EL SALVADOR; La Iglesia y la Independencia
Prólogo
En vísperas de la independencia política, el Reino de Guatemala tenía una extensión superior a lo que hoy conocemos como Centroamérica, pues también era parte de ella el actual Estado de Chiapas (que solamente después de la independencia pasó a formar parte de México); dicho Reino estaba formado por seis provincias: Guatemala (capital), Chiapas, Honduras, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
A inicios del siglo XIX, el Reino de Guatemala tenía la siguiente población: Chiapas 100,000 habitantes, Guatemala; poco más de 363,000; San Salvador cerca de 240,000; Honduras poseían un poco más de 93,000; Nicaragua 104,000; y Costa Rica 47,000; lo que hacía una población cercana al millón de personas (949,015).
La población se había estratificado en grupos o clases: indígenas, mestizos, negros o mulatos, peninsulares y criollos. Entre estos grupos hubo diversos problemas, pero principalmente entre peninsulares y criollos, ya que estos últimos fueron creando una conciencia americana, motivados por pretensiones de poder, pues en la administración política ocupaban casi siempre puestos de segundo grado, y querían arrebatar a los peninsulares, la administración virreinal.
Guatemala era el centro del poder político y económico de Centroamérica; dicha situación había creado recelos y descontento en el resto de provincias, las que se veían en desventajas en cuanto al comercio, ya que Guatemala manejaba una política centralizadora.
En cuanto al ámbito religioso, en el Reino de Guatemala, al igual que el resto de Hispanoamérica, la Iglesia se organizó bajo la tutela del patronato real; con esta concesión las autoridades presentaron a Guatemala para que fuera erigida diócesis, lo que se concretizó el 18 de diciembre de 1534. En 1531 habían sido erigidas las diócesis de Nicaragua y Comayagua (Honduras); Chiapas logró su erección en marzo de 1539.
La provincia de Costa Rica dependía de la diócesis de Nicaragua, y San Salvador de la diócesis de Guatemala; Costa Rica poseía una extensión más que suficiente para constituirse en diócesis; San Salvador contaba con población numerosa para tener su propia sede episcopal; pero no lo habían logrado.
En el aspecto político, en los inicios del siglo XIX (1808), España fue invadida por Napoleón Bonaparte, quien obligó a la autoridad real abdicar en su nombre, creando con esta acción una convulsión política que llegó enseguida a los dominios trasatlánticos. Ante tal agresión, la reacción en la Capitanía general de Guatemala fue la de apoyo incondicional a la madre patria; por lo que le declararon la guerra a Napoleón, e hicieron donativos patrióticos para sostener a la guerrilla española que libraba su propia independencia contra el invasor francés. La difícil situación de España creó más inestabilidad en las provincias, quienes aceptaban la autoridad del rey, pero estaban inconformes con quienes la administraban, agudizando las diferencias entre peninsulares y criollos.
Movimientos emancipadores en Centroamérica
En este contexto político, el 5 de noviembre de 1811 surgió en San Salvador el primer movimiento de rebelión contra la autoridad real, encabezada por sacerdotes. La Chispa de rebelión se propagó a Nicaragua donde también hubo similares levantamientos; pero las revueltas fueron controladas por la máxima autoridad del Reino.
Para la Arquidiócesis de Guatemala había sido electo recientemente como titular el obispo auxiliar de Oaxaca, Fray Ramón Casaus y Torres; éste se pronunció en contra de los alzados de San Salvador, y en un manifiesto les decía:
“Yo creo, que el primer delirio y efervescencia habrá pasado; que os habrá amanecido la luz clara de la razón y del desengaño, que la voz de la Religión os habrá hecho entender lo absurdo, lo injusto, lo sacrílego y sanguinario de cualquiera insurrección; […] provocar al legítimo gobierno, y ponerlo en la triste precisión de castigar a los rebeldes y amotinados, y llevar las armas de los leales y valientes soldados del Rey contra los indignos, é ingratos vasallos de Fernando VII el suspirado, á quien más ultrajan semejantes cabecillas, quando (sic) toman su nombre para formar gobiernos usurpados, que llevan en todo la marca indeleble de nulidad.”[1]
Lo anterior marcará su relación con los simpatizantes a la independencia. El mismo manifiesto dejaba claro que los emancipados buscaban sacudirse el yugo de las autoridades reales, pero no la del rey, pues fue común la expresión: “Viva el rey y muera el mal gobierno.”
