CATOLICISMO SOCIAL EN MÉXICO. Entre aniquilamiento y resurrección

Prólogo

Desde que Jesús proclamó la Buena Nueva en Galilea encontramos presente en ella la dimensión «social»; y no como un añadido extrínseco sino como parte esencial de la misma: “denles ustedes de comer” (Mt.14-13; Lc.9-13; Jn.6-9) dijo a sus apóstoles. Desde luego que la dimensión espiritual de ese mandato es el más importante, pero ello no excluye, antes bien «necesita» de la realidad material; en este caso concreto que nos narra el Evangelio, es el pan físico que se puede morder y que satisface un hambre biológica. Los apóstoles le contestaron: “«Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco.» (…) Andrés, el hermano de Simón Pedro le dice: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?» Dijo Jesús: «Haced que se recueste la gente.» (…) Se recostaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil.” (Jn.6, 1-15).

Seguramente con buen humor, Jesús vio reflejado el asombro en el rostro de los apóstoles, pero estos acataron su orden. “Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda.» Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido.” Lo más importante de este milagro es, sin la menor duda, la prefiguración de la Eucaristía, donde el mismo Jesucristo se multiplica en las especies del pan y del vino; pero también lleva implícita la indicación de que todo don dado por Dios no es para uso exclusivo de la persona que lo recibe, sino para que lo comparta y entregue a los demás; es decir, lleva implícita la «dimensión social», la cual ha estado presente en la vida de la Iglesia desde el día de Pentecostés. Así lo constatan los «Hechos de los Apóstoles»: Todos los creyentes vivían juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y demás bienes, y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno.” (Act. 2,44-45).

Usando torcidamente este texto del Nuevo Testamento, algunos como Fidel Castro y Ernesto Cardenal han afirmado que la Iglesia primitiva practicaba el comunismo, pues esa “puesta en común” y distribución de bienes coincide con lo que Marx propone en su manuscrito «Crítica al Programa de Gotha»; pero todos estos socialistas siempre hacen a un lado un punto esencial entre el la doctrina cristiana y la socialista: en la Iglesia cada persona «vendía y repartía» sus bienes «libremente» al servicio de los demás, acción motivada por el amor al prójimo, mientras que en el socialismo es el gobierno-partido, la «dictadura del proletariado», la que «arrebata» mediante la violencia de uno u otro tipo, los bienes de las personas, para distribuirlos según los criterios de la lucha de clases al servicio de quienes detentan el poder.

En los últimos tiempos, la siempre presente «dimensión social» de la Doctrina Católica se ha manifestado en un cuerpo doctrinal específico denominado «Doctrina Social de la Iglesia», la cual especifica -entre muchísimas otras cuestiones-, como debe ser la justa repartición de los bienes materiales, acuñando el principio del «destino universal de los bienes», que respeta y no niega el derecho a la propiedad privada, pero que la concibe gravada por una «hipoteca social». Inicios del «catolicismo social» en México Desde las primeras actividades de la Iglesia en Nueva España, la implementación del «catolicismo social» estuvo presente, aunque no se le llamara así. Aún antes de la erección de las primeras diócesis (Tlaxcala y México), e incluso antes de la llegada de los primeros franciscanos, el mismo conquistador Hernán Cortés fundó un hospital para los indígenas al que llamó de «La purísima Concepción», conocido poco después como «Hospital de la Limpia Concepción de Nuestra Señora», y finalmente «Hospital de Jesús», nombre que conserva hasta nuestros días. En1529 el papa Clemente VII aprobó mediante una bula, la Constitución de un patronato para su sostén, y es un hecho innegable que el Hospital de Jesús es, hasta la fecha, el hospital en funcionamiento más antiguo de América. Otro ejemplo paradigmático del «catolicismo social» en los inicios de la evangelización de México, fue la obra del primero Oidor (juez) de la Segunda Audiencia y luego Obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga. A su llegada a México en el 1531 se encontró con un mundo llagado por el dolor, la miseria y la desorganización, “cosa de no poder creer si no se ve”, como él mismo escribió. Y de inmediato su fe le llevó a poner manos a la obra. Don Vasco creó los «hospitales-pueblo», dónde recogía huérfanos, y sobre todo gente dispersa, poblaciones de indios extraviados; donará una morada a los minusválidos y a los sin casa y patria, se ocupará de enfermos; en una palabra, creó una especie de pequeñas «repúblicas-hospitales», como las llamará él mismo, con el objetivo de convertirlas en lugares de memoria cristiana y morada humana, donde los dolores de