tristes, no solo para la Iglesia de El Salvador, sino para toda Centroamérica, donde las únicas tres diócesis existentes se vieron huérfanas o privadas de sus propios pastores. Por este panorama, era aun más imperativo que la Iglesia llegara a un acuerdo con el Estado para firmar un Concordato y evitar toda esta serie de problemas, y poder así erigir las diócesis canónicamente y proveerlas de su legítimo pastor.

Al final la Santa Sede respondió a esta necesidad, y el 28 de septiembre de 1842 fue erigida la diócesis de San Salvador con la bula «Universalis Eclessiae procuratio». Esta diócesis fue elevada a Arquidiócesis el 11 de febrero de 1913, por el Papa San Pío X con la Bula «América Centralis».

El primer obispo en ocupar la diócesis de San Salvador fue Jorge Viteri,que fue elegido Obispo Diocesano de San Salvador, el 27 de Enero de 1843 y ordenado Obispo el 29 de Enero de 1843. Retirado de la Diócesis de San Salvador, el 24 de Julio de 1846. Dimitió de la Diócesis de San Salvador en 1848. Con esto se abría el camino para la firma del Concordato y un nuevo tipo de relaciones entre la Iglesia y el Estado.

El proceso hacia el primer Concordato

La posibilidad de firmar el Concordato encontró eco en el papa Pío IX (Giovanni María Mastai Ferretti), que sin exagerar, ha sido llamado por algunos, el primer papa de Latinoamérica,pues siendo un joven sacerdote trabajó dos años (1823-1825) en Chile y Argentina como secretario de la «Misión Muzzi».

Pío IX tenía una gran preocupación de esta convulsionada región, y para sanear toda esta situación tomó la iniciativa de firmar convenio y concordatos para consolidación de la jerarquía y la multiplicación de las diócesis, aprovechando los periodos durante los cuales los hombres en el poder civil eran favorables a la Iglesia.

En efecto, en el periodo que va de 1852 a 1863, cada una de las cinco republicas de Centroamérica estipuló un Concordato con la Santa Sede. Esto con la finalidad de restablecer un sistema de armonía en las relaciones de la Iglesia con esos nuevos estados. Como las noticias que se tenían en Roma de estas iglesias eran vagas y confusas, se pidió a través de la Nunciatura en Bogota, al Metropolitano de Guatemala y a los obispos, o si no los había a los vicarios capitulares, un informe sobre la situación eclesiástica.

Al año siguiente, el papa nombra a Monseñor Luis Clementi como Delegado apostólico para México y Centroamérica.En la carta de presentación del delegado apostólico, que el pontífice dirigía a los presidentes centroamericanos, se enfatizaba el carácter espiritual de la misión. Sin embargo, las instrucciones que la Congregación de Negocios Eclesiásticos preparó para el delegado, eran todavía de mucha cautela con respecto a la posibilidad de concluir concordatos.

Dos países de la región respondieron positivamente a la iniciativa del papa. En primer lugar Costa Rica, que nombro al Marqués Fernando de Lorenzana como ministro plenipotenciario residente en Roma, quien se dirigió al cardenal Secretario de Estado manifestándole que había recibido instrucciones de su país para promover un concordato con la Santa Sede.El cardenal respondía al ministro de Costa Rica que el Papa había acogido la petición de su gobierno. Con ello abría una puerta por donde podían entrar las demás republicas de Centroamérica.

También el gobierno de Guatemala nombro al mismo Fernando de Lorenzana para que lo representase para el mismo fin, a lo cual, la Sede Apostólica respondió favorablemente. En 1855 representantes del gobierno salvadoreño tienen con un contacto informal con el Delegado apostólico en México, y otro contacto con el Nuncio en Paris.

El gobierno salvadoreño reconocía la urgente necesidad de estipular un acuerdo que regulase todo lo relativo al ejercicio de los poderes de la autoridad eclesiástica y de autoridad secular, declarando estar en la mejor disposición para conseguirlo.

El delegado apostólico en México, no pudiendo tomar una decisión, animaba al gobierno a solicitar al Papa este deseo. Mientras tanto, en Francia, el Nuncio apostólico informaba al Secretario de Estado el interés que los ministros de El Salvador y Honduras ante al gobierno francés, le habían manifestado su intención de llevar a cabo dicho concordato.

