GUATEMALA; Relaciones entre el Estado y la Iglesia

El prólogo de una difícil estabilidad política de un Estado independiente

El proceso de la independencia de Guatemala, junto con los futuros Estados de América Central: Honduras, El Salvador, Costa Rica, y Nicaragua, hay que encuadrarlo en los movimientos de independencias del Continente Hispanoamericano tras la invasión napoleónica de España en 1808. En estos casos como en el resto de la América española, no se trató de un movimiento nacionalista, sino más bien de un movimiento propulsado por las clases criollas de origen español por el dominio socio-económico en los virreinatos y capitanías generales ya existentes, y en definitiva contra el peso de las cargas de carácter fiscal instauradas por los Borbones españoles en aquellos territorios.

La invasión napoleónica de España produjo la llamada «Guerra de Independencia» desde 1808 a 1814. Aquellos sentimientos patrióticos prendieron también en los territorios americanos, juntamente con las ideas ya difundidas por la ilustración que alimentaron las ideas de independencia y de un «republicanismo» emergente. Además, los invasores franceses de España eran vistos como los adalides de las ideas revolucionarias para abatir al «antiguo régimen», y de las racionalistas de la ilustración y de las antirreligiosas de la ya consumada Revolución Francesa.

Por todo ello, en sus comienzos el movimiento contra los invasores napoleónicos en España cobró de inmediato un carácter de lucha por los valores tradicionales católicos. Estas facetas se encuentran también explícitamente profesadas en los movimientos independentistas americanos. Así se explican los comienzos contemporáneos de los movimientos independentistas en todo el Continente Hispanoamericano: desde la Nueva España hasta el virreinato de la Plata, liderados por la clase emergente de los criollos.

En el caso de Centro América, el movimiento de independencia fue así una combinación de intereses de clase, la criolla, y de varias componentes que cooperaron a crear una mentalidad y unas fuerzas que lucharán por una total autonomía de la madre-patria española. Cuando el proceso iniciado a partir de los primeros «gritos» de independencia a partir de 1810, en el caso de la Nueva España, en una guerra más civil que de independencia propiamente dicha, llega a consumarse a partir de 1821.

La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala había sido fundada en 1524 por el conquistador Don Pedro de Alvarado. La región será constituida en Capitanía General de Guatemala. Comprendía los estados actuales de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica, más el estado actual de Chiapas en México.

La ciudad de Guatemala era el centro más importante de toda América Central después de la ciudad de México. En la región los mayas habían levantado una gloriosa civilización, aunque a la llegada de los españoles ésta se encontraba ya en parte extinguida desde hacía siglos.

Cuando el virreinato de la Nueva España se derrumba definitivamente en 1821, también los criollos de Guatemala, que en los comienzos asisten a aquellos acontecimientos más como espectadores que como actores, se unirán al curso de los mismos y proclamarán la independencia cuando ya la soberanía española había dejado de existir.

La independencia de España en el caso de estas regiones de América Central no costó ninguna guerra; se obtuvo sin derramamiento de sangre y fue obra principalmente de algunos descendientes de los antiguos conquistadores y encomenderos españoles. Las masas indígenas quedaron pasivamente al margen de aquellos movimientos.

Guatemala entrará así a formar parte de la nueva realidad del nuevo estado independiente de México, proclamado como Imperio en 1821 por el general criollo realista Agustín de Iturbide. Pero esta unión con el mismo será efímera. El Estado de Guatemala, junto con los Estados de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, formaron el 22 de noviembre de 1824, las «Provincias Unidas de América Central», o «Federación de América Central». En 1838 se formó un sexto Estado, Los Altos, con capital en la ciudad de Quetzaltenango, con los territorios del occidente de Guatemala, y parte del actual territorio del Soconusco de Chiapas (México).

La capital de la Federación fue la Ciudad de Guatemala. Esta Federación tuvo una vida breve de quince años. Fueron años políticamente inestables, caracterizados por las luchas de intereses entre las grandes antiguas familias criollas, y por los intereses económicos extranjeros que entraron de inmediato en un claro juego de lucha por influir y controlar los nuevos estados artificiales que se estaban creando.

