NICARAGUA. Expulsión de la Compañía de Jesús en 1881

De Dicionário de História Cultural de la Iglesía en América Latina
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La Compañía de Jesús fue expulsada de todos los territorios de la Corona española en 1767 por el rey Carlos III y, tras las presiones diplomáticas que a la Santa Sede hicieron las cortes de España, Francia y Portugal, el Papa Clemente XIV suprimió la Compañía mediante el «breve» “Dominus ac Redemptor” fechado el 12 de agosto de 1773. Pero cuarenta y un años después, el 7 de agosto de 1814, el Papa Pío VII restauró la Compañía mediante la «bula» “Sollicitudo ómnium ecclesiarum” (a petición de toda la Iglesia). Las sectas masónicas, que habían hecho suya la consigna de Voltaire contra la Iglesia «ecracez L´infame» (aplastad a la infame) , después de las independencias de las naciones hispanoamericanas fueron adquiriendo una creciente influencia política, siendo profundamente hostiles a la restauración de la Compañía, mientras que otros ambientes conservaban las antiguas simpatías hacia los jesuitas. Una serie de expulsiones y de restauraciones van a llevarse cabo en las naciones de Latinoamérica.

Situación de los jesuitas en la Centroamérica decimonónica

En 1843 el Arzobispo de Guatemala acoge a los jesuitas que habían sido expulsados de Colombia, y se establecen el la ciudad de Guatemala, en Quetzaltenango en Livingson. En septiembre de 1871 el general Justo Rufino Barrios expulsa de Guatemala a los jesuitas, acusándolos de estar supuestamente comprometidos en una conspiración contra su gobierno. El Padre superior de la Compañía en Guatemala, Francisco de San Román, y con el setenta y tres jesuitas, son llevados a una embarcación que los deposita en Corinto, población al occidente de Nicaragua. Avisado del intempestivo arribo de los jesuitas, el obispo de León Manuel Ulloa y Calvo los acoge en su Diócesis y les concede las licencias eclesiásticas para que pudieran ejercer su ministerio.

El obispo Ulloa pidió que varios de los jesuitas expulsados se desempeñaran como profesores del Colegio- Seminario San Ramón, con la idea de elevar la calidad de los estudios. El Presidente de Nicaragua Vicente Cuadra le manifestó al obispo estar en desacuerdo alegando la falta de recursos para subvencionar una institución de enseñanza pública y que la ley del 8 de enero de 1830 prohibía la instalación de instituciones religiosas, además de que los demás gobiernos centroamericanos verían con recelo la presencia de los jesuitas. Un grupo de padres de familia de la ciudad de León pidió al Obispo Ulloa y al Presidente Cuadra que permitieran a los jesuitas hacerse cargo de la formación de la juventud leonesa. Pero la vigencia de la ley que prohibía las instituciones educativas religiosas, aunada a las presiones de los gobiernos vecinos, además de favorecer la radicalización de una prensa que ya manifestaba fuertes rasgos de anticlericalismo, impidió la participación de los jesuitas en el recién creado «Instituto de Occidente». En su lugar fueron contratados los profesores españoles Salvador Calderón y José Leonard, ambos de mentalidad liberal-masónica.

Las disputas en la prensa

El 19 de julio de 1874, el periódico «El Porvenir» se burlaba de la devoción al Corazón de Jesús, que Santa Margarita María Alacoque había divulgado por medio de su confesor, el jesuita san Claudio de la Colombiere y con él, por toda la Compañía de Jesús. El obispo, el clero y el pueblo pidieron al periódico que se retractara. No hubo retractación y la curia prohibió la lectura del «Porvenir».

Publicaciones de igual índole se realizaron en los periódicos «El Termómetro», «La Patria» y «Los nuevos tiempos». Intelectuales liberales ligados a la Masonería como José Dolores Gámez, Enrique Guzmán, Fabio Carnevalini y Mariano Barreto, publicaban en esa prensa artículos contra la fe católica y en especial contra los jesuitas. Sus argumentos fueron rebatidos por intelectuales católicos, destacando don Gregorio Juárez, quien publicó el 10 de febrero de 1872 su estudio titulado «La prensa de Centroamérica y los reverendos padres de la Compañía de Jesús».

En ese trabajo, don Gregorio Juárez señaló lo siguiente: a- Ninguna de las imputaciones que en la prensa hacían los liberales estaba comprendidas en los delitos del Código penal. b- Según el art. 84 de la Constitución, nadie podía ser privado de sus derechos fundamentales sin previo juicio de acuerdo a las normas establecidas. c- Había que aprovechar la capacidad y preparación de los jesuitas para educar a la juventud. d- La República profesaba el principio de libertad, que era un derecho absoluto, por el los jesuitas debían ser respetados y no perseguidos. e- El obispo Ulloa, al darles cabida en la educación, había procedido conforme a los cánones de la Iglesia y al art. 3 del Concordato, que es una ley de la República.