En el resto del Continente también ya se había encendido la llama emancipadora; en México el sacerdote Miguel Hidalgo en 1810 había comenzado su alzamiento poniendo como patrona de la rebelión a la Virgen de Guadalupe; en sur América Simón Bolívar, Miranda y compañía, también habían comenzado las luchas independentistas.
En 1813, en la Ciudad de Guatemala se comenzó a gestar clandestinamente un movimiento más ambicioso; siempre encabezado por clérigos, quienes se reunían en el convento de Betlemitas; entre ellos estaban: “Fr. Juan de la Concepción, sub-prior del convento, Fr. Víctor Castrillo, Don Cayetano Bedoya, Don Mateo Ibarra, guardalmacén de la sala de armas, y el Dr. Presbítero Tomás Ruiz”,[2]pero el 21 de diciembre de 1813, fueron descubiertos, capturados y castigados.
Al año siguiente, el 24 de enero de 1814, la provincia salvadoreña se alzó nuevamente, pero el movimiento fue sofocado y puestos en prisión los insurgentes; entre ellos Manuel José Arce, Juan Manuel Rodríguez y don Miguel Delgado; a causa de estar involucrado el hermano del sacerdote José Matías Delgado, dieron órdenes de que se cateara la casa de Matías Delgado, encontrándosele documentación oculta que lo involucraba con los emancipados.
Después de este movimiento, y al saberse que Fernando VII había recuperado el trono, las cosas se calmaron. Estando Fernando VII nuevamente en el poder, y bajo la presión de la Santa Alianza, el 16 de noviembre de 1816 el Papa Pío VII envió la encíclica «Etsi longissimo» al episcopado hispanoamericano; en aquel documento el Papa invitaba a la obediencia al rey, a quien le resaltaba sus virtudes.
En Centroamérica esta encíclica no tuvo mayor resonancia, debido que para ese tiempo estaba controlada la situación del Reino.
Centroamérica se independiza
No obstante esta aparente tranquilidad; los vientos emancipadores que llegaban del norte y del sur, presagiaban cambios en la atmósfera política. Dado que España había perdido buena parte del control de sus dominios, se unía a esto el hecho que el general Riego, que estaba para embarcar hacia América para combatir a las tropas emancipadoras, se rebeló contra el rey, e implantó la Constitución liberal de Cádiz, la cual había sido abrogada por Fernando VII en 1814, lo que vino a dar un impulso a los ánimos de los independentistas.
Es en éste contexto cuando las autoridades del Reino de Guatemala reciben el correo que llegaba de México informando que en febrero de 1821 Agustín de Iturbide había proclamado la independencia mexicana, basado en el Plan de Iguala o de las Tres garantías: 1. la conservación de la religión católica, 2. la Independencia de la Nueva España, adoptando la forma monárquica constitucional, conservando el reinado para Fernando VII u otro miembro de la familia real; y 3. la unión de los diversos estratos sociales.
Este plan fue visto con bueno ojos por la mayoría, y contaba con la aprobación del clero, quienes eran determinantes por el influjo que ejercían. El proceso se aceleró cuando el día 14 de septiembre de 1821, Gainza se dio cuenta que las poblaciones chiapanecas de Comitán, Tuxtla y Ciudad Real, se habían adherido al plan de Iguala. Por tal motivo decidió consultar a la Diputación Provincial, de los cuales tres eran salvadoreños, entre ellos José Matías Delgado, quienes le sugirieron que el paso a seguir era proclamar la independencia, antes de que el pueblo lo hiciera en su propia cuenta.
Gainza aceptó lo sugerido e hizo enviar ese mismo día una invitación a todas las personalidades y principales instituciones para el día siguiente; en efecto el día 15, reunidos los representantes del pueblo, y después de acaloradas discusiones, decidieron proclamar la Independencia; pero no adoptaron una forma de Gobierno que les rigiera, por lo que acordaron reunirse el primero de marzo de 1822, para determinar como se gobernarían.
Al saber de esta proclama de independencia, Iturbide propuso la incorporación de Centroamérica al Imperio mexicano; Gabino Gainza, apoyado por las principales familias de la nobleza, aceptó la propuesta, y comenzó a viabilizar la incorporación; argumentaba que Guatemala debía formar parte del Imperio mexicano y que ya estaba en camino un ejército de protección.