Entraron en aquella lucha de intereses la política neo-imperialista y compañías comerciales ingleses, francesas y de los Estados Unidos de Norteamérica. Intereses político-económicos particulares llevaron a la separación en 1831 de otros tantos estados.

La disolución de la República Federal de Centro América se debió a una serie de sucesos que se iniciaron con la caída del gobierno liberal del Dr. Mariano Gálvez, en el Estado de Guatemala en 1837 durante la segunda administración de Francisco Morazán, como presidente de la Federación. Tras estos sucesos estalló la guerra civil y Nicaragua se separó de la República el 30 de abril de 1838.

Honduras se separó de la unión el 6 de octubre, y el 14 de noviembre Costa Rica la imitó. Guatemala se separó el 17 de abril de 1839, y a principios de 1840 las tropas del general Rafael Carrera y Turcios reincorporaron Los Altos. Con la contundente victoria que Carrera logró sobre las fuerzas federales de Morazán en 1840 —quien trató de retomar Guatemala para los liberales tras la derrota de Los Altos en un desesperado intento por mantener la Federación—, la República Federal que ansiaban los criollos liberales dejó de existir.

La vida política de Guatemala tras la independencia

La historia política del nuevo estado de Guatemala se puede dividir en varios períodos históricos, caracterizados por la inestabilidad política y las luchas civiles por el poder entre los varios grupos oligárquicos del nuevo país. El primero de estos periodos es el que va desde 1821 a 1871.

La vida política de Guatemala tras la independencia, fue verdaderamente desastrosa. Su primer presidente Gavino Gainza pudo concluir su mandato (1821-1825), luego hay que esperar hasta el siguiente siglo con José Arévalo para que un presidente pueda concluir un mandato (1945-1951). Todos los que pertenecen a la segunda mitad del siglo XIX y a la primera mitad del siglo XX estuvieron comprometidos en revoluciones.

Subieron al poder gracias a golpes de estado, y de hecho se autoproclamaron dictadores. Los políticos solamente se preocupaban del poder y del enriquecimiento personal; fueron raros los momentos en los que se preocuparon del bienestar de la población. En aquel ambiente, el ejército era todo.

En la primera mitad del siglo XX, Guatemala era un país con un alto porcentaje de analfabetos. Sin carreteras, sin organización civil y política verdadera y propia; aislada del resto del mundo debido a las pocas y difíciles comunicaciones con las repúblicas vecinas, y con relaciones siempre tensas con sus antiguas hermanas de Centro América.

La escasa vida cultural en Guatemala se limitaba a la capital, Guatemala. El «Estado de derecho» en aquella república estuvo casi siempre ausente; la gente se encontraba abandonada al arbitrio y capricho de los jefes militares, de los latifundistas o terratenientes, de los grandes propietarios de las pocas industrias, de los comerciantes y de los agentes de las grandes compañías extranjeras que monopolizaban las riquezas del país.

La mayoría de la población, constituida por el mundo de los indígenas, era víctima de un sistema de injusticia institucionalizado. El despojo de las tierras comunales de la mayoritaria población indígena (indios mayas) fue sistemática tras la independencia criolla.

Pero además, desde finales del Siglo XIX y a lo largo de las primeras décadas del XX, algunos grupos de inmigrantes españoles e italianos habían llegado a la región Ixil, seleccionando las tierras de mejor calidad para establecer sus fincas y negocios con el apoyo de funcionarios sin escrúpulos de los gobiernos de turno, los cuales permitieron y legalizaron el despojo de las tierras comunales indígenas, que pasaron a ser propiedad de los que hoy forman consorcios económicos de apellidos como Brolo, Canella, Samayac, Castillo, Ibargúen, Arenas, Gordillo, Tello...

A comienzos del siglo XX, la dictadura de Manuel Cabrera Estrada (1898-1920), fue una de las más desastrosas de la historia de Guatemala: incompetencia profesional en todos los campos, administración sumaria de la justicia, vida política inexistente. A finales del siglo XIX habían sido abiertas las puertas a una compañía norteamericana, la «United Fruit Company», fundamentalmente para la explotación de las bananas; luego añadió el oro, la fibra del abacá y las maderas preciosas, sobre todo en la región de Izabal.

