MÉXICO; Camino del nacimiento de un Estado laico (XXII)

De Dicionário de História Cultural de la Iglesía en América Latina
Revisión del 21:12 24 ene 2020 de Vrosasr (discusión | contribuciones) (Protegió «MÉXICO; Camino del nacimiento de un Estado laico (XXII)»: Página muy visitada ([Editar=Solo administradores] (indefinido) [Trasladar=Solo administradores] (indefinido)) [en cascada])
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Pasos hacia una relación Iglesia-Estado más correcta y justa

Porque la persona humana es «cuerpo espiritualizado», o dicho de otra forma «espíritu encarnado», requiere para su realización tanto de bienes materiales como de bienes espirituales. Es el Estado la instancia cuya «razón de ser» es la atención de todo lo relacionado a los bienes materiales; y es la Iglesia la instancia cuya razón de ser es atender todo lo relacionado a los bienes espirituales. Por ello es necesario «distinguir» y no «con-fundir» al Estado de la Iglesia; pero «distinguir» no es «sujetar» y mucho menos pretender «eliminar». Entre Estado e Iglesia debe haber armonía y colaboración al servicio de la persona humana en el expreso reconocimiento a sus derechos, empezando por su derecho a la libertad religiosa, con la consecuente promoción de los medios necesarios para su ejercicio.

La pretensión de los gobiernos jacobinos del siglo XX de eliminar a la Iglesia y la cultura católica, llevó a una cruel y sangrienta persecución religiosa e hizo de la Iglesia en México una «Iglesia de catacumbas». Pero esa inicua pretensión no logró arrancar la Fe católica del corazón del pueblo mexicano; por el contrario, esta se fortaleció con el testimonio de cientos de mártires, muchos de los cuales han alcanzado ya la gloria de los altares.

En efecto, para 1929 los gobiernos surgidos de la Revolución mexicana habían implementado todo lo imaginable en su intento por eliminar a la Iglesia Católica : la confiscación de todas sus propiedades incluidos los templos; la creación de una iglesia cismática; el patrocinio de sectas protestantes; la expulsión del país de la mayoría de los obispos; el cierre de escuelas católicas y seminarios, la negación de su personalidad jurídica, y finalmente la tortura y el asesinato de centenares de sacerdotes y fieles. También habían «secularizado los toponímicos», prohibido el uso público de signos religiosos, e incluso hubo una propuesta en el Congreso constituyente para prohibir se pusiera a los niños nombres cristianos. Después de constatar la inutilidad de todas esas medidas y de manipular unos falaces “arreglos”, el Estado mexicano estableció un «modus vivendi» mediante el cual le otorgó a la Iglesia una precaria libertad, pero sin modificar una coma las arbitrarias e inicuas leyes sobre las que se montó la persecución.

Nuevas circunstancias políticas

Para 1968 la «familia revolucionaria», cohesionada alrededor del «partido oficial» que repartía canonjías políticas y económicas, sufría de serias fracturas del todo evidentes a partir del llamado «movimiento estudiantil». Una facción de la «familia» encabezada por el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez desplazó a la del presidente Díaz Ordaz y el 1° de diciembre de 1970 Luis Echeverría asumió la Presidencia para el periodo 1970-1976. El «desarrollo estabilizador» fue cancelado y sustituido por una política populista llamada «desarrollo compartido», cuya esencia fue retomar la política estatista del cardenismo, principalmente en lo concerniente a la colectivización del campo. En octubre de 1972 el PRI modificó su declaración de principios para establecer el «nacionalismo revolucionario» como la doctrina a seguir. Con ello se retomó en los discursos y en la práctica, la retórica contra los empresarios y la propiedad privada y contra “la reacción tradicional y clerical…”

Es en este contexto cuando el presidente Echeverría realiza en febrero de 1974 una sorpresiva visita al Papa San Pablo VI en Roma buscando –según sus propias palabras- “el reconocimiento, en primer lugar, de su efectiva y positiva influencia espiritual en el mundo y, en segundo lugar, la demostración de que México podía reconocer esa función histórica del Vaticano sin que ello supusiera un cambio constitucional en el país.”

