MÉXICO. Reforma, Guerra y Leyes de

De 1821 a 1867 la historia política de México estuvo polarizada en dos corrientes que se convirtieron en partidos políticos: la liberal, en la que tantos anticlericales militaron, y la conservadora, que frecuentemente enarboló la bandera de la Iglesia. Estos grupos chocaban radicalmente en lo referente a las estructuras gubernamentales (monárquicos-republicanos, centralistas-federalistas, etc.) y a su visión y posición ante la Iglesia. La mutua descalificación fue lo ordinario, llevando a ambos a la satanización del otro. Los padres intelectuales de liberales y conservadores en México, fueron respectivamente José María Luis Mora (1794-1850) y Lucas Alamán (1792-1853), guanajuatenses ambos y contemporáneos.

El período álgido de la prolongada lucha entre conservadores y liberales se inició con el Plan de Ayutla –cristalizado en la liberal Constitución de 1857-, alcanzó su cima con las Leyes de Reforma y después del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876) fue suavizando su actitud hostil a la Iglesia, aunque sin derogar las leyes anticlericales durante el Porfiriato (1876-1910).

La Revolución de Ayutla

El pronunciamiento realizado con el Plan de Ayutla el 1° de marzo de 1854 fue el inicio de la rebelión que tuvo como finalidad destituir al presidente Antonio López de Santa Anna. Esta rebelión estuvo encabezada por Juan N. Álvarez, un militar que había desertado durante la batalla de Chapultepec contra la invasión norteamericana, e Ignacio Comonfort, quien había sido destituido de su cargo en la aduana de Acapulco por malos manejos del erario público.

En un principio parecía que la finalidad del movimiento sería únicamente remover la dictadura santanista, pero poco después, el grupo que dirigió la revolución de Ayutla (conformado por una nueva generación de masones yorkinos llamados liberales puros) dejó ver una orientación más radical. Esta orientación, claramente impregnada de maquiavelismo, puede observarse en el periódico El Rayo Federal del 9 de abril de 1855: “La Revolución debe caminar actualmente con todo su poder, con toda su grandeza, con todos su horrores. No hay que pararse en los medios, no hay convenios que aceptar…cuando se trata de regenerar un pueblo o de reformar sus leyes, la sangre es necesaria…Nada importa que los campos se talen, que las poblaciones se diezmen, que haya muertos a millares, si los fines son nobles y se pretende llevar a cabo una idea, un principio cuyas consecuencias son el progreso y la prosperidad de una gran nación”.

Santa Anna se lanzó a combatir la insurrección con seis mil hombres, pero solamente pudo derrotar a Juan. N. Álvarez. En Acapulco se encontraba Ignacio Comonfort, refugiado tras las murallas del Fuerte de San Diego, donde no pudo ser derrotado gracias a que las montañas de la zona impidieron al ejército santanista transportar artillería. Después de este fracaso militar, Santa Anna regresó a la capital, firmó su renuncia y finalmente viajó a Veracruz para dejar el país; zarpó el 16 de agosto de 1855 con destino a Turbaco, Colombia, donde tenía una propiedad. Irónicamente se embarcó hacia el exilio en un barco llamado Iturbide, como el emperador que él mismo destronó con el Plan de Casa Mata.

La Constitución de 1857.

Después de que Santa Anna dejara el poder, Juan N. Álvarez fue nombrado Presidente de la República por los representantes previamente designados por él, entre los que se encontraban Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo, José Ma. Lafragua, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada y Benito Juárez. Álvarez permaneció en el poder solamente un par de meses, renunciando el 11 de diciembre, no sin antes designar a Ignacio Comonfort como Presidente de la República. Comonfort inició su gobierno con una campaña de desprestigio contra la Iglesia, publicando en los periódicos supuestas historias sobre hechos inmorales de sacerdotes, así como acusaciones al clero de Puebla acerca de haber coordinado pronunciamientos contra el gobierno y de almacenar armas en los sótanos de los templos. Como resultado de ello, el gobierno de Comonfort expidió el 31 de marzo de 1856 un decreto para intervenir los bienes de la diócesis de Puebla.

Estas acusaciones fueron negadas por el obispo de Puebla Antonio Labastida y Dávalos quien, en una carta escrita a Comonfort, explica: “ (…) suele suceder también que por uno, dos, tres o cinco eclesiásticos que se mezclen en algunos negocios ajenos a su estado, ya se atribuye a todo el clero (…) es cierto que al señor Haro, durante su permanencia en esta ciudad, se le dieron algunas cantidades por vía de préstamo, lo mismo que se han dado a todos los gobiernos (…) ni yo, ni mi venerable cabildo, ni ningún otro administrador de bienes eclesiásticos ha dado alguna cantidad al señor Haro, ni a ningún otro revolucionario, mientras han tenido este carácter que cuando ya tomaron posesión de la plaza, se les suministraron públicamente, como gobierno reconocido, y que contaba con la fuerza, algunas cantidades bien insignificantes, y no proporcionadas por su pequeñez a las que se han facilitado a los demás gobiernos”.

