PERSECUSIÓN EN JALISCO (1914-1921)

Etapa Previa a la Constitución de 1917

Con la entrada del general Obregón a Guadalajara el 8 de julio de 1914, se cometieron varias injusticias: la apropiación de algunos inmuebles dedicados a la educación, entre ellos el Seminario Diocesano, el mismo arzobispado y algunos templos para utilizarlos como cuarteles. Kelley da testimonio de lo acontecido en el colegio de los Jesuitas: “El 9 de julio fue colocado un piquete de soldados en cada una de las puertas del colegio de los padres jesuitas. Este era el mejor lugar de la ciudad; estaba amueblado a todo costo y dotado de magníficos aparatos de química y física […] una banda de indios yaquis adornados con plumas, entró al colegio y acampó con sus mujeres en el limpio y elegante salón de lectura.”

En el Colegio Jesuita quedaron prisioneros los sacerdotes que se encontraban en el mismo a la llegada de las tropas, entre ellos el Padre Rector, Gerardo Decorme, hasta el 21 de julio en que quedaron formalmente presos, bajo la acusación de conspiración, pues ese mismo día el General Diéguez “dio la orden de detener a viva fuerza a todos los sacerdotes de la ciudad y de tomar posesión de todas la iglesias”.

Los militares carrancistas usaron el colegio como cárcel provisional, y en él fueron hechos prisioneros otros clérigos que se encontraban en la ciudad. Al día siguiente todos fueron conducidos a cárcel de Escobedo, en la cual se encontraban los canónigos de la catedral, algunos Franciscanos, Maristas, alrededor de 120 sacerdotes seglares y 5 Jesuitas.

En los mismos términos se refiere Mons. Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara: “el 22 de julio de 1914 fue reducido a prisión casi todo el Clero de la Ciudad de Guadalajara, en número de unos ochenta y dos eclesiásticos, incluyendo entre ellos, al Ilmo. Sr. Obispo de Tehuantepec D. Ignacio Plascencia […] mi Vicario General Gobernador de la S. Mitra, Canónigo, Dr. D. Manuel Alvarado; y todo esto so pretexto de conspiración y ocultación de armas, y a la vez se incautaron las autoridades de la Catedral y de todos los demás templos.”

Continua el mismo Arzobispo describiendo las situaciones injustas y los despojos perpetrados en los meses subsiguientes: “se impuso un préstamo al Clero de cien mil pesos, el despojo completo de vasos sagrados y alhajas de la Catedral, que tenían el valor de un millón de pesos, su clausura y profanaciones por un año entero, y quince días los demás Templos, la violación de los sepulcros de los Sres. Obispos: acto execrable aun para los salvajes, el destierro, en forma aparatosa y cruel, de cincuenta Monjas del Instituto de Damas del Sagrado Corazón, y cincuenta sacerdotes de los diversos institutos establecidos en la ciudad […] A raíz de haber salido de la cárcel los sacerdotes que fueron reducidos a prisión el 21 de julio, el Gobernador, Gral., D. Manuel M. Diéguez, impuso otro préstamo de cien mil pesos al Clero de Guadalajara, e impuso a mi Vicario General fijo, Canónigo, Dr. D. Manuel Alvarado, la obligación de satisfacerlo […] por no haberse cubierto este segundo préstamo, el mismo Gobernador Diéguez mandó cerrar todas las iglesias de la ciudad por espacio de un mes. En el mismo año de 14, a mi Vicario General substituto, Pbro. D. Miguel Cano, lo tuvieron preso por una circular al Clero que consideraron subversiva.”.

Además de los hechos anteriores, se aprovecharon de las circunstancias para apropiarse de documentos que aseguraban capitales piadosos y fincas, destruyeron parte del patrimonio artístico Diocesano, y clausuraron diversos templos sin razón alguna. El 3 de agosto, el General Diéguez reunió a todos los sacerdotes y profesores extranjeros, y les conminó la sentencia de expulsión del país, misma que se llevó a cabo el día 10; entre ellos se encontraban “15 hermanos maristas, 5 padres salesianos, 4 hermanos juaninos, 2 padres maristas, 3 del clero secular, y 18 jesuitas”.