Fue hasta 1860 cuando El Salvador decidió nombrar también al Marques de Lorenzana como su representante ante la Santa Sede. El objetivo del gobierno era la distensión de las relaciones con la Iglesia. Estaba el precedente de la expulsión del primer obispo, Mons. Viteri, y la solicitud de nombrar a Mons. Zaldaña, además del problema del diezmo.

La situación de la Iglesia dependía en gran medida de la situación política del país. La Santa Sede pidió un informe al Delegado apostólico en México; éste no era muy optimista en la firma del Concordato, y sugería esperar un tiempo antes que se normalizase la situación que todavía estaba sujeta a mucho movimiento.

A la preocupación de Roma debido a estas noticias, se agrega el hecho de la infiltración protestante en Centroamérica, debido a la presencia de empresas de Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, todos los gobernantes estaban de acuerdo de la gran influencia de la Iglesia Católica en la sociedad, aunque esto era mas reconocido por los gobiernos conservadores que los liberales.

El pesimismo del Delegado tenia fundamento: explicaba a Roma los decretos aprobados por el gobierno de El Salvador en el cual se disponía que los bautismos, las exequias, el repique de las campanas y las disposiciones testamentarias que no tuviesen herederos forzosos, pagasen un impuesto destinado a la formación de la dotación del obispo y del Capítulo.Se dejaba a la autoridad eclesiástica en libertad para regular la manera de cobrar el impuesto, pero ésta debía presentar anualmente al gobierno el estado general de las rentas.

Para el Delegado apostólico estas eran medidas indignas y sacrílegas, pues se tasaban actos religiosos como si se tratase de cualquier otro acto civil, sin entenderse primero con la Santa Sede. El Delegado, al ver todas estas situaciones, desconfiaba de la intención del gobierno.A pesar de todo esto, en Roma, no parece que las quejas del Delegado hayan tenido consecuencias en lo referente de aceptar las solicitudes del gobierno en favor de las negociaciones concordatarias.

Al contrario, la Congregación de Negocios Eclesiásticos comenzó a recoger desde 1855 las pocas noticias que llegaban de El Salvador sobre la situación de la Iglesia, en vistas de tenerlas presentes en el momento de la apertura de las negociaciones, siguiendo los pasos de Costa Rica y Guatemala. Pero la tensión y los conflictos entre ambas partes continuaron, comenzando con el gobierno de Gerardo Barrios.

El desarrollo de tales conflictos tuvo su origen en la política liberal anticlerical. Ello se refleja en un informe enviado del obispo de San Salvador, Mons. Pineda y Zaldaña a Roma, en el cual se defiende de las acusaciones que hace el gobierno contra su persona por medio del embajador ante la Santa Sede. El obispo deplora la actitud del canciller que hace críticas a la Iglesia hasta en los periódicos. El obispo, por consiguiente, también esta en contra del Concordato.

La tensión se hizo más evidente con ocasión del cuadragésimo aniversario de la independencia patria, en el cual, por medio de un discurso, se partía de elementos iluminísticos y de la Leyenda Negra en contra de la Iglesia, especialmente el papado y el clero, diciendo de ellos que han sido una influencia perniciosa una influencia perniciosa a lo largo de la historia, utilizando el Evangelio para tener a los pueblos, sobre todo los hispanoamericanos, en el oscurantismo.

El obispo inmediatamente protesto ante el gobierno debido a lo encendido del discurso, solicitó la no publicación del mismo ya que se hacia una clara apostasía al insultar de esa manera a la Iglesia. El gobierno en cambio, interpreto la protesta del obispo como un intento de indebida ingerencia de parte del prelado en los asuntos del estado, haciendo caso omiso del mismo.

El asunto se agravo más cuando el gobierno decreto el 11 de octubre de 1861 que el clero estaba obligado a prestar juramento de fidelidad a la constitución de la republica y sumisión a las leyes y autoridades constituidas.

El obispo se negó a prestar el juramento, lo mismo que el clero. Pedía que se debía clarificar el decreto para obedecerlo. El gobierno entonces tenía una doble actitud: en el exterior deseaba llevar a cabo la firma del Concordato, pero en el ámbito interno se notaba una clara hostilidad hacia la Iglesia local.

