CARIDAD Y ASISTENCIA EN CHILE

De Dicionário de História Cultural de la Iglesía en América Latina
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Prólogo Caridad es una virtud teologal que constituye un don sobrenatural o una disposición de Dios, producida por la gracia en el alma de las personas. Impone el deber de socorrer a toda persona en condición de pobreza o necesidad, pudiendo ser practicada voluntariamente en forma individual (limosna) o colectiva (caridad colectiva). Durante el siglo XVIII hispanoamericano en un universo ampliamente católico, la conceptualización de la caridad y la pobreza fue heredada del mundo cristiano y medieval europeo. La caridad implicaba una asistencia espiritual y material muy amplia, hacia un universo indefinido de pobres debido a la asimilación entre enfermedad e indigencia. Contempló tareas dedicadas a la salud, la educación, las correccionales y funerarias. Fue equiparada al concepto de beneficencia o filantropía. No eran lo mismo, pero en Chile la precariedad de los asilos y la inexistencia de prácticas asociativas con fines caritativos, explican esta asimilación de conceptos. La ayuda se ejercía localmente a través de la administración de los escasos hospitales, hospicios, casas de recogidas y huérfanos, como también en forma individual por medio de la limosna pública y la acción de algunas corporaciones laicas y religiosas hacia sus miembros enfermos o moribundos. A ellos se les proveía de medicinas y alimento, o se les daba un buen morir costeando su entierro y ayudando a la viuda e hijos. En los hospitales se les pretendía salvar de la muerte y en los hospicios educarlos para el trabajo, pero su medrada situación material durante la segunda mitad del siglo XVIII, agudizada tras el período independentista, hacía imposible esta diferenciación de funciones. El reformismo ilustrado y utilitarista de la monarquía borbónica criticó esta forma de practicar la caridad sin mayor racionalidad en cuanto a selección y resultados, apuntando sus dardos hacia la limosna por ser universal y, por tanto, amparar una vida parasitaria. La crítica dejó ver una vieja polémica que acompañó el inicio de las aglomeraciones urbanas europeas en los siglos XV y XVI sobre la falta de discriminación de la caridad individual y la necesidad de favorecer un sistema selectivo hacia quien verdaderamente lo mereciera. Esta pobreza verdadera fue conceptualizada a partir de la figura tradicional del empobrecido, una evocación terrenal de Cristo, encarnada por niños, mujeres, ancianos, enfermos, y todos aquellos que no podían vivir del trabajo físico de sus brazos. Quedaban fuera los vagos y ociosos que robaban el trabajo de otros. La racionalidad de la política ilustrada se fundaba en sacar de las calles a la mendicidad y encerrarla al igual como había ocurrido en el siglo XVI, pero agregaba la formación de esta pobreza desvalida por medio de la disciplina y el trabajo. Ambas, virtudes forjadas a través de su recogimiento en los hospicios. En Chile, esta reforma fue realizada en el siglo XIX por la nueva forma de caridad denominada «activa», en cooperación con el Estado liberal y la ciencia médica. La Caridad «activa» en Chile En el contexto chileno de un Estado liberal declarado católico constitucionalmente en 1833, la caridad al igual que la educación, la parroquia y más tarde también la prensa, fueron espacios que la jerarquía eclesiástica, cada vez más ultramontana liderada por el arzobispo de Santiago Rafael Valentín Valdivieso, utilizó para reorganizar a su feligresía y hacer del catolicismo una fuerza social contendora de las corrientes secularizantes. A partir de 1840 un nuevo modelo de caridad asociativa hacia la pobreza urbana fue promovido por un catolicismo misionero, hospitalario y educacionista de origen europeo, sobre todo francés, para el cual el ejercicio de la caridad estaba fundado en prácticas extramuros, fuera de los asilos, que llegasen hasta las propias habitaciones de la pobreza. El modelo era contra-reformista, levantado en el siglo XVI por San Vicente de Paul, patrono de los pobres, y reformulado en el siglo XIX por las nuevas congregaciones femeninas de vida activa que llegaron a Chile a partir de 1850. Las religiosas tomaron a su cargo los viejos asilos con la cooperación de las mujeres de elite en la atención directa de los pobres y de los hombres en su administración. Las Hermanas de la Providencia (1853) se hicieron cargo de la atención de los expósitos y huérfanos; las Hermanas de la Caridad (1854) de los hospitales, los dispensarios, lazaretos para enfermos contagiosos, al igual que de los hospicios de inválidos y la educación de niños pobres; las casas correccionales de mujeres fueron parte de las obras del Buen Pastor (1855), las Hermanitas de los Pobres (1885) cuidaron de los ancianos, mientras las congregaciones educacionistas masculinas, los Hermanos de las Escuelas Cristianas (1877) y los Salesianos (1887), dirigieron las escuelas-talleres para la alfabetización y educación en un oficio de los hombres. Entre el laicado, la fundación de la Sociedad de San Vicente de Paul en 1854 incorporó a las elites a un modelo de sociabilidad con fines específicamente caritativos hacia la pobreza urbana, que fue replicado prácticamente por todo el asociacionismo de diversa índole ideológica. El momento era crucial en el desarrollo social y urbano, como consecuencia de la álgida masificación de la miseria rural en las ciudades. La caridad individual ya no era suficiente para contener los efectos de la urbanización y este catolicismo activo, «de movimiento», levantó una verdadera «pastoral de caridad». Una amplia gama de obras «hacia la miseria» fue organizada en los nuevos barrios de miseria urbana, complementando la labor de los asilos. Mientras éstos se profesionalizaron para atender a los enfermos, los huérfanos y en las mujeres desamparadas, las prácticas extramuros fijaron su atención en la familia. La visita a su domicilio semanalmente era la obra esencial de la caridad vicentina. Su práctica en Chile fue novedosa, lenta, pero propició un conocimiento empírico de la pobreza sobre el que se construyeron nuevos vínculos sociales entre las elites y la miseria desvalida. Eran vínculos jerárquicos y desiguales, que las elites utilizaron para civilizar a los sectores populares y que los pobres usaron a su favor para sobrevivir. Junto a las instituciones en los dispensarios, se entregó atención médica gratuita, vestuario, alimento y calefacción en las ollas del pobre, se visitó enfermos en sus habitaciones, se difundió la lectura piadosa, la regulación de matrimonios, las escuelas de primeras letras, los talleres formar en el trabajo manual a hombres y el servicio doméstico a mujeres. Era una caridad esencialmente moralizadora con una función «terapéutica de la miseria», en cuanto no aspiraba a terminar con la pobreza, a cambiar la estructura social, sino que la reproducía intentando morigerar sus peores