Fueron las acciones un tanto populistas de Francisco Villa, más que convicciones personales, las que en cierta manera favorecieron a la Iglesia para contrarrestar la ofensiva carrancista y ganarse adeptos a su causa:

“Villa no compartió jamás los sentimientos de los jacobinos y comprendió muy bien el peligro que había en separarse de la base popular. Fueron los villistas quienes liberaron a los sacerdotes y abrieron las iglesias cuando tomaron Guadalajara [17 de diciembre de 1914] y Morelia en poder de los carrancistas.”

El mismo Villa, dirigiéndose en una carta a Carranza le reprocha el haber ultrajado los sentimientos religiosos del pueblo, permitiendo toda clase de acciones anticlericales. Un hecho significativo que vale la pena señalar es la actitud y valentía del Pbro. David Galván en el desempeño de su ministerio sacerdotal, pues fue fusilado “sin formación de causa y solo por el hecho laudable de haber auxiliado moribundos”.

Etapa Post-Constitucional

Con la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917, se reglamentan algunos aspectos relativos al culto, así como sus ministros. Las reacciones, no se hicieron esperar por parte de los Obispos Mexicanos, quienes encontrándose fuera del país en su mayoría, redactaron una protesta pública el 24 de febrero contra los artículos anticlericales de la nueva Constitución.

“Este código hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia Católica, de la sociedad mexicana y los individuales de los cristianos; proclama principios contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo […] y arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857 […] reconoce a la Iglesia como sociedad y a los católicos como individuos […] no pretendemos inmiscuirnos en cuestiones políticas, sino defender, de la manera que nos es posible, la libertad religiosa del pueblo cristiano en vista del rudo ataque que se infiere a la religión.”

El Arzobispo Orozco y Jiménez no pudo firmar la protesta de los prelados mexicanos, porque se encontraba de incógnito en los territorios de su Diócesis desde el 20 de noviembre de 1916, realizando una Visita Pastoral, misma que tuvo que suspender el 28 de febrero del año siguiente, porque se había levantado contra él una orden de aprehensión el 24 de febrero, a la cual le siguieron otras más.

El motivo de esta orden, como señala uno de los oficios, era el ser “responsable ante el Gobierno de alta traición a la Patria”, motivo del cual dice el prelado: “debo advertir que el motivo expresado para mi aprehensión no lo entiendo y supongo que no fue más que un pretexto”.

Él mismo en su «Memorándum» hace una apología valiéndose de los hechos realizados durante su Visita Pastoral y su pasada administración al frente de la Diócesis de Chiapas. Después de levantarse las ordenes de aprehensión contra el Arzobispo, tuvo que ocultarse en un rancho, donde permaneció por espacio de tres meses esperando que la nueva constitución le diera garantías individuales y que después de cierta reflexión los hechos le dieran la razón.

Pero al enterarse de las nuevas disposiciones constitucionales, y las protestas hechas en contra la nueva Carta Magna por otros miembros del Episcopado Nacional y del extranjero, él mismo redactó una protesta el 4 de junio:

“Me veo, pues, obligado a protestar, como lo hago, contra la nueva Constitución, como representante de esta porción de la Iglesia Católica, haciendo mía la protesta de una gran parte del Episcopado Mejicano, formulada en los Estados Unidos.” De esta protesta el mismo juzga que: “No se podía menos, dada la excepción odiosa que allí se hace a la Iglesia y sus Ministros, convirtiendo a aquella en esclava de caprichos, y a éstos en verdaderos parias”.

Antes de publicar ésta que sería su «Cuarta Carta Pastoral», determinó que fuera revisada para quitarle cualquier término inadecuado y evitar así interpretaciones erróneas. Fue publicada y leída en los templos el 24 de junio del mismo 1917; en ella podemos descubrir su actitud frente a la Constitución:

“…es notorio a todos que la nueva Constitución política, si bien reconoce muchos derechos del pueblo, sin embargo, haciendo enteramente a un lado a la Iglesia Católica, bajo cuya sombra vive la inmensa mayoría, […] estando inficionados por los errores modernos; trata de subyugarla, y oprimirla, despreciándola hasta el punto de haber suprimido hasta su nombre.”

