REFORMAS DE CARLOS III PARA AMÉRICA
El Liberalismo de la Monarquía española
En el reinado de Carlos III se distinguen dos etapas, cuyos contenidos ofrecen un significado político e ideológico distintos entre sí. La primera etapa (1759-1775), se orienta hacia la afirmación y consolidación del núcleo decisorio del Estado, para lo cual se verifica una sistemática adecuación de las instituciones básicas del mismo. Así debemos comprender el sentido de la política de nivelación social, reorganización y potenciación del Consejo de Castilla, la pérdida de efectividad y coherencia institucional del Consejo de Indias, la reforma universitaria y el ascenso de una nueva promoción de políticos, la eliminación de la oposición supuesta por la aristocracia, la expulsión de los jesuitas, la reforma del Ejército y de la Marina, etc.
La segunda fase (1776-1788) presenta como objetivo prioritario la elaboración y la puesta en vigor de una política «nacional», por medio y a través del primer gobierno nombrado directamente por el rey Carlos III, cuyos componentes actúan como acción de poder en conjunto, instrumentando una política coherente con los objetivos de conseguir un crecimiento económico equilibrado, una nueva estrategia de la seguridad atlántica para el comercio y la defensa territorial, y una nueva organización americana mucho más próxima a las estructuras neo-históricas peninsulares, basadas en la regionalización geográfica e histórica.
Se aspira en definitiva, a la consecución de la unidad administrativa, aunque reconociendo la división de intereses económicos y sociales. Para ello parece necesario instrumentar una doble variable: renovación efectiva de la relación Estado-Nación y adaptación de la política a una realidad preexistente, potenciando al máximo el área estratégica atlántica en sus más importantes conjuntos y enclaves.
Estos condicionantes caracterizan el sentido reformista del Estado de Carlos III que, por otra parte, aspiraba a una equiparación de España, por vía de modernización, respecto a otros estados europeos, y, por otra, experimentaba la necesidad de equilibrio y adecuación entre la política nacional y la internacional, manifiesta de modo especial en las nuevas concepciones estratégicas. Una apreciación crítica del significado de esta nueva política de Estado, procedería llamarla «nacionalismo ilustrado», porque sus iniciativas promovieron un extenso e importante conflicto social e ideológico, cuyos principales efectos se produjeron en el mundo americano.
Se trata de la iniciación del proceso de secularización en el ámbito cultural hispánico. Las dos notas distintivas de esta nueva política corresponden a la burocracia y su omnipotencia administrativa y social; y la ilustración como actitud ideológica preeminente en las directrices del proceso global de secularización. En lo que se refiere a la burocracia, la tendencia del gobierno de Carlos III es claramente reformista y modernizadora en el sentido de configurar una función pública por encima de los intereses sociales que habían predominado tradicionalmente en los pesados mecanismos de los consejos.
Para ello se van a utilizar personas procedentes de los sectores universitario y militar. Con toda evidencia, el reformismo administrativo imprimió una dinámica de cambio, que si no consiguió efectos inmediatos, sí creó un importante legado que más adelante usaron masivamente personalidades políticas y minorías sociales para conseguir resultados espectaculares, como ocurre, por ejemplo, con Portales, en Chile. La óptica histórica que interpreta esta operación reformista como característica de un propósito «reconquistador» o de «afirmación imperial» se equivoca al confundir, lamentablemente, los medios con el fin.
El reformismo responde a un movimiento universal característico, sobre todo, del área atlántica, como consecuencia, según se ha indicado, de la intensificación de la vida histórica en todas sus magnitudes dentro de ese gigantesco marco. Su motivación básica consiste en conseguir una modernización mediante el impulso de un nacionalismo integrador.
Todas las iniciativas de decisión y estudio se centraron en el Consejo de Castilla, lo cual explica el sentido tan característicamente centralizador que se apreciaba respecto al reformismo en las provincias periféricas y las acciones de ejecución, en el nuevo gobierno, constituido en 1776, en el cual adquirió personalidad independiente la Secretaría de Indias, segregándola del de Marina, con el que formaba tradicionalmente unidad administrativa.
Sin duda, ello supone la confirmación del fondo estratégico al que responde el proceso reformista orientado hacia el mundo americano, el que recibirá el influjo de la ilustración europea. En América, en efecto, se produjo la aparición de un «sujeto estratégico», que se asienta sobre un cuadrilátero estructural: virreinato de Buenos Aires (creado en 1776), intendencia de Caracas (creada en 1776), comandancia general de las provincias internas del norte de la Nueva España (1776) y, por último, la potenciación del valle del Mississipí en torno a la Louisiana, como región de absorción de posibles influencias anglosajonas (el conflicto colonial contra Inglaterra) sobre los territorios españoles.
Se trata de una estructura estratégica atlántica que rebaja de un modo considerable la preeminencia que, hasta ese momento, tenían en el conjunto continental los dos virreinatos de Nueva España y Perú, y que, en definitiva, está respondiendo a la tendencia de basculación hacia el Atlántico de la América nueva respecto al Pacífico de la América tradicional.
Simultáneamente, se impuso la fundamental innovación de las intendencias, cuyo significado fue, ante todo, de esencial acción regionalizadora u organización económica del territorio en función del sujeto -estratégico atlántico-. El objetivo inmediato de este sujeto se orienta a la defensa territorial y marítima del comercio frente a Inglaterra, en razón no sólo a su preeminencia económica, sino, sobre todo, por los enclaves que esta potencia tenía en las áreas del Caribe y del Atlántico: Florida, Belice, Jamaica, West Indies, Guayana, Malvinas y, prácticamente, la costa brasileña.