Enseguida extendió su actividad a Honduras y Costa Rica. En Guatemala, la compañía americana se había comprometido a construir un puerto en el mar del Caribe y la comunicación con la ciudad de Guatemala con un ferrocarril. La misma controló a lo largo de años la vida política del país la cual debía favorecer sus intereses.

Al dictador Jorge Ubico (1931-1944), que logró abrir el país al mundo, le sucedió el presidente Juan José Arévalo, de inspiración socialista. Tras un largo periodo de gobiernos militares llegaba al poder un presidente civil, introduciendo cambios en todos los campos. Arévalo fue el primer presidente que completó en paz su mandato para luego retirarse a vida privada. Le sucedió el coronel Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954), que intentó controlar los intereses norteamericanos. Se produjo entonces una revolución, dirigida por el coronel Carlos Castillo Armas que bajo la bandera del derechista MLN (Movimiento de Liberación Nacional) y en nombre del anticomunismo, llevó adelante una política en tal sentido. El arzobispo de Guatemala del tiempo (1939-1964), Don Mariano Rossell y Arellano, apoyó aquella revolución, y el partido comunista guatemalteco de los trabajadores (PGT) entró en la clandestinidad. En 1962 se produjo un pronunciamiento militar en el cuartel de Zacapa (Guatemala), guiado por dos militares comunistas, Marcos Antonio John Sosa y Luis Turcios Lima. La intentona fracasó y sus partidarios se refugiaron en las montañas de Zacapa-Izabal. Comenzaba así una lucha armada clandestina que se concluiría solamente con la firma de una paz el 31 de diciembre de 1997. A partir de aquel pronunciamiento, los militares instauraron gobiernos rígidamente militares aplicando la teoría de la «Seguridad Nacional», llegando a controlar totalmente la vida política de Guatemala hasta ya entrada la década de 1990.

Dos siglos de inestabilidad política y de más de media docena de proyectos constitucionales

A lo largo de su historia independiente, Guatemala ha tenido un abundante número de Constituciones, lo que demuestra su inestabilidad política. Durante la invasión napoleónica, de 1808 a 1812 se rigió por la Constitución de Bayona impuesta por Napoleón. Desde 1812 por la Constitución de Cádiz, elaborada por los diputados representantes de los Reinos de España, la primera Constitución liberal de los tiempos modernos, y que regirá en Guatemala hasta1821.

Tras la independencia, desde 1823 a 1824, se regirá por la Constitución de la República Federal de Centroamérica, y poco después tras la Independencia de Centroamérica, por la Constitución del Estado de Guatemala (1825). Los cambios constitucionales se multiplican a partir de entonces.

En resumen las Constituciones que rigieron en Guatemala se catalogan así:

Constitución de Cádiz de 1812, todavía Capitanía General de Guatemala

Constitución, 1824: Constitución de las Provincias Unidas del Centro de América de 1824.

Constitución, 1825: Constitución Política del Estado de Guatemala de 1825.

Constitución, 1835: Reformas a la Constitución Federal de Centroamérica de 1835.

Constitución, 1921: Constitución política de la República de Centroamérica de 1921.

Constitución, 1985: Constitución Política de la República de Guatemala de 1985.

Proyecto de reforma constitucional del 16 de octubre de 1998.

En la formulación de la Constitución de Cádiz participaron los representantes de Guatemala como provincia de España. Esa Constitución es la primera que tuvo efectos en Guatemala y en la América Española. La Constitución de Cádiz fue la primera Constitución liberal moderna donde se establecía que la soberanía recaía en la Nación; limitaba por ello la autoridad del Rey, trasladando a las Cortes la facultad de establecer impuestos, administrar la hacienda pública, la fabricación de la moneda y fomentar la industria, entre otros aspectos.