Invita además a los fieles a conocer la Carta promulgada por el Episcopado Mexicano, para conocer cuál debe ser la apreciación racional y la conducta ante esta legislación. La lectura de esta «Carta Pastoral» provocó que el Gobernador de Jalisco ordenara al procurador de Justicia del Estado, abrir un proceso contra el prelado y contra aquellos sacerdotes que la habían leído.

Por orden del juez de distrito de la ciudad de Guadalajara, Lic. Luis Pintado, fueron cateados algunos templos y aprehendidos algunos sacerdotes, con la acusación de ser cómplices en el delito de rebelión atribuido a Orozco y Jiménez. El Arzobispo señalará más tarde en su «Memorándum» , que la motivación de su protesta no fue el espíritu de sedición o conspiración:

“el mismo hecho de protestar, como lo haré una y mil veces y como deben hacerlo los sinceros católicos, no es ni rebelarse contra las autoridades, ni conspirar, ni hacer cosas semejantes. Simplemente es confesar públicamente que no hay aceptación espiritual, ni moral de una ley opresora en alto grado de la libertad de conciencia.”

Y amparándose en la misma Constitución aduce en defensa propia: “mi Carta Pastoral no contiene absolutamente nada subversivo a la paz pública, que yo más que nadie apetezco, a la moral, ni al Gobierno, y, por lo mismo, me mantuve dentro de la ley, haciendo uso de las facultades que me confieren los artículos 6°, 7° y 9° de la Constitución, y sin contrariar a lo que dispone el artículo 130, punto 8°, como se ha querido hacer creer, porque la Protesta no es crítica de la ley, ni de las autoridades en particular, ni del Gobierno en general: sino una queja de que aquello en virtud de lo cual protesto, daña derechos que estimo y son invulnerables; pero sin pretender que se desconozca la ley misma, ni menos excitar a ese desconocimiento ni al de las autoridades de donde emana.”

Las reacciones ante los acontecimientos de Guadalajara no se hicieron esperar, ese mismo día el Lic. Pedro Vázquez Cisneros convocó a los jóvenes de la ACJM en la esquina de la Catedral, para de realizar una manifestación de protesta contra la aprehensión de los sacerdotes y el cateo de los templos, pero no se pudo llevar a cabo; entonces se acordó realizarla el día siguiente.

Al día siguiente se reunieron más de dos mil personas, quienes realizaron la manifestación ordenadamente y en silencio. Agentes de la policía capitalina intentaron quitarles los letreros que llevaban, y para evitar graves daños los organizadores optaron por disolverla. Un grupo de representantes se dirigió a la presidencia municipal para presentar su queja, pero fueron detenidos y algunos condenados a quince días de prisión o doscientos pesos de multa.

Al parecer el gobierno del Estado seguía buscando al Arzobispo, sin obtener resultados satisfactorios; mientras tanto la persecución se había desatado, ya que el 11 de julio la policía logró detener a varios sacerdotes, entre ellos al canónigo Don Miguel Cano, quien declaró que él se hacía responsable de la lectura de la «Pastoral», porque él había dado la orden de que se leyera; también fue aprehendido el Presbítero Don Juan Martí.

El 16 de julio el gobernador del Estado, Emiliano Degollado, mandó colocar un decreto en las puertas de algunos templos: la Catedral, Mezquitán, Santuario de Guadalupe, San José, Mexicaltzingo, Capilla de Jesús, San Francisco y el Carmen, declarándolos clausurados porque “se leyó en el púlpito una Carta Pastoral, en que por sus conceptos, se incita al pueblo a la rebelión, protestando terminantemente contra la Constitución general de la República”.

La detención de sacerdotes continuaba, así dos días después de la publicación del anterior decreto fueron detenidos en la estación Orendain el Padre José Garibi y el diácono Dámaso Quintana, del mismo modo fueron aprehendidos unos seminaristas que regresaban del Salvador, Jal., hacia Guadalajara.