consecuencias. La caridad «activa» propició un conocimiento sociológico de la pobreza urbana, y permitió elaborar un primer diagnóstico social, moral y sanitario que estuvo en la base de la renovación de la caridad católica frente a la emergencia del problema obrero. La existencia de un universo común de prácticas de ayuda, fue esencial para socorrer a la familia obrera a través de las redes sociales tejidas por la caridad activa. De la contención a la prevención A partir de la década de 1880 la pauperización de la pobreza industrial introdujo una nueva reforma en la concepción y práctica de la caridad católica. El tipo de la miseria socorrida cambió al incorporar al pobre con trabajo que no lograba vivir de su salario y fue necesario que la caridad girase de la contención a la prevención. La educación, el problema habitacional y el bienestar de la familia obrera concitaron la atención de la Iglesia, el Estado y los propios obreros organizados en sociedades mutualistas, cooperando y negociando en el diseño de nuevas soluciones orientadas a prevenir la pobreza. El paso de la familia desvalida a la obrera implicó centrar la atención en el joven aprendiz, víctima de las ideologías socialistas y del capitalismo, concitando la crítica de la Doctrina Social expuesta en la encíclica Rerum Novarum (1891), renovada durante el siglo XX por un intenso calendario de reflexión doctrinal y pastoral. La cuestión social era la cuestión de “las relaciones entre ricos y pobres concebidas como un problema social amenazante que urgía la intervención del laicado”. La encíclica prescribía la caridad a los primeros y el trabajo a los segundos, como base para mantener en pie la sociedad. Su principal novedad radicaba en que la acción de la Iglesia ya no debía quedar limitada a la concepción paliativa de la caridad, sino que planteaba la necesidad de una acción transformadora de la sociedad en forma pacífica desde los principios de justicia y concordia. El cambio, incitado desde el magisterio, fue lento y pasivo en los países latinoamericanos. Chile fue uno de los primeros en reaccionar a través de un catolicismo social, apostólico y militante que desplegó una efervescente actividad social y pastoral obrera, especialmente entre una juventud replegada en torno a un clero intelectualmente nutrido del cuerpo doctrinal social cristiano, conocedor y muy consciente de la realidad nacional. La respuesta tuvo como modelo organizativo el francés, el belga y el alemán, al igual que en sus bases pastorales y teóricas, pero matizadas por la realidad local. La cronología de este cambio siguió cuatro líneas de acción: 1° la formación de patronatos, 2° el desarrollo del asociacionismo obrero, el corporativismo y más tarde el sindicalismo; 3° la política habitacional obrera, y 4° la preocupación por la unidad de la familia trabajadora a través de la regulación de las relaciones laborales. Se constató que la escuela primaria no bastaba frente a la crisis de la familia obrera. La educación católica había progresado en manos de la Sociedad de Santo Tomás de Aquino, el Centro Cristiano, la Escuela Normal católica de preceptores y las escuelas sostenidas por congregaciones, pero era insuficiente. Por ello los patronatos y los círculos obreros fueron concebidos como obras de perseverancia, es decir, como protección al joven obrero una vez fuera de la escuela. El primero de los patronatos fue el de Santa Filomena, fundado en 1890 por la Sociedad de San Vicente de Paul. Fue también el más importante por ser modelo de las fundaciones posteriores iniciando la llamada «era de los patronatos». Inicialmente se concibieron como un espacio de recreación para la juventud obrera a cargo de jóvenes católicos. Sin embargo, una vez establecidos en locales propios, el patronato centralizó la trama asistencial incorporando también las formas de protección popular. Se abrieron escuelas, dispensarios, bibliotecas populares, roperías, ollas de pobres. La familia obrera formó parte de la sociabilidad caritativa abriendo conferencias de obreros dedicadas a visitar a los enfermos en los hospitales, estableciendo Sociedades de San José propias del mundo artesanal, círculos de obreros, cajas de ahorro y sociedades de socorro mutuo. Al interior del patronato se construyeron capillas, se organizaron teatros populares, salones para reuniones y talleres de todo género, sociedades de fútbol, dramáticas y musicales. Se desarrollaron prácticas piadosas, la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento, ejercicios espirituales, retiros y novenas. Los patronatos fueron vistos por el Papado como «una misión permanente» en su afán de mantener unida a la familia popular para asegurar la formación de sus individuos. Otras prácticas relacionadas fueron las bolsas de trabajo, el secretariado popular, círculos de estudios sociales, cooperativas de consumo, cajas mutuales de ahorro y préstamos, sindicatos profesionales, semanas o quincenas Los mismos patronatos levantaron barrios obreros. La caridad activa ya lo había evidenciado, favoreciendo el diseño de las primeras acciones inmobiliarias entre el mundo privado. Las poblaciones León XIII, Sofía Concha y San Vicente, predeterminaron la forma en que el Estado participaría en las soluciones habitacionales a través de la promulgación en 1906 de la Ley nº 1.838 de Habitaciones para Obreros, consignada como la primera ley social del país. A través de la habitación el obrero se transformaba en propietario, se favorecía el ahorro y se protegía la constitución moral de la familia. Las mujeres y los niños fueron protegidos en su integración al trabajo fabril. Se le dio importancia a la situación de los hijos en el período de lactancia, la educación profiláctica de las madres y el cuidado de los niños cuando ellas trabajaban. Este nuevo enfoque derivó en la creación de procedimientos para que la madre no abandonase a sus hijos mientras trabajaba, y la discusión de las primeras políticas sociales a favor del trabajo fabril femenino e infantil. El Estado de Bienestar La acción de la caridad fue acompañada de iniciativas legales y políticas reguladoras de derechos y deberes de obreros y patrones que iban más allá de la interpretación restrictiva del término «caridad». Desde la política parlamentaria el laicado católico cooperó en la promulgación de las políticas sociales que estuvieron en la base de la asistencia pública institucionalmente estructurada en el llamado «Estado de Bienestar» a partir de los años 1920. Para la Iglesia, la asistencia era caridad, pero ahora concebida como una obligación de justicia social, cuyo énfasis progresivamente tendió a equiparar la situación de los más pobres, terminar con la miseria y cambiar la estructura social. En 1921 Monseñor Crescente Errázuriz en su pastoral «Sobre la Acción Social», sintetiza este cambio al concebir una caridad universal que “debe alcanzar a todos sin distinción, el creyente y el incrédulo, ricos y pobres”.

