Diferencia entre revisiones de «MÉXICO; Camino del nacimiento de un Estado Laico. (XXI)»

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DE LA HOSTILIDAD ABIERTA A LA TOLERANCIA RELIGIOSA

El «viraje» de Cárdenas

El 12 de marzo de 1938, seis días antes de la expropiación petrolera, Hitler anexaba Austria al Tercer Reich, y el 1° de octubre de ese mismo año hacía lo mismo con la región de «los Sudetes». Nuevamente los «tambores de guerra» sonaban en Europa, y la diplomacia trató de acallarlos con los «Acuerdos de Munich» firmados por Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Arthur N. Chamberlain y Edouard Daladier.

El 23 de agosto de 1939 el Tercer Reich y la Unión Soviética firmaban un «pacto de no agresión y ayuda mutua».[1]Unos días después, el 1° de septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron el occidente de Polonia, con lo que dio inicio la Segunda Guerra Mundial; dos semanas después los soviéticos invadían el oriente de la misma nación mártir.

El historiador norteamericano J. Schlarman dice: “Desde el principio fue evidente que los Estados Unidos no podrían mantenerse al margen del conflicto. Por otra parte, México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se había dividido profundamente en todas las escalas sociales, sobre todo por el problema religioso.”[2]

En efecto, los Estados Unidos empezaron a realizar diferentes preparativos en vista al conflicto mundial, lo que incluía evitar que en México se concretara un régimen marxista que afectara sus planes y estrategias e incluso su seguridad. El gobierno de Cárdenas inició entonces un «viraje» hacia una posición «moderada»: se suspendió la colectivización de tierras y las huelgas contra las empresas privadas, además de que en los discursos oficiales los políticos abandonaron la retórica socialista contra los empresarios, y la retórica jacobina contra la Iglesia y los católicos.

Sin embargo la mayor señal del «viraje» que estaba dando el Gobierno de Cárdenas fue el cambio del candidato presidencial para el periodo que iniciaría en 1940. Una de las «reglas no escritas» heredadas del « maximato» y ahora adoptada en el sistema del «presidencialismo feroz», era que el Presidente, como nuevo «jefe máximo de la revolución», imponía a su sucesor al designarlo candidato a la presidencia por el Partido Oficial.[3]

Al finalizar 1938 todo el ambiente político indicaba que Cárdenas había elegido a su antiguo maestro ideológico, el marxista Francisco J. Mújica como su sucesor. En este sentido y siguiendo el ritual político de la «familia revolucionaria», el diario «La Prensa» publicó el 20 de enero de 1939 un desplegado firmado por los senadores Ernesto Soto Reyes, Alberto Salinas Carranza, Carlos Góngora Gala, Luis R. Reyes, Ignacio Figueroa, Carlos Soto Guevara, Félix C. Rodríguez, Román Campos Viveros, José Alejandro Anaya, Francisco Castellanos Jr., Agustín G. del Castillo y Augusto Hernández Olivé, en el que proclamaban:

“[...] hemos llegado a la conclusión de que quien mejores garantías puede ofrecer a la Patria para llevar a feliz término los reajustes económicos y sociales emprendidos por la obra firme, patriótica y genuinamente revolucionaria de nuestro Presidente líder y gran estadista Lázaro Cárdenas, así como la aptitud para emprender nuevas soluciones en bien de las clases proletarias sin romper el equilibrio económico de México, es el señor general de división Francisco J. Múgica.

Al expresar públicamente nuestra definición política a favor del exconstituyente Múgica, líder del grupo jacobino de los legisladores de 1917 y alma vibrante de los postulados contenidos en los artículos 27, 123 y 130 de nuestra Carta Magna, queremos invitar a las organizaciones campesinas y obreras de todo el país y muy especialmente a los sectores izquierdistas para que, si simpatizan con esta candidatura, lo manifiesten por nuestro conducto para poder invitar a nuestro candidato para que asuma la responsabilidad de conductor de voluntades ciudadanas.”[4]

Al momento de ser publicado ese desplegado, Mujica ya había iniciado los preparativos de su campaña presidencial, para la cual debía renunciar previamente a su cargo como Secretario de Comunicaciones del gobierno de Cárdenas, lo que realizó el 16 de enero. Pero Cárdenas se vio forzado por la política norteamericana a modificar su elección, y el 14 de julio Francisco J. Mujica hizo pública su renuncia a la candidatura presidencial.

Unos días después Cárdenas lo nombró provisionalmente Jefe de la Zona Militar de Michoacán; la candidatura recayó entonces en el «moderado» general Manuel Ávila Camacho, quien “competiría” por la Presidencia de la República en las elecciones a celebrarse el domingo 7 de julio de 1940.