Decretos Estatales relativos al artículo 130

El 27 de abril de 1918 el Congreso del Estado, envió una comunicación oficial al gobernador de la Sagrada Mitra de Guadalajara dándole a conocer el proyecto de ley sobre la reglamentación del culto; de una manera más concreta sobre el número de ministros que debería haber. Al parecer, como menciona en compilador de los documentos relativos a este asunto, no tuvo respuesta alguna por parte del gobierno eclesiástico, solo se hace mención a ella en un memorial del cabildo Metropolitano.

El 3 de julio de 1918, el gobernador interino Manuel Bouquet, publicó el decreto No. 1913 de la Legislación local y su Reglamento respectivo, relativo al número de ministros que debería haber en el Estado: “Habrá en el Estado un ministro por cada templo abierto al servicio de cualquier culto; pero sólo podrá oficiar uno por cada cinco mil habitantes o fracción”.

El Reglamento señalaba como debía llevarse a cabo el registro de los sacerdotes ante la Secretaría de Gobernación del Estado, para facultarlos a ejercer su ministerio, y como se habría de dar noticia al Gobierno de cualquier cambio. En el Reglamento aparecen dos artículos transitorios que especifican:

“1° Ningún ministro de culto religioso podrá tener a su cargo un templo, ni oficiar sin licencia del Gobierno, en esta ciudad desde 1° de agosto, y en el resto del estado, desde el 1° de septiembre del año en curso. 2° Los infractores a este reglamento se castigarán conforme a lo dispuesto en el código penal.”

Para hacer triunfar la nueva legislación, las autoridades consideraron esencial capturar a Mons. Orozco, y sabiendo que llegaría a la población de Lagos, le tendieron una celada. Al día siguiente de su llegada, el 5 de julio por la noche, fue rodeada la casa en que se encontraba hospedado y lo tomaron preso, en la Jefatura de Armas de la población. Al día siguiente fue trasladado por los militares, rumbo a Tampico, siempre aislado y en medio de vejaciones, y de ahí se le embarcó rumbo a Estados Unidos.

Los jóvenes miembros de la ACJM protestaron por la aprehensión de su pastor y trataron de liberarlo, pero pesar de sus grandes esfuerzos, no lograron su cometido. Entre los hechos significativos podemos citar la protesta del presidente de la Unión regional de la ACJM en Jalisco, Lic. Pedro Vásquez Cisneros, que fue distribuida en un volante:

“Con él estuvimos en la prosperidad, con él en el sacrificio, con él estaremos en la muerte, si es necesario. Proclamamos solemnemente nuestra adhesión inquebrantable y absoluta al ilustre príncipe, mártir y símbolo del apostolado católico, sostén de los derechos y de la libertad de la Iglesia despóticamente desconocidos y ultrajados. Sirvan esta declaración de «protesta» para testificar, con elocuencia dolorosa, pero firme, la unión inquebrantable y eterna de la juventud mexicana con la Iglesia, del pueblo con sus gloriosos pastores. Guadalajara, julio 7 de 1918.”

Los mismos jóvenes de la ACJM promovieron un boicot entre la población tapatía como protesta contra el decreto 1913 y la expatriación de su pastor, repartieron bastantes volantes en los cuales invitaban a no asistir a los templos desolados y a mantenerse en una actitud de luto

“Permanezcan cerradas las puertas de nuestras casas, sigan desiertos los paseos y centros de diversión, continúen paralizadas todos los centros de diversión, continúen paralizadas todas las actividades no indispensables a la vida individual, persistan sobre la desgraciada ciudad señales exteriores de dolor. Firmes y siempre dispuestos a perseverar unidos y unidos aislar, unidos hacer el vacío, unidos a romper toda clase de relaciones con los enemigos de nuestras creencias.”

Se había propuesto continuar con esta actitud hasta el 15 de julio, pero el gobierno en lugar de suspender el decreto intensificó la persecución. Dos días más tarde, el comité central de la ACJM, ubicado en la ciudad de México, se solidarizó con la causa de los tapatíos, mismos que redactaron también una protesta, que fue distribuida entre los habitantes de la capital de la República.