todos fueran aliviados y curados y las personas encontraran un hogar. La historiadora mexicana, Josefina Muriel en su obra «Hospitales de la Nueva España», nos ofrece un estudio monumental de los más de trescientos hospitales creados sólo en México de los siglos XVI al XVIII; 200 solamente en el siglo XVI, muchos de ellos en lugares lejanos y en localidades apartadas. Algunos de estos hospitales llegaron a asistir a medio millar de enfermos, especialmente durante las frecuentes epidemias. Una nota particular merece las cofradías, congregaciones y terceras órdenes, formadas según los casos por seglares, sacerdotes, religiosos y con miembros que provenían de toda clase social y étnica: blancos, mestizos, indios, negros, mulatos, criollos… Estas cofradías tuvieron especial cuidado de los enfermos y los pobres; alimentaron su vida de piedad cristiana y su caridad en la oración. Muchos, religiosos y laicos, gastaron fortuna y vida en el servicio de los pobres y los enfermos; entre los laicos, algunos notables: “a vía de ejemplo, entre los indios, Don Pablo, Rey de Michoacán, que muere vistiendo el hábito de la Compañía de Jesús atendiendo a las víctimas de la peste de 1576 o Don Juan, Cacique de Pátzcuaro, que vistió el sayal franciscano renunciando antes a su inmensa fortuna, que distribuyó entre los pobres”. Primeros pasos en la aniquilación del catolicismo social No solo la liturgia y la evangelización requieren de bienes materiales; son especialmente necesarios para las obras de caridad y para las obras sociales. En el periodo virreinal, la Corona, que por derechos del Patronato era quien recababa los diezmos, fue también quien destinaba de la Real Hacienda una buena parte de recursos para erigir y sostener el culto y obras. Pero cuando el Regalismo se impuso en la Corte de Madrid, convirtió el Real Patronato en un instrumento de control y sujeción de la actividad de la Iglesia. El clímax de esa situación se dio en abril de 1767 con la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los dominios de la Corona española. El decreto de «extrañamiento» (expulsión) de los jesuitas incluía la «ocupación de sus temporalidades» (confiscación de sus bienes). La gran obra social llevada a cabo por la Compañía fue aniquilada en unos pocos días. Francisco Javier Clavijero señala que en 1767, los 678 jesuitas de la Nueva España atendían 40 escuelas y colegios -varios de ellos dedicados a la educación de niños indígenas- y 114 misiones, especialmente en California y Sonora. Los bienes de los jesuitas fueron rematadas al mejor postor en subasta pública. El siguiente paso en la destrucción del catolicismo social se realizó ya en el México independiente, cuando el vicepresidente Valentín Gómez Farías decretó el 7 de mayo de 1833 la confiscación de las Misiones franciscanas de California y Texas, privando a esos territorios de la más importante y organizada presencia mexicana, la cual sustituyó permitiendo el ingreso de colonos estadounidenses. Así ayudaba a preparar la separación de Texas. Pocos meses después, el 21 de octubre, Gómez Farías decretó la supresión de la Universidad de México por considerarla “inútil, irreformable y perniciosa” . Así desapareció la Universidad, el más alto bastión de la cultura occidental, presente en México desde 1551. Alegando supuestos «derechos» de Patronato, Gómez Farías dio por suprimidos los votos religiosos y decretó la completa exclusión del clero en la enseñanza, lo que en ese tiempo significó la eliminación de todos los maestros, pues la Iglesia había sido la única institución avocada a la educación de niños y jóvenes. Evaluando la actuación de Gómez Farías como gobernante, el célebre historiador norteamericano Joseph Schlarman dice: “… su actuación nos hace pensar en un cerdo que se haya suelto en un gran jardín y arranca de raíz cuantas plantas y flores encuentra: destrucción desenfrenada de los frutos y trabajos del hombre.” La embestida radical de 1856 Cuando México acababa de perder la mitad de su territorio en beneficio de las ambiciones de los Estados Unidos, de las sombras salió nuevamente Gómez Farías para a dirigir el rumbo de la «Revolución de Ayutla». Así el periódico yorkino «El Rayo Federal» del 9 de abril de 1855 publicaba: “La Revolución debe caminar actualmente con todo su poder, con toda su grandeza, con todos sus horrores. No hay que pararse en los medios, no hay convenios que aceptar…cuando se trata de regenerar un pueblo o de reformar sus leyes, la sangre es necesaria…Nada importa que los campos se talen, que las poblaciones se diezmen, que haya muertos a millares, si los fines son nobles y se pretende llevar a cabo una idea, un principio cuyas consecuencias son el progreso y la prosperidad de una gran nación”. El espíritu jacobino de Gómez Farías influyó en los políticos más radicales para que despojaran a la