Conforme a las «reglas no escritas» del sistema político, Echeverría designó a su amigo de la juventud José López Portillo como candidato presidencial por el PRI, y el 1° de diciembre de 1976 López Portillo asumió la Presidencia. El gobierno de López Portillo ratificó el rumbo de la “democracia social por la vía del nacionalismo revolucionario”.

Una gravísima crisis económica sin precedentes fue el resultado de una política económica populista calificada por López Portillo como la «administración de la abundancia» pero que, ante sus catastróficos resultados, echó la culpa de su fracaso a los banqueros y estatizó la banca nacional privada.

El primer viaje de San Juan Pablo II a México

Juan Pablo II fue elegido Sumo Pontífice de la Iglesia católica el 16 de octubre de 1978, y el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio como sucesor del Apóstol Pedro. Dos meses después, el 22 de diciembre, el nuevo Pontífice anunció al Colegio Cardenalicio su decisión de viajar a México para inaugurar los trabajos de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que se llevarían a cabo en el Seminario de la Arquidiócesis de Puebla de los Ángeles. Se trataba del primer viaje del «Papa peregrino». La noticia de que por primera vez en la historia un sucesor de San Pedro visitaría el territorio de México, cimbró de alegría al pueblo mexicano, pero causó estupor y recelo entre la clase política en el poder, pues en mayor o menor grado era heredera del espíritu jacobino que redactó la Constitución de 1917 y produjo la persecución religiosa. La Presidencia de la República se apresuró a informar que el Gobierno no había invitado al Papa y que si éste vendría, sería en calidad de «turista». En efecto, cuando el 26 de enero de 1979 Juan Pablo II arribó a la ciudad de México, ninguna autoridad civil o militar acudió a recibirlo públicamente. Y así como el fariseo Nicodemo “fue de noche a Jesús” (Jn.3,2), discretamente López Portillo se entrevistó con Juan Pablo II en una pequeña sala del hangar presidencial. Del Aeropuerto, el Papa se trasladó a la Catedral Metropolitana en un vehículo descubierto, siendo aclamado en todo el recorrido por una enorme muchedumbre que, desde el día anterior, aguardaba pacientemente el paso del Pontífice. En la Catedral el Papa polaco dijo: “De mi Patria se suele decir: Polonia Semper fidelis. Yo quiero poder decir también: ¡México Semper fidelis! ¡México siempre fiel! De hecho la historia religiosa de esta Nación es una historia de fidelidad; fidelidad a las semillas de fe sembradas por los primeros misioneros; fidelidad a una religiosidad sencilla pero arraigada, sincera hasta el sacrificio…” Al día siguiente Juan Pablo II se trasladó por tierra a la ciudad de Puebla en el mismo vehículo abierto que desde entonces fue conocido como el «papamóvil»; fue un trayecto impresionante pues a lo largo de los 120 kilómetros de la autopista a la Angelópolis, una valla humana ininterrumpida y compacta vitoreó entusiastamente al Papa a su paso. Después de pronunciar el Discurso inaugural de la Tercera Conferencia del CELAM, Juan Pablo II regresó a la ciudad de México y el 30 de enero viajó a la ciudad de Guadalajara donde visitó el barrio de Santa Cecilia y el Seminario Mayor, y tuvo un encuentro con los obreros y sus familias en el estadio Jalisco; posteriormente se dirigió al Santuario de Nuestra Señora de Zapopan. Ya de regreso en la ciudad de México, al día siguiente Juan Pablo II tuvo un encuentro en la explanada de la Basílica de Guadalupe con los universitarios católicos y por la tarde partió hacia Monterrey, última escala de su primer viaje a México, donde tuvo un encuentro con decenas de miles de campesinos, obreros y empleados en el lecho seco del río de Santa Catarina. En Monterrey el Papa abordó el avión que lo trasladaría a las Bahamas en su viaje de retorno a Roma. En este primer viaje Juan Pablo II pronunció treinta y seis discursos, y según cálculos conservadores se encontró con unos quince millones de personas. La visita del Papa a México evidenció la Fe del pueblo, al igual que el sectarismo de muchos personajes de la política mexicana, que en la «Reunión de la República» de 1979 echaron en cara al Presidente López Portillo el haber permitido la visita, así como la violación de la Constitución por los actos de culto público ya que el papa y sus acompañantes se pasearon por las calles mexicanas con sus hábitos religiosos. López Portillo contestó que efectivamente, el Papa y los religiosos que lo acompañaron se habían hecho acreedores, cada uno, a una multa de cincuenta pesos, pero que estaba seguro que no faltaría quien quisiera pagar la multa. Con esta declaración, el propio Presidente de la República dejó completamente en evidencia las absurdas e impopulares leyes jacobinas, independientemente de sus devaluadas sanciones.