“Un grupo de abogados católicos realizaron un estudio jurídico tanto del Decreto como de su respectivo Reglamento, y redactaron ocho artículos, donde hacían ver las irregularidades en materia constitucional contenidas en los mismos, por lo cual pedían al gobernador los derogara, este estudio además de ser enviado al gobernador fue publicado en varios periódicos del país, el 19 de julio.”

También un grupo de damas católicas se entrevistó con el General Diéguez, para tratar el asunto de la derogación del Decreto, a lo que él respondió que el 22 de julio daría a conocer su resolución en común acuerdo con el entonces Gobernador interino, Manuel Bouquet, porque no le constaba realmente que todo el pueblo estuviera en desacuerdo con el Decreto.

Ante esta objeción, se convocó a los católicos a que asistieran a la estación del ferrocarril a donde llegaría el general Diéguez, con la finalidad de demostrarle el desacuerdo de la sociedad. Un testigo de estos hechos nos narra cual fue la respuesta a la convocatoria:

“Entre las dos y media y tres de la tarde las calles comenzaron a verse muy concurridas; grupos numerosos formados por personas de todas las edades y condiciones se encaminaban tranquilamente al lugar designado. El resultado sobrepasó, por lo que respecta al número, las esperanzas de los organizadores, pues a eso de las cuatro el amplio espacio que se halla entre la estación y el jardín de San Francisco, éste y las avenidas adyacentes habían sido invadidas por un verdadero mar humano.”

Fue formada una comisión para hablar con Diéguez, misma que no fue recibida. Durante la manifestación, mientras la muchedumbre esperaba las palabras del General, fue levantado en hombros Anacleto González Flores, quien dijo en nombre de todos los católicos que “la libertad era indispensable para que cesara la discordia y fuera posible que todos los mexicanos se confundieran en un abrazo fraternal, y para esto, urgía que él prestara apoyo para que fuera derogado el decreto”. Según comenta el mismo autor, sus palabras fueron como un eco perdido:

“Las palabras de Diéguez dirigidas a la muchedumbre reunida fueron irónicas y agresivas, concluyendo que los sacerdotes no tenían, más que dos caminos « o acatar el decreto 1913 […] o abandonar el Estado como parias».” Las cosas no concluyeron con los resultados que se esperaban, más aún cuando comenzaba a disolverse la multitud, policías se lanzaron sobre ellos de una manera violenta a macanazos, caballazos y machetazos.

El Vicario General y responsable de la Arquidiócesis en ausencia de Mons. Orozco, no siendo indiferente a los acontecimientos se dirigió en dos ocasiones al Gobernador Bouquet y en una al Congreso del Estado, pidiendo la derogación del mencionado decreto, pero no obtuvo respuesta alguna ni de uno, ni de otro.

“El Ejecutivo Estatal convocó al congreso local, para que estos se ocuparan del asunto, que tantas revueltas había ocasionado. Así el 25 de julio se reunieron los diputados, pero no hicieron otra cosa que adicionar el decreto 1913 un artículo que establecía las penas con que serían castigados los infractores del mismo, este fue publicado, como decreto 1927, con su respectivo reglamento.”

Un día después, el gobernador Bouquet, expidió una circular al Vicario General, en la cual le respondía que carecía de personalidad jurídica para que fuera tomada en cuenta su solicitud del 24 de julio. Nuevamente los católicos volvieron a protestar contra el nuevo Decreto, pidiendo la derogación del mismo.

Apoyando esta petición, el Vicario General del Arzobispado, Manuel Alvarado, dirigió el 28 de julio una circular a todos los fieles, en la cual después de hacer algunas consideraciones respecto a la independencia que corresponde por derecho divino a la Iglesia con relación al Estado, concluye con las palabras del apóstol “debemos obedecer a Dios antes que a los hombres”.

Como se acercaba la fecha que entraría en vigor el nuevo Decreto, el Vicario General, envió un tercer comunicado al Ejecutivo Estatal, pidiendo garantías para sus sacerdotes en el ejercicio de su ministerio, para que no fueran molestados, multados o arrestados después del 1° de agosto. Un día después de expedida la comunicación, 30 de julio, fue enviada otra reiterando la petición de la anterior: “Sr. Gobernador, ruego con todo respeto e instancia se digne dar cuanto antes una respuesta favorable, no solamente por los Sacerdotes, sino además por el bien común”.