La Constitución de 1824 (Constitución Política de la Federación de Centroamérica), fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente que la aprobó el 23 de noviembre de 1824. Quiso seguir las pautas de la Constitución de los Estados Unidos de América, en tal forma que cada uno de los Estados de las cinco provincias que pertenecieron al Reino de Guatemala y que se separaron de España, tendrían todo el poder que dicha Constitución no hubiere conferido a las autoridades federales. La Constitución fue de orientación liberal y estableció atribuciones para la regulación de las finanzas públicas, el comercio y la moneda.

La Constitución de 1825 (Constitución Política del Estado de Guatemala) fue aprobada por la Asamblea guatemalteca el 11 de octubre de 1825. La Federación de Centroamérica se desintegró. Contenía los mismos principios de la decretada el año anterior: orientación liberal, garantía del derecho a la propiedad privada.

La Constitución de 1851 fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el General Rafael Carrera. El 19 de octubre de 1851 el general Rafael Carrera emitió un Decreto de aprobación de la nueva Constitución, nombrada Acta Constitutiva de la República de Guatemala, y fue reformada en 1855 para declarar a Rafael Carrera Presidente Vitalicio de la República. Esta Constitución Conservadora mantuvo el sistema que en los sistemas económicos se llama mercantilismo, y las instituciones económicas de la época colonial.

La Constitución de 1879 se redactó tras la Revolución de 1871 que derrocó al Régimen Conservador y estableció el Régimen Liberal. La Constitución Liberal se emitió en 1879. En el régimen económico, la Constitución orienta hacia la economía de mercado. Uno de los aspectos más importantes, fue que se dejó libre la tasa de interés cuando las partes lo acordaran entre sí, y también la industria era libre.

La Constitución de 1945 fue resultado de la Revolución de Octubre de 1944, que suspendió la Constitución Liberal, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, y promulgó la Constitución Política de 1945, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue una Constitución en la que se le dio extraordinarios poderes al gobierno para intervenir en la economía.

La Constitución de 1956 fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 2 de febrero de 1956. Fue un giro radical en el que se le dio orientación hacia la economía de mercado. Esta Constitución fue promulgada el 1° de marzo de 1956 por el gobierno de facto liberacionista del coronel Carlos Castillo Armas, a fin de que la situación del país consiguiera una posición intermedia entre las reformas sociales y laborales que había decretado el período de la Revolución de Octubre, y el retorno al sistema semifeudal que estaba vigente durante el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda.

La Constitución de 1956 también reconoció la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, se autorizó el culto privado y público, se admitió la enseñanza religiosa optativa en escuelas estatales y el derecho de asociación con propósitos religiosos pero con prohibición a intervención en la política. La Constitución de 1956 fue derogada en 1963, tras el golpe de Estado que el Ministro de la Defensa Enrique Peralta Azurdia perpetró en contra el presidente Miguel Ydígoras Fuentes.

La Constitución de 1965 fue decretada durante régimen militar por la Asamblea Nacional Constituyente el 15 de septiembre de 1965. En economía tiene un carácter desarrollista, mediante el cual el Estado toma un papel activo en la dirección de la política económica.

La Constitución de 1985, actualmente vigente (2018), fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985. Intenta ser una Constitución reformista en lo social, lo económico y lo tributario. El 30 de enero de 1994 se llevó cabo la Consulta Popular para modificarla. La población aprobó esta reforma, y se prohibió al Banco de Guatemala financiar al Estado y sus dependencias. El preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala (1985) es la siguiente:

INVOCANDO EL NOMBRE DE DIOS

Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado; afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y, al Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz; inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural; decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho.

La Iglesia bajo los regímenes liberales de Guatemala

El siglo XIX latinoamericano, tras las independencias, se caracteriza por una alternancia de poderes políticos entre los llamados liberales y conservadores. La Iglesia a lo largo de la primera parte del siglo, todavía conservó un peso notable en las instituciones públicas de los nuevos Estados liberales, pero en la medida en que el siglo avanzaba los regímenes liberales fueron imponiendo su política liberal antieclesiástica con una legislación siempre más hostil a la Iglesia.