De la «fractura» a la «ruptura» de la familia revolucionaria

Para 1988 la «fractura» de la «familia revolucionaria», evidente en 1968, se convirtió en explícita «ruptura» cuando un grupo importante de la «familia» encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas (hijo del expresidente Lázaro Cárdenas) abandonó formalmente el PRI. Los disidentes de la «familia» fundaron entonces el «Frente Democrático Nacional» (FDN), al cual se sumaron muchos militantes del Partido Comunista y del Partido Socialista Mexicano. Posteriormente, en 1989, todos ellos conformarían el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Para las elecciones presidenciales de 1988, el PRI postuló como candidato al economista Carlos Salinas de Gortari; el Partido Acción Nacional (PAN) al carismático empresario Manuel J. Clouthier; y el FDN a Cuauhtémoc Cárdenas. Para ese entonces la crisis económica iniciada por el gobierno de Echeverría y potenciada por el de López Portillo, pegaba de lleno a la mayoría de la población, aumentando el desprestigio del PRI. Pero el Gobierno y su partido «oficial» aún tenían en sus manos las riendas de los procesos electorales: la elecciones eran organizadas y calificadas por la Secretaría de Gobernación, cuyo titular –en 1988 era un connotado miembro del PRI; Manuel Bartlett Díaz- era también Presidente de la Comisión Federal Electoral. Tanto el PAN como el FDN lograron canalizar el gran descontento social, por lo que el monopolio del PRI parecía haber llegado a su fin. La jornada electoral del 6 de julio transcurrió en medio de las acostumbradas trampas y múltiples denuncias de fraudes y anomalías, pero a pesar de ellas los reportes parciales del «Centro de Recepción» de la Comisión Federal Electoral indicaban que el candidato del PRI Salinas de Gortari estaba en desventaja. Entonces el sistema de información de la CFE «enmudeció», y el Secretario de Gobernación Manuel Bartlett explicó que el sistema «se había caído». Cuando horas después el sistema fue “reparado” y volvió a dar información, ésta decía que el triunfador en las elecciones presidenciales era Carlos Salinas de Gortari. Tanto Salinas de Gortari como Cuauhtémoc Cárdenas afirmaban haber ganado las elecciones; por su parte el candidato del PAN Manuel Clouthier señaló: “En medio de tantas trampas y mapacherías nadie puede afirmar yo gané”.

Al día siguiente Clouthier declaró que la razón “por la que se cayó el sistema de cómputo fue que los representantes de los partidos de oposición en dicho sistema descubrieron un banco de datos ya con resultados, apenas dos horas después de concluida oficialmente la jornada electoral”. Con esta denuncia señaló la ruptura de la legalidad y anunció el arranque de la «resistencia civil». También la masonería dio a conocer como la «familia revolucionaria» estaba fracturada, y pocos días después de las elecciones, en una rueda de prensa celebrada el 19 de julio dirigentes de la masonería en Puebla declararon: “Si Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia de la República, en México se habrá legitimado un fraude, indicó Jesús Morales Tapia, Gran Maestro de la logia Emancipadores de Puebla … se cometió fraude en beneficio de Carlos Salinas, quien no es masón…Salinas de Gortari, sin embargo, cuenta con el apoyo de las logias masónicas del rito yorkino, con sede en el Valle de México.”