El 31 llegó la ansiada respuesta del Gobernador, en la cual se informaba a M. Alvarado, que habían sido recibidas las peticiones hechas por él, pero que se reiteraba la contestación hecha anteriormente en la circular 5510, en la cual se indica que carece de personalidad para hacer tal petición.

Ante esta actitud de intransigencia por parte de las autoridades locales, el Sr. Alvarado dispuso que los sacerdotes se retiraran de los templos para evitar enfrentamientos, escándalos o desordenes, misma que fue dada a conocer tanto al Ejecutivo Estatal como al Congreso Local el 2 de agosto, y pidiendo de nuevo a los dos poderes de eximir a los sacerdotes del cumplimiento del decreto 1927.

Si bien se retiraron los sacerdotes de los templos, el pueblo no se quedó sin los auxilios espirituales, pues el mismo Sr. Alvarado había autorizado la administración tanto del bautismo, como del matrimonio en las casas de los fieles. El pueblo católico según señala González Flores, no permaneció indiferente; desde fines de julio había circulado una hoja en la cual se trazaba un programa de acción

“I-El día último de este mes comunión general. II- Desde el primero de agosto, luto de la sociedad católica. Para lo primero se invita de una manera especial a los varones. El luto debe ser lo más completo posible: abstención de paseos y diversiones, nada de músicas ni fiestas, privación del empleo de coches, automóviles y tranvías, puertas cerradas, trajes negros etc., y debe prolongarse lo más que se pueda (10 días cuando menos). Se espera que […] esta invitación sea generalmente aceptada y enérgicamente cumplida.”

Al parecer este programa se llevó a cabo al pie de la letra, añadiéndose el dejar de concurrir a los templos aun cuando estuvieran abiertos, o acudir a las poblaciones cercanas donde el culto continuaba. Durante el mes de agosto estuvieron llegando a Guadalajara protestas de diversos lugares del Estado, en las cuales los católicos manifestaban su solidaridad con los tapatíos. Cuando el culto fue suspendido en las demás poblaciones, se solidarizaron con el programa que estaban llevando a cabo los católicos de la capital tapatía.

En una circular dirigida a los fieles y sacerdotes, formulada en 18 artículos, después de hacer una reflexión sobre la situación religiosa invitaba a ambos a participar en dos eucaristías: una el 22 de agosto en el Santuario de Ntra. Sra. De Zapopan, «ad tollendum Sehisma», y otra el 23 en San Pedro, en el Santuario, concedida «Pro quacumque necessitate», en honor de Ntra. Sra. De la Soledad. Concluyendo que ambas misas no interrumpirían el luto, sino que por el contrario tendrían el carácter de «rogativas públicas».

Aún cuando continuaba la suspensión de cultos, el Sr. Alvarado determinó en una circular del 8 de diciembre, que se celebrara misa en los templos honor de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, razón por la cual fue citado por el Gobernador Bouquet, argumentando que no podía determinar que hubiera misas en los templos, porque de acuerdo con el Decreto en vigencia, solamente podían oficiar aquellos que se hubieren registrado.

Para evitar que se perturbara el orden público, el Sr. Alvarado envió varios telegramas, cartas y recados en los cuales indicaba que no se celebraría ninguna misa el 12 de diciembre, sino que continuaría el culto como ya se venía practicando, hasta entonces. Por las mismas razones el Gobierno Eclesiástico del Arzobispado prohibió las «posadas», así como la misa de medianoche del 24 de diciembre.

En el informe de gobierno presentado el 1° de febrero de 1919 por el General Diéguez ante la Legislatura del Estado, al referirse a la cuestión religiosa, después de señalar las iniciativas de ley aprobadas con la finalidad de poner en práctica lo referido por el artículo 130 constitucional, sobre los ministros de culto, subraya cual fue la actitud del clero:

“lejos de someterse a los mandatos de la autoridad civil, asumió desde luego una actitud rebelde y ningún sacerdote católico acudió a cumplir con lo mandado; lejos de eso, en las fechas señaladas suspendieron los oficios católicos en esta ciudad y en el resto del Estado, hicieron creer a los fieles que el Gobierno cortaba la libertad de cultos, y excitaron en contra de éste un sentimiento religioso público, que enardecido, era susceptible de traducirse en rebeldía armada contra las Autoridades constituidas.”