Iglesia de todos sus bienes. Así la «Ley Lerdo», redactada por el masón yorkino Miguel Lerdo de Tejada y promulgada por su compañero de logia Ignacio Comonfort el 25 de julio de 1856, justificaba el despojo diciendo que “uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la nación, es la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública”. No solo fueron afectados los bienes de la Iglesia; también las comunidades indígenas fueron despojadas y sus tierras entregadas en manos de unas cuantas familias, dando así origen a los injustos latifundios. Y conforme al artículo 5º de la citada ley fueron vendidas todas las propiedades de la Iglesia; no solo los conventos, sino también todos los asilos, orfanatorios, escuelas y hospitales, a precios sumamente bajos a los amigos influyentes de los masones o a ellos mismos, obteniendo un mínimo de ganancias para el Estado, y dejando en la calle a aquellos necesitados que se beneficiaban de estas instituciones de caridad, pero enriqueciendo enormemente a los nuevos propietarios. De estas subastas, el Gobierno de la revolución de Ayutla recaudó solamente tres millones de pesos, y las consecuencias en las obras humanitarias de la Iglesia comenzaron a ser evidentes. Incluso un historiador masón, Juan A. Mateos, en su «Historia Parlamentaria del Congreso en México» reconoce que: “… cuando el clero poseía muchas fincas rurales y urbanas, año tras año pasaban sin las vergonzosas subastas de que actualmente tantas familias son víctimas. La sórdida avaricia de los actuales propietarios no conoce compasión, mientras que el clero, animado de un espíritu típicamente cristiano, toleraba y condonaba. La Iglesia prestaba su capital al módico interés de 4, 5 y 6%, tarifa legal entonces, y hoy desconocida.” El grupo masónico que ayudó a la mutilación del territorio nacional -el rito yorquino, de obediencia a la Gran Logia de Pennsylvania- logró hacerse del poder político en México mediante la abierta intervención militar de los mismos estadounidenses. Ese mismo grupo promulgó las leyes confiscatorias contra la Iglesia en 1857, sin poderlas aplicar de inmediato dada la guerra de Reforma en curso. Pero a partir de 1860, cuando Benito Juárez y los revolucionarios de Ayutla pudieron retomar el poder, de inmediato se dedicaron a confiscar y dilapidar los bienes de la Iglesia, al igual que los de las comunidades indígenas. La «piqueta liberal» cayó “sobre colegios y escuelas, conventos, orfanatorios y hospitales para echar a la calle a los religiosos, a los sacerdotes y a las monjas, y para robar y saquear. Se dejó a los huérfanos sin quien los cuidase y a los ancianos y enfermos sin protección ni atenciones. En efecto, la «piqueta liberal» se extendió por todo el recién mutilado territorio nacional, y no se circunscribió solo a la ciudad de México. En la ciudad de Puebla, la escuela para indígenas de San Pablo de los Naturales (San Pablito) fue convertida en almacén de granos, destruyendo y deteriorando en buena parte su arquitectura; las escuelas anexas a los templos de San Francisco y de San Francisco Javier, en cuarteles; el convento y hospital de San Juan de Dios, en cárcel. En Guadalajara, el célebre Hospicio Cabañas fue convertido en plaza de toros, etc. Las universidades fueron clausuradas, el Colegio del Espíritu Santo convertido en cuartel, el edificio del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, en prisión militar, el hospital de San Lázaro en rastro, y un largo etcétera.

El Imperio de Maximiliano: una continuación de la «piqueta liberal» La dilapidación de los bienes de la Iglesia fue tan grave que los mismos diputados liberales -ya únicos integrantes del Congreso- reclamaron a Benito Juárez: “se ha visto desaparecer en menos de cien días inmensas riquezas acumuladas por el clero en tres siglos de dominación absoluta.” En efecto, por esta razón el 27 de julio de 1861 el gobierno de Juárez declaro la moratoria de pagos a la deuda externa de México, lo que llevo a los gobiernos de Inglaterra, Francia y España, a formar una fuerza militar tripartita que fuera a México a obligar al gobierno de Juárez al pago de la deuda. Las tropas de los acreedores desembarcaron en Veracruz el 10 de enero de 1862. Tras una promesa de pago, Inglaterra y España aceptaron retirarse; no así los franceses que avanzaron tierra adentro, siendo rechazados en su intento por tomar la ciudad de Puebla el 5 de mayo de ese año. Pero al año siguiente, reforzados con nuevas tropas, pusieron sitio a Puebla, y el 19 de mayo de 1863 tomaron la ciudad. Benito Juárez acompañado de parte de su gabinete y su familia, huyó al norte del País; en la capital una «junta de notables» se hizo del poder. La Junta de notables, dominada y manipulada por la masonería del rito escocés (de obediencia a la Gran Logia de París), destacando en ello el Gral. Juan