La acción católica debía ser universal, y en un Estado laico consagrado por la Constitución de 1925 debía unificarse bajo la sujeción a la jerarquía de la Iglesia. Se tenía conciencia del poder social y político de la caridad frente a la cuestión social, al concitar una movilización amplia y conciliar los desafíos del mundo moderno con el catolicismo a través del rol del laicado. Existía un activismo social sin cohesión, una pluralidad de iniciativas heterogéneas que era necesario sistematizar y potenciar sus resultados. Este fue el fundamento de la Acción Católica (1931) como modelo de organización del apostolado social. La participación de un sector del clero muy cercano al mundo obrero, a la juventud católica y al cuerpo doctrinal del magisterio, jugó un papel definitorio en esta nueva estructura: Monseñor Miguel Claro, Martín Rucker, Juan Ignacio Eyzaguirre, Fernando Vives, Jorge Fernández Pradel, Guillermo Viviani, Julio Restat, entre otros.

Un punto de inflexión en esta evolución del concepto de la caridad fue la obra del jesuita Alberto Hurtado, canonizado en 2005. La cronología de su pensamiento social evidencia el paso una caridad inserta en una moral individual hacia una moral social.  Las acciones individuales son gestoras de las reformas sociales, pero una transformación profunda requería el advenimiento de una moral social basada en la relación de caridad y justicia.

La moral social persigue una «justicia social colectiva», es decir, hacer más justa –más moral- la estructura social. En ello las instituciones jugaban un rol importante, y de hecho, la fundación del Hogar de Cristo en 1945 y su cercanía al mundo sindical obrero, le demostraron la urgencia de dar soluciones estructurales. Su obra se inserta dentro de una pastoral con un nuevo énfasis en la concepción de la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo.

El concepto de Cuerpo implica una relación entre la Iglesia y el mundo de transformación, para crear una nueva forma de civilización cristiana. Esta eclesiología fue uno de los factores centrales de la renovación de la caridad social y de justicia, ratificado más tarde por el Concilio de Vaticano II.

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