Contrariado por esa reacción por parte de los católicos, continúa el mismo mandatario que había sido pública una declaración dirigida a los Presidentes Municipales, en la cual tratando de defenderse, sostiene que eran inexactos los rumores de que el Gobierno quisiera suprimir el culto católico, ya que solamente se quería hacer cumplir la Carta Magna nacional.

El esfuerzo y constancia de los católicos se vio coronado, cuando el General Diéguez creyó necesaria una reconsideración de las leyes, y de esta manera convocó al Congreso Local, mismo que se reunió el 4 de febrero de 1919 para discutir el asunto. Tuvo lugar un largo debate en el que había partidarios a favor de que continuara el decreto y otros en contra; es decir, que pedían la derogación del mismo.

Al terminar el acalorado debate, se procedió a la votación, resultando derogados los Decretos 1913 y 1927 por una mayoría de 15 votos contra cinco. Se redactó un nuevo decreto que constaba de un solo artículo: “Se derogan los decretos 1913 y 1927 sobre los ministros de cultos”. Al día siguiente se publicó en el «Informador», la resolución de la legislatura.

Fue entonces publicada una hoja en la cual se pedía se hicieran manifestaciones de júbilo por el triunfo logrado y que se adornaran las casas durante varios días, para reafirmar que la alegría se debía al éxito de la defensa de los derechos de la Iglesia. Después de este logro, la ACJM se propuso impulsar a los habitantes jaliscienses y del resto del país en la lucha por la derogación de los artículos 3° y 130° Constitucionales.

Para tal fin se elaboró un manifiesto del cual fueron impresos ciento cincuenta ejemplares, para ser distribuidos en toda la República. En razón del mismo fueron aprehendidos algunos miembros del comité regional que después fueron liberados.

Regreso del Pastor y restauración Diocesana

En ese mismo año de 1919 se había atenuado la aversión hacía Orozco y Jiménez, y pudo de nuevo regresar a la Diócesis, donde fue recibido con gran júbilo el 14 de octubre, no sin antes haber hecho las gestiones necesarias ante el gobierno federal, ya que seguía en pie la acusación que se le había hecho con motivo de la manifestación a Cristo Rey en 1914, y de la cual fue absuelto. La recepción que se le hizo al Pastor “fue un desbordamiento de espontaneidad, de entusiasmo y de amor”.

Otro testigo nos refiere: “Guadalajara estaba de fiesta. Fue una apoteosis que coronó al mártir, los aplausos y los vivas repetíanse con frenesí. La comitiva era incontenible; acercándose ya a la ciudad, las calles eran impotentes para contener aquel oleaje humano que se embriagaba de entusiasmo […] entró como un vencedor en la Santa Iglesia Catedral, cuyas naves fueron testigos de las lágrimas, de la emoción, de los aplausos, de los vivas que se tributaban a aquél que volvía a la paz de su sede, coronado con los laureles inmarcesibles de la victoria.”

Sobre los acontecimientos apenas terminados y su actitud de auténtico pastor, que le propiciaron el ser perseguido y desterrado por parte de las autoridades, él mismo dice “yo no sé, si el acendrado espíritu cristiano de mis diocesanos ha impulsado y sostenido mi energía, o yo, ayudado de Dios, los he impulsado de suerte que han llegado al heroísmo”. Una vez instalado, recibió durante varios días diversas comisiones provenientes de distintas poblaciones para saludarlo y ofrecerle su apoyo incondicional.