La noticia creó división en las provincias y puso de manifiesto las mismas divergencias entre liberales y conservadores; se hicieron dos bloques: anexionistas y anti-anexionistas. Los anti-anexionistas eran encabezados por San Salvador, y figuraba como líder el sacerdote Matías Delgado; la división llevó a un referéndum en los ayuntamientos de las provincias; el resultado fue: 104 ayuntamientos eran favorables a la anexión, 23 decían que decidiera el Congreso que se había convocado para el primero de marzo; 11 daban aprobaban la anexión, pero condicionada; 32 decían que resolviera el Gobierno, y 67 ayuntamientos no respondieron. Al conocerse los resultados, las autoridades de la mayoría de las provincias decidieron anexionar Centroamérica a México.
En San Salvador se había constituido una Junta de Gobierno, eligiendo al padre José Matías Delgado como Jefe político y no quiso anexionarse; argumentaba la provincia que no se había respetado lo establecido en el acta de independencia, la cual había acordado una fecha específica para decidir la forma de gobierno que adoptaría; ni tampoco la voluntad de los pueblos; y que no tenía sentido haberse independizado de España que era una potencia superior, para depender de un imperio tambaleante, que aún no poseía ni su propia constitución.
Ante la negativa de la provincia rebelde, las autoridades de Guatemala enviaron un ejército para someterla; esto en marzo de 1822, pero no lo lograron. El general Vicente Filísola, que era el representante de Iturbide y tenía al mando la Capitanía de Guatemala, amenazó a Matías Delgado y a la provincia que si no se incorporaban serían sometidos por la fuerza. Ante estas amenazas, San Salvador decretó la anexión a los Estados Unidos de Norte América, como una medida de protección. Luego erigió diócesis a la provincia salvadoreña y nombró a Matías Delgado como primer obispo, esto el 30 de marzo de 1822.
Las autoridades civiles, así lo argumentaban:
“San Salvador, treinta de marzo de mil ochocientos veinte y dos. Teniendo en consideración que hace muchos años, que esta Provincia solicita se erija en Obispado: que á este fin se hicieron diversos ocursos al Gobierno supremo Español, que proponiendo á ello, libró varias reales cédulas para la formación del expediente […], se acordó: Que desde luego quede erigida en Obispado, y que sea el primero que ocupe esta silla, según la voluntad general de toda la Provincia manifestada en el mismo expediente, el señor doctor don José Matías Delgado, Cura y Vicario de esta Ciudad y Presidente de esta Junta provisional gubernativa […] entendiéndose que la erección y nombramiento ó presentación, se hacen en el modo y forma que lo han acostumbrado hacer los Reyes católicos de España, para lo cual se dirija por este Gobierno la suplicatoria correspondiente á su Santidad, luego que se presente ocasión oportuna, á efecto de que se digne confirmar este acuerdo y mandar espedir en consecuencia las bulas de estilo.”[3]
Gestiones realizadas por San Salvador para obtener un obispado
El Arzobispo de Guatemala don Pedro Cortés y Larraz, después de haber hecho la visita pastoral a la provincia salvadoreña entre los años 1768-1770, planteó la necesidad de dividir el territorio de su diócesis para crear un obispado en San Salvador; estas consideraciones las informó a España en 1778.
San Salvador por medio del presbítero Ignacio Ávila, diputado a Cortes de Cádiz, promovió la creación de diócesis; exponía las muchas necesidades religiosas y que las otras tres intendencias iguales o inferiores gozaban los beneficios desde los primeros años de la conquista. También, en 1813 escribió al rey y a la diputación provincial de Guatemala pidiendo la erección de diócesis.
La autoridad española por medio de una Real Cedula del 28 de diciembre de 1818, pedía al Gobierno de Guatemala la creación del expediente de erección de diócesis en la provincia salvadoreña. El Capitán General don Carlos Urrutia al tener la autorización del rey, mandó se elaborara el expediente, por lo que dio a San Salvador tal encargo; al mismo tiempo informó al Cabildo de la Catedral Metropolitana de Guatemala. Así pues, al tenerse el consentimiento del Arzobispo, se procedió formalmente a elaborar el expediente conforme a los procedimientos del tiempo.
