CHILE: la Iglesia ante el proceso de independencia

Planteamientos introductorios

Al calor de las luchas entre conservadores y liberales en la segunda mitad del siglo XIX, se acuñó en Chile la tesis, ampliamente difundida, de que el clero chileno había sido marcadamente realista a partir de 1810.El origen de esta afirmación se encuentra en un cronista contemporáneo, Fray Melchor Martínez, de la Orden franciscana, quien recibió en 1814 el encargo real de narrar los principales hechos de la revolución chilena y sus protagonistas.

En su crónica sostuvo que: “El clero secular y regular en proporción de cuatro contra uno”, era hostil al establecimiento de una junta de gobierno.2 Otros testimonios posteriores confirmaron que, en términos generales, el clero se mantuvo contrario al cambio de sistema político, incluso en la década de 1820.

Este argumento fue abonado, también en el Chile de fines del siglo XIX, con otro que sostenía la auto marginación de la Iglesia en la contienda, por la posición de la Santa Sede durante el proceso independentista. Ya que a raíz de la prisión del Papa Pío VII a manos de Napoleón Bonaparte, no fue sino hasta 1816, en el contexto de la Santa Alianza, que el Sumo Pontífice escribió una encíclica apoyando la restauración de las monarquías y condenando la independencia de América.

Lo mismo ocurrió en 1824, cuando Fernando VII concebía el plan de reconquistar América con el apoyo del clero y pidió el apoyo del Papa León XII, quien nuevamente condenó el movimiento juntista americano.

Reuniendo estos argumentos, en el contexto del enfrentamiento decimonónico sobre las independencias de los dominios de la Corona Española en América, la pregunta de entonces era: ¿cuál fue el aporte de la Iglesia a la nación forjada a partir de 1810 (Chile)? La respuesta era que la posición realista del clero y la condena de la Santa Sede la habían marginado de ese proceso.

Esta conclusión generó el desarrollo de una corriente católica que reivindicó el papel del clero en la contienda, y que sostuvo que la encíclica de León XII era apócrifa. Ambas conclusiones impregnaron el centenario. El principal exponente fue Carlos Silva Cotapos,quien, si bien sostuvo también el realismo del clero, aportó una visión más explicativa y reivindicativa de dicho apoyo ante la situación imperante por el cambio político. Además, se desarrollaron estudios que destacaban la participación en las filas patriotas de miembros de ambos cleros.También se mostró la obra de las órdenes religiosas y de la Iglesia en general, en la centuria transcurrida.

Poco varió la manera de enfocar el tema en el sesquicentenario, momento en el cual el historiador marxista Hernán Ramírez Necochea volvió a publicar artículos de los historiadores liberales decimonónicos relativos al realismo del clero y su influencia contraria a la independencia, en especial aquellos que hacían referencia a la posición papal.En esta época, el mercedario Carlos Oviedo Cavada se encargó de responder a las dos conclusiones.

Sobre la primera, planteaba la necesidad de estudiar desapasionadamente la posición del clero, proponiendo que debía considerarse para ello individualmente a cada miembro. Con respecto a la segunda, Oviedo disponía de la nueva e importante bibliografía que había sido publicada en Roma por el Padre Pedro Leturia, sobre la política papal ante la independencia americana.

Superados los contextos de enfrentamiento de los siglos anteriores, hay que reflexionar sobre algunos aspectos que tocan a temas eminentemente eclesiásticos que, al calor de esas luchas ideológicas, fueron dejados de lado y que son centrales para entender lo que ocurrió a partir de 1810, marcando el resto del siglo. Se trata de la cuestión del patronato y la del regalismo estatal. Los dos temas permitirán entender la posición del clero durante el proceso independentista desde una nueva perspectiva.

Es pertinente hacer algunas apreciaciones: al hablar de Iglesia nos referiremos a la Santa Sede, por un lado, y al clero chileno, por otro. No existía en aquella época la concepción actual de una posición oficial de la Iglesia ante sucesos de toda índole. Además, nos encontramos con el hecho de la activa participación del clero en el proceso político, tomando posición en lo personal y formando parte de los gobiernos surgidos al calor del debate y la lucha.

A fines del siglo XIX, en el contexto de separación entre la Iglesia y el Estado, se comenzó a ver como algo impropio el que los eclesiásticos ocuparan cargos políticos, a diferencia del Antiguo Régimen, en el que era habitual. No se pretende aquí tratar de todas las cuestiones debatidas; nos ceñiremos sólo al aspecto relacionado con las actitudes de la Iglesia ante el proceso de la independencia, y las del mundo laico emergente y más hostil a la Iglesia.

Algo de historia de Chile

Es necesario referirse muy brevemente al proceso histórico a partir de 1810. Después de la caída de la Junta Central de Sevilla (enero de 1810) se fortaleció la convicción de que Fernando VII prisionero de Napoleón Bonaparte, no volvería al trono del imperio español. Sobre esta base y con argumentos fidelistas (a nombre de Fernando VII) se formó en Chile el 18 de septiembre la Junta Gubernativa del Reino, de la que fue presidente Mateo Toro Zambrano, brigadier general de los Ejércitos del rey, y vicepresidente el obispo electo de Santiago, José Antonio Martínez de Aldunate.

