DELGADO JOSÉ MATÍAS. La cuestión del obispado salvadoreño

La cuestión del obispado salvadoreño

Una vez realizada la independencia de Centroamérica, el dominio político de Guatemala sobre San Salvador había disminuido, pero en lo religioso aún permanecía. Desde 1810 existía la aspiración de los salvadoreños de erigir un obispado en la provincia −que tenía la calidad de vicaría−, a través de la petición de José Ignacio Ávila ante las Cortes de Cádiz, la cual no había prosperado. Para Meléndez Chaverri, ese propósito era una manifestación del nacionalismo salvadoreño, y una medida que tendía “a hacer más débiles los vínculos con la capital del Reino”.

Había otro antecedente de esa búsqueda de autonomía, cuando en el año 1812 el gobierno español había iniciado el trámite para la creación del obispado, pero Bustamante y Guerra no prestó la colaboración necesaria.También en 1818 José Matías Delgado había sido apoyado por el clero de San Salvador para ser nombrado obispo en contraposición al Dr. Manuel Molina, el candidato del arzobispado, quien era rechazado por su tendencia monárquica y opositora a los movimientos independentistas.

Tras las independencias de España, los nuevos Estados americanos pretendían atribuirse el derecho de presentación, es decir la designación de obispos, ya que −según ellos− después de la independencia en América, el patronato regio −del cual el derecho de presentación era uno de sus privilegios− se había extinguido para el rey de España y sus prerrogativas habían sido traspasadas a las nuevas repúblicas.

Por su parte, Fernando VII se había mostrado intransigente ante los papas Pío VII y León XII a ceder cualquier privilegio del patronato. Ante ambas posturas, la Santa Sede se veía imposibilitada a proveer obispos a las nuevas repúblicas. La Asamblea Constituyente de Centroamérica se declaró sobre el asunto, estableciendo que era a la nación centroamericana a quien correspondía el derecho de presentación para los obispados, y no a ningún Estado en particular, aunque dejaba la posibilidad de acordar los nombramientos con la Santa Sede.

Por ello, el 27 de abril de 1824 el Gobierno salvadoreño ignoró cualquier decisión contraria y decretó la erección del obispado de San Salvador y a José Matías Delgado como su obispo. Tras la aprobación del Gobierno, el día 5 de mayo el Congreso Constituyente de El Salvador ratificó la decisión, por lo que Delgado asumió el nombramiento el día seis.

El templo parroquial de la ciudad fue declarado como nueva Catedral; se cantó una misa solemne por el diputado presbítero Pablo María Sagastume a la que asistió José Simeón Cañas, quien pronunció un solemne discurso. Ese día el nuevo nombrado obispo salvadoreño pidió “al Todo Poderoso sus oraciones para que, por los merecimientos de Cristo Salvador Nuestro, me haga digno y capaz de apacentar fiel y cumplidamente un rebaño que por tantos títulos me es del mayor aprecio y de cuya felicidad depende la mía”.

Esta resolución tenía el antecedente del 30 de marzo de 1822, en plena discordia sobre la anexión al Imperio mexicano, ya que la Junta de Gobierno de San Salvador había dado la siguiente resolución: “…que desde luego quede erigida en obispado y que sea el primero que ocupe esta silla, según la voluntad general de toda la Provincia manifestada en el mismo expediente, el señor doctor José Matías Delgado…”.Pero aquella declaración no tuvo resultados prácticos, aunque el 10 de noviembre de ese año el congreso salvadoreño había confirmado la erección del obispado y a Delgado como su obispo.

Por su parte, el arzobispo de Guatemala Ramón Casaus y Torres fue férreo opositor de la erección del obispado salvadoreño.Acusó a Delgado de haber sobornado a sus electores, y declaró nula la creación de la diócesis y el nombramiento de Delgado. Informó a la Santa Sede sobre el asunto, afirmando que Delgado había intimidado al Congreso con la ayuda de militares y vecinos. También declaraba a Delgado como enemigo político y al clero que le seguía le acusaba de cismático.