San Salvador, que también quería al sacerdote José Matías Delgado como su primer obispo, hizo que se formularan los oficios en los distintos ayuntamientos, instituciones y parroquias; en los expedientes pedían expresamente al padre Delgado como primer obispo, según consta de la documentación encontrada en los archivos de Indias y del Archivo Secreto Vaticano.
Cuando se elaboró el expediente, en septiembre de 1821, apenas unos días antes de la independencia, el nuevo Capitán General Gabino Gainza envió al rey el referido expediente; le anexaba las letras credenciales que el Arzobispo había dado a favor de Matías Delgado; en San Salvador se daba por hecho la erección de diócesis y la elección de obispo; pero debido a la independencia política el nuevo intento quedó frustrado una vez más.
Después de la independencia hubo una inestable situación política, lo que hizo olvidar momentáneamente el tema de la diócesis; pero cuando se formó la Federación Centroamericana nuevamente se despertó el interés por la diócesis. Con tal propósito el Congreso salvadoreño dio un nuevo decreto el 27 de abril de 1824, por medio del cual ratificaba el de 1822; pero el decreto no había especificado la elección de obispo en Matías Delgado.
Esto llevó a que el Gobierno hiciera las observaciones debidas y pidiera al Congreso elaborara otro decreto en el que se ratificara al padre Delgado como obispo; en efecto, el 4 de mayo del mismo año el Congreso ratificaba a Matías Delgado como obispo y daba un paso más, pues mandaba tomara posesión del obispado sin pérdida de tiempo.
Matías Delgado que estaba en Guatemala fue informado por el Gobierno de lo decretado; en el documento enviado le pedía conferenciar con el Arzobispo sobre lo establecido; también el gobierno informó al Arzobispo Casaus y Torres. Delgado siguiendo las indicaciones, escribió al Arzobispo haciéndole saber sobre su elección; el Arzobispo le contestó manifestándole su desacuerdo, pues decía que no se había hecho conforme a las leyes canónicas.
Matías Delgado, que no se esperaba la negativa del Arzobispo, informó al Gobierno sobre el incidente y le pedía consultara al Congreso sobre aquel particular, para encontrar una salida a la situación que se había creado; el gobierno de San Salvador por dos veces más escribió al Arzobispo pidiéndole allanara el camino en la erección de diócesis y que permitiera a Delgado ejercer como obispo electo.
Casaus y Torres dio la misma respuesta que había dado a la primera carta del Gobierno, y se las volvió a dar en las otras dos; San Salvador pidió al Gobierno de Guatemala que intercediera ante el Arzobispo para que cediera los derechos de aquel territorio eclesiástico, de lo contrario las cosas empeorarían.
El Arzobispo que había enviado un edicto a los párrocos del Salvador en donde desaprobaba lo actuado por la autoridad civil, propició a que el clero se dividiera, pues una parte respaldaba al Arzobispo, y la otra a Delgado y por lo mismo al Gobierno. Los salvadoreños argumentaban los derechos de patronato, y en base a éste habían mandado a Matías Delgado que tomara posesión de la nueva diócesis; el Arzobispo insistía que no se había hecho conforme a la ley canónica.
Estos sucesos, que ya habían acalorado los ánimos, llevó al Arzobispo Casaus y Torres a informar con detalle al Papa León XII.
La Santa Sede es informada del problema salvadoreño.
Casaus y Torres, en carta enviada el 11 de octubre de 1824, informó al Papa del naciente cisma en San Salvador; le hacía saber sobre la creación de la diócesis por parte del poder civil; también le decía que Matías Delgado había llevado doscientos hombres y militares para que lo aclamaran e hicieran obispo.
Ya con esta carta en la Santa Sede; los de San Salvador ante la negativa del Arzobispo decidieron enviar un delegado diplomático a Roma, para que gestionara la erección y elección de obispo; éste fue Fray Víctor Castrillo, religioso perteneciente a la Orden de la Merced, el cual llevaba poderes del gobierno y de Matías Delgado; entre la documentación que llevaba Castrillo vale destacar una carta del Gobierno dirigida al Papa, una de Matías Delgado (una y única), y el expediente justificativo de lo obrado por el poder civil; esta misión partió de San Salvador en julio de 1825.