Como Pastor consciente de las necesidades de la Diócesis, en esta nueva etapa promovió la restauración de las comunidades religiosas y el Seminario, así como la apertura de escuelas y colegios. Por otra parte impulsó y apoyó las obras realizadas por la Asociación de Damas Católicas, de la ACJM y de la Asociación de Obreros Católicos, de los cuales él mismo señala sus frutos:

“Muy notable desarrollo alcanzó la Asociación de las Damas Católicas en el establecimiento de industrias femeninas, en el ramo de instrucción literaria, en el Catecismo, protección de seminaristas pobres, y, en suma, acudiendo al remedio de todas las necesidades, tales como manutención de menesterosos, ya que la pobreza ha sido muy menesterosa a últimas fechas. Es muy conocida por sus frutos la Asociación de la Juventud Católica Mexicana. Notablemente se distinguió la Asociación de Obreros Católicos, que en un tiempo extendió sus trabajos de reconstrucción por toda la República, mediante los trabajos empeñosos de los socios de Guadalajara; así se formó la Confederación Nacional de Trabajo, con su centro en Guadalajara.”

A principios de 1921 se llevó a cabo un acto religioso que marcaría la vida Diocesana: la Coronación Pontificia de la imagen de Ntra. Sra. de Zapopan. Para ello se preparó un docenario de peregrinaciones organizado por diversas comunidades de la diócesis al Santuario de Zapopan, mientras que la coronación se llevó a cabo en la catedral metropolitana el 18 de enero.

“Los días 16, 17 y 18 de enero hubo una multitud delirante, de rodillas en la calle, que no podía entrar en la catedral y llenaba la plaza de armas. Por la noche desfilaron 20 000 personas llevando lámparas verdes, blancas y rojas gritando «¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva el Episcopado Mexicano! ¡Viva México! ¡Viva Jalisco! ¡Viva la libertad religiosa!» Todas las calles estaban empavesadas con los colores marianos.”

A la coronación asistieron varios obispos mexicanos, un buen número de sacerdotes del clero diocesano y miembros de la orden franciscana. El Arzobispo tapatío fue quien coronó la imagen. En ese momento augusto y solemne atronó en el espacio una nutrida salva de aplausos, al unísono de vítores y vivas a la Madre de Dios, que se prolongó por muchos minutos. Al mismo tiempo que la banda tocaba la marcha en honor y una batería de clarines y tambores hacía la nueva Reina de Jalisco los honores de Generala, que le corresponden desde hace un siglo.

Al día siguiente, la imagen fue trasladada a su santuario “la multitud, a pie, arrastraba su carroza, en medio de los clamores incesantes lanzados por 15 000 personas precedidas por 12 grupos de danzantes”. Este acontecimiento tuvo un impacto duradero en la vida diocesana ya que reveló la homogeneidad de la comunidad cristiana, el poder de convocatoria de la iglesia, y la sensibilidad con la que todos sus miembros habían participado en los últimos acontecimientos.

A estos festejos se unieron las actividades del «Congreso Social Agrícola Zapopano», mismo que se llevó a cabo del 12 al 16 de enero, y al cual asistieron como invitados principales además del arzobispo de Guadalajara, los Obispos de Aguascalientes, Dr. Ignacio Valdespino; de León, Emeterio Valverde Téllez; de Zacatecas Miguel M. de la Mora; y de Sonora, Juan Navarrete; 78 eclesiásticos y alrededor de 160 seglares. Este Congreso tuvo como mérito, el haber propuesto las bases de la investigación, estudio y difusión de la Doctrina Social de la Iglesia.

Dos hechos ocurridos durante este 1921, crearon un cierto ambiente de intranquilidad entre los tapatíos. El primero de ellos acaecido el 1° de mayo, con ocasión del día del trabajo los revolucionarios socialistas organizaron una manifestación, quienes llegaron incluso a izar sobre la catedral una bandera rojinegra. Miguel Gómez Loza, miembro de la ACJM, que presenciaba tal manifestación tomó la iniciativa de dirigirse a la parte alta de la catedral para quitarla, resultando al final herido.

El 4 de junio explotó una bomba en la casa donde habitaba Mons. Orozco, sin que hubiera que lamentar desgracia alguna; distintos grupos se dirigieron al gobernador para protestar y pedir garantías, pero éste se desentendió del asunto. Algunos jóvenes de la ACJM, entre ellos H. Navarrete, se ofrecieron hacer guardia en la casa arzobispal durante algunas noches.

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DANIEL ÁGUILA