Esta reacción del arzobispado guatemalteco implicó un rompimiento tácito entre El Salvador y Guatemala. Aunque las acciones tomadas por Casaus se ajustaban a la legislación canónica, sus antecedentes contrarios a la independencia centroamericana pesaron en favor de las tesis de sus detractores, que lo consideraban enemigo de tal decisión sin más.

La posición del jurista salvadoreño Isidro Menéndez

Por el contrario, Isidro Menéndezargumentaba a favor de la erección del obispado salvadoreño en los siguientes términos: “Ninguno duda que el rey de España obtenía el Patronato de las Américas y de la Península. Los escritos publicados sobre lo obrado en S. Salvador suponen que el derecho de patronato solo les vino a los reyes católicos en virtud de concordatos y privilegios de la silla apostólica. Efectivamente estas son dos de las razones en cuya virtud lo han poseído; pero hay además otras no menos concluyentes y todas ellas militan a favor de S. Salvador. Por derecho y antigua costumbre, y justos títulos y convenciones apostólicas, dice la ley 1, tít. 6 libro. Recopilación de Castilla, somos patrón de todos las Iglesias catedrales de estos reinos, y nos pertenece la presentación de los arzobispos y obispados, y prelacías y abadías consistoriales de estos reynos, aunque vaquen en corte de Roma”.

Menéndez justificaba también el ejercicio del patronato a las nuevas repúblicas, ya que “el rey no fundaba y sostenía dichas Iglesias y beneficios con su propio pecunio; lo hacía con las rentas de la nación… Y bien en la federación centro americana; ¿Quién edifica, quien sostiene los beneficios? ¿no es ella misma?... ¿No han sido y son las rentas nacionales las que han sufragado esos gastos?”

Ante la postura intransigente del arzobispado guatemalteco, el día 23 de abril de 1825 el parlamento salvadoreño decretó que todas las pastorales, edictos, y circulares de Casaus fueran sujetas a previa censura del Gobierno, “bajo pena de muerte, destierro o prisión, según el caso”.Esta decisión era consecuente con la asamblea guatemalteca que había tomado la misma acción el 27 de octubre del año anterior.

También en el mismo Congreso federal se discutió el asunto entre los partidos políticos. Meléndez Chaverri asevera que fue uno de los “más ruidosos asuntos discutidos por este cuerpo representativo”.La situación llegó a un punto que se formaron bandos dentro el mismo clero; y el propio Delgado se encargó de expulsar a sus opositores, aunque algunos decidieron partir a Guatemala por sí mismos.

El asunto “asumió todas las apariencias de la lucha entre liberales y conservadores”, ya que ni los salvadoreños permitirían que Casaus, visto como un conservador, controlase la provincia; ni este dejaría a Delgado, de tendencia liberal, asumiera como obispo. Alguno hace notar que, para el grupo centralista, contrario al sistema federal, el patronato regio “era un instrumento más para ejercer control sobre los otros Estados”.

El 18 de julio de 1825, el Congreso federal avaló la erección de la diócesis de San Salvador, pero declaró insubsistente el nombramiento de Delgado como obispo “por creer ser atribución de dicho Congreso”.Sin embargo, el Senado federal opinó lo contrario: desaprobó el decreto del Congreso en lo relativo a José Matías Delgado, y autorizó su elección por tener los Estados “plena facultad para las erecciones de obispados y designación de obispos”.Meléndez Chaverri asevera que esta resolución no tuvo resultados por la demora provocada tanto por el Senado, como por el mismo Manuel José Arce, quien no se empeñó en darle cumplimiento.

El día 7 de septiembre de 1825, el Papa mandó al arzobispo Casaus que manifestase su desaprobación en la erección del obispado salvadoreño y la correspondiente elección de Delgado, quien además debía “implorar misericordia de la Santa Sede, para no colocar a Su Santidad en la desagradable necesidad de tomar las medidas que exigen el rigor de los sagrados cánones”.