El Papa contestó al Arzobispo el 7 de septiembre de 1825; en su carta el Papa le manifestaba su dolor por los derechos que se había atribuido el Estado del Salvador en un asunto propio de la Santa Sede. Además le pedía que amonestara al intruso Matías Delgado, y si era necesario también al gobierno (para éste tiempo era presidido por Juan Vicente Villacorta). Casaus y Torres, decidió hacer efectivo el encargo, por lo que el 22 de febrero de 1826, le envió una nota al padre Delgado en donde le hacía saber que el Papa ya había sido informado de lo actuado en San Salvador; y que le mandaba lo amonestara para que saliera del abismo en el que se había metido, pues de lo contrario la Santa Sede se vería obligada a aplicarle la severidad de los cánones.
Matías Delgado le contestó al Arzobispo, diciéndole que el Gobierno había enviado un delegado especial y que estaba a la espera del resultado, y que mientras no se le comunicara en la forma establecida por las leyes, no podía decirle otra cosa sobre el particular. Ante tal respuesta, el Arzobispo decidió escribir por segunda vez al Papa; en carta del 13 de marzo de 1826 le decía que había amonestado a Delgado, pero que éste no retrocedía en la usurpación del obispado.
El enviado salvadoreño llega a Roma
El ambiente en el que se encontraba la Santa Sede no era el mejor, pues las noticias que llegaban de las nuevas repúblicas independientes de Hispanoamérica, y particularmente de San Salvador, no halagaban en nada la presencia del enviado Castrillo; pues la Santa Sede contaba con información adversa para los intereses de San Salvador, ya que había recibido correspondencia de la Nunciatura de Madrid, quien también le notificaba de lo obrado en San Salvador y de la nueva plaga que se estaba expandiendo en el continente.
El fraile Castrillo se presentó en la Santa Sede el 26 de julio de 1826; pero ésta, que contaba con información sobre la trayectoria moral del fraile, (El Arzobispo lo llamaba antiguo «apóstata», y en Roma fue conocido por el enviado de Colombia Tejada, como el fraile «grosero») y del progreso del cisma, no lo quiso recibir; solamente le permitieron entregar la documentación que portaba.
El Papa que veía como las cosas habían empeorado, decidió que el caso salvadoreño fuera examinado por la «Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios». Así pues, con el fin de encontrar una respuesta ó solución al chispazo cismático de San Salvador, y apaciguar los temores suscitados en la Santa Sede, la comisión se reunió el 13 de agosto de 1826; tituló el caso salvadoreño como: «Scisma accaduto nella diocesi di Guatemala».[4]
Al examinar el caso, la comisión decidió recomendar al Papa que amonestara directamente a Matías Delgado y que también le escribiera al Gobierno. En efecto, el Papa León XII escribió el primero de diciembre de 1826, al Gobierno y a Matías Delgado. Al gobierno le manifestaba la amargura por las atribuciones que se habían tomado; pero concluía con tonos paternos y amistosos; no así la carta enviada a Matías Delgado, la cual comenzaba con severidad y terminaba casi con la misma; en ella el Papa lo tildaba de usurpador; y le señalaba cincuenta días para que reparara el escándalo dado a los fieles; y que si en ese tiempo no se separaba del ministerio usurpado, entonces se vería obligado a pronunciar sentencia de excomunión.
En San Salvador las cartas tuvieron reacciones negativas hacia el Arzobispo, a quien atribuían la culpa. Los juristas salvadoreños y sostenedores de la erección de diócesis y elección de obispo, argumentaban por todos los medios que en nada se había faltado a las leyes canónicas; basaban su argumento en el derecho de patronato, ya que lo consideraban como un título hereditario, y que por lo mismo el Estado contaba con aquella prerrogativa eclesiástica.
Se debe decir que el Patronato no era de carácter hereditario, sino un privilegio dado por el Papa a la singular persona del rey (no a la Corona), y en algunos casos fue extendido por tratados o pactos entre la Santa Sede y el Estado, lo cual no había sucedido con las nuevas repúblicas independientes de Hispanoamérica; sin embargo, en una especie de neo-patronatos, estas lo exigían como derecho; y no sólo el Estado salvadoreño, sino casi todos los nuevos Estados independientes de la Metrópoli española.
Casaus y Torres, que no veía una mejoría de aquella situación, por medio del enviado mexicano Vázquez, recurrió nuevamente al Papa, que para ese tiempo era Pío VIII. En la carta entregada por Vázquez, le decían que Matías Delgado lejos de obedecer las advertencias del Papa León XII, que le había dado un plazo perentorio, seguía obstinado en el obispado. La Santa Sede decidió llevar nuevamente el caso salvadoreño a la Comisión de Negocios eclesiásticos Extraordinarios.