N. Almonte, decidió que México regresara al sistema monárquico y ofreció la corona al príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo. Tras aceptar la corona ofrecida, Maximiliano nombró una «Junta de Regencia» mientras concluía una gira de homenajes en su honor organizada por el emperador francés Napoleón III. Esa «Junta de regencia» Maximiliano la formó con tres personas: dos connotados masones anticlericales y un ingenuo obispo. Los masones fueron el mismo Almonte y Mariano Salas, y, para dar visos de veracidad a su imagen de «príncipe católico», se aprovechó del obispo de Puebla Antonio Labastida y Dávalos, desterrado desde 1856 en Europa por el gobierno libera. Obviamente en todas las decisiones importantes Labastida las perdió dos a uno, imponiéndose la visión anticlerical de Almonte y Salas. En una reunión de la Junta de Regencia, el obispo Labastida les echó en cara a Salas y Almonte su hipocresía “…hubieran podido ahorrar a los pastores la pena y el vilipendio de volver de su destierro, bajo la salvaguarda de este nuevo orden de cosas, a presenciar la legitimación del despojo de sus iglesias y la sanción de los principios revolucionarios”. Los obispos de Michoacán y Oaxaca escribieron junto con Labastida y Dávalos una carta a Roma donde informaban que: “Todo continúa lo mismo (…) los decretos de los señores Almonte y Salas poniendo en vigor las Leyes de Reforma continúan en observancia (…) el señor Almonte fue nombrado desde Miramar, lugarteniente del Emperador(…) y el mismo señor Almonte y su compañero Salas, autores del mal e instrumentos ciegos de los jefes franceses, en su odio contra la Iglesia, han sido condecorados con la Gran Cruz de Guadalupe”. El arribo del Emperador agravó la situación y fue más allá de Juárez intentando imponer unilateralmente un «neopatronato», mismo que fue enérgicamente rechazado por escrito por el Nuncio Pedro Francisco Meglia: “Habiéndome presentado el gobierno imperial un proyecto en nueve artículos, contrario a la doctrina, a la disciplina actualmente en vigor de la Iglesia y a las leyes canónicas; proyecto que tiende a despojar a la Iglesia de todos sus bienes, de su jurisdicción, de sus inmunidades y hacerla en todo dependiente y esclava del poder civil, todo esto condenado ya por el Pontífice Romano en dos alocuciones consistoriales, he contestado que no tenía instrucciones para tratar sobre bases tan inadmisibles..” Ante esta respuesta, Maximiliano, el supuesto «príncipe católico», prohibió toda comunicación directa con Roma, expulsó al Nuncio Meglia y ratificó la confiscación de los bienes eclesiásticos que había iniciado el gobierno de Juárez. El cambio que Napoleón III realizó en la jefatura de su expedición militar en México del Mariscal Forey por el general Aquiles Bazaine, un rabioso anticlerical masón, vino a radicalizar notoriamente la política de Maximiliano. El aparente aniquilamiento de los restos del catolicismo social La finalización de la guerra de secesión en los Estados Unidos y la retirada de las tropas francesas de México, provocaron el derrumbe del Segundo Imperio mexicano, permitiendo el regreso de Juárez y su partido que a partir de ese momento aparentemente no tendría ya obstáculo ni adversario alguno. Pero entonces surgieron en el seno del partido liberal diversos grupos que se enfrentaron entre sí; el más notorio fue el del general Porfirio Díaz contra el de Juárez, quien se relegía como presidente una y otra vez. Pero el 18 de julio de 1872 el presidente Juárez falleció de un ataque al corazón. El poder fue tomado por el profundamente anticlerical Sebastián Lerdo de Tejada, quien, además de elevar a rango constitucional las Leyes de Reforma, no tuvo empacho alguno en expulsar a las Hermanas de la Caridad; en esos momentos la única orden religiosa que aún permanecía en México. Lerdo de Tejada usó el ridículo argumento de que las monjas de la Caridad, cuyo carisma y vocación era atender enfermos en sus hospitales, estaban «conspirando contra su gobierno». A ejemplo de su antecesor Benito Juárez que se religió una y otra vez, Lerdo de Tejada también pretendió reelegirse y nuevamente lanzó su candidatura a la presidencia. Su único oponente era Porfirio Díaz que en enero de 1876 lanzó en su contra el «Plan de Tuxtepec»; pero los seguidores de ese «Plan» fueron derrotados el 20 de mayo de 1876 en Nuevo León. Las perspectivas de un cambio en la situación política que permitiera restablecimiento del catolicismo social en México parecían prácticamente nulas. Precarias condiciones permitieron el resurgimiento del catolicismo social Las condiciones cambiaron cuando, en un golpe de suerte militar, el 16 de noviembre de 1876 Porfirio Díaz venció a las fuerzas lerdistas en la «batalla de Tecoac», cerca de Huamantla. Lerdo de Tejada huyó a los Estados Unidos y Porfirio Díaz dio inicio al «porfirismo», una