EDUCACIÓN EN MÉXICO. Trinchera de la confrontación Iglesia-Estado

PRÓLOGO

Los abusos e injusticias que contra los indígenas cometió el primer gobierno «formal» establecido en la Nueva España, la Audiencia presidida por Nuño Beltrán de Guzmán, provocaron un fuerte enfrentamiento con las primeras autoridades eclesiásticas nombradas: Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México y Fray Julián Garcés, primer obispo de Tlaxcala, quienes por distintos medios asumieron la defensa de los derechos de los indígenas.

Desde entonces, las relaciones entre el poder temporal y el poder espiritual en México han tenido tiempos de discordia y tiempos de concordia; tiempos de colaboración y tiempos de confrontación: pero nunca ha habido tiempos de indiferencia. La discordancia se hizo evidente a partir de la implementación de las «reformas borbónicas», y se acentuó gravemente a partir del caminar de México como nación independiente.

La falta de una justa y adecuada relación entre la Iglesia y el Estado mexicano, que en México ha sido en los últimos siglos inestable, ineficaz y hostil, no ha impedido que la inmensa mayoría de la población haya profesado siempre de manera sincera la Fe católica, con una gran confianza en la protección de Nuestra Señora de Guadalupe, sin la cual no es posible explicar la supervivencia y crecimiento de la Iglesia en México.

Sin embargo, si en el orden de la Fe la inadecuada relación Iglesia-Estado no ha representado problemas demasiados serios, en el orden político y social ha sido motivo de grandes sufrimientos para el pueblo católico, y le ha impedido gozar de una vida social sana. En el siglo XX, el problema se agravó seriamente al pretender los diputados constituyentes de 1917, eliminar a la Iglesia de la vida del pueblo mexicano mediante la promulgación de los artículos 3, 14, 24, 27 y 130 -vigentes hasta 1993- y cuya aplicación «al pie de la letra» mediante la «ley Calles», desató una sangrienta persecución que tuvo en los años 1926-1929 su período más álgido, período en que la Iglesia mexicana se vio obligada a convertirse en una iglesia de Catacumbas y en un Iglesia de Mártires.

Para 1929 el Estado Mexicano había implementado todo lo imaginable, en su intento por eliminar a la Iglesia Católica: la confiscación de todas sus propiedades incluidos los templos; la creación de una iglesia cismática; el patrocinio de sectas protestantes; la expulsión del país de la mayoría de los obispos; el cierre de escuelas católicas y seminarios, y finalmente la tortura y el asesinato de centenares de sacerdotes y fieles.

En vista de la inutilidad de todas esas medidas, el Estado Mexicano se vio obligado a establecer un singular «modus vivendi» con la Iglesia, mediante el cual le otorgó a ésta una precaria libertad de acción, sin modificar en nada el marco jurídico que propició la persecución religiosa. Desde 1929 y hasta mayo de 1993, la principal trinchera de la confrontación Iglesia-Estado se ubicó en el campo educativo.

DE LA EDUCACIÓN «REFORMADORA DESDE EL ORIGEN» A LA EDUCACIÓN SOCIALISTA

La intención que tuvo el Congreso Constituyente de 1916 para redactar el Artículo 3° que regula la educación quedó claramente expuesta por el diputado José Natividad Macías quien, desde la tribuna del Congreso afirmó: “hay un sentimiento religioso hondo en este pueblo, y las costumbres de los pueblos no se cambian de la noche a la mañana; para que el pueblo deje de ser católico, para que el sentimiento que hoy tiene desaparezca, es necesaria una educación, y no una educación de dos días ni de tres (…) el pueblo mexicano seguirá tan ignorante, supersticioso y enteramente apegado a sus antiguas creencias si no se le educa”.

Al finalizar la Guerra Cristera y dar inicio el «modus vivendi» resultado de los «arreglos» de 1929, el entonces recién autonombrado «jefe máximo de la revolución» Plutarco Elías Calles, en su odio al catolicismo, quiso continuar con el espíritu jacobino de los constituyentes y «reformar desde el origen»también la educación de la niñez mexicana. La Secretaría de Educación Pública, dirigida durante el «Maximato» por Narciso Bassols, fanático del materialismo histórico, tomó los postulados ideológicos del «positivismo» más rupestre para orientar la educación.

En 1934 Calles decidió que el siguiente presidente de la República sería su «ahijado político» Lázaro Cárdenas del Río; pero el «máximo» no le dio importancia al hecho de que Cárdenas tenía también un «padrino ideológico»: el exseminarista Francisco J. Mújica, líder de la facción radical del Congreso Constituyente y ferviente seguidor de los postulados del marxismo-leninismo.