Esta se reunió el 28 de mayo de 1829, pero no encontraba en la documentación que poseían elementos suficientes para sugerir la excomunión; no obstante hubo una carta que se encontraba entre los documentos del difunto Papa León XII, enviada por el Arzobispo el 28 de mayo de 1828, la cual no había sido leída. En ella el Arzobispo pedía la excomunión de Matías Delgado; con tal documento y otros anexos a la carta, la Comisión argumentaba que ya se podía dictar sentencia de excomunión, pero uno de los cardenales no estaba de acuerdo, pues decía que sólo se tenía información de una de las partes y que no se había escuchado al reo (Matías Delgado); pero la Comisión dijo que se habían seguido las partes sustanciales del proceso, y por consiguiente dictaminaba que se debía proceder a la excomunión.
Así pues, el Papa Pío VIII, que apenas tenía unos meses en el pontificado y que no contaba con mucha información, ordenó se redactara el breve de excomunión contra el párroco José Matías Delgado y contra todos los que habían participado en el cisma. La Secretaría de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios envió al Cardenal Albani, Secretario de Estado, la minuta de excomunión el 17 de junio de 1829. La misma Secretaría elaboró una carta para el Arzobispo Casaus y Torres, para que éste publicara y ejecutara el breve de excomunión.
La excomunión implicaba a todos los involucrados en el cisma; además era excomunión mayor, es decir, quedaban arrojados del seno de la Iglesia; se les imputaba de cismáticos, vitandos y contumacia. La comisión había sugerido que después de ser notificado el párroco Delgado, tenía 15 días para retractarse; pero el Papa quiso aumentar a 30 días el plazo. Con ésta acción se excomulgaba por vez primera a un presidente y eclesiástico de las nuevas repúblicas independientes de Hispanoamérica.
Como he dicho antes, el responsable para ejecutar la excomunión era Casaus y Torres; por tal motivo el Papa escribió al Arzobispo para que éste hiciera efectiva la excomunión; en la carta le indicaba el modo en que debía ejecutar el breve.
Así las cosas en Roma, pero en Centroamérica el clima político había tenido un giro considerable, pues uno de los liberales radicales había tomado el poder. Éste era Francisco Morazán; quien unos días después de obtener el poder comenzó una política hostil contra la Iglesia; fue por entonces, que por coincidencia, casualidad ó circunstancia, el Arzobispo fue expulsado de Guatemala; y junto con él, las Órdenes religiosas. Ésta expulsión tuvo lugar en la noche entre el 10 y 11 de julio de 1829; el Arzobispo fue expulsado a la Isla de Cuba.
En San Salvador cuando se dieron cuenta de la expulsión, los ánimos tanto políticos como religiosos vinieron a menos, sobre todo en relación al cisma, pues de querer o no, la expulsión causó consternación en la feligresía salvadoreña. Esto hizo que las autoridades civiles, en común acuerdo con las eclesiásticas, decidieran retractarse de lo pretendido. Con tal propósito, la Asamblea Extraordinaria del Estado del Salvador, emitió el 25 de septiembre de 1829 un decreto en el que se retractaba de todo lo ejecutado con respecto a la erección y elección de obispo en la persona de Matías Delgado. El Arzobispo al conocer este decreto, decía que Delgado debía hacer un acto de arrepentimiento público, y agregaba que el decreto sólo medio se retractaba del cisma.
Morazán, que seguía legislando contra la Iglesia, se atribuyó el derecho de patronato, y dio un decreto sobre la libertad de culto, que en ese tiempo era libertad a los protestantes de matiz anglosajón, es decir, de Inglaterra y Estados Unidos, quienes tenían intereses en aquella región. El presidente José María Cornejo, queriendo sanar por completo el cisma; emitió un nuevo decreto el 28 de enero de 1831, en el que se derogaban todos los decretos referentes a la erección de diócesis y elección de obispo, por lo que quedaba sanado el cisma.