Una de las primeras declaraciones de Ávila Camacho como candidato consistió en afirmar que era «creyente»,[5]con la obvia intención de tranquilizar a la población acerca de la cuestión religiosa y con ello ganar popularidad, pues un grupo disidente surgido de la misma «familia revolucionaria» le puso un adversario muy serio: el general Juan Andrew Almazán, lanzado como candidato por un grupo de militares inconformes con el cardenismo, quienes formaron un efímero partido llamado Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN).

Esas elecciones estuvieron enmarcadas por una violencia generalizada, e incluso las filas de votantes en las urnas fueron dispersadas a golpes y balazos. “Sólo en la Ciudad de México hubo entre 21 y 23 asesinatos y cerca de 200 heridos. En estados de la república se reportaron ataques a los grupos almazanistas en diversas casillas. Hubo robo de urnas, obstrucción al voto, favoritismo de autoridades hacia el PRM, presiones ilegales a votar, acarreo de votantes y enfrentamientos entre simpatizantes.

El primer brote de violencia ocurrió cerca del Palacio Postal, en donde se realizaba una manifestación almazanista con 10 mil personas que fue disuelta a disparos que provenían de las oficinas de la organización Unión Democrática, ocurriendo los primeros homicidios. El hecho provocó la ira del contingente que resolvió marchar a Palacio Nacional y protestar contra Ávila Camacho, suscitándose enfrentamientos contra grupos paramilitares que les dispararon y luego una columna de soldados les cerró el paso. Almazán acusó que en los enfrentamientos hubo más de 100 muertos.”[6]

Pero el cómputo oficial dio el triunfo al candidato oficial con dos y medio millones de votos, mientras que a Almazán solo le reconoció 150 mil. El 1° de diciembre de 1940 Manuel Ávila Camacho juró como Presidente de la República, mientras en Europa el ejército alemán invadía Francia y los Países Bajos; y la Unión Soviética los Países Bálticos.

Un nuevo «modus vivendi»

Ya como Presidente Ávila Camacho hizo más explícito el viraje iniciado a finales del régimen Cardenista: la «lucha de clases» fue sustituida por la política de «unidad nacional».[7]Dejó de ser «revolucionario» atacar a la propiedad privada, a la Iglesia y a la religión; se promulgó una «Ley Orgánica de Educación» más flexible que «toleraba» la educación particular. Al final del sexenio se modificó el artículo 3°. de la Constitución para dejar fuera a la «educación socialista». De acuerdo con esta «política de unidad nacional y justicia social», el 19 de enero de 1943 se promulgó la ley que creaba el Seguro Social.

Con el gobierno de Ávila Camacho da inicio en México una etapa más respetuosa en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Se permitió que las órdenes religiosas pudieran regresar al País sin disimulo, y que pudieran abrir nuevamente escuelas y colegios. Un hecho significativo de esta nueva política fue cuando el mismo presidente de la República hizo entrega de la Bandera Nacional al Colegio Benavente, la nueva institución educativa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en la ciudad de Puebla.

Tras el ataque japonés a la base de Estados Unidos en Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941), el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón), y el 28 de mayo del siguiente año les declaró la guerra tras el hundimiento en el golfo de México de dos barcos (el «Potrero del Llano» y el «Faja de Oro»), que la expropiación petrolera había incautado a Inglaterra y que navegaban ya bajo la bandera mexicana, por un submarino supuestamente alemán.

Las repercusiones de la guerra fueron muy importantes para México pues en lo económico le permitieron un gran crecimiento industrial, dado que las fábricas de los Estados Unidos habían dejado de producir una buena cantidad de productos no bélicos, los cuales empezaron a ser fabricados en México y vendidos en ese país. La moderación revolucionaria también fomentó el inicio de una larga etapa de progreso socioeconómico conocido después como «desarrollo estabilizador».

Sin embargo en el ámbito religioso el marco jurídico y las leyes persecutorias continuaban inalterables, si bien no eran aplicadas estrictamente. La hostilidad de las décadas anteriores quedó reducida a discursos esporádicos y a veladas amenazas. La Iglesia, sus enseñanzas y el culto público eran «toleradas» como quien tiene que soportar un mal.

Pero el derecho de toda persona a la “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (…) así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”,[8]siguió en México sin reconocimiento jurídico y sin su debida protección por muchos años más.

La «cultura del disimulo»

El modus vivendi que se estableció en el período del llamado «desarrollo estabilizador» (1946-1970) bajó el tono del anticatolicismo en las esferas gubernamentales, pero sin derogar las intolerantes leyes jacobinas. Estas seguían vigentes en una situación que bien podría resumirse como «un acuerdo tácito de inobservancia», situación que dio origen a una reprobable «cultura del disimulo».