La momentánea recuperación de las Malvinas en 1774, el largo contencioso de la colonia del Sacramento y los esfuerzos del conde de Floridablanca por firmar la paz con Portugal y proceder a la delimitación fronteriza en América (1777), no permiten dudar acerca de los objetivos de seguridad de la nueva estrategia elaborada con vistas a la reforma americana, en su doble vertiente comercial y política.
No se trata, pues, de una «conquista burocrática», sino de un intento serio de producir las condiciones óptimas para un nuevo condicionamiento que apunta a los siguientes objetivos:
- Creación de fronteras naturales, delimitadoras de áreas de exclusividad comercial.
- Potenciación de sociedades criollas y peninsulares con intereses comunes.
- Atención preeminente al frente atlántico.
- Sustitución de la idea de «defensa» por una mayor «operatividad».
- Vinculación de las zonas de interés estratégico con sectores de refuerzo (arco continental Pacífico-golfo de México; arco marítimo Caracas- Antillas- valle del Mississipí).
- Tendencia a la regionalización operativa mediante la política de intendencias.
Reacciones de la sociedad criolla a las reformas
El sistema político presenta una coherencia innegable, pero en América los efectos se traducen en una importante serie de variables: en primer lugar porque una reforma en profundidad, como se planificó, implicaba un serio reforzamiento de la estructura burocrática a través de las nuevas instituciones, lo cual produjo un inmediato aumento de la resistencia de los intereses locales por parte de los cabildos, reductos de las sociedades urbanas criollas, cuya desconfianza «provinciana» no alcanzaba a comprender los objetivos estratégicos de la reforma.
En segundo lugar porque el reformismo produjo, como consecuencia inmediata, el incremento rigorista de la presión fiscal, que se puso de manifiesto en la amplia serie de motines, rebeliones y movimientos «contra-reformistas», cuyos ejemplos más característicos fueron la rebelión peruana de Tupac Amaro, en 1780, y la revuelta mexicana de 1810.
En tercer lugar, la apariencia de un intento peninsular de recuperación, que hacía recordar el sistema monopolista, alarmó a los comerciantes criollos de un modo espectacular, aprestándose a defender con todo vigor sus propias iniciativas. En este sentido presentan un interés especial las Sociedades Económicas de Amigos del País y, sobre todo, los consulados de Comercio, en los que se formula una mentalidad burguesa de sentimiento criollo. Y desde una perspectiva peninsular no cabe duda que los ataques reformistas contra el monopolio andaluz crearon una actitud de recelo, tensión y antagonismo en la burguesía gaditana, que acaso pudo acentuar la agresividad y critica contra el programa reformista.
En la reforma de objetivos ocupa un papel importante la atención a las dos grandes instituciones, eclesiástica y militar. El objetivo de conseguir una reducción de los escalones de desigualdad social tenía inevitablemente que plantearse los inherentes a estas dos instituciones clave.
Uno de los mayores paradigmas de privilegios era el de la Iglesia, cuya misión religiosa en América le había proporcionado fueros eclesiásticos y una considerable riqueza, que no era sólo de base inmobiliaria, sino también de grandes capitales, que convertían a la institución en una compleja sociedad financiera, así como una sociedad tenedora de títulos hipotecarios.
La actitud del Estado de Carlos III consistió principalmente en reducir la inmunidad eclesiástica, nivelando a sus individuos con los restantes miembros de la sociedad, para, de este modo, promover la posibilidad de convertirlos en sujetos de una reforma agraria. En la resistencia de la Iglesia a tales proyectos debe situarse una de las más importantes motivaciones profundas del proceso emancipador independiente. Sobre todo teniendo en cuenta el alto número de criollos integrados en el clero, así como de los que eran educados por las órdenes religiosas, como se puso de manifiesto en la expulsión de los jesuitas.
En relación con el segundo núcleo de conflictividad institucional la extensión del fuero militar a criollos y mestizos -por la necesidad defensiva, derivada de la situación internacional durante el siglo XVIII, sobre todo en las regiones caribeñas-, produjo incalculables consecuencias, que se pusieron de manifiesto en la guerra de Independencia.
A partir de las ordenanzas de 1768, el incremento de la importancia y prestigio del Ejercito fue incesante. En América fue abolido el sistema de levas, siendo sustituido por el de sorteos sobre censos y listas nominales de habitantes, que la inquietud estadística de la época produjo de un modo extraordinariamente abundante. Como el servicio militar era prolongado -podía llegar, incluso, a diez años-, sentar plaza equivalía prácticamente al ejercicio de una función de profesionalización; pero como suponía la adquisición de los fueros especiales, fue muy abundante la demanda de filiación. No cabe duda que ello produjo coherencias y afinidades entre los criollos, una sobreelevación de su papel social y un entrenamiento muy eficaz.
Por el contrario, la identificación de los criollos tuvo un fuerte obstáculo, supuesto por el tratamiento del espacio según los criterios de los reformistas españoles, orientados a la consecución de una regionalización de múltiple incidencia geográfica, administrativa, política y económica. Esta incidencia puede resumirse en la de índole humana, tendiente a prevenir el espíritu de independencia y de preeminencia aristocratizante, que no debía orientarse hacia la represión y el castigo, sino cabalmente a la consecución de una fecunda integración de vínculos e intereses mutuos entre criollos y peninsulares, hasta constituir «un cuerpo unido de Nación», dice el importante informe de los fiscales del Consejo de Castilla, Campomanes y Moñino, del año 1768.
Por otra parte, la tendencia hacia la regionalización, promovida básicamente por los distritos de las intendencias, supuso un mecanismo de aproximación de intereses en la línea social y económica, determinador de una acusada templanza en los procesos políticos e ideológicos criollos, que adquirieron así un movimiento sumamente lento, hasta alcanzar el nivel radical que promovió la independencia.
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MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA © Universidad Francisco de Vitoria