larga dictadura liberal que concluyó hasta 1911. Conforme Díaz se fue afianzando en el poder, fue disminuyendo su anterior anticlericalismo; a esto se agregó que su matrimonio con Carmelita Romero Rubio, una ferviente católica, le hizo «tolerante» con la Iglesia. Aunque nunca derogó las Leyes de Reforma, dejó de aplicarlas al pie de la letra, quedando como una especie de «espada de Damocles» sobre la Iglesia. Pero el anticlericalismo no desapareció pues la filosofía adoptada por la dictadura -sobre todo en materia de educación y economía- fue el «positivismo» de Augusto Comte. En ese ambiente de precaria libertad, la Iglesia en México pudo retomar su actividad pastoral y social. En su organización institucional, pasó de tener en 1857 una arquidiócesis y diez diócesis, estar organizada para 1906 en ocho arquidiócesis y veintitrés diócesis. Un gran impulso a la fe de la población lo dio la Coronación Pontificia de la Virgen de Guadalupe en 1895. En el ámbito social, el retorno de las Órdenes Religiosas expulsadas durante la Reforma y la llegada de otras nuevas dedicadas a la educación, como lasallistas y maristas, permitió nuevamente la apertura de hospitales, hospicios y asilos, así como de escuelas y colegios. La Compañía de Jesús reabrió sus misiones en la sierra Tarahumara, y los padres josefinos entre los huicholes. El padre José María de Yermo y Parres fundó a las Siervas del Sagrado Corazón, Orden religiosa dedicada a la atención de niños pobres y de asilos para ancianos. En 1896 abrió sus puertas la Universidad Pontificia de México, y en 1907 la Universidad Católica de Puebla con seis facultades. Igualmente significativa fue la influencia de la encíclica «Rerum novarum», leída y estudiada con avidez, provocando una creciente participación de los laicos en la vida social. Círculos de estudio entre los jóvenes y Círculos Obreros entre los trabajadores, fueron conformando sindicatos católicos que realizaron congresos en Puebla y Zamora. Entre los años 1903-1909 se realizaron 4 Congresos Católicos y 3 Congresos Agrícolas, y entre 1908-1913, 4 Semanas Católico-sociales, y 2 Dietas de la Confederación de Círculos Católicos de Obreros, que agrupaban ya a unos 50 mil trabajadores; uno de sus logros más significativos fue el establecimiento del «Sistema de Cajas de Ahorro Raiffeissen», promovido por el abogado Miguel Palomar y Vizcarra. En el Congreso de Puebla celebrado en 1903, el periodista Trinidad Sánchez Santos señaló: “…hoy el combate de la Iglesia de Cristo es eminentemente práctico, eminentemente social (…) es el gran combate de la democracia cristiana contra el socialismo masónico; del círculo de obreros contra la taberna y el pillaje; de la caja de ahorros contra la miseria y la prostitución … (es) el gran combate que tiene por alas la escuela y la prensa, y por centro la autoridad sublime de Roma y la acción prestigiosa, directa y sabia del episcopado.” De especial importancia fue la creación de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) en octubre de 1912. Su finalidad era “la coordinación de las fuerzas vivas de la juventud mexicana, para restaurar el orden social cristiano en México, utilizando como medios adecuados para logarlo, la piedad, el estudio y la acción.” La revolución carrancista: un nuevo nivel de persecución y destrucción Poco duró el precario respiro que la dictadura porfirista permitió en el inicio del siglo XX. En 1910 dio inicio la «revolución mexicana», que no fue otra cosa sino una guerra civil, un enfrentamiento entre diferentes facciones que ensangrentó al país. Cada una de esas facciones se conformó en torno a un «caudillo» cuyo apellido sirvió para distinguir una facción de otra: zapatistas, villistas, obregonistas, carrancistas, etc. Las alianzas entre algunas, siempre frágiles, convenencieras y efímeras, fueron las responsables en convertir al país en un montón de ruinas. La facción más destructiva fue la encabezada por Venustiano Carranza, quien en 1914 logró sumar a sus planes al personaje más perverso y desprovisto de conciencia de ese entonces: Álvaro Obregón, quien pocos años después lo traicionaría y ordenaría asesinarlo (Plan de Agua Prieta). La alianza Carranza-Obregón llevó a cabo una revolución cuyo «modus operandi» fue acertadamente resumido así por Jorge Vera, quien en esa época fue Secretario de Educación: “Campos asolados, haciendas saqueadas o incendiadas, fábricas manufactureras, minas y establecimientos de todas clases entregados al pillaje o devastados por la exacción; propiedades muebles e inmuebles, rústicas o urbanas, robadas o usurpadas permanentemente por el «avance» o la incautación; puentes, obras de arte, tramos inmensos y equipo de material rodante de los ferrocarriles, todo destruido; hecatombe sin cuento de prisioneros de guerra desde el soldado raso hasta el general, y aun de simples