Pero el Gobierno de El Salvador, ignorando aquella disposición, encomendó al Dr. fray Víctor Castrillo la obtención de la venia del Papa para erigir el obispado. El 29 de septiembre de 1825, en Costa Rica se decidió erigir su propio obispado independiente de Nicaragua, que no se lograría hasta 1850.

La erección de nuevas diócesis inmediatamente tras las independencias resultó un grave problema para la Santa Sede, debido en buena parte a la situación jurídica del Patronato, que todavía −a pesar de las independencias− por una parte el rey de España Fernando VII y su Gobierno se empeñaban en mantener, y por otra las nuevas Repúblicas pretendían continuar gozando con las concesiones y privilegios del antiguo Patronato español, ya claramente caducado. A estas difíciles y delicadas cuestiones políticas, pronto se sumaron actitudes claramente anticlericales que jugaron un papel negativo en los posibles tratos entre aquellos Gobiernos y la Santa Sede. Los ánimos estaban tan divididos que se dieron enfrentamientos entre los partidarios de las decisiones de Casaus y los de Delgado, provocando incluso disturbios, saqueos, destrucciones y asesinatos en algún lugar, hechos que expresaban las divisiones existentes entre los partidarios del antiguo régimen y el nuevo apenas implantado. En enero 1826, el presidente Arce presentó al arzobispo Casaus las reclamaciones del Estado de El Salvador ante sus acciones en contra de la erección del obispado en El Salvador. También le manifestó que había pedido la opinión del Senado federal para tomar las providencias respectivas, y que la respuesta del organismo había sido que el presidente requiriese al arzobispo de suspender sus actuaciones en la cuestión de la creación de la nueva diócesis, esperando que el arzobispo obrase en consecuencia para evitar también “la sangre que se derramase y cuya delicadeza cristiana se lastimaría en vista de los estragos que son fruto de una guerra civil”. La respuesta de Casaus fue tajante, como reporta el citado Monterey: “Me es muy sensible no poder complacer al Supremo Poder Ejecutivo...Soy arzobispo y sería necesario dejarlo ser y abandonar la grey que Dios ha puesto a mi cuidado...lo hecho en San Salvador sobre este particular es un exceso y abuso de la potestad civil que trastorna el orden establecido por potestad divina para el gobierno de la Iglesia...” Y señalaba que no aceptaría a un “obispo o párroco que se apropia de esta jurisdicción usurpándomela con los diezmos...”. Al final el Papa decidió sobre el asunto el 13 de agosto de 1826. En tres breves, fechados el 1 de diciembre de ese año −uno de ellos dirigido a Delgado− expresó que la erección de la sede episcopal era ilegítima y de ningún valor, y le exhortaba a “separarse del camino de la perdición y enmendar el crimen cometido”. Delgado aceptó lo ordenado. Pero, los resultados de la decisión no tuvieron resultados efectivos por la situación política convulsa en que se encontraba la región, especialmente entre Guatemala y El Salvador. En la época de la Guerra Civil Centroamericana, luego de la derrota del régimen de Mariano Aycinena a manos del líder liberal hondureño Francisco Morazán, en 1829 Casaus fue expulsado del territorio centroamericano y exiliado en Cuba. El papa León XII habría emanado un breve con sentencia de excomunión a Delgado, breve que no habría llegado a su destino y por lo tanto no habría sido ejecutado.

Participación en la primera guerra civil centroamericana La llegada de Manuel José Arce y Fagoaga a la presidencia de la República centroamericana pudo haber sido favorecida por los conservadores en detrimento de José Cecilio del Valle, para que el salvadoreño obstaculizara la erección de la diócesis en San Salvador. Sea cual fuera la razón, en los primeros meses de su Gobierno empezaron a surgir disensiones con el jefe de Estado de Guatemala, el liberal Juan Barrundia, hasta el punto de que el gobernante guatemalteco terminó destituido y apresado por el presidente federal en septiembre de 1826.

Se daba ya una pugna −que sería ya crónica− entre conservadores y liberales. Ante la situación convulsa, decidió convocar a un Congreso extraordinario en Cojutepeque, resolución que fue considerada inconstitucional por sus enemigos. Debido a la situación política adversa en Guatemala, muchos liberales se trasladaron a San Salvador, lo que provocó el distanciamiento entre el Gobierno salvadoreño y el federal, y lo mismo ocurrió entre Arce y Delgado quienes dejaron de lado su larga amistad.