El fenómeno puede ser más o menos intenso en los distintos países, pero mantiene unas coordinadas comunes en todos. En la primera parte del largo «siglo liberal» latinoamericano en ningún país se puso en duda el hecho del papel jugado por el catolicismo en su historia y por lo tanto el de la Iglesia, reconocida como sujeto de derecho, aunque las leyes características del sistema liberal fuesen aplicadas con mayor menor medida según los partidos en el gobierno (conservadores o liberales).

La situación cambia en la medida en que se impone el llamado liberalismo hostil en sus relaciones con la Iglesia católica, promovido por la masonería guatemalteca. En el caso de América Central, y en concreto en Guatemala, fue sobre todo a partir de la dictadura del liberal y masón Justino Rufino Barrios, presidente entre 1873 y 1885, cuando en Guatemala se instauró un régimen político totalmente inspirado por las clásicas líneas de dicha política del liberalismo hostil hacia la Iglesia.

Será bajo el régimen dictatorial de Justo Rufino Barrios cuando se pone en marcha una legislación radical antieclesiástica. Tras la supresión de las órdenes religiosas y la incautación por parte del Estado de todas las propiedades eclesiásticas, la Iglesia se debilitó siempre más y su influjo en la vida pública fue prácticamente anulado.

Los decretos de supresión de las órdenes religiosas fueron emanados el 24 y el 27 de mayo de 1872, el 7 de junio del mismo año y el 3 de marzo de 1874. En la Constitución de 1879, el artículo 25 prohibía la apertura de cualquier convento y comunidad religiosa. El artículo 29 prohibía a las congregaciones y grupos religiosos, a sus miembros en cuanto tales y a los ministros de los cultos de intervenir en la vida política y en las cuestiones relativas a la organización del trabajo; en los artículos 28 y 32 no se reconocía a las congregaciones religiosas y ni a asociaciones religiosas semejantes, y prohibía que se estableciesen en el país nuevas órdenes religiosas.

Por el artículo 18 se establecía que la instrucción de los niños entre los 6 y los 14 años tenía que ser gratuita y laica; el artículo 81 ordenaba de nuevo la laicidad de la enseñanza; mientras que en el 24 se toleraba la instrucción religiosa, pero solamente impartida dentro de los templos. Estos artículos permanecieron en vigor hasta 1956.

El número de sacerdotes disminuyó con la aplicación de aquella legislación radical y la supresión de las órdenes religiosas, la prohibición de la llegada de nuevos institutos religiosos y la supresión del seminario diocesano de la ciudad de Guatemala, el único existente entonces en todo el país. El número de sacerdotes disminuía y el cuidado de la vida cristiana de los fieles laicos era cada vez más escaso, y se reducía a bien poco: la administración del bautismo, y cuando se podía una rápida preparación catequética para la primera comunión, las confesiones sacramentales eran raras, y aún más los matrimonios en la iglesia.

Los sacerdotes visitaban muy raramente los ranchos y las poblaciones dada su escasez y las parroquias comprendían territorios extensos como diócesis. Los fieles se refugiaban en las devociones transmitidas desde antaño: celebraciones de algunas solemnidades como Semana Santa o Navidad, en la de los santos patronos o fiestas patronales, con su misa solemne cuando se podía y numerosas procesiones organizadas por lo que quedaba de las antiguas cofradías tradicionales organizadas bajo el mandato de los respectivos patronos, sacristanes y fiscales (responsables del culto).

El culto católico se fue mezclando con restos muy vivos de la antigua religiosidad maya en un indudable sincretismo religioso, por lo que eran frecuentes supersticiones mezcladas a elementos cristianos, realizadas en medio de borracheras y desmanes morales. La clase dirigente liberal, que controlaba todo el poder social, económico y político, estaba dominada por la masonería cada vez más omnipotente. A partir de la dictadura de Justo Rufino Barrios el gobierno pertenecía de hecho a la masonería, y ello ha quedado prácticamente en uso hasta los tiempos actuales.

Algunos intentos aparentes de cambios

El dictador Jorge Ubico Castañeda (14 de febrero de 1931-1 de julio de 1944) permitió la entrada de órdenes religiosas con una cierta parsimonia; así regresaron los franciscanos, dominicos y jesuitas, y llegaron por vez primera los salesianos y los hermanos maristas. La revolución anticomunista de 1954 dio lugar a un cambio.