civiles denunciados –como en la época de la revolución francesa- como sospechosos, o sospechosos de sospechosos; macabros gallardetes humanos colgados por millares a lo largo de los caminos y hasta en las poblaciones; asesinatos individuales cometidos a diario por el simple y salvaje afán de matar; plagios desvergonzados en demanda de rescate; raptos y violaciones de mujeres, sin escatimar vírgenes entregadas a la devoción de la vida mística; orgías desenfrenadas en plazas, calles y lugares públicos; sacerdotes escarnecidos por las hordas; imágenes de santos fusiladas; iglesias y establecimientos religiosos clausurados o entregados al saqueo y la profanación; en fin, la más espantosa debelación de la sociedad y del individuo, el desquiciamiento general, lo mismo de los elementos materiales que de los resortes morales, de los vínculos civiles que de la más embrionaria coordinación política…” En efecto, ese salvaje «modus operandi» incluyó el «odio a la fe» en unas proporciones nunca antes vistas en México. Jean Meyer sintetiza bien el odio anticatólico que caracterizó a los carrancistas: “en cuanto entraban en una población, se apoderaban de las llaves de la Iglesia…tomaban los copones y vaciaban las hostias consagradas en los pesebres de los caballos…” En esa orgía de fanatismo anticatólico, los carrancistas obviamente destruyeron los incipientes rebrotes de catolicismo social que se tuvieron en los finales del porfirismo. Como ejemplo podemos citar la suerte que corrió la Universidad Católica de Puebla que había abierto sus puertas en octubre de 1907. La ciudad cayó en poder de las tropas carrancistas al mando de Francisco Coss el 28 de octubre de 1914, quien asaltó las instalaciones de la Universidad, apresó al Rector, a numerosos alumnos y catedráticos y decretó su clausura. La magnífica biblioteca con la que contaba, fue saqueada y destruida por la tropa carrancista la cual usó los libros como combustible de las hogueras donde la soldadesca calentaba sus tortillas. A la destrucción de las obras del catolicismo social en México emprendida por el carrancismo, siguió otra acción aún más insidiosa y perversa: al redactar la nueva Constitución en 1916 se legisló para cerrar el camino a toda posibilidad de una futura restauración, llegando al absurdo inhumano jamás visto en legislación alguna de prohibir a los cristianos (el 90 % de la población) ¡¡el auxilio a los necesitados!! , así como la investigación científica, la difusión de la enseñanza y la ayuda recíproca. Decía el Artículo 27 en su fracción tercera : “Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio a los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto inmediato o directamente destinados a él; pero no podrán adquirir, tener o administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, siempre que los plazos de imposición no excedan de diez años. En ningún caso las instituciones de esta índole podrán estar bajo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque éstos o aquellos no estuvieren en ejercicio.” Es decir, para ayudar a los necesitados o investigar y difundir la enseñanza, habría que ser ateo o cuando menos agnóstico.

La fracción segunda del mismo artículo 27 despojó a la Iglesia hasta de los templos, que habían sido las únicas propiedades que le había dejado la Constitución de 1857: “Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la nación concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la nación, representada por el Gobierno Federal, quien determinará los que deben continuar destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la nación, para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público, serán propiedad de la nación.” Tras un breve respiro, se reinició la hostilidad Sin haber sido sometida a referéndum alguno, la Constitución fue proclamada solemnemente por Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917; poco después convocó a elecciones generales para el 11 de marzo, presentándose él mismo como candidato a Presidente de la República y teniendo como supuestos adversarios, a sus más notorios colaboradores: Pablo González y Álvaro Obregón. Obviamente ganó Carranza con el 98% de los votos, tomando posesión el 1° de mayo para un periodo que debía concluir el 1° de diciembre de 1920. Durante los años que gobernó Carranza como presidente constitucional, dejó en pausa la aplicación de los artículos anticatólicos (3°, 5°, 14°, 27° y 130°) promulgados por el mismo; incluso quiso modificar el 130° que desconocía la existencia de la Iglesia. Pero fue solo un breve respiro. Obviamente Venustiano Carranza era el personaje central de la revolución «carrancista»; pero Álvaro Obregón, quien peleó en primera fila las batallas militares de Carranza y]seguía sus propias ambiciones, formó en torno a él su propio grupo, principalmente con otros carrancistas igualmente desleales, corruptos y ambiciosos. Medio año antes de que terminara el periodo constitucional de Carranza, el 23 de abril de 1920, Obregón y su grupo proclamaron el «Plan de Agua Prieta» que desconocía a Carranza. Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, Pascual Ortiz Rubio, Joaquín Amaro, Lázaro Cárdenas, Tomás Garrido Canabal y otros más llevaron a Carranza a la tumba y a Obregón a la presidencia. Los «agua-prietistas» -llamados también el grupo «de los sonorenses»- tenían en común profesar un anticatolicismo radical, y su arribo al poder significó para la Iglesia en México la finalización del respiro. La persecución, organizada y promovida desde la penumbra de las logias masónicas, regresó con renovado ímpetu. En Tabasco Obregón impuso como gobernador a Tomás Garrido Canabal quien en noviembre de 1922, creo una fuerza paramilitar llamada los «camisas rojas», con los que emprendió una «campaña desfanatizadora» que sembró el terror entre los habitantes. Los camisas rojas irrumpían en los domicilios en busca que cualquier imagen religiosa cometiendo abusos de toda clase. Garrido ordenó la destrucción -incluso con dinamita- de todos los templos de Tabasco, sin exceptuar a la Catedral de Villahermosa de la que no dejó piedra sobre piedra. En la capital, el de febrero de 1921 estalló una bomba en las puertas del arzobispado, y el 14 de noviembre de ese mismo año Obregón envió a Luciano Pérez Carpio, uno de sus empleados en la presidencia, a poner una bomba de dinamita en la Basílica de Guadalupe, a los pies de la imagen de la Virgen plasmada milagrosamente en el Ayate de San Juan Diego. Desde 1914 amenazaba frecuentemente con no parar hasta limpiar su caballo con el Ayate. El 11 de enero de 1923 fue expulsado de México el Delegado Apostólico monseñor Ernesto Philippi, acusado de haber violado la ley al bendecir la primera piedra del monumento a Cristo Rey ubicado en el cerro del Cubilete, municipio de Silao, Guanajuato Banderas rojinegras fueron colocadas en las torres de la catedral metropolitana y en la de Morelia, agresiones con armas de fuego a los locales de organizaciones católicas como ocurrió contra la sede central de la ACJM y contra el local de la Confederación Católica del Trabajo. Se volvieron frecuentes las agresiones a los fieles a la salida de las misas, como la llevada a cabo en Guadalajara el 26 de marzo de 1922, donde varios fieles perdieron la vida. El 12 de octubre de 1924, el gobierno de Obregón ordenó clausurar el Congreso Eucarístico Internacional, consignó a los sacerdotes organizadores, expulsó a los extranjeros que habían acudido al Congreso y multó a las familias que habían adornado sus casas con ese motivo. El régimen de Calles: clímax de la persecución En julio de 1924, tras un burdo simulacro de elecciones, Plutarco Elías Calles fue declarado «presidente electo», y el 30 de noviembre de 1924 en el Estadio Nacional, rindió protesta como presidente de la República para el cuatrienio 1924-1928. Calles “dedica a la Iglesia un odio mortal (…) el conflicto que empieza en 1925 es para él la lucha final, el combate decisivo entre las tinieblas y la luz.” Careciendo de la capacidad intelectual de Obregón, pero superándolo en su fanatismo anticatólico, Calles actuó con mucha mayor virulencia, y tras fracasar en su intento de crear una iglesia cismática, envió al Congreso una ley que incorporaba al Código Penal las trasgresiones a los artículos anticatólicos de la Constitución de 1917. “El 14 de junio de 1926 Calles aturdió, escandalizó y probó a los católicos con la publicación de su malicioso Código Penal, que ampliaba y hacía más intolerables, por su espíritu hostil, las disposiciones contenidas en la Constitución, y que en casos determinados hasta la contradecía abiertamente. Este Código Penal, agudizado, conocido como «Ley Calles» o la 515, se refiere exclusivamente a «Delitos y Transgresiones» en el ejercicio de la religión.” Esa inicua ley, que constaba de 33 artículos, dio origen a una persecución de tal magnitud que mereció ser catalogada por el Papa Pío XI como la mayor sufrida por la Iglesia en toda su historia: “…ni en los primeros tiempos de la Iglesia ni en los tiempos sucesivos, los cristianos fueron tratados en un modo más cruel, ni sucedió nunca en lugar alguno que, conculcando y violando los derechos de Dios y de la Iglesia, un restringido número de hombres, sin ningún respeto por su propio honor, sin ningún sentimiento de piedad hacia sus propios conciudadanos, sofocara de manera absoluta la libertad de la mayoría con argucias tan premeditadas añadiéndose una apariencia de legislación para disfrazar tal arbitrariedad.” El Modus Vivendi de la Iglesia en México (1929-1993). Nuevamente agonía y una nuev resurrección del catolicismo social En 1929 la autonombrada «familia revolucionaria» se