A su vez, Mújica seguía la praxis que le indicaba otro connotado marxista mexicano: Vicente Lombardo Toledano, estrecho colaborador desde 1929 de la Tercera Internacional (Internacional Comunista). Toledano, siguiendo las instrucciones de la Tercera Internacional, formó en Montevideo la «Confederación Sindical Latinoamericana», pues desde Uruguay dirigía todo el movimiento revolucionario que buscaba establecer en el Continente la «dictadura del proletariado».

Poco tiempo después el mismo Lombardo Toledano, tras una estadía de cuatro meses en Moscú (julio-octubre de 1935) capacitándose con la Unión de Sindicatos Soviéticos, expresó que su viaje le había llevado a “redoblar su trabajo en favor de la revolución proletaria, con más ardor que nunca, con nueva fe, con el estímulo que dan los sueños o las esperanzas que se cumplen.”

Paulatinamente los marxistas-leninistas Mújica y Lombardo Toledano fueron inclinando al poco instruido Cárdenas hacia una posición cada día más radical y revolucionaria; así el 20 de julio de 1934, desde el balcón del Palacio de gobierno de Guadalajara, Cárdenas y Calles, lanzaron el «grito de Guadalajara» que pretendió «expropiar las conciencias» de la juventud mexicana: “Es necesario que entremos en el nuevo período de la Revolución; debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la Revolución.”

No deja de llamar la atención la coincidencia totalitaria de este «grito» con el pronunciamiento que poco después hiciera en Alemania el dictador Adolfo Hitler: “No hay más que un pueblo alemán…y no puede haber más que un movimiento de la juventud alemana porque no hay más que una educación y formación de la juventud alemana… y este nuevo Reich no confiará su juventud a nadie, sino que él mismo la educará y formará”

Siguiendo las instrucciones del «jefe máximo», el 10 de octubre de ese mismo año de 1934, el Congreso de la Unión incorporó el «grito de Guadalajara» a la Constitución Mexicana mediante una modificación del Artículo 3° cuyo texto quedó así: “La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del Universo y de la vida social”.

A los trece días de tomar posesión de la Presidencia, Lázaro Cárdenas hizo publicar en el Diario Oficial esa reforma al Artículo tercero, agregándole la frase “Solo el Estado –Federación, Estados y Municipios–impartirá educación”. Y dado que «la educación que imparta el Estado será socialista», el socialismo quedó oficialmente impuesto como «criterio único» para regir la educación de los mexicanos.

Por medio de la violencia fueron nuevamente clausuradas las pocas instituciones educativas católicas que empezaban a reanudar sus actividades, como fue el caso del Colegio Teresiano de la ciudad de Puebla, en cuya clausura fueron asesinados varios padres de familia que se oponían a la arbitraria e injusta clausura.El monopolio educativo revolucionario se radicalizaba con la finalidad nazi-fascista de “apoderarse de las conciencias de la niñez y de la juventud”.

El contexto mundial que ya presagiaba un gran conflicto entre los regímenes totalitarios y las democracias occidentales, llevó al gobierno norteamericanos a presionar a la familia revolucionaria a cambiar el perfil de su candidato a la presidencia de la República; así el radical Francisco J. Mújica se vio obligado a renunciar a su candidatura, siendo sustituido de último momento por un militar «moderado»: el general Manuel Ávila Camacho.

DE LA EDUCACIÓN SOCIALISTA A LA EDUCACIÓN LAICISTA

México fue nación «beligerante» en la Segunda Guerra Mundial pues el gobierno de Ávila Camacho (1940-1946) declaró la guerra a las potencias del Eje (Alemania-Italia-Japón) el 22 de mayo de 1942.Inmerso en el contexto de la Guerra, el gobierno mexicano hizo a un lado sus políticas de radicalismo revolucionario para sustituirlas en la práctica por una tolerancia a la fe del pueblo, y las escuelas católicas empezaron a gozar de un poco de libertad.

El 30 de diciembre de 1946, pocas horas antes de concluir su sexenio, Ávila Camacho volvió a modificar el Artículo 3°: “La educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia;

I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios….”

Esta redacción parecía legalizar el tolerante «laicismo» que prevaleció durante la guerra, pero en realidad dejaba vigente la hostilidad del positivismo «laicista», pues para esa mentalidad «los fanatismos y los prejuicios productos de la ignorancia» son la Fe, la Teología y la religión, contra los que «se debe luchar».