Pero dada la obstaculización erigida por los liberales masónicos contra los jesuitas, el obispo Ulloa los separó del proyecto educativo y los destinó a la evangelización. Recorrieron todo el territorio de Nicaragua reavivando la fe del pueblo y promoviendo una renovación moral y espiritual, buscando sanar las heridas de las guerras pasadas. En la ciudad de Rivas fundaron un orfanato e iniciaron los trabajos para edificar un hospital; en León construyeron una Casa de Misericordia para los marginados; en Matagalpa construyeron un templo, que al correr del tiempo sería su catedral; en Granada pusieron las bases para edificar la parroquia. Su labor pastoral en misiones como Corinto, Chinandega, Segovia, Chontales, y en la misma Managua, tuvo tanto éxito que en todas partes los Párrocos solicitaban al obispo que les enviaran misioneros de la Compañía. Esta labor no fue del agrado de las autoridades liberales y nuevamente revivieron la hostilización a los jesuitas. En junio de 1872 el comandante del puerto de Corinto impidió mediante amenazas que desembarcaran dos jesuitas que venían expulsados del Salvador. Y en enero de 1873, en el más puro espíritu regalista borbónico, con el pretexto de cumplir con las normas referentes al orden y administración eclesiástica, el gobierno nombró al padre Juan Somarriba, sacerdote secular, para que sustituyera a los jesuitas que desde hacía dos años trabajaban exitosamente en la parroquia de Corinto.

A pesar de todo, el presidente Cuadra no era partidario de expulsar a los jesuitas, y en mensaje al Congreso Nacional fechado el 7 de enero de 1873 señalaba que, si bien las leyes de 1830 vetaban el establecimiento de Órdenes religiosas, el Concordato firmado en 1860 jurídicamente abrogaba esas leyes y por tanto la estadía de la Compañía de Jesús en Nicaragua era plenamente legal.

La animadversión de las logias masónicas a la Compañía, las cuales cada día adquirían mayor influencia política, se hizo evidente en julio de 1873 cuando el embajador de El Salvador Buenaventura Carazo propuso al Gobierno de Nicaragua la firma de un tratado con los gobiernos de El Salvador y Guatemala para afianzar la ideología liberal y la expulsión de los jesuitas de estas naciones. El presidente Cuadra rechazó expulsar a los jesuitas, pero debido a la presión de sus vecinos, gestionó por medio de su embajador en Roma Pedro Joaquín Chamorro (quien sería su sucesor en la presidencia) que las autoridades de la Compañía y la Santa Sede ordenaran una «retirada prudencial» de los jesuitas en Centroamérica.

La expulsión de 1881 Al presidente Vicente Cuadra le sucedió en 1875 Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro, y a este Joaquín Zavala Solís en 1879. El presidente Zavala fue duramente presionado por el jacobino radical Rufino Barrios, presidente de Guatemala, para que expulsara a los jesuitas de Nicaragua. Una rebelión de los indígenas de Matagalpa sirvió como pretexto para expulsarlos.

Varios abusos e insultos proferidos por las autoridades civiles de la región contra los indígenas matagalpinos habían provocado un entendible y creciente enojo. El párroco de Matagalpa, Tomás Matus, publicó en el periódico «El Porvenir» del 12 de febrero de 1881, una advertencia al gobierno sobre la situación que se estaba generando, advertencia que se sumaba a otras semejantes hechas por los jesuitas, pero todas fueron ignoradas por el Prefecto del Departamento de Matagalpa Gregorio Cuadra.

El 30 de marzo de 1881, unos mil indígenas atacaron la ciudad de Matagalpa, la cual fue defendida más por los vecinos que por las escasas autoridades. Hubo muertos y heridos tanto de parte de los atacantes, y tras varias horas de combates los atacantes se retiraron, pero pusieron por varios días un cerco a la ciudad y el 6 de abril repitieron el ataque con resultados parecidos. Finalmente, la ciudad fue liberada.

En un mensaje del 24 de enero de 1882, el presidente Zavala afirmó que los indígenas pretendieron justificar su rebelión después de haber realizado ésta, y a pesar de haber recibido un informe de su Ministro de Guerra Joaquín Elizondo diciéndole que los autores de los abusos eran varios vecinos influyentes quienes trataron de culpar a las autoridades, Zavala echó la culpa los jesuitas y decretó su expulsión.

Poco después el padre Francisco Crispolti S.J. (víctima de la expulsión) se preguntaba sobre el pretexto que usó el presidente Zavala, que si dicho pretexto fuera verdad, en que cabeza cabría pensar que los indígenas quedarían satisfechos sacando a los jesuitas con violencia de la ciudad de Granada, paseándolos por las calles escoltados por soldados, encarcelándolos después y finalmente expulsarlos. En ningún momento los indígenas señalaron a los jesuitas como autores de los abusos; en cambio si escribieron una carta que la opresión que sufrían de parte de las autoridades civiles era una «tajona» muy brava, y les causó gran sorpresa que la noticia de la expulsión de los jesuitas.

Conclusión

La expulsión de la Compañía de Jesús fue una grave injusticia y un duro golpe para la Iglesia en Nicaragua porque disminuyó la atención pastoral al pueblo cristiano, así como la educación de la juventud, además de cancelar las posibilidades reales de una educación de mejor calidad. La verdadera causa de la expulsión de 1881 fue la presión constante de los gobiernos masónicos de Guatemala y El Salvador sobre el de Nicaragua. Los regímenes del Partido Conservador que, con mentalidad más bien liberal, gobernaron Nicaragua durante 30 años, finalmente se doblaron a la presión de sus vecinos y en un acto injusto, además de miope porque incidió fuertemente en el subdesarrollo de las naciones centroamericanas, consumaron la expulsión de la Compañía de Jesús.

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