dividió en grupos antagónicos que se enfrentaron entre sí, lo mismo en los campos de batalla que en manifestaciones callejeras. El General Gonzalo Escobar encabezó una rebelión que fue secundada por a la mitad del ejército; el licenciado José Vasconcelos lanzó su candidatura a la Presidencia de la República siendo seguido por multitudes en casi todas las ciudades; los líderes estudiantiles de la Universidad Nacional emprendieron una lucha en las calles de la capital para exigir la autonomía y evitar la injerencia gubernamental en la vida académica. El telón de fondo en ese contexto socio-político era la Guerra contra los católicos, y para ese año la Guardia Nacional Cristera, con más de 50 mil hombres en armas, no podía ya ser vencida militarmente. Fue esa situación la que obligó al presidente de la República Emilio Portes Gil y a su superior, el autodesignado «jefe máximo de la Revolución» Plutarco Elías Calles, a proponer a la Jerarquía de la Iglesia un «arreglo» para poner fin al conflicto religioso. Con el consejo y ayuda del embajador de los Estados Unidos D. W. Morrow, el 21 de junio de 1929, se realizaron los «arreglos» entre el gobierno, representado por el Presidente Emilio Portes Gil y el Secretario de Gobernación Felipe Canales, y la Iglesia, representada por el Delegado Apostólico «ad referéndum» Leopoldo Ruíz y Flores y el Sr. Arzobispo Pascual Díaz. Tímidamente volvieron a abrirse algunas escuelas y obras sociales de beneficencia, pero los arreglos de 1929 fueron poco menos que «papel mojado». El mismo Pío XI tuvo que volver a denunciar que “... violadas abiertamente las condiciones estipuladas en la conciliación, se levantó una nueva persecución cruel…” Las incipientes obras del «catolicismo social» en México fueron una vez más perseguidas y clausuradas. El promotor de esa nueva persecución seguía siendo el «jefe máximo» Plutarco Elías Calles. Pero en 1936 su ahijado político Lázaro Cárdenas, a quien Calles había impuesto como presidente de la República para el periodo 1934-940, ordenó su aprensión y expulsión del país, dando fin al tristemente célebre «maximato». Con ese acontecimiento la vida de los católicos mexicanos empezó a dar un nuevo giro, aunque la hostilidad anticatólica continuó en cada región con diferente énfasis. Todavía el 28 de marzo de 1937, el mismo Pío XI lanzó otra nueva y dura encíclica: la «Firmissimam Constantiam», “sobre la situación de persecución religiosa que continúa en México”. Un mes antes el padre Pedro Maldonado había sido asesinado arteramente a golpes en la Presidencia Municipal de Chihuahua. En 1938 los nuevos arzobispos de Guadalajara y México, Mons. José Garibi Rivera y Luis María Martínez respectivamente, hicieron un llamado a los católicos para apoyar a Cárdenas en la expropiación petrolera. Era la época de los totalitarismos y a la vigilia de la Segunda Guerra Mundial, y los Estados Unidos deseaban tener un México en paz y favorable a su política; por ello veían con buenos ojos una mayor libertad religiosa para la Iglesia católica en el país.

El gobierno de Cárdenas, a pesar de sus claras tendencias socialistas tuvo que inclinarse a la implementación de una política religiosa más tolerante; ello sin merma en absoluto de sus planes educativos socialistas y sin tocar los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución. De hecho el artículo tercero fue radicalizado: el 11 de octubre de ese mismo año el Congreso modificó el artículo 3°: “La educación que imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear a la juventud un concepto racional y exacto del Universo y de la vida social. Solo el Estado impartirá educación.” Las pocas escuelas católicas que habían empezado a funcionar tras los “arreglos” fueron nuevamente clausuradas, incluso con lujo de fuerza como fue el caso del Colegio Teresiano de Puebla, donde los padres de familia que protestaban por su clausura fueron atacados a balazos, con el resultado de varios muertos y gran número de heridos.

Casi a finales del mandato presidencial de Cárdenas se empezaba a atisbar señales de que el gobierno mexicano deseaba vivir una nueva etapa de tolerancia positiva con la Iglesia y con los derechos a la libertad religiosa. Las obras del catolicismo social volvieron a resurgir

Iniciada la Segunda Guerra Mundial en México se inaugura una nueva etapa de tolerancia para la fe del pueblo y de los derechos inalienables de la Iglesia para cumplir su misión. Pero el marco jurídico, las leyes persecutorias, continuaron inalterables por muchos años más. El «Modus vivendi» de simulación al evidente incumplimiento de las inicuas leyes persecutorias se mantuvo hasta 1992 cuando fueron modificados los artículos antirreligiosos de la Constitución de 1917, eliminando de ellos sus aristas más jacobinas. Había pasado casi un siglo de dura confrontación y de martirio.