Del «nacionalismo revolucionario» al «liberalismo social»

Sin embargo Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia, y su gobierno (1988-1994) dio inicio desde una ilegitimidad de la que nadie dudaba. En un mundo cada día más globalizado, como nunca antes, la falta de democracia del gobierno mexicano trascendió las fronteras mexicanas. Todo indica que tal fue la razón por la que, astutamente, Carlos Salinas buscó «legitimarse en el ejercicio» mediante una «reinterpretación» de los principios revolucionarios (reforma agraria, estatización, jacobinismo, etc.), aprovechando para ello el clima mundial generado por la caída del Muro de Berlín, el fin de la «guerra fría» y el repudio a los regímenes totalitarios.

El «nacionalismo revolucionario» fue sustituido por el «liberalismo social»; los bancos fueron reprivatizados, los ejidos fueron entregados a las comunidades, las empresas en manos del Estado fueron vendidas a la iniciativa privada (con la excepción de las «estratégicas» como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad) , y modificar el marco jurídico para hacer creíbles las elecciones. Pero había un recurso mucho más efectivo que podría darle a Carlos Salinas la aceptación popular de la que carecía: traer nuevamente al Papa a México y buscar el restablecimiento de relaciones con la Santa Sede. El Presidente Salinas viajó a Roma para invitar personalmente a Juan Pablo II a volver a visitar México; y el Papa aceptó la invitación.

El segundo viaje de San Juan Pablo II a México

A diferencia de su primer viaje a México, cuando llegó en calidad de «turista» y ninguna autoridad civil o militar acudió a recibirle, en esta segunda visita Juan Pablo II fue recibido por el Presidente de la República al pie de la escalerilla del avión cuando arribó el 6 de mayo de 1990. Allí Carlos Salinas dio públicamente la bienvenida al Papa iniciando su mensaje con las palabras “Su Santidad…” suficientes para ganar la popularidad que buscaba. El punto central de este segundo viaje fue la beatificación de cinco Siervos de Dios mexicanos: Juan Diego Cuauhtlatoatzin, los Niños mártires de Tlaxcala: Cristóbal, Antonio y Juan; y el padre José María de Yermo y Parres. De ellos, el Santo Padre dijo en la homilía de la misa de beatificación, celebrada en Basílica de Guadalupe que:

“Estos cinco beatos están inscritos de manera imborrable en la gran epopeya de la evangelización de México. Los cuatro primeros en las primicias de la siembra de la palabra en estas tierras; el quinto en la historia de su fidelidad a Cristo, en medio de las vicisitudes del siglo pasado. Todos han vivido y testimoniado esta fe, al amparo de la Virgen María. Ella, en efecto, fue y sigue siendo la «Estrella de la evangelización», la que con su presencia y protección sigue alimentando la fe y fortaleciendo la comunión eclesial.”

En esta segunda visita volvió a repetirse la extraordinaria y entusiasta acogida del pueblo mexicano al Santo Padre, y millones de personas salieron a su encuentro bajo el lema “Peregrino de amor y de esperanza” en calles, plazas y lugares designados para las celebraciones litúrgicas. Las ciudades que el Papa visitó en este segundo viaje fueron: México, Chalco, Veracruz, Aguascalientes, San Juan de los Lagos, Durango, Chihuahua, Monterrey, Tuxtla, Villahermosa, Zacatecas, Tlalnepantla y Cuautitlán.

Especialmente significativa fue la última actividad de este segundo viaje de Juan Pablo II: el encuentro con 1300 intelectuales mexicanos, celebrado en la noche del 12 de mayo en la Biblioteca México y en el que el afamado historiador Silvio Zavala recordó la importancia que tuvo Fray Julián Garcés y la bula Sublimis Deus de S.S. Paulo III en la defensa de la dignidad de los indígenas.

Restablecimiento de relaciones entre la Santa Sede y el Gobierno mexicano

Al final de esta segunda visita, el presidente Salinas propuso al Papa la reanudación de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Gobierno de México, rotas por Benito Juárez desde 1858. El Papa le contestó que esas relaciones solo serían posibles si el gobierno mexicano modificaba las leyes que ni siquiera reconocían la existencia de la Iglesia. De hecho y aunque sin decirlo expresamente, el Papa estaba poniendo sobre la mesa la misma temática pendiente desde los “arreglos” de 1929.