A pesar de esta explicación, el gobierno de Comonfort aplicó el decreto y poco tiempo después, el 25 de junio de 1856, aprobó una ley llamada Ley Lerdo –haciendo referencia a su creador, el ministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada- por la cual se expropiaban a la Iglesia todos sus bienes, excepto templos y conventos: “Art. 1º - Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República, se adjudican en propiedad (…)”.

Esta ley permitió al gobierno liberal y a sus amigos apropiarse de los bienes que la Iglesia había obtenido legítimamente a través de donaciones, diezmos y limosnas durante tres siglos, los cuales utilizaba primordialmente –además de su sustento- para realizar obras de asistencia social y de caridad. Al respecto comenta madame Calderón de la Barca en 1840: “Estoy firmemente convencida de que no hay otro país en el mundo donde se ejerciten las obras de caridad, así pública como privada, en tan grande escala y me inclino a creer que, en general, la caridad es nota característica de un país católico”.

La Ley Lerdo justificaba dicha expropiación señalando que “uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la nación, es la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública”. Sin embargo, gracias al artículo 5º de la citada ley, fueron vendidas propiedades de la Iglesia como asilos, orfanatorios y hospitales, a precios sumamente bajos a los amigos ricos de los liberales, obteniendo un mínimo de ganancias para el Estado, dejando en la calle a aquellos necesitados que se beneficiaban de estas instituciones de caridad y enriqueciendo más a los nuevos propietarios.

De estas subastas el Gobierno recaudó solamente tres millones de pesos y las consecuencias en las obras humanitarias de la Iglesia comenzaron a ser evidentes:“(…) cuando el clero poseía muchas fincas rurales y urbanas, año tras año pasaban sin las vergonzosas subastas de que actualmente tantas familias son víctimas. La sórdida avaricia de los actuales propietarios no conoce compasión, mientras que el clero, animado de un espíritu típicamente cristiano, toleraba y condonaba. La Iglesia prestaba su capital al módico interés de 4, 5 y 6 por 100, tarifa legal entonces, y hoy desconocida.”.

El 5 de febrero del año siguiente (1857) el gobierno liberal de Comonfort promulgó una nueva Constitución en la que se incluía tanto a la Ley Lerdo como a una serie de leyes anticlericales promulgadas por Benito Juárez cuando fue gobernador de Oaxaca. “Tras el sucesivo fracaso del moderantismo de parte liberal y de parte conservadora subsiguiente a la derrota ante los Estados Unidos, los meses del Congreso Constituyente de 1856-1857 son el tiempo para una toma de posiciones más radicales por ambas partes, que desemboca en la Guerra de los Tres Años”.

Algunos artículos de la Constitución de 1857 –tal vez los más conocidos- tenían como objetivo principal despojar a la Iglesia católica de sus bienes. Por ejemplo, en el artículo 27° se leía: “Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes raíces, con la única escepcion (sic) de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución”. La finalidad de estas medidas era doble: la primera era de tipo económico, pues de esta manera el gobierno se hacía de recursos al mismo tiempo que ponía en circulación numerosos bienes raíces, requisito que –según el liberalismo económico- era indispensable para que el país alcanzara la prosperidad. Al igual que en el caso de la Ley Lerdo, los objetivos económicos no se alcanzaron. La segunda finalidad era lograr el debilitamiento de la Iglesia: desde la Independencia, la solidez, estabilidad y fortaleza de la institución eclesiástica contrastaba fuertemente con la inestabilidad, pobreza y debilidad de un gobierno disputado incesantemente por la clase política a través de las armas, el cual necesitaba urgentemente consolidar su hegemonía.

Pero había otros artículos constitucionales cuyo objetivo principal era otorgar al Estado el control de la Iglesia. Por ejemplo, el artículo 5° prohibía los votos religiosos: “La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida ó el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación ó de voto religioso”. Mientras que el artículo 123 instauraba la intervención gubernamental en la vida eclesiástica: “Corresponde exclusivamente á los poderes federales ejercer, en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes”. Normalmente suele identificarse a la Reforma Mexicana únicamente con las leyes relativas a los bienes eclesiásticos y se deja de lado el problema referente a la independencia de la Iglesia. Sin embargo, éste fue el problema que más preocupó a la institución eclesiástica.