Paulatinamente la Junta chilena fue evolucionando hacia una posición independentista, especialmente bajo la presidencia y conducción de José Miguel Carrera. En 1812, la Junta Gubernativa puso en vigencia un Reglamento Constitucional Provisorio. No se enviaron representantes a las Cortes de Cádiz, no se juró fidelidad al Consejo de Regencia, y no se implantó en el territorio la Constitución de marzo de 1812.

Pero el Reglamento Constitucional no pasó inadvertido en Lima, sede del virreinato al que la gobernación de Chile pertenecía, convertido en el foco de la contrarrevolución en América del sur. Tres expediciones militares enviadas entre 1813 y 1814 pusieron fin a la autonomía gubernamental chilena, sin que se declarara la independencia. La pérdida del Reino en manos de los españoles después de la derrota en la batalla de Rancagua (1 y 2 de octubre de 1814), inicia la etapa de la reconquista española.

Sin embargo, en 1817 la invasión del Ejército Libertador patriota desde Mendoza, puso fin al dominio español. Un año más tarde, el 12 de febrero de 1818, la independencia de Chile era declarada por el general Bernardo O’Higgins, elegido como Director Supremo.

Patronato y regalismo

El nuevo escenario político a partir de 1810 implicaba una situación sin precedentes en la relación entre América y la Santa Sede, que hasta ese momento había estado mediada por el rey de España, Patrono de la Iglesia en Indias. Planteaba además la pregunta sobre el ejercicio del Patronato.

¿Qué era el Real Patronato? Un privilegio concedido por el Papa al rey de España en 1508, al otorgarle el derecho de erección de las Iglesias magnas, y con ello el «derecho de presentación» al Papa de la jerarquía eclesiástica. Sobre este fundamento, la Monarquía emprendió una política regalista que marcó la relación con la Iglesia.

Sin embargo, en Chile de 1810 no se reivindicó el Patronato eclesiástico como facultad de la Junta. Pero el congreso chileno de 1811, formado para constituir un nuevo gobierno, compuesto por seglares y eclesiásticos, comenzó a legislar en materias como la abolición de los derechos parroquiales, la obligación del clero de predicar a favor de la causa patriota etc. Comenzaba entonces un nuevo regalismo, que no tenía su fundamento, como el monárquico, en el real patronato.

La situación eclesiástica fue bastante complicada a partir de esa época. En el obispado de Concepción, el obispo español Diego Antonio Navarro Martín de Villodres, asumía una posición política contraria al gobierno chileno. El obispo electo de Santiago murió en 1811 y el cabildo eclesiástico se enfrentó internamente por la elección del vicario capitular. Si en 1811 el congreso compuesto por diputados de las ciudades había iniciado una política regalista, ésta se acentuó bajo la conducción de la Junta Gubernativa por parte de José Miguel Carrera.

En 1812 llegaba la presentación al obispado del canónigo doctoral, José Santiago Rodríguez Zorrilla, hecha por el Consejo de Regencia. Para contrarrestarla, José Miguel Carrera obligó al cabildo eclesiástico a nombrar gobernador del obispado a Rafael Andréu Guerrero, obispo «in partibus» de Epifanía, y auxiliar de Santiago, Charcas, Tucumán y Arequipa.

Si bien el Reglamento Constitucional no decía nada con respecto al patronato eclesiástico, el artículo 5 establecía que: que: “Ningún decreto, providencia u orden, que emane de cualquiera autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile, tendrá efecto alguno; y los que intentaren darles valor, serán castigados como reos de estado”.

No se reconocía, por tanto, jurisdicción a varias autoridades eclesiásticas: el Papa, nuncios o legados, Comisario General de la Santa Cruzada, el arzobispo metropolitano y la Inquisición. Sin embargo, nada se innovó en relación a estas instituciones, con las que las relaciones estaban cortadas de hecho, pero se abría la puerta para un mayor desarrollo del regalismo estatal.

Pese a que se habían producido vacancias por muerte de algunos de los prebendados en los cabildos eclesiásticos, Carrera no hizo nombramientos sino hasta dos años después de promulgado el reglamento, al final de su gobierno, cuando Chile estaba a punto de volver al seno de la Monarquía española. En septiembre de 1814 nombró al presbítero Pedro Eleisegui como racionero del cabildo eclesiástico de Santiago.

Cabe la pregunta: ¿estaba realmente ejerciendo Carrera el patronato? Estrictamente no. Por un lado, la concesión papal se había hecho al rey de España, aunque los Borbones habían acentuado durante el siglo XVIII que el Patronato era un atributo de la soberanía. Además, la prisión del papa Pío VII en manos de Napoleón Bonaparte impedía que hubiera presentación.

Por otro lado, para Europa, América era un imperio en rebeldía, por lo que la Santa Sede no hubiera aceptado el ejercicio del patronato eclesiástico. El regalismo que Carrera practicaba, por lo tanto, era más radical que el monárquico porque lo ejercía de hecho, sin base legal en el derecho canónico. Este elemento debe ser considerado a la hora de evaluar la posición política del clero, que veía avasallada su jurisdicción, lo que explicaría su posición política en esta etapa, anti carrerista y por eso antipatriota.