Matías Delgado, que ya comenzaba a decaer en su salud, debido a los problemas que había creado la llegada al poder de los liberales y depusieron al mismo presidente Cornejo, agravó en su enfermedad y murió el 12 de noviembre de 1832. Su muerte fue sentida y hubo diversas manifestaciones de dolor por parte del pueblo salvadoreño. Al año siguiente, el Arzobispo informó al nuevo Papa Gregorio XVI sobre la muerte de Matías Delgado. En la carta le hacía una breve relación de lo referente al cisma.
Algunas preguntas ante estos hechos.
La primera sería: ¿Realmente hubo cisma en San Salvador? Según la documentación consultada y teniendo en cuenta la legislación canónica del tiempo; considero que hubo cisma material, pero no formal; la diferencia consiste en que el cisma formal implicaba consagración del electo y además ejercer funciones propias de obispo, como conceder el Orden sacerdotal, lo cual no sucedió en San Salvador, pues todo se había dejado en suspenso hasta que decidiera la Santa Sede; por lo que solamente fue formal, lo que se relaciona más con la parte disciplinar, ya que más que una desobediencia al Papa, fue rebeldía contra el Arzobispo, por cruzarse divergencias personales.
La segunda pregunta sería: ¿Se ejecutó el breve de excomunión? Yo sostengo que no, y hay dos razones que sirven de fundamento para tal afirmación; la primera es que el breve no se conoció en Centroamérica y menos en San Salvador, pues para ese tiempo toda la correspondencia que llegaba debía recibir el pase gubernativo; por lo que si el breve fue enviado, estaba destinado a desaparecer; y dos, porque para que se hiciera efectivo, debía ser ejecutado por el Arzobispo, pero como éste fue expulsado, no le fue posible concretizarlo.
Y la tercera sería: ¿Murió o no murió excomulgado José Matías Delgado? Según lo antes dicho no murió excomulgado, no sólo porque en el lecho de muerte se confesó y comulgó, e hizo profesión de fe y de morir gustoso en la religión católica y apostólica; sino por las siguientes tres razones:
Una, porque el breve de excomunión nunca llegó a la manos de Matías Delgado, de modo que, aunque haya sido excomulgado necesariamente tenía que conocer y tener en sus manos el documentos que decretaba su excomunión; dos en el caso de que el breve haya llegado, el encargado de ejecutarlo era el Arzobispo, pero como éste había sido expulsado y no se encontraba en Guatemala, no pudo hacer efectiva la excomunión, y tres, en el supuesto caso de que secretamente los de San Salvador hayan tenido conocimiento de aquella excomunión, hubo dos decretos que se retractaban de lo obrado, el primero el 25 de Septiembre de 1829, el cual si es que se había conocido el breve en el mes de agosto, estaba dentro de los 30 días de plazo para retractarse, lo cual era imposible, pues los barcos tardaban mucho en llegar; luego las autoridades civiles el 28 de enero de 1831, por medio de otro decreto se retractaron por segunda vez.
Así pues, podemos concluir que el cisma no murió por consunción ó murió por inanición como se ha dicho; el cisma murió porque se corrigió el error histórico en el que se había caído; es decir, creer que se poseían los derechos de patronato a título hereditario.
Concluyo diciendo que en la conciencia colectiva del pueblo salvadoreño jamás existió el germen del cisma, pues lo que menos querían era apartarse de la comunión del Papa, a quien le tenían un particular amor y cariño. El caso salvadoreño, a diferencia de otras repúblicas, no tuvo un buen final, ya que las negociaciones por parte de otros gobiernos para que se les nombraran obispos residenciales tuvieron buena respuesta por parte de la Santa Sede, con lo que se libró a la Iglesia de un posible cisma hispanoamericano.
NOTAS
LUIS ERNESTO AYALA BENÍTEZ
- ↑ AHAG. Colección Larrazábal, Edictos pastorales, providencias eclesiásticas, 1811-1843, t. II, ff. 10-12.
- ↑ S. SALVATIERRA, Contribución a la historia de Centroamérica, II, 429.
- ↑ ASV. Segr. Stato Esteri, años 1823-1845, rub. 279, busta 592.
- ↑ Con este nombre aparece el encabezado de la sesión 102-103 de la mencionada comisión, esto se puede ver en la versión impresa que se encuentra en: ASV. Arch. Segr. Stato Esteri, años 1823-1845, rub. 279, busta 592; AES. Rapporti delle sesioni, año 1826. Sess. 102-103. Vol. XI. Fasc. 8, 1.