A esto se sumó la decisión de Arce de permitir la publicación del Jubileo del año santo el 3 de diciembre de 1826, promovida lógicamente por el arzobispado guatemalteco. Para algunos, ello dejaba excluido al Estado salvadoreño de “todas las gracias concedidas”, algo que se consideraba contrario a los objetivos de Delgado con respecto a la erección de la silla obispal.

Sin embargo, Arce escribiría en su autobiografía que sus detractores habían sorprendido al doctor Delgado, así como desmentía todos los hechos, y recalcaba que Delgado los había creído “no obstante su madurez y buen juicio y las conexiones” que les ligaban. El cruce de declaraciones entre ambos Estados se vio favorecido por la llegada de la imprenta a San Salvador desde el mes de junio de 1824, adquirida en Guatemala gracias al dinero recolectado por el propio Delgado.

Para febrero de 1827 la situación política era grave, pues los salvadoreños se aprestaban a una guerra civil. En consecuencia, Arce tomó el mando del ejército federal, mientras El Salvador respondía desconociéndolo como presidente. En los primeros enfrentamientos bélicos los salvadoreños sufrieron una derrota el 23 de marzo. Por su parte, el general Arce se ganó el apoyo guatemalteco al dejar a un lado sus intereses personales y enfrentarse a sus propios compatriotas. Pero el 18 de mayo de 1827 los salvadoreños obtuvieron una victoria en Milingo, que cambiaría el rumbo de las cosas.

Con la guerra civil en curso, Arce intentó establecer el diálogo, lo que provocó el descontento de los conservadores guatemaltecos. Trató entonces de entablar comunicación con Isidro Menéndez, quien no era del agrado de la facción conservadora por su posición a favor de la erección de una diócesis en San Salvador.

De igual manera, por medio de Bonifacio Paniagua contactó al mismo Delgado, quien expuso al presidente Arce que la guerra finalizaría si el gobierno federal convocaba “al Congreso con arreglo a la base de población fijada en la Carta Fundamental”, y sin más atribuciones que las que dicha ley disponía. La propuesta dio paso al decreto del 5 de diciembre de 1827, en el que Arce plasmaba la petición del eclesiástico y además establecía una reunión para el 1 de marzo de 1828 en Santa Ana.

La tensión política no disminuía debido a la presión de los liberales en el vicejefe salvadoreño Mariano Prado −según la versión de Arce− quien se valió de Juan de Dios Mayorga para entablar nuevamente conversaciones con Delgado. Al final, la misión de Mayorga no prosperó por la desidia de Prado y su gabinete de gobierno, mientras se reanudaba la lucha civil.

A pesar de todo, las conversaciones de paz trataron de reiniciarse. Un encuentro iba a realizarse en Jutiapa, que no se llevó a cabo; aunque se sabe que los enviados guatemaltecos habrían pedido al Gobierno salvadoreño la expulsión de Delgado, del Dr. Pedro Molina y de todos los prófugos guatemaltecos que se habían exiliado en aquella provincia.

Arce terminó renunciando al poder el 14 de febrero de 1828, y delegó la presidencia al vicepresidente Mariano Beltranena y Llano. Ese mismo mes, los federales habían cercado a San Salvador, aunque no pudieron tomarla y por ello se replegaron a San Miguel. Posteriormente, Delgado retomó las conversaciones de paz con el coronel Manuel Montúfar. También Arce mantuvo correspondencia con Delgado con el objetivo de establecer el gobierno federal en San Salvador, ya que Beltranena se había negado a devolverle el poder.

Al final, el 12 de junio se firmó el tratado de paz, conocido como el «Convenio de la casa de Esquivel», por el lugar donde se celebraron aquellos encuentros. Antes de su firma, fue puesto en conocimiento de las autoridades salvadoreñas por el propio Delgado. Pero el gobierno salvadoreño repudió el tratado e incluso acusó a Delgado de haberse sobrepasado en sus funciones, haciendo recaer sobre su persona diversas calumnias. Algunos historiadores juzgan que los salvadoreños habrían «perdido todo» en el tratado.