Durante la reconquista española, José Santiago Rodríguez Zorrilla pudo asumir su misión como obispo electo de Santiago. El obispo de Concepción, que en 1813 había huido con las tropas realistas enviadas desde el Perú, volvió a su diócesis, siendo muy mal recibido por el clero y la población en general. Debido a esto, pidió al rey un traslado, petición que fue acogida.

Con la victoria patriota en la batalla de Chacabuco (febrero de 1817), asumía el gobierno de Chile el General Bernardo O’Higgins como Director Supremo. El exilio decretado contra todos los pertinaces partidarios de la causa monárquica alcanzó al obispo de Santiago. También el Director Supremo, Bernardo O’Higgins, hizo presentaciones a los cabildos eclesiásticos chilenos. Estos se encontraban muy mermados en su composición para 1818 por muerte, exilio o autoexilio de algunos de sus miembros debido a las posiciones políticas manifestadas durante la reconquista española de Chile.

Justificó el Director Supremo el ejercicio del patronato en la herencia monárquica. De hecho, la constitución chilena de 1818 no reconocía explícitamente el patronato como una atribución del Director Supremo.

La puesta en vigencia de un reglamento de regulares aprobado por el Senado Conservador de las Leyes y la Constitución, en 1819, desencadenó una fuerte controversia con el Director Supremo. Dado que el reglamento ponía a las órdenes religiosas bajo el gobierno del diocesano, cesaba el cargo del Comisario General de Regulares, creado por el Director Supremo para gobernarlos, quien consideró que se lesionaba el patronato que él ejercía.

Luego de una ardua disputa entre ambos poderes, el Senado propuso que se enviara un representante diplomático a la Santa Sede para someter el reglamento a la aprobación papal. Pero la instrucción más importante encargada al enviado, era la de pedir al Papa la concesión de la regalía del patronato para el ejecutivo chileno.

El resultado fue el envío de una misión diplomática por parte de la Santa Sede, encargada al arzobispo Juan Muzi, nombrado Vicario Apostólico, quien arribó en 1824, acompañado por el joven monseñor Giovanni María Battista Mastai-Ferretti, futuro papa Pío IX. Cuando el vicario dio a conocer sus facultades en Chile, se supo que el Sumo Pontífice no había hecho la concesión del patronato; tampoco había aprobado el reglamento de regulares.

Entre las facultades de Muzi sólo estaba la de nombrar y consagrar obispos en Chile, tomando en consideración la opinión del gobierno local. Sin embargo, esto no ocurrió. La partida del vicario y su comitiva se precipitó porque el gobierno chileno puso en marcha durante su estadía una reforma de los regulares. El mensaje era claro por ambos lados: la Iglesia romana no se sometería más al patronato eclesiástico estatal, y el estado chileno independiente pondría en práctica un nuevo tipo de regalismo: el republicano.

Aparentemente la misión Muzi fue un fracaso: el vicario partió de Chile sin usar sus facultades. Sin embargo, a la larga, no fue así. El resultado más concreto fue que en Roma se supo de primera mano lo que estaba ocurriendo en América, lo que ayudó mucho a resolver problemas posteriores.

Con respecto a la reforma de regulares, el gobierno les ordenaba recogerse en sus conventos y observar sus constituciones, se los ponía bajo la autoridad del diocesano. Simultáneamente, impulsó la secularización de los frailes de las órdenes religiosas y el secuestro de sus bienes.

Con respecto al número de secularizados, éstos fueron: entre los dominicos, setenta; agustinos, ochenta y ocho; franciscanos, ochenta y uno; mercedarios, sesenta y siete; hospitalarios de San Juan de Dios, tres. En total: trescientos nueve religiosos que engrosaron las filas del clero secular, de los cuales 217 pertenecían al obispado de Santiago y 93 al de Concepción.

Luego de la victoria del general Simón Bolívar sobre los españoles en la batalla de Ayacucho, la independencia americana estaba consolidada. El problema del Papado hacia 1825 era cómo resolver la situación de la falta de obispos en América sin reconocer directamente la independencia, negada tanto por España como por la Santa Alianza. Si una conclusión podía llevarse el enviado romano de Chile, esa era sin duda que no se aceptarían obispos presentados por el Rey de España.

La solución en lo inmediato fue sencilla, no se nombraron obispos territoriales sino «in partibus» con el cargo de vicarios apostólicos, en 1825 para la Gran Colombia; en 1827 para las diócesis de Santa Marta, Cuenca, Quito, Antioquia, Santa Fe y Caracas; finalmente en 1828 se proveyeron las dos diócesis chilenas. De esta manera la Iglesia chilena entraba en la república, vinculada directamente con Roma y sujeta al regalismo estatal.

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CRISTIÁN GAZMURI RIVEROS - LUCRECIA ENRÍQUEZ AGRAZAR

Pontificia Universidad Católica de Chile

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