Ello se explica por la presión ejercida por el gobierno conservador de Guatemala y los demás de Centroamérica. Barrios debía de actuar de manera prudente, y así lo hizo al enviar al Papa una misiva donde le exponía su adhesión y respeto a la Iglesia Católica y le pedía la designación de un obispo coadjutor, ya que Mons. Pineda se había autoexiliado a Guatemala. Gerardo Barrios terminaba la carta implorando la bendición apostólica del Sumo Pontífice.

La Santa Sede no accedió a las peticiones del presidente Barrios, pero tampoco consideró que los nuevos conflictos fuesen suficientes para interrumpir las negociaciones ya comenzadas en favor del Concordato.

La firma del Concordato de 1862

La principal oposición de la firma del concordato venia del mismo país interesado, es decir, de El Salvador, en la voz del obispo Pineda y Zaldaña. Como hemos escrito, había mandado una misiva al pontífice sin tener respuesta de él, y parecía que la Santa Sede estaba mas interesada que nunca en la firma del acuerdo.

La posición de Mons. Pineda y Zaldaña tenía su razón de ser, pues no aceptaba las leyes anticlericales de la republica y aconsejaba un momento de espera hasta que se realizase la firma del acuerdo.A Roma también llegaron informes que hablaban de la anti religiosidad, y de ciertas intrigas del gobierno de San Salvador en contra de los intereses eclesiásticos; se temía que por falta de suficiente información, la Sede Apostólica celebrara un concordato en el cual el gobierno pudiera obtener las mayores ventajas, y en vez de garantizar la libertad de la Iglesia, fuera en contra de ella.

La Santa Sede tomo en consideración todos los informes que le enviaban, pero estaba con la idea de firmarlo, siempre y cuando los artículos fueran para bien de la Iglesia, lo mismo que para el Estado y la feligresía en general.

Uno de los problemas que obstaculizaban la firma del Concordato era precisamente el decreto sobre el juramento que debían hacer los clérigos al Estado. Al momento de las negociaciones se observo la práctica con los tratados hechos en Costa Rica y Guatemala, donde, como una concesión al Papa, previa declaración de los gobiernos de que no era su intención obligar en conciencia a quien lo prestara a cosa contraria a la ley de Dios y de su Iglesia.

El ministro plenipotenciario del gobierno salvadoreño quería tomar el texto del Concordato con Costa Rica, pero haciéndole una serie de cambios (a los artículos 3, 10, 15, 17, 20, 21 y 26 del concordato con Costa Rica),los cuales eran inaceptables para los obispos. En vista de la insistencia del gobierno de llevar adelante estos cambios y no ceder ante la postura de la Iglesia, la cuestión fue sometida directamente al papa Pío IX.

Con la intervención del pontífice se cerraba prácticamente el camino a las últimas modificaciones deseadas por el gobierno. Todo había llegado al extremo: o se firmaba el concordato definitivamente o se rechazaba. Pero el rechazo ya sea de una parte o de otra, significaba probablemente la interrupción temporal o definitiva de las negociaciones, algo que no le convenía a ninguno de los dos.

Por ello, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre el proyecto de Concordato a inicios de 1862, pero antes de proceder a la firma del mismo debía buscarse una solución a todos los problemas en lo referente a los artículos arriba citados. Pero cuando las negociaciones estaban en curso, el gobierno de El Salvador decidió imponer unilateralmente la obligación del juramento a todos los eclesiásticos, provocando con ello la protesta del obispo y del clero.

La manera en la cual se solucionó este grave problema fue que el ministro plenipotenciario declaro solemnemente, en nombre del gobierno salvadoreño, que no era la intención de éste obligar a quienes pretasen el juramento a cosa contraria a la ley de Dios y de la Iglesia.El objetivo de la declaración era eliminar toda duda de conciencia en quienes fuesen llamados a prestar el mencionado juramento de obediencia y fidelidad al gobierno de turno.

Una vez hecha esa declaración solemne, se solicitaba que el Papa autorizase al obispo y al clero de San Salvador a prestar el juramento, en espera que con ello se pusiese fin a las contiendas surgidas a raíz de ese asunto entre la autoridad secular y la religiosa.

Así, superadas todas las adversidades, se llegó a la firma de tan deseado documento que representó para la Santa Sede, después de la diócesis de San Salvador, el acontecimiento mas sobresaliente en la historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el siglo XIX.