Por medio del diputado del PRI Luis Rodríguez, el Presidente Salinas envió a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 1991 una propuesta para reformar los artículos 3°, 5°, 24°, 27° y 130°; es decir, los artículos antirreligiosos de la Constitución de 1917. Y como era costumbre en el «sistema» político mexicano que siempre el poder legislativo aprobaba sin chistar las iniciativas del Ejecutivo, el 28 de enero de 1992 por unanimidad fueron aprobadas las reformas. Pero en esta ocasión hubo una excepción: fueron mutiladas las reformas relacionadas con el Artículo 3° que regula la educación.

La resistencia a los cambios en materia educativa por parte de las corrientes más jacobinas había sido notoriamente manifiesta, incluso anteriormente a la iniciativa de Carlos Salinas. En el discurso oficial de la cena de la masonería con motivo del solsticio de invierno de 1984 organizado por la Confederación de Grandes Logias Regulares, su presidente Manuel Jiménez Guzmán señaló: “El clero e insaciable y contumaz; pretende la reforma constitucional para apoderarse de manera definitiva de la educación. Esto jamás lo permitiremos, porque reintegrar la tierra a los latifundistas; abrogar los derechos de los trabajadores; entregar el petróleo en manos del imperialismo; desnacionalizar la industria eléctrica y la banca; todo ello sería menos grave que depositar la mente y la conciencia de los niños y de la juventud en manos del dogma y el oscurantismo que abusa y explota el sentimiento religioso de nuestro pueblo.”

Seguramente hubo tensiones, presiones y jaloneos más allá de las discusiones en la tribuna del Congreso, y finalmente prevaleció la propuesta de la iniciativa presidencial; el 5 de marzo de 1993 el Artículo tercero fue modificado por las Cámaras del Congreso de la Unión, estableciendo que la educación impartida por el Estado sería «laica», pero dejando atrás la hostilidad «laicista»: "Artículo 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa…”

Esta redacción permitía, por primera vez desde 1917, la libertad legal en materia educativa pues la laicidad señalada en esa fracción primera no obligaba a la educación impartida por particulares, para la cual en la fracción segunda únicamente se ordenaba que: “El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”

El cambio constitucional giraba en torno al Art. 130 que desde 1917 había establecido el absurdo de la negación jurídica de la existencia de la Iglesia, y del que se derivaron las iniquidades que aparecieron en los artículos 3°, 5°, 24° y 27°. La modificación del Art. 130 otorgó a «las iglesias» una precaria libertad, y quizá para aplacar al enojado jacobinismo político, en un subterfugio se creó una nueva figura jurídica llamada «asociación religiosa»:

Art. 130. a) “Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La Ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas.

b) “Las autoridades no intervendrá en la vida interna de las asociaciones religiosas.”…

Tras estos cambios a los artículos antirreligiosos de la Constitución mexicana y pese a conservar ciertos resabios jacobinos manifiestos en la «Ley de Asociaciones y Culto Público», el 21 de septiembre de 1993 la Santa Sede y el Gobierno de México anunciaron simultáneamente la reanudación de las relaciones diplomáticas, rotas desde 1858.

Como bien comenta Jimenez Urresti, desde que “la historia proclamó por la ONU la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» en 1948, la mentalidad ha progresado en sentido de libertad; el mundo está más comunicado y es más abierto. El papa Juan Pablo II incidió en la caída del sistema comunista y la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con casi la totalidad de los países del mundo. El entonces Presidente de México Carlos Salinas se propuso «la modernización» de México, incluyendo en ella las de las relaciones con las iglesias. Y así México ha iniciado una posición jurídica más hacia lo normal, aún no suficiente ni en técnica jurídica, que fue benévolamente calificada por la Conferencia Episcopal de México (en agosto de 1992) de «esencialmente justa, pero perfectible».”

NOTAS