El arzobispo Mariano Rossell y Arellano, apoyó la revolución de Carlos Castillo Armas. Estábamos en los años cuando la Iglesia católica sufría una cruel y empedernida persecución en los países comunistas tras la cortina de hierro. Surgió entonces en algunos sectores políticos del Continente americano el anticomunismo como elemento común entre la derecha política y la Iglesia católica.

La Iglesia en Guatemala obtuvo más libertad y se permitió a los sacerdotes extranjeros poder entrar y trabajar en Guatemala con un permiso regular de permanencia, lo que les estaba antes totalmente prohibido. La Iglesia adquiría así de nuevo un cierto influjo en la vida del país. El artículo 50 de la Constitución de 1950 garantizaba a los sacerdotes extranjeros la autorización de permanencia en el país.

Gran parte de estos sacerdotes eran españoles que habían conocido la dolorosa experiencia de la persecución comunista en la España de la guerra civil (1936-1939), o habían sido expulsados de Cuba por el gobierno comunista de Fidel Castro. También entre los jesuitas y los franciscanos regresados se encontraban quienes habían experimentado las persecuciones del régimen comunista de Mao Tse-Tung en China y habían sido expulsados de aquel país. Se puede bien decir que el clero que trabajaba en Guatemala en aquellos años tenía generalmente sentimientos anticomunistas.

Influjo del Vaticano II sobre la Iglesia Latinoamericana

La Iglesia se empeñaba entonces en la promoción de la justicia social según las encíclicas de Juan XXIII «Mater et Magistra» y «Pacem in Terris», y las de Pablo VI, «Populorum Progressio» y «Evangelii Nuntiandi», los documentos surgidos de las Conferencias del CELAM en Medellín (1968) y Puebla (1979) de 1979. La situación social de Guatemala en manos de poderosos terratenientes distaba mucho de la doctrina de la Iglesia.

El Concilio Vaticano II (1965) abrió nuevos cauces de pensamiento teológico con un fuerte influjo en todos los campos de la vida de la Iglesia. Aquel renovado espíritu eclesial causó una reacción negativa en los tradicionales círculos del poder socio-económico en muchos países de América Latina, incluido Guatemala, donde hasta entonces se consideraba a la Iglesia como un fuerte baluarte de sostén de su anticomunismo. Por su parte un sector del mundo católico, especialmente entre los eclesiásticos, fue abandonando las antiguas posiciones anticomunistas para abrazar actitudes cada vez más críticas con los sistemas políticos dominantes de poder.

Algunos pocos clérigos llegaron incluso a militar en grupos notoriamente cercanos a posiciones marxistas, pero los medios de comunicación se encargaron de ampliar aquellas adhesiones con fines de propaganda anticomunista y para justificar sus represiones, confundiendo con frecuencia a quienes luchaban por una justicia social con los movimientos violentos o subversivos. Tal fue el caso de los países de América Central, entre ellos Guatemala, donde además comenzaban a nacer movimientos revolucionarios de guerrilla filo-marxista.

Fue a partir de finales de la década de 1970 y a lo largo de las dos siguientes, que la Iglesia de Guatemala escribió páginas de doloroso martirio con las persecuciones y asesinatos de un número relevante de sacerdotes y catequistas comprometidos en la defensa de los derechos fundamentales de los indígenas maltratados, de campesinos y desheredados por parte de oligarquías de poder que pretendían enriquecerse apropiándose de sus tierras o reducirlos a una depravada servidumbre.

La Iglesia en Guatemala no calló ante tamañas injusticias hablando ya no sólo a través de algunos de sus miembros sacerdotes y catequistas, sino exponiendo la Doctrina social de la Iglesia y denunciando las injusticias a través de sus organismos organizados como diócesis, parroquias y sobre todo de la misma Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG).

NOTAS

RICARDO BENDAÑA PERDOMO (© La Iglesia en la Historia de Guatemala, Artemis Edinter

FIDEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Compilador)

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