A partir de la ratificación de la constitución por el Congreso Constituyente, comenzaron a surgir protestas y pronunciamientos. Uno de estos pronunciamientos fue el del Gral. Félix Zuloaga, quien a través del Plan de Tacubaya del 17 de diciembre de 1857 manifestó su rechazo a la constitución, rechazo presente en todo el país y que fue reconocido por el propio Comonfort: “(…) mis amigos me hablan contra la Constitución de 1857, y veo en esto conformes a los hombres de todos los partidos, así, no me empeño en sostenerlas; pero es menester explorar la opinión de la nación, si ella es contraria a la Constitución, no hay que imponérsela a fuerza”. Fue entonces cuando surgió un alzamiento de los liberales puros contra Comonfort, quien a principios de 1858 decidió dejar el poder y huir a Nueva York.

La oposición de la Iglesia y de los conservadores a la Constitución de 1857 provocó la reacción liberal capitaneada por Benito Juárez, que desembocó en la Guerra de Reforma (1858-1860) entre el gobierno conservador, asentado en la Ciudad de México y encabezado por Zuloaga, y el liberal itinerante con Juárez a la cabeza.

Guerra de Reforma (1858-1860)

En efecto, después de la huida del Presidente Comonfort el puesto recayó -según la repudiada Constitución- en Benito Juárez, quien se desempeñaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero el pronunciamiento que propició la huida de Comonfort, había nombrado al Gral. Félix Zuloaga como presidente. De este modo México tenía dos presidentes, ambos revolucionarios y ambos auto-nombrados, aunque Juárez se declaró presidente antes de que Comonfort renunciara formalmente al cargo, razón por la cual la legalidad de su presidencia está en duda. En medio de este escenario comenzó la guerra civil conocida como la Guerra de Reforma o Guerra de los Tres Años.

En un inicio, el apoyo a Zuloaga fue mayor y rápidamente derrotó a las fuerzas de Juárez, quien fue capturado. No obstante se le perdonó la vida, fue liberado y huyó a Estados Unidos. Posteriormente Zuloaga renunció al poder y nombró en su lugar al Gral. Miguel Miramón, quien continuó combatiendo a las escasas tropas liberales que permanecían beligerantes.

Entretanto, Benito Juárez negoció con el gobierno estadounidense y obtuvo su apoyo a cambio de cederle a los Estados Unidos, a perpetuidad, el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec de un mar a otro, así como por la vía de Monterrey desde Matamoros hasta Mazatlán. Esta cesión se estableció a través del Tratado McLane-Ocampo, el cual afortunadamente no pudo ratificarse debido a la Guerra de Secesión estadounidense: los Estados del norte se opusieron pues consideraron que de esta manera se expandirían y fortalecerían los esclavistas Estados del Sur.

Mientras esto sucedía, Juárez regresó de Estados Unidos a Veracruz –uno de los últimos lugares en poder de los liberales- y el presidente Buchanan envió tres buques de guerra a costas veracruzanas para proteger a Juárez y evitar que Miramón cerrara el sitio sobre el puerto de Veracruz y sus alrededores. Además, el gobierno estadounidense mandó armas y municiones a través de la frontera norte, las cuales sirvieron a las tropas juaristas comandadas por Jesús González Ortega, para ir recuperando poblaciones gradualmente hasta llegar a la capital del país en enero de 1861.

Durante y después de la guerra, los juaristas saquearon numerosos templos, conventos y seminarios. Muchos de ellos –construidos en un hermoso arte colonial- fueron demolidos, como sucedió con una parte de La Profesa o con el convento de las concepcionistas. Dos sacerdotes fueron asesinados por los conservadores, y diez por los liberales.

Leyes de REFORMA

Durante su estadía en Veracruz, Benito Juárez promulgó las Leyes de Reforma, razón por la cual la Guerra de los Tres Años fue llamada por los liberales Guerra de Reforma. Éstos aseguraban que el culpable de todos los males de México era la Iglesia Católica. Siguiendo esta visión, Juárez decretó la Ley de nacionalización de todos los bienes de la Iglesia el 12 de julio de 1859, en la cual aseguraba que “el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida por el clero, es conseguir el sustraerse de la dependencia a la autoridad civil”; sostenía que el clero dilapidaba “los caudales que los fieles le habían confiado para objetos piadosos” invirtiéndolos “en la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida que promovió el desconocimiento de la autoridad legítima”.

Una vez ganada la guerra, el primer acto de Benito Juárez al entrar en la capital el 11 de enero de 1861, fue enviar una circular a todos los gobernadores en la que acusaba al clero de haber iniciado la guerra, por lo cual la Iglesia debía hacerse cargo de los gastos de la misma. La manera de hacerlo sería mediante la confiscación de todos sus bienes, es decir, a través de la puesta en marcha de las leyes de Reforma. El historiador norteamericano Schlarman describe la puesta en vigor de estas leyes: “Los esbirros del gobierno juarista cayeron sobre colegios y escuelas, conventos, orfanatorios y hospitales para echar a la calle a los religiosos, a los sacerdotes y a las monjas, y para robar y saquear. Se dejó a los huérfanos sin quien los cuidase y a los ancianos y enfermos sin protección ni atenciones. Bibliotecas de gran valor, libros y manuscritos fueron diseminados, estatuas preciosas de las iglesias fueron depositadas en establos y objetos preciosos tallados en ébano se emplearon para hacer lumbre en las barracas de los soldados (…) Bastaron 100 días para acabar con tesoros de arte y frutos intelectuales que se habían acumulado durante trescientos años”.