Las autoridades civiles actuaban como si no supieran de la existencia de conventos y escuelas católicas (a las que no pocos revolucionarios enviaban a sus hijos), mientras que la jerarquía de la Iglesia, que desde los años 30 prohibió explícitamente cualquier oposición violenta al régimen,[9]impedía cualquier acción que pudiera irritar a los gobernantes. El hecho es que la Iglesia dejó de tener presencia pública y se encerró en las sacristías, buscando preservar la precaria libertad conseguida con ese especial «modus vivendi». Jean Meyer sintetiza así esa situación: “De la Iglesia del silencio al silencio de la Iglesia.”[10]

Aunque se relegó la educación «socialista», la educación pública que se impartía en las escuelas oficiales no era «neutra» como algunos creían, ni respetuosa de los valores religiosos del alumno y su familia; era marcadamente positivista y anticlerical, además de celosa promotora de la leyenda negra anti-hispánica. Abarcaba entonces a unos 14 millones de niños en la primaria, 4 millones en secundaria y un millón y medio de jóvenes en bachillerato.

Frente a esa realidad, el Gobierno «toleraba» el funcionamiento de escuelas católicas en todas las ciudades de la República, lo que era una flagrante violación al Artículo Tercero constitucional. Poco menos de un millón de alumnos en la primaria, dos y medio millones en secundaría y medio millón en bachillerato, acudían a escuelas y colegios católicos.

La crisis del sistema educativo oficial mexicano, con sus altas y bajas, no se encuentra tanto en el orden cuantitativo como en el cualitativo, debido a la inflexibilidad de planes de estudio, implementados con vigor renovado en 1962 con la imposición de libros de texto «únicos y obligatorios» bajo la excusa de «gratuitos». Un magisterio altamente burocratizado y politizado, experto en la alteración del orden público pero incapaz de educar, ha producido una instrucción de ínfima calidad; situación que sigue sin cambiar, como lo indica un estudio reciente: “México ocupa el último lugar de la OCDE en Educación”.[11]

Pero la «cultura del disimulo» no se circunscribió al ámbito educativo. Contradiciendo explícitamente el Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, «religiosos», políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, o de cualquier otra índole”, el Artículo 5° Constitucional prohibía las Órdenes religiosas y los votos:

“El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La Ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse”

Si no es por medio de la fuerza y la violencia ¿cómo puede un Gobierno impedir a una persona adulta que libremente ha querido pronunciar ante Dios votos de pobreza, obediencia y castidad, el que ésta procure cumplirlos? ¿Obligándola a volverse rica, rebelde y libertina?

Ciertamente el Estado no debe sancionar a las personas que violan sus votos religiosos, porque las sanciones a estas violaciones son de orden espiritual y no le corresponden al Poder civil. Pero la absurda y ridícula prohibición de hacer votos religiosos es totalmente contraria a la verdadera libertad humana. Obviamente lo señalado por el artículo 5° constitucional fue de total y absoluto incumplimiento, lo que abonó en mucho al desarrollo de la «cultura del disimulo».

Al igual que hoy, la realidad de entonces presentaba una larga lista de órdenes religiosas trabajando en toda la República en distintas obras de indudables beneficios sociales como: hospitales, asilos, manicomios, orfanatorios y escuelas, lo que para también constituía una violación a la Constitución mexicana que en su Artículo 27, fracción tercera, a la letra decía:

“Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, siempre que los plazos de imposición no excedan de diez años. En ningún caso, las instituciones de esta índole, podrán estar bajo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de ministros de los cultos o de sus asimilados (es decir, el 90% de los mexicanos), aunque éstos o aquéllos no estuvieren en ejercicio.” Ninguna nación civilizada llegó al extremo de legislar contra la solidaridad humana, como lo hizo este artículo que estuvo en vigor hasta 1993.

El gobierno populista del Lic. Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) pragmáticamente abrió “la jaula del tabú religioso”,[12]y en un hecho inaudito el Presidente visitó al Papa Paulo VI en el Vaticano, buscando –según sus propias palabras- “el reconocimiento, en primer lugar, de su efectiva y positiva influencia espiritual en el mundo y, en segundo lugar, la demostración de que México podía reconocer esa función histórica del Vaticano sin que ello supusiera un cambio constitucional en el país”.[13]La «cultura del disimulo» recibía así oficiosamente su carta de ciudadanía, y el Estado mexicano seguía siendo «laicista» pero no sanamente «laico».