En la práctica esa legislación propició el surgimiento de una «cultura de la simulación»: el gobierno simulaba no ver las actividades religiosas que se llevaban a cabo en las escuelas católicas, y éstas simulaban plegarse a las prohibiciones gubernamentales (clases de religión, comunicación física con oratorios y capillas, etc.) Los inspectores de la Secretaría de Educación avisaban con tiempo a las escuelas de sus visitas de supervisión, para que los directivos y profesores de las escuelas pudieran retiraran las imágenes religiosas de los salones de clase, recoger catecismos, etc. Todo ello en la incongruencia de muchos funcionarios gubernamentales que enviaban a sus hijos a cursar sus estudios en escuelas católicas.

DE LA «CULTURA DE LA SIMULACIÓN» A UNA LAICIDAD RESPETUOSA

En diciembre de 1988 Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia de la República, en medio de un serio y generalizado cuestionamiento sobre la legitimidad de su elección. Sorpresivamente al año siguiente el presidente Salinas -buscando legitimarse a los ojos del pueblo católico- anunció que había invitado al Papa Juan Pablo II a visitar nuevamente México.

A diferencia de su antecesor, el 6 de mayo de 1990 el presidente Salinas recibió a Juan Pablo II al pie de las escalerillas del avión, pronunciando un cálido mensaje de bienvenida. Las grandes multitudes que habían llenado calles, plazas, avenidas e incluso autopistas de los lugares por donde pasó el Papa durante su primera visita, fueron notoriamente superadas en esta segunda visita.

Poco antes de partir de regreso a Roma, el Papa recibió una petición del presidente Salinas: reanudar relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el gobierno de México, rotas desde 1858 durante la Reforma liberal. Pero el Papa, profundo conocedor de la historia de México, contestó que no era posible acceder a esa petición dada la legislación constitucional mexicana vigente que ni siquiera reconocía la existencia de la Iglesia. Concretamente era la iniquidad de los artículos 3°, 5°, 24°, 27° y 130° lo que impedía dicho restablecimiento.

Entonces Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión iniciativas para modificar dichos artículos constitucionales. Los legisladores, casi todos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobaron el 18 de noviembre de 1991 las modificaciones, excepto la referente al art. 3° pues los diputados más radicales afirmaban que en materia educativa no estaban dispuestos a dar ningún paso atrás. Pero finalmente la disciplina del partido dobló resistencias y en una redacción parecida a la anterior pero que daba libertad a la educación particular, el 5 de marzo de 1993 el presidente Salinas decretó la modificación al Artículo tercero, quedando de la siguiente manera:

"Artículo 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.

La educación que imparta el Estado (no la impartida por particulares) tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGISLACIÓN MEXICANA

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en París la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» para proteger los derechos que la naturaleza ha dado a todas las personas de todos los pueblos, tal y como lo afirma el primer Preámbulo de la misma Declaración: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el «reconocimiento» de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”

Había sido el asombro ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por los regímenes totalitarios y descubiertos al concluir la Segunda Guerra Mundial lo que impulsó esta Declaración, que en su segundo Preámbulo dice: “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad…” La ignorancia aludida en este preámbulo es cuestionable, pues el Derecho Natural es cognocible espontáneamente a la inteligencia, pero el menosprecio que produjo esos «actos de barbarie ultrajante» es del todo evidente.

La Constitución Mexicana fue redactada 31 años antes que la Declaración, pero los Derechos humanos son perennes; la ONU no los inventó; solo los reconoce. La Constitución redactada en Querétaro ha tenido muchas modificaciones, pero hubo un artículo que permaneció sin cambio durante 94 años: el artículo primero cuya redacción original decía en el más descarnado positivismo jurídico: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que «otorga» esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que «ella misma establece»" Así este artículo abrió la puerta a cualquier absurdo, pues no reconocía por norma pre-jurídica la dignidad de la persona, ni los derechos humanos inherentes a ella.

En materia educativa la Constitución estaba en plena contradicción en varios puntos con la «Declaración», siendo los más notorios los siguientes: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, «religión», opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”,(Art.1) mientras que la «Constitución» decía: “ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto, o persona perteneciente a alguna asociación semejante, (es decir, el 90% de los mexicanos) podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio …” (Art. 3°)

En el colmo de la inhumanidad totalitaria de los diputados constituyentes, llegaron a prohibir a los cristianos «el auxilio a los necesitados»: “Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio a los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito (…) en ningún caso las instituciones de esta índole podrán estar bajo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque éstos o aquellos no estuvieren en ejercicio.” (Art. 27). Dada la evidente falta de respeto a los derechos humanos, negados desde el artículo primero de la Constitución, finalmente el gobierno de México modificó dicho artículo en junio de 2011, estableciendo que todas las personas deberán de gozar de los derechos humanos señalados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas y reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, lo que implica una obligación para todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos, incluida la libertad de educación.

BIBLIOGRAFÍA

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JUAN LOUVIER CALDERÓN