Quizá esta actitud de los liberales era motivada por el avance del caudillo Francisco Morazán desde Honduras. Al no ratificar el gobierno salvadoreño el convenio, Pavón cortaría definitivamente las negociaciones, y las hostilidades se reanudaron el 22 o 23 de junio. En cuanto a Delgado, Montúfar apoyó su conducta al opinar que había procedido de buena fe y no se había excedido sus funciones como sostenía “el gobierno de San Salvador”.

Últimos años de José Matías Delgado

Con la llegada de Francisco Morazán a la presidencia de la república federal, El Salvador no disminuiría su actitud localista, cuyo gobierno era presidido por el político de tendencia conservadora José María Cornejo desde 1829. Para finales de 1831, Morazán decidió trasladar la capital federal a San Salvador, resolución que fue rebatida por aquellos que no deseaban convertirse en un “instrumento de poder” del nuevo presidente y los que querían sacudirse el dominio guatemalteco.

Asimismo, los gobernantes salvadoreños en turno estimaban que Delgado podría estar ejerciendo su influencia en las autoridades federales, por lo que Cornejo decidió −con el antecedente de la expulsión de Casaus y Torres del territorio centroamericano dos años antes− declarar definitivamente nula la erección del obispado salvadoreño el 28 de enero de 1831. Un año después, el día 7 de enero de 1832, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró suspendido el pacto nacional federativo y desconoció a las autoridades federales.

Morazán respondió con el envío de las tropas federales sobre el Estado rebelde, logrando entrar triunfante el 29 de marzo. Como nuevos gobernantes de El Salvador resultaron electos Mariano Prado, jefe supremo, y Joaquín de San Martín, vicejefe, el día 3 de abril. El 13 de mayo de ese mismo año, Delgado fue electo como presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, retomando nuevamente su influencia en el país, ya que era favorecida por el presidente de tendencia liberal, Francisco Morazán.

Sin embargo, en una época en que la gente común se encontraba exhausta por los conflictos regionales, el 21 de agosto de 1831 el parlamento decretó la implantación de una contribución «única, directa y personal» en todo el Estado salvadoreño, lo que provocó una insurrección en contra de las autoridades, especialmente contra el ya impopular Prado. El día 24 de octubre algunos barrios de la capital atacaron la guarnición militar, pero fueron repelidos. La situación desembocó en la sublevación de Anastasio Aquino el año siguiente. Todos estos disturbios afectaron la salud del padre Delgado.

El 12 de noviembre de 1832 el padre Delgado mandó a convocar a los alcaldes y vecinos de los barrios de San Salvador y les pidió que jurasen ante la imagen del Salvador que primero aceptarían la muerte, antes que ver perdida la libertad de la patria. Ese día le llevó el viático su amigo el cura de Mejicanos, don Pedro de Lara. Expiró en brazos de su amigo y también prócer de la independencia salvadoreña, el presbítero doctor don Isidro Menéndez, en la tarde del 13 de noviembre de 1832, cuando las campanas de la parroquia daban el toque de las ánimas.

Sus restos se encuentran en la Iglesia El Rosario, sitio en el que se encontraba la antigua Catedral Metropolitana, en el centro histórico de San Salvador. La ubicación exacta de dichos restos no es conocida. Originalmente se encontraban en el altar principal, pero se extraviaron debido a remodelaciones en el templo a mediados del siglo XX. José Matías Delgado y de León es considerado como uno de los padres de la nación salvadoreña. Ya el 22 de enero de 1833, la Asamblea Legislativa de El Salvador lo declaró como «Benemérito de la Patria». Es también reconocido como prócer de la independencia centroamericana. Son varias las instituciones educativas que ostentan su nombre, entre ellas la Universidad Dr. José Matías Delgado.

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LUIS ERNESTO AYALA BENÍTEZ