Con esta firma se cierra la serie de concordatos centroamericanos del pontificado del Papa Pío IX; pero la firma de este documento mas que un punto de llegada, representa un punto de salida; un intento serio en la búsqueda de un sistema que garantizara jurídicamente la concordia y la armonía entre la potestad secular y la religiosa, a través del compromiso de las partes contrayentes.

Inoperancia del Concordato de 1862

El Concordato de la Santa Sede con el gobierno salvadoreño fue firmado durante la administración del capitán general Gerardo Barrios, el 22 de abril de 1862.De acuerdo a un decreto del presidente Santiago González del día 8 de agosto de 1874, el concordato de 1862 nunca fue ratificado por la Asamblea Legislativa de la Republica.

El motivo por el cual no se ratifico dicho convenio es que los diputados encontraron en la redacción del texto del Concordato, términos jurídicos que estaban en abierta contradicción con los principios de tolerancia religiosa y de la libertad de enseñanza consignados en la Constitución salvadoreña de 1841, todavía vigente en 1862.

En 1872 el gobierno salvadoreño había enviado a Roma al señor Manuel Torres Caicedo,quien en calidad de ministro plenipotenciario llevaba la misión de celebrar un nuevo concordato con la Santa Sede. El delegado apostólico de la Santa Sede en Centroamérica, había advertido a Roma sobre la dudosa voluntad del enviado del gobierno de El Salvador, a pesar de las muestras de amistad y promesa de lealtad que el enviado oficial manifestó a la Sede Apostólica.

El encuentro del enviado salvadoreño con la Santa Sede tuvo lugar en 1873, pero no dio ningún resultado positivo. La razón que daba el estado salvadoreño para no ratificar el concordato en esa ocasión fue que las cláusulas del mismo exigían del gobierno salvadoreño reconocer a la religión católica como religión del estado, exigía además que el obispo, la catedral, el capitulo catedralicio y el seminario recibirían ayuda económica del Estado.

Además establecía la prohibición de la autoridad pública de intervenir en funciones sagradas. No habiendo obtenido el ministro plenipotenciario acuerdo alguno sobre los puntos en litigio con la Santa Sede, el estado salvadoreño decidió suprimir a la Iglesia Católica todos sus derechos y privilegios hasta ese momento reconocidos en la práctica.

Restablecimiento de las relaciones diplomáticas

Después de unos años de aletargamiento, se volvió a activar el mecanismo para llevar a cabo la puesta en práctica del Concordato. Es así, como en 1908, la Santa Sede nombra a Mons. Juan Cagliero como Delegado apostólico para Centroamérica, con sede en Costa Rica. El objetivo del delegado apostólico era fijar la erección de la provincia eclesiástica en El Salvador, así también como reactivar las relaciones de la Iglesia con el Estado. En febrero de 1911 asume la primera magistratura del país el doctor Manuel Enrique Araujo.El Delegado apostólico le envío una carta de felicitación fechada el 28 de febrero de 1911.El 18 de marzo de ese mismo año, el presidente Araujo le respondió al delegado en estos términos:

“Con mi gobierno, que será de orden, créalo, Ilustrísimo Señor, tendrán garantías todos los credos políticos y religiosos de manera que cada uno gire ampliamente dentro de su esfera y sus cánones, porque estoy seguro que todos, igualmente, rendirán el acatamiento debido a mi legitima Autoridad Republicana. Sobre esta base, reinara indudablemente la armonía entre todos los poderes, para el logro de sus altas finalidades.

Ilustrísimo Señor, le ruego ser interprete de mis sentimientos morales y políticos, como Supremo Magistrado de esta Republica, ante el jefe de la Cristiandad, pudiendo Usted al hacerle presente mi gratitud por su simpatía a este pedazo de suelo Centroamericano, asegurarle que le rindo mi mas respetuoso saludo, haciendo votos por su dicha personal en el Augusto trono de los Pontífices.”