Las Leyes de Reforma no sólo confiscaban los bienes que aún no le habían sido arrebatados a la Iglesia por la Ley Lerdo, sino que también prohibían la existencia de cualquier orden de religiosos regulares, congregaciones o hermandades, atentando así contra las libertades de culto y asociación. Estas leyes también abarcaban los conventos de religiosas a las cuales se les ofreció una suma de dinero para que se exclaustraran -ofrecimiento que sólo fue aceptado por una religiosa- y se impidió la profesión de las novicias:

"14.- Los conventos de religiosas que actualmente existen, continuarán existiendo y observando el reglamento económico de sus claustros (…) 15.- Toda religiosa que se exclaustre, recibirá en el acto de su salida, la suma que haya ingresado al convento en calidad de dote (…) 21.- Quedan cerrados perpetuamente todos los noviciados en los conventos de señoras religiosas. Las actuales novicias no podrán profesar (…)”.

Tiempo después, el 26 de febrero de 1863, Juárez expidió un Decreto Sobre las Comunidades Religiosas por medio de la cual suspendía todos los conventos de religiosas -a excepción de las Hermanas de la Caridad- con el objetivo de disponer de los edificios que ocupaban, y obtener así “los recursos que necesita el tesoro de la federación” para hacer frente a la segunda Intervención Francesa, además de que “en toda la República está declarada la opinión contra la subsistencia de estas comunidades (…)”.

En estas leyes se establecía también la separación de la Iglesia y el Estado: “3.- Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos (…)” aunque al mismo tiempo se indicaba: “El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquiera otra”.

Asimismo, fueron expulsados del país el nuncio Luis Clementi y los obispos Lázaro de la Garza de México, Clemente de Jesús Munguía de Michoacán, Pedro Espinosa de Guadalajara, Pedro Barajas de San Luis Potosí, Antonio Labastida de Puebla, Carlos Colina de Chiapas, Pedro Loza de Sonora, José María Covarrubias de Oaxaca y Francisco Ramírez de Linares. También en ese mismo año Juárez expidió otros decretos: en febrero, el antes mencionado sobre las comunidades religiosas y otro sobre la secularización de los hospitales; y en julio uno más sobre el matrimonio civil por medio del cual desaparecían los efectos civiles del matrimonio religioso.

Los recursos que el gobierno de Benito Juárez obtuvo con el despojamiento a la Iglesia fueron despilfarrados de tal modo que, siendo el gobierno independiente que más dinero había tenido, pocos meses después ordenó suspender el pago de la deuda exterior y buscó un crédito para solventar sus gastos corrientes. Los países afectados por esta suspensión fueron España, Francia e Inglaterra, quienes decidieron dejar a un lado por un momento sus diferencias para actuar conjuntamente y exigir el cumplimiento del pago al gobierno de Juárez. Esta situación desembocaría en la segunda Intervención Francesa y en la formación posterior del segundo Imperio Mexicano, apoyado por los conservadores y encabezado por Maximiliano de Habsburgo quien, cabe destacar, continuó con la aplicación estricta de las Leyes de Reforma.

A la caída de Maximiliano de Habsburgo, los conservadores fueron excluidos del ámbito de la política y de los negocios públicos. Los liberales identificaban conservadurismo con catolicismo, lo que llevó a la Iglesia a sufrir la suerte de los vencidos.

El historiador liberal Francisco Bulnes reconoce que “…en el México de 1858, de los nueve millones de población, y con excepción a lo más de mil personas, todas eran devotas, supersticiosas, apegadas a su Religión como la corteza al árbol. (…) Las leyes de Reforma fueron acogidas por la mayoría del pueblo con ira, con horror, con asco, con desesperación, y solo las armas pudieron imponerlas; sólo las armas las han sostenido eficazmente, y sólo al amparo de las armas van adquiriendo favor poco a poco en la conciencia nacional”.

BIBLIOGRAFÍA

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• GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Fidel. Sangre y corazón de un pueblo. Tomo I. Arquidiócesis de Guadalajara, México 2008.

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• SCHLARMAN H.L., Joseph. México, Tierra de Volcanes. 14ª edición. Ed. Porrúa, México 1987.

SIGRID MARÍA LOUVIER NAVA / JOSÉ F. CAMARGO SOSA

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