Si el Artículo 130° -obra del fanatismo jacobino- negaba la existencia de la Iglesia (y absurdamente regulaba su inexistencia), desde el conflicto de 1926-1929 el poder temporal ya no pretendió ignorarla. La Iglesia existe en México desde hace casi cinco siglos; desde los inicios de la Nación su existencia se encarnó -y se sigue encarnando- en la gran mayoría de sus habitantes; tiene pues personalidad social objetiva e históricamente. Pero negarla jurídicamente llevó a que entre la Iglesia y el estado solo hubiera «relaciones clandestinas a la vista de todos». Si en México, la «nación real» siempre ha sido profundamente católica, la «nación legal» desde 1917 hasta 1993 fue, después de Albania, la más anticatólica del mundo. Esta tremenda incongruencia no sólo era antidemocrática sino gravemente injusta, pues aún en el caso de que los católicos en México hubiesen sido minoría, la violación de los derechos humanos nunca puede ser justificable.

Las leyes anticlericales nunca tuvieron legitimidad substancial; fueron impuestas a contrapelo de la sociedad por minorías sectarias, y por ello o provocaron tensiones y conflictos sociales –cuando quisieron aplicarse-, o no fueron observadas.

El Doctor en Derecho Ignacio Burgoa decía al respecto: “cuando un precepto no se aplica en la realidad, o sea, cuando se viola ya sistemáticamente, no en forma aislada, entonces ello revela que el precepto ya no funciona y que por lo tanto hay la necesidad de revisarlo. Yo creo que la revisión es indispensable para que Iglesia y Estado caminen juntos con recíproco respeto de su distinta, pero no opuesta función”.[14]

Durante muchos años el «modus vivendi» que prevaleció llevó al pueblo mexicano a vivir en una continua violación de la Constitución, y a ver como algo distinto la vida de los hechos y la vida de la legalidad. Con esto se generó una «esquizofrenia social» y empezó a prevalecer una actitud de desprecio a la ley, lo que siempre provoca desorientación en las conciencias y propicia la corrupción moral.

NOTAS

  1. El «Pacto Ribbentrop-Mólotov», fue firmado en Moscú por los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Joachim von Ribbentrop y de la Unión Soviética Viacheslav Mólotov. Ese Pacto tenía un «Protocolo secreto» para repartirse Polonia
  2. Joseph H.L. Schlarman. México, tierra de volcanes. Ed. Porrúa, 14 ed. México, 1987, p.714
  3. Cárdenas había transformado al Partido Nacional Revolucionario -PNR- en el Partido de la Revolución Mexicana -PRM-, con una estructura de cuatro sectores (obrero, campesino, popular y militar) copiada del Partido comunista de la Unión Soviética, y una declaración de principios basada explícitamente en la lucha de clases.
  4. 15 15 ahcermlc, ffjm, Hemeroteca, primera parte, vol. 9. La Prensa (desplegado)
  5. Aunque muchos historiadores así lo señalan, el candidato Ávila Camacho no uso la palabra «católico» sino la ambigua «creyente».
  6. https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_federales_de_M%C3%A9xico_de_1940 (Consultada el 18 de diciembre de 2019)
  7. Para que la misma «familia revolucionaria» adoptara esa política hizo regresar del exilio a Plutarco Elías Calles, quien apareció junto a Cárdenas y los demás expresidentes en el Balcón de Palacio el 15 de septiembre de 1942.
    El mismo «partido oficial» fue reformado: en 1946 se le cambió su nombre de Partido de la Revolución Mexicana (PRM) al de Partido Revolucionario Institucional (PRI); abandonó el objetivo socialista de “una democracia de los trabajadores” y lo sustituyó por el de “democracia y justicia social”; eliminó de sus cuadros al sector militar y moderó el radicalismo de su anterior «declaración de principios».
  8. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 18
  9. Cfr. Jean Meyer, La Cristiada, Vol.I, Siglo XXI 5,ed. México, 1977, p 359 y ss.
  10. Ibídem, Cap. III, p.323
  11. Milenio, 6 de diciembre de 2016
  12. Luis Suárez. Echeverría Rompe el Silencio. Ed. Grijalbo, p. 89.
  13. Luis Suárez. Ibídem, p. 96.
  14. Dr. Ignacio Burgoa O. En Sociedad Civil y Sociedad Religiosa. C. E. M., p. 455.

BIBLIOGRAFÍA

BURGOA ORIHUELA Ignacio. Sociedad Civil y Sociedad Religiosa. C. E. M. México,

LOUVIER Juan. Historia Política de México, Trillas, 3ed. México, 2019

MEYER Jean, La Cristiada, Vol. I, Siglo XXI 5, ed. México, 1977

SCHLARMAN Joseph H.L. México, tierra de volcanes. Porrúa, 14 ed. México, 1987

SUÁREZ Luis. Echeverría Rompe el Silencio. Grijalbo. México, 1984


JUAN LOUVIER CALDERÓN