Mons. Cagliero se sintió muy animado por los conceptos que el presidente Araujo le expresaba en la misiva. Sin embargo, no fue recibido por el mandatario, petición que había realizado por medio del señor obispo, porque tenía miedo del ataque de la prensa que siempre mantenía una postura anticlerical. Por fin, el 10 de febrero de 1912, el presidente Araujo escribió a Mons. Cagliero una carta para hacerle saber las causas de porqué no podía recibirlo oficialmente como enviado plenipotenciario de la Santa Sede en El Salvador: “Mis mejores deseos serian obsequiar las insinuaciones que se digna hacerme en orden a reconocimiento oficial de su carácter de delegado apostólico de la Santa Sede. Mas, meditando atentamente con el mayor espíritu de solucionar satisfactoriamente este asunto, me he encontrado con graves obstáculos que como gobernante celoso del cumplimiento de la ley, no me ha sido dable remover. Desde que se suspendieron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y se rompió el Concordato de 1861, ha sido doctrina constantemente seguida y acatada por los gobiernos anteriores, sin exceptuar alguno, que el espíritu de las instituciones que El Salvador se ha dado de 1871 para acá, no se concilia con el otorgamiento de cualquiera preeminencia a ninguna de las religiones militantes, y preeminencia, muy marcada, seria la de recibir oficialmente y abrir relaciones diplomáticas con el jefe de una Iglesia o Confesión cualquiera, por mas que ese Jefe sea el Digno y Venerable Sumo Pontífice Romano.

Tal ha sido y es la doctrina que se involucra en las instituciones nacionales, y muy especialmente la que se deriva de la actual Constitución de la republica. Por mas que algunos de mis predecesores no hayan estado acordes en su conciencia con esos principios cristalizados en la substancia de las leyes constitucionales, no les ha sido posible separase de su conciencia. Y es opinión general que solo un Congreso Constituyente pudiera, modificando el rigor de las declaraciones constitucionales, dar una solución satisfactoria a este asunto.

Que yo me empeñaría vivamente en ello, llegada la ocasión propicia que sinceramente deseo, puede V.S., estar perfectamente seguro, pues a ello me movería el espíritu de tolerancia y el acatamiento que el mundo civilizado rinde a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.”

Esto no desanimo a ninguna de las partes para continuar en la búsqueda de las soluciones, siendo así que en julio de 1920 se envío una solicitud formal para el pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos estados, siendo el iniciador de esta gestión el señor obispo de San Miguel Mons. Juan Antonio Dueñas y Argumedo, que a través de su especial amistad con el cardenal Eugenio Pacelli, quien posteriormente será el papa Pío XII, y de su innegable habilidad diplomática, propuso nombrar como internuncio a Mons. Juan B. Marenco, en sustitución de Mons. Juan Cagliero, el cual, había realizado una excelente gestión diplomática. Se nombro entonces a Mons. Marenco como internuncio de Costa Rica, Nicaragua y Honduras, además de ser Delegado apostólico para Guatemala y El Salvador.

En respuesta a la iniciativa anterior, Mons. Dueñas y Argumedo fue designado por la Santa Sede, Enviado Extraordinario para entrevistarse con el presidente de la republica de entonces, don Jorge Meléndez.Esto sucedía el 6 de noviembre de 1920.En la entrevista, Mons. Dueñas manifestó al gobernante el deseo de Su Santidad, el papa Benedicto XV, de que en la recién inaugurada presidencia se renovaran los vínculos de amistad entre El Salvador y la Santa Sede.

El 28 de septiembre de 1923, Mons. Ángel Rotta fue recibido en audiencia en el salón rojo de la sede del gobierno por el presidente don Alfonso Quiñones Molina. En esta ocasión, el diplomático vaticano presenta sus cartas credenciales ante el jefe de gobierno que le acepta como Internuncio apostólico para la república de El Salvador.

El gobierno salvadoreño responde igualmente enviando una legación ante la Santa Sede; esto ocurre en junio de 1926. En diciembre de 1933, el Santo Padre decide dividir la representación pontificia en Centroamérica en dos partes: eleva la nunciatura en Costa Rica, que será recurrente para Panamá y Nicaragua; la siguiente nunciatura es la de El Salvador, con jurisdicción en Honduras.

En esta última se designó a Mons. Alberto Levame como el representante. Posteriormente, en marzo del año 1952, se designó al señor Héctor Escobar Serrano como primer embajador del gobierno de El Salvador ante la Santa Sede.

La primera oficina diplomática ante la Santa Sede será inaugurada hasta en el año de 1978, y el primer embajador en residir plenamente en Roma para ocuparse de la representación diplomática fue don Manuel Roberto López Barrera, quien se hizo cargo de la misión el 10 de octubre del año